Detrás del dato oficial del INDEC se esconde una dinámica más profunda: el mercado laboral argentino terminó el año con una erosión generalizada en la capacidad de compra, que golpeó con mayor fuerza en el tramo final.

Según el organismo estadístico, los salarios registrados —tanto públicos como privados— aumentaron 28,8% en términos nominales, pero quedaron claramente rezagados frente a una inflación acumulada del 31,5%. El resultado fue una pérdida interanual del 2,1% real. Sin embargo, el impacto no fue homogéneo a lo largo del año: la mayor parte del deterioro se concentró en el último cuatrimestre, cuando el poder adquisitivo se contrajo un 2,5%. Solo en diciembre, los sueldos subieron 2%, mientras que el IPC marcó 2,8%, ampliando la brecha y profundizando la caída.

Como advirtió el economista Gabriel Caamaño, los ingresos del sector privado se retrotrajeron “a niveles de septiembre-octubre de 2024”, confirmando que la recuperación previa fue frágil y terminó diluyéndose ante el nuevo impulso inflacionario.

Un ajuste desigual: el Estado como principal variable

La fragmentación del impacto expone con claridad el peso del ajuste sobre el empleo público. En diciembre, los salarios estatales apenas aumentaron 1% nominal, lo que implicó una pérdida real mensual del 1,8%, convirtiendo al sector en el más castigado. En contraste, el sector privado registrado tuvo un incremento del 2,5% nominal y una caída real más acotada, del 0,3%.

La brecha se vuelve aún más significativa si se toma como punto de partida noviembre de 2023. Desde entonces, el salario real del sector público acumula un desplome del 17,03%, mientras que el sector privado registrado muestra una caída mucho menor, del 1,55%. El ajuste, así, no solo es profundo sino también selectivo.

La inercia inflacionaria y el desfase paritario

La aceleración de precios hacia fines de 2025 dejó en evidencia el desfasaje estructural de los acuerdos salariales. El sociólogo Daniel Schteingart explicó que los salarios suelen actualizarse en función de la inflación pasada, que en contextos de aceleración resulta inferior a la inflación corriente. “Por ese motivo caen los salarios reales. También cuando se desaceleran los precios suele ocurrir lo inverso”, señaló.

Esa “brecha de inercia” ayuda a entender por qué, pese a que durante buena parte de 2024 los salarios habían logrado cierta recomposición, el salto inflacionario de fines de 2023 y la devaluación inicial continúan condicionando la comparación histórica. Medido desde noviembre de 2023, el universo registrado todavía exhibe una caída real acumulada del 7,1%.

La controversia del IPC y el costo real de vida

A la pérdida efectiva de poder adquisitivo se suma una discusión metodológica que alimenta la percepción social de un deterioro mayor al que reflejan las cifras oficiales. La decisión de mantener el IPC con base 2004/05, en lugar de publicar el índice actualizado con la canasta 2017/18 (ENGHo), generó fuertes cuestionamientos técnicos e incluso derivó en la salida de Marco Lavagna del INDEC.

Especialistas advierten que la canasta actualizada otorgaría mayor ponderación a los servicios —particularmente afectados por aumentos tarifarios—, lo que elevaría la inflación medida y, por lo tanto, profundizaría la caída real de los salarios. Según la consultora Vectorial, con esa metodología la pérdida acumulada desde noviembre de 2023 sería mucho más severa: el sector público habría retrocedido un 22,6% (en lugar del 17%) y el privado un 8,1% (frente al 1,55% oficial).

En palabras del economista Pablo Ferrari: “Es necesario aclarar que esta pérdida de salario real sería mayor si el Gobierno no hubiera decidido continuar la estimación de la inflación minorista con el IPC de 2004/05”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la reforma laboral aprobada en el Senado y justificó los cambios en las licencias por enfermedad con un polémico argumento. “Si te lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%“, lanzó, en referencia al nuevo esquema que reduce el salario durante determinadas ausencias. 

En diálogo con radio Mitre, el funcionario celebró la media sanción obtenida con 42 votos durante una sesión que calificó como “histórica”. “Vamos a ver en detalle cómo se cambia la vida de los argentinos y cómo cambia este problema que tenemos, que la mitad de los trabajadores son informales y que hace una década que no se crea trabajo formal”, sostuvo.

En esa línea, se explayó: “El monto de las indemnizaciones, que es un mes por cada año trabajado, no se toca, sino que en los juicios se incrementaba significativamente. Tenías que actualizar el monto y los jueces fallan como si hubieses invertido en Bitcoin”. También explicó que los peritos dejarán de cobrar un porcentaje de la sentencia y pasarán a percibir honorarios por tarea realizada.

