La presentadora del Festival de Mate en Paraná, Entre Ríos, leyó un mensaje del público que decía: “Milei la conch… de tu madre”. Ovación del público.

“Lo leo o no lo leo”, se rió la presentadora del popular festival entrerriano. La gente le respondió: “siiiiii”. Todo fue risas.

Finalmente, la presentadora leyó el mensaje y despertó una ovación de la gente. Más de 25 mil personas se hicieron presente en el tradicional festival en la capital de Entre Ríos. Que no se entere el presidente.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los números confirman el perfil abiertamente desindustrializador del modelo económico-financiero libertario.

La crisis industrial se profundiza como consecuencia directa del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Así lo reflejan los últimos datos del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero), difundidos este viernes por el Indec, que muestran una caída interanual del 3,9% y marcan el sexto retroceso consecutivo del sector.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los números confirman el carácter abiertamente desindustrializador del esquema económico-financiero libertario. Desde el inicio de la actual gestión, la industria —uno de los principales generadores de empleo registrado y de mayor calidad— acumula una contracción del 6,2%, evidenciando el impacto del ajuste, la apertura indiscriminada de importaciones y la ausencia de políticas de desarrollo productivo.

Los sectores más castigados vuelven a ser aquellos con mayor capacidad de arrastre sobre el empleo y la economía real. En términos interanuales, las mayores caídas se registraron en “Automotores y otros equipos de transporte” (-19,4%), “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” (-18,7%) y “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-12%), reflejando una fuerte retracción en la fabricación local de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

Un análisis más detallado muestra que diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas respecto de igual mes del año anterior. Según informó el Indec, las bajas más significativas por su incidencia en el nivel general se observaron en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-21,6%) y “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-16,7%), a lo que se suman fuertes retrocesos en “Maquinaria y equipo” (-14,8%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-22,4%), “Productos textiles” (-25,7%) y “Productos de caucho y plástico” (-18,3%), entre otros rubros.

En contraste, algunas pocas actividades mostraron incidencias positivas, como “Industrias metálicas básicas” (+7,4%), “Madera, papel, edición e impresión” (+4,6%) y “Alimentos y bebidas” (+0,8%), aunque estos desempeños resultan insuficientes para revertir la tendencia general de estancamiento y caída.

En síntesis, el informe oficial confirma que la variación mensual desestacionalizada de diciembre fue de -0,1%, la interanual de -3,9%, y que, pese a una leve mejora acumulada del 1,6%, el desempeño industrial sigue lejos de una recuperación genuina. Los datos vuelven a poner en evidencia que el rumbo económico del Gobierno no sólo no impulsa la producción nacional, sino que profundiza su deterioro.

El entendimiento bilateral prioriza exportaciones primarias y amplía el acceso estadounidense a sectores industriales, energéticos y normativos. Deberá pasar por el Congreso y comenzará a regir 60 días después de completados los trámites legales.

El acuerdo comercial suscripto por los presidentes Javier Milei y Donald Trump configura un esquema de intercambio que, según surge del texto oficial, otorga ventajas concentradas en productos primarios argentinos mientras habilita una apertura más profunda en áreas industriales, mineras y regulatorias en favor de Estados Unidos.

El tratado contempla reducciones o eliminación de aranceles para 1.675 posiciones arancelarias argentinas, principalmente vinculadas a alimentos y bienes primarios. Entre ellas figuran frutas, infusiones, especias, ceras y productos panificados, además de carnes, pescados, lácteos y otros derivados de origen animal. En el caso del sector cárnico, el cupo de exportación al mercado estadounidense se ampliará de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, con una proyección oficial de ingresos adicionales cercana a los 800 millones de dólares.

No obstante, el propio documento aclara que, fuera de esos beneficios específicos, las exportaciones argentinas seguirán sujetas al arancel general del 10% dispuesto por Washington en 2025. En los hechos, parte de las concesiones implica restituir condiciones previas al endurecimiento comercial adoptado por la administración Trump, más que establecer ventajas nuevas y permanentes.

El acuerdo entrará en vigencia 60 días después de que ambas partes notifiquen el cumplimiento de sus procedimientos legales internos. En el caso argentino, requerirá aprobación parlamentaria.

En paralelo a las mejoras para el complejo agroexportador, el tratado incorpora compromisos que impactan directamente sobre el mercado interno. Argentina habilitará la importación de 80.000 toneladas de carne bovina estadounidense en 2026, además de cuotas para lácteos, frutos secos, azúcar, chocolates, papas y vino, entre otros productos, lo que podría intensificar la competencia sobre economías regionales.