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo fue visto a los besos con una mujer en París, Francia, lugar al que supuestamente fue para promocionar el vino de su provincia. Pero no todo es trabajo, por lo que parece. Luego, denunció que le armaron un video con inteligencia artificial.

Según trascendió, Cornejo denunció a las cuentas Mandril mendocino y Orko polentero, entre otras, por la difusión del video en el que aparece una persona idéntica a él tomando unos tragos en un restó chic.

El gobernador estuvo esta semana en París promocionando la vitivinicultura mendocina y por eso denunció que el Mandril y el Orko Polentero tergiversaron los hechos. Por eso aclaró que “el video en cuestión fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado”. “No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada”, dijo el radical.

En medio del debate por la reforma laboral, un informe del propio Ministerio de Capital Humano encendió todas las alarmas: en apenas seis meses se perdieron 86.000 puestos de trabajo asalariados registrados y la tasa de despidos sin causa alcanzó en noviembre su nivel más alto en un año.

Los datos surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y muestran que el empleo asalariado registrado cayó 0,2% en noviembre de 2025 respecto del mes anterior. La contracción no fue aislada: se verificó tanto en el sector privado (-0,2%) como en el sector público (-0,4%). Solo el trabajo en casas particulares mostró una variación mensual positiva (+0,6%), aunque en la comparación interanual también exhibe retrocesos.

En el sector privado, el empleo asalariado alcanzó los 6,189 millones de personas, con una baja de 13.100 trabajadores en un solo mes. Pero el dato más preocupante es la tendencia: entre junio y noviembre de 2025 se registraron variaciones mensuales negativas consecutivas, acumulando una pérdida total de 86.000 empleos formales.

Si la comparación es interanual, el deterioro resulta aún más evidente. El empleo asalariado cayó 1,1% frente a noviembre de 2024, lo que equivale a 114.800 trabajadores menos. La reducción abarcó a todas las categorías: el sector privado perdió 78.800 puestos (-1,3%), el trabajo en casas particulares cayó en 5.200 empleos (-1,2%) y el sector público se redujo en 30.900 cargos (-0,9%).

El trabajo independiente tampoco muestra señales sólidas de recuperación. En términos interanuales, el conjunto de trabajadores independientes se contrajo 10,2%, con 320.600 personas menos. Si bien el monotributo creció 4,2% (88.600 personas más), la caída del 61,9% en los monotributistas sociales —atribuida a cambios normativos específicos— fue determinante en el resultado general. Los autónomos, por su parte, retrocedieron 1,2%.

En paralelo, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) reveló que la incidencia de despidos sin causa en el sector privado alcanzó en noviembre 0,8 cada 100 trabajadores, el valor más alto de los últimos doce meses. En términos interanuales, el indicador creció 60% respecto de diciembre de 2024, igualando los niveles de 2023 y retornando a los registros previos a la pandemia.

Aunque el informe señala que la remuneración nominal bruta promedio fue de $1.836.177 en noviembre, con un incremento interanual del 30,1%, el dato salarial queda relativizado frente al contexto de pérdida de empleo y mayor conflictividad laboral.

El panorama que dibuja el propio Gobierno es el de un mercado laboral formal en retroceso, con caída sostenida del empleo registrado y aumento de despidos en plena discusión de cambios estructurales en la legislación laboral. Más allá del discurso oficial, los números exponen una realidad que difícilmente pueda minimizarse.

La falta de pagos y la negativa a actualizar aranceles derivaron en la suspensión progresiva de prestaciones médicas en al menos cuatro provincias, mientras otras se mantienen en estado de alerta y podrían sumarse en las próximas horas.

Clínicas y sanatorios —principalmente en la Patagonia y el centro del país— confirmaron que comenzaron a restringir la atención a afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Aunque oficialmente no se trata de un “cierre total”, el impacto es profundo: miles de jubilados ya no pueden acceder a consultas en consultorios externos, cirugías programadas ni estudios ambulatorios.

Las urgencias y emergencias continúan atendiéndose bajo criterio médico, pero el recorte en la atención regular instala un escenario alarmante: controles postergados, tratamientos interrumpidos y diagnósticos demorados para una población que depende casi exclusivamente del PAMI para sostener su salud.

Provincias afectadas: la mecha ya está encendida

La medida de fuerza impacta con fuerza en:

• La Pampa, donde clínicas dejaron de atender consultorios y cirugías programadas.
• Neuquén, Río Negro y Chubut, que se sumaron al corte tras no recibir transferencias adeudadas.
• Córdoba, donde ACLISA declaró el estado de alerta por demoras en los pagos.

En la Patagonia, cerca de 30 sanatorios enviaron una nota formal al director del PAMI, Esteban Leguizamo, exigiendo respuestas urgentes. Advirtieron que, si no hay convocatoria a una mesa técnica y soluciones concretas en las próximas horas, la suspensión “progresiva” podría transformarse en un corte total de servicios.

En Río Negro ya son 15 los establecimientos que suspendieron prestaciones, entre ellos el Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Roca, Clínica Viedma y Sanatorio Juan XXIII, entre otros. En Neuquén, la medida alcanza a ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur. La lista crece y el temor es que el conflicto se expanda a otras jurisdicciones.

Deudas millonarias y sistema al borde del colapso

Los prestadores describen un panorama crítico:

• Deuda millonaria: solo en Neuquén se reportan compromisos impagos que superan los $1.000 millones.
• Atraso salarial: los pagos del PAMI representan hasta el 50% de los ingresos de muchas clínicas. Sin esos fondos, se demoran sueldos y se tensiona toda la estructura sanitaria.
• Aranceles congelados: los valores que paga la obra social quedaron muy por debajo de la inflación y de los costos reales, lo que vuelve inviable la prestación.

El conflicto ya no es solo financiero: es estructural. Las clínicas advierten que trabajan a pérdida y que el sistema se sostiene con parches mientras se acumulan deudas.

La respuesta oficial: auditorías y promesas

Desde el PAMI sostienen que los retrasos responden a auditorías internas para detectar irregularidades en facturaciones anteriores y “sanear las cuentas”. También aseguran que la atención “está garantizada” y que existen mesas de diálogo abiertas con las cámaras prestadoras.

Sin embargo, las transferencias parciales liberadas hasta ahora son consideradas insuficientes por los sanatorios, que aseguran que no cubren ni una fracción significativa de la deuda acumulada.

Este miércoles se realizará una reunión clave entre la Confederación de Clínicas y Sanatorios (CONFECLISA) y autoridades nacionales del organismo. De ese encuentro dependerá si la medida se desactiva o si el conflicto escala hacia provincias de peso como Buenos Aires o Santa Fe.

Jubilados en el medio de la disputa

En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo y aumento del costo de vida, la interrupción de prestaciones médicas agrava la vulnerabilidad de los adultos mayores. La incertidumbre crece y la pregunta es inevitable: ¿cuánto más puede tensarse el sistema antes de que el impacto sea irreversible?

La crisis del PAMI ya no es una discusión administrativa. Es una emergencia sanitaria en desarrollo.

Luego de una extensa sesión en la Cámara Alta, donde el Gobierno logró la media sanción del proyecto de reforma laboral con 42 votos a favor y 30 en contra, ahora la iniciativa avanza hacia la Cámara de Diputados para continuar su discusión parlamentaria.

El Senado de la Nación le dio este jueves media sanción a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional, en un debate que se extendió por más de 12 horas y terminó con el respaldo mayoritario del oficialismo y bloques aliados. Con 42 votos afirmativos frente a 30 negativos, la iniciativa fue aprobada en general y será girada a la Cámara de Diputados para que los diputados inicien su tratamiento.

La sesión en el Senado comenzó alrededor de las 11 de la mañana y se extendió hasta la madrugada, en medio de intensos cruces políticos y presencia de dirigentes del Gobierno en las galerías del recinto. La votación incluyó más de veinte modificaciones respecto al texto original presentado por el Ejecutivo, incorporadas como parte de las negociaciones previas para reunir los apoyos necesarios.

Frente al Congreso y en distintos puntos del país se vivieron manifestaciones en rechazo a la reforma, con sectores sindicales, organizaciones sociales y filas opositoras que cuestionan la iniciativa por considerar que implica retrocesos en derechos laborales y una flexibilización excesiva de las condiciones de trabajo.

Con la media sanción ya obtenida, el proyecto de reforma laboral seguirá ahora su camino legislativo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo —que cuenta con la primera minoría— buscará avanzar en el debate y la eventual aprobación definitiva de la ley. El tratamiento en Diputados será clave para determinar si la iniciativa se convierte finalmente en norma y qué modificaciones, si las hubiera, se realizan antes de su sanción.

La iniciativa forma parte de una agenda más amplia impulsada por el Gobierno en el inicio del año legislativo, bajo un contexto de tensiones políticas y sociales debido al alcance de los cambios propuestos en el mercado laboral, el impacto en derechos adquiridos y las dificultades de representación sindical frente a las nuevas reglas previstas en el texto.