En materia industrial, el país se compromete a no prohibir el ingreso de bienes de capital usados provenientes de Estados Unidos, incluidos equipos agrícolas, maquinaria de construcción y tecnología para minería. Asimismo, aceptará certificaciones técnicas estadounidenses para vehículos y autopartes, eliminando instancias de homologación local.

Un punto de especial sensibilidad es el reconocimiento de estándares de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el ingreso de productos farmacéuticos, lo que supone un alineamiento regulatorio con la normativa estadounidense.

El capítulo minero y energético profundiza ese sesgo. El texto establece que Argentina “permitirá y facilitará” la inversión estadounidense en exploración, extracción y exportación de minerales críticos y recursos energéticos, y que priorizará a Estados Unidos como socio en cobre, litio y otros minerales estratégicos. También prevé agilizar proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y promover infraestructura que facilite la participación de empresas norteamericanas. No se consignan cláusulas de reciprocidad equivalentes para firmas argentinas.

El acuerdo suma además compromisos en propiedad intelectual, con refuerzo de acciones contra mercadería que infrinja marcas o patentes, y la implementación de controles para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, considerando en ese punto las determinaciones del gobierno estadounidense.

El nuevo marco redefine la relación económica bilateral con una apertura que excede lo arancelario e incluye alineamientos normativos y estratégicos. Mientras el Ejecutivo destaca la ampliación de exportaciones alimenticias hacia un mercado de alto poder adquisitivo, distintos sectores productivos anticipan un debate sobre el impacto del tratado en la industria, la regulación interna y el control de recursos naturales

La inflación de alimentos y bebidas volvió a tomar impulso en el arranque de febrero al registrar, según una medición privada, el incremento semanal más elevado desde marzo de 2024, un movimiento que suma presión sobre el índice general de precios en un rubro clave del consumo cotidiano. ¿El INDEC seguirá mirando para el costado?

El relevamiento corresponde a la consultora LCG, que informó un aumento del 2,5% en la primera semana del mes, el registro más alto de 2025 y solo comparable con la segunda semana de marzo del año pasado, cuando la economía todavía acusaba el impacto pleno de la devaluación inicial aplicada por el gobierno de Milei.

Que la economía no levanta y la actividad real sigue parada no es una novedad. Tampoco que es cada vez mayor el cierre de empresas y los despidos masivos. Mientras, la inflación siga muy alta en términos récord para el mundo y para el siglo XXI en Argentina (es cierto que es menor a 2023). Por eso, el gobierno libertario decidió poner en el INDEC a alguien propio y canceló cualquier actualización de la metodología que pudiera poner en duda el relato de la “desinflación”.

El que las hace, no las paga. El presidente Javier Milei sacó un decreto para instruir a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis “Toto” Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa. La impunidad es total: Capuchetti tiene vínculos con el macrismo.

La jueza fue nombrada juez por el propio Macri y son conocidos sus contactos con importantes dirigentes del PRO. Es conocida su desida para investigar el intento de magnicidio contra Cristina, ahora decide no avanzar en la causa que involucró un crédito de 50 mil millones de dólares. Vale todo. Su decisión fue tan polémica que el fiscal Franco Picardi no dudó en apelar contra el cierre de la causa.

La medida de Milei favoreció a Macri y a sus actuales ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ambos formaron parte del gabinete de Macri y fueron claves en la negociación y manejo de aquel préstamo que se fugó. Nadie investigará y a nadie lo escandalizará.

En una carta publicada por La Nación, el empresario cuestionó con dureza la política industrial del Gobierno y advirtió que el Presidente no cuida a la industria nacional como sí lo hacen otros líderes mundiales, entre ellos Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva.

El dueño del grupo Techint, Paolo Rocca, salió a responder por escrito a los ataques del presidente Javier Milei luego de que la empresa perdiera la licitación para proveer los caños del gasoducto de Río Negro. En una carta publicada por La Nación, el empresario cuestionó con dureza la política industrial del Gobierno y advirtió que el Presidente no cuida a la industria nacional como sí lo hacen otros líderes mundiales, entre ellos Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva.

La reacción de Rocca llegó después de que Milei lo calificara como “Don Chatarrín” y le deseara la quiebra, tras conocerse que Techint había presentado una oferta significativamente más alta que la de la empresa ganadora, la india Welspun.

En su carta, Rocca defendió una apertura económica gradual y con reglas claras, y marcó diferencias con el enfoque libertario del Gobierno. “Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante”, sostuvo. Y agregó: “La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor”.

Para reforzar su planteo, el empresario puso como ejemplo a Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Trump, introdujo aranceles del 50% a la importación de acero de todos los orígenes”, señaló, en contraste con la decisión del Gobierno argentino de favorecer a una empresa extranjera por sobre una local.