Asi despidió la ex presidenta a Sandra Mendoza, la ex diputada y referenta del peronismo murió este miércoles a los 62 años.

Cristina Fernández de Kirchner compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para despedir a Sandra Mendoza, a quien definió como una “gran compañera y militante”. En el texto, la ex presidenta destacó su compromiso con la política y su entrega a lo largo de los años en la construcción colectiva de derechos.

“Gran compañera y militante”, escribió Cristina al recordarla, subrayando la coherencia y la convicción con la que Mendoza transitó su camino dentro del campo popular. La publicación estuvo acompañada por imágenes que reflejan momentos compartidos en actividades políticas y espacios de militancia.

En su mensaje, Cristina también resaltó el valor humano de Sandra Mendoza y el afecto que supo cosechar entre quienes compartieron luchas y proyectos. Además, envió un abrazo especial a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor.

Así lo aseguró el abogado Gregorio Dalbón, uno de los primeros denunciantes del caso, que además afirmó que la causa “recién empieza”.

La investigación por una presunta red de coimas y desvíos de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa decisiva. El abogado Gregorio Dalbón, uno de los primeros denunciantes del caso, afirmó que la causa “recién empieza” y que el entramado delictivo no se va a detener en los actuales procesamientos. En declaraciones radiales, sostuvo que el expediente terminará inevitablemente escalando hasta Karina Milei, hermana del Presidente, señalada en los audios que dieron origen a la pesquisa.

“Esto se va a abrir hasta llegar a Karina Milei. Porque lo que decían esos audios, por más que no hayan sido utilizados por una cuestión estratégica del fiscal, es cierto: el 3% iba a Karina Milei”, afirmó Dalbón. Y agregó que uno de los nombres centrales es Sebastián “Nuner” Un, a quien describió como el operador que “llevaba y traía el dinero de la coima a la Casa Rosada”. Para el abogado, ese funcionario “tiene los dedos absolutamente puestos en la parte más espuria del sistema”, y tarde o temprano deberá declarar como arrepentido.

En ese marco, Dalbón fue contundente sobre el mecanismo que puede comprometer a la hermana del Presidente: “La investigación puede llegar a probar su participación con un arrepentido que no se quiera comer 18 años de prisión por ser parte de una asociación ilícita”. Según explicó, varios de los imputados —entre ellos Diego Spagnuolo y otros funcionarios y empresarios— ya estarían evaluando acogerse a esa figura para mejorar su situación procesal. “No tengo ninguna duda de que algunos ya están pensando qué hacer para asegurarse una salida menos grave de la que enfrentan ahora”, advirtió.

Más adelante, el abogado remarcó la gravedad política y social del caso: “Esto no es un error administrativo, es un sistema para robarle al Estado y, lo más miserable, para robarle a los discapacitados”. También subrayó que la causa avanza con pruebas sólidas, sin aprietes ni armados: “Es una investigación limpia, basada en auditorías del propio gobierno y allanamientos positivos. Por eso no va a quedar en estos procesamientos: es la primera etapa”. Con el foco puesto en los arrepentidos y en la ruta del dinero, Dalbón dejó una definición que sacude al poder: “Cuando alguien hable para no ir preso, Karina Milei va a caer”.

Protesta policial en Santa Fe: escala la crisis por los reclamos de los uniformados mientras el Gobierno de Pullaro busca evitar un escenario de mayor confrontación.

La tensión entre el Gobierno de Santa Fe y la Policía provincial atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lejos de descomprimirse, el conflicto salarial y laboral se agrava con denuncias de condiciones precarias en las comisarías y un creciente clima de temor entre los efectivos que participan de la protesta.

Mientras el Ejecutivo provincial intenta abrir canales de diálogo para encauzar la negociación y analiza posibles sanciones por el acuartelamiento, en las filas policiales se multiplican los testimonios que describen un escenario crítico, tanto en lo económico como en lo institucional.

Una subinspectora con 19 años de servicio, que aseguró percibir un salario de 1.322.000 pesos, expuso públicamente la situación que atraviesan en su dependencia. Según relató, los propios agentes deben realizar “vaquitas” para afrontar gastos básicos como el servicio de internet. “Somos 20 compañeros y cada uno tiene que pagar 670 pesos. Así lo pidió el jefe; la boleta viene a nombre del superior”, explicó, sin revelar su identidad por temor a represalias.

La agente describió además condiciones edilicias alarmantes: comisarías “muy precarias”, un único baño compartido entre hombres y mujeres, y calabozos diseñados para 12 personas que actualmente alojan hasta 45 detenidos. “Los compañeros están continuamente con miedo a que haya una evasión”, advirtió, dejando al descubierto el nivel de sobrepoblación y riesgo operativo.

En declaraciones televisivas, la subinspectora sostuvo que muchos efectivos ocultan su identidad durante la protesta por miedo a sanciones. “Si nos reconocen, nos ponen en disponibilidad, como les pasó a 20 compañeros a los que les retiraron el chaleco y el arma. Tenemos mucho miedo”, afirmó.

Visiblemente afectada, la mujer expresó entre lágrimas su conflicto personal: “Yo me siento mal de estar así, haciendo esto. No soy así. Desde el miércoles vengo con mi hija a protestar”. Sus palabras reflejan el impacto humano de una disputa que ya trasciende lo estrictamente salarial.

La agente también lanzó duras críticas contra el gobernador Maximiliano Pullaro, a quien acusó de “dividir” a la fuerza y de no atender los reclamos estructurales. “En 2013 también estábamos mal, pero ahora es peor. Tapan todo y nos maltratan”, sostuvo.

Los documentos revelan posibles víctimas, operaciones financieras fallidas y vínculos con nombres conocidos como el peluquero Roberto Giordano, el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado ex socio de Espert y el magnate británico Joe Lewis, con fuertes intereses en la Patagonia y de vinculos estrechos con el macrismo.

Más de 700 extractos de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos exponen con mayor claridad la conexión argentina del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Los archivos no solo mencionan al país en reiteradas oportunidades, sino que detallan negocios, intercambios y relaciones con figuras del ámbito empresarial y social argentino.

En total, al menos 711 referencias incluyen a la Argentina o a ciudadanos argentinos. Los documentos revelan posibles víctimas, operaciones financieras fallidas y vínculos con nombres conocidos como el peluquero Roberto Giordano, el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado y el magnate británico Joe Lewis, con fuertes intereses en la Patagonia.

Contactos, modelos y agencias locales

Entre los papeles aparecen “books” fotográficos enviados a Epstein con imágenes de tres modelos argentinas. Además, una agencia con sede en Buenos Aires le habría remitido newsletters de manera directa entre 2012 y 2013.

En un intercambio interno del FBI se menciona la necesidad de “comunicar avances a tus víctimas en la Argentina”, lo que evidencia que el país no solo figuraba como plaza de negocios, sino también dentro del entramado de víctimas investigado por las autoridades estadounidenses.

Roberto Giordano también aparece citado en los documentos. El reconocido estilista, fallecido en 2019, habría recibido pagos recurrentes de 500 dólares y organizaba desfiles en Punta del Este y Pinamar, eventos que formaban parte del circuito social frecuentado por empresarios y celebridades.

Negocios e inversiones con pérdidas millonarias

Epstein también realizó inversiones en Argentina. Según reportes de su agente financiero, Paul Barrett, el financista perdió aproximadamente 1,2 millones de dólares en bonos y operaciones cambiarias durante la crisis económica de 2018, en plena gestión de Mauricio Macri. Barrett llegó a calificar la incursión argentina como uno de los “tres peores negocios” de Epstein, junto con inversiones en General Electric.

Joe Lewis y “Fred” Machado en los correos

El nombre de Joe Lewis de estrechos vínculos con Mauricio Macri, surge en correos electrónicos de 2009 intercambiados con Jes Staley, exCEO de Barclays y figura cercana a Epstein. En esos mensajes, Staley confirma un encuentro con el magnate británico en Bariloche, donde Lewis posee extensas propiedades.

Por su parte, Federico “Fred” Machado, figura en los archivos por una negociación en 2015 para venderle a Epstein un avión Gulfstream por 10 millones de dólares. Machado fue posteriormente extraditado a Estados Unidos por otras causas judiciales. Su nombre también resonó en la política argentina por su vínculo con el economista José Luis Espert, relación que derivó en un fuerte impacto en la carrera pública del dirigente libertario.

¿Argentina, el último destino?

Según publicó La Nación, Argentina podría haber sido el último destino internacional planeado por Epstein antes de su arresto en julio de 2019. El 31 de diciembre de 2018, Julian Leese lo invitó a participar de una cacería en el país durante 2019. Epstein respondió afirmativamente, pero su detención frustró el viaje.

Los documentos refuerzan así la dimensión global del entramado de Epstein y colocan a la Argentina como una pieza relevante dentro de su red de contactos, negocios y relaciones, que hoy continúa bajo escrutinio público y judicial.