Rocca también expuso lo que consideró una contradicción del Ejecutivo: su alineamiento estratégico con Estados Unidos mientras celebra el triunfo de una firma india en una obra clave de infraestructura. En ese sentido, recordó que el reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos compromete a ambos países a coordinar políticas sobre control de exportaciones, seguridad de inversiones y evasión de aranceles.

En la carta, el titular de Techint detalló que las principales economías del mundo aplican fuertes medidas de protección para sus industrias. Además de los aranceles del 50% en Estados Unidos, mencionó las salvaguardas europeas —que combinan cuotas y aranceles—, las políticas de México y Canadá, y el caso de Brasil, que bajo el gobierno de Lula introdujo aranceles del 25% frente al aumento de importaciones de acero chino. Incluso la India, país de origen de la empresa ganadora, mantiene salvaguardas similares.

Según Rocca, estas barreras están generando un desvío de excedentes de acero a precios de dumping hacia países más abiertos, como la Argentina. “La defensa de la industria nacional es clave para sostener sectores estratégicos en los que el país tiene ventajas competitivas, como la agroindustria, la energía y la minería”, concluyó.

Se trata de Tecsesi S.A., firma dedicada a tareas de limpieza pesada y perteneciente al holding Techint, que empleaba a unos 280 trabajadores. La empresa dejó de operar en la planta y, si bien Ternium absorbió como personal propio a alrededor de 170 empleados, el resto quedó sin destino laboral claro.

La crisis que atraviesa la industria nacional vuelve a golpear con fuerza al empleo. El Grupo Techint cerró una de sus empresas tercerizadas en la planta General Savio y dejó a 110 trabajadores al borde del desempleo, en un escenario que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) define como “imposible” para su reubicación, debido al ajuste generalizado que atraviesa el sector.

Se trata de Tecsesi S.A., firma dedicada a tareas de limpieza pesada y perteneciente al holding Techint, que empleaba a unos 280 trabajadores. La empresa dejó de operar en la planta y, si bien Ternium absorbió como personal propio a alrededor de 170 empleados, el resto quedó sin destino laboral claro. Desde la UOM San Nicolás advierten que las chances de reubicación son mínimas, ya que otras contratistas también están reduciendo personal.

El cierre de la tercerizada se inscribe en un proceso de reducción de costos que tiene un impacto directo en el empleo industrial y que se profundizó hacia fines de 2024, cuando Ternium Argentina comenzó a aplicar una política de ajuste en toda su estructura. El conflicto ocurre, además, en medio del cruce público entre Paolo Rocca y el gobierno de Javier Milei, en un contexto de redefinición del modelo productivo.

Crece la preocupación sindical

Desde el gremio metalúrgico no ocultan la gravedad de la situación. “Estamos atravesando un momento muy complicado dentro de la planta General Savio. Una empresa grande como Tecsesi está saliendo del mercado. Algunos trabajadores serán absorbidos por Ternium, pero hay un número importante al que no le estamos encontrando ubicación”, señaló una alta fuente de la UOM San Nicolás al Diario El Norte. “Seguimos trabajando intensamente, pero el escenario es muy adverso”, agregó.

El riesgo de que estos despidos se traduzcan en desempleo efectivo es cada vez mayor, ya que la mayoría de las empresas del cordón industrial se encuentran en pleno proceso de ajuste. A esto se suma un contexto más amplio de incertidumbre productiva, marcado por la caída de la demanda interna y el ingreso de acero importado, especialmente de origen chino, que presiona sobre la producción local.

El caso de Tecsesi no aparece como un hecho aislado, sino como un síntoma de una crisis industrial más profunda, que avanza sobre el empleo, debilita el entramado productivo y enciende alarmas en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía argentina.

Relevamientos privados ubican el nivel de actividad cerca de un 10% por debajo de 2022 y advierten por la pérdida de empleo, el cierre de empresas y el impacto de la apertura importadora en un contexto de consumo deprimido.

La industria argentina volvió a cerrar un año con más sombras que luces. A la espera de los datos oficiales de diciembre, distintos informes sectoriales coinciden en que 2025 concluyó sin recuperación sostenida y con un nivel de producción que permanece claramente por debajo del registrado antes del ajuste económico.

Si bien la comparación interanual frente a 2024 mostraría una leve mejora estadística, el contraste con 2023 y, sobre todo, con 2022 deja en evidencia un retroceso estructural. Las estimaciones privadas ubican la actividad manufacturera alrededor de un 9% por debajo de 2023 y cerca de un 10% inferior a la de hace tres años.

El freno principal continúa siendo la debilidad de la demanda interna. Con salarios que no logran recomponer poder adquisitivo y un esquema económico que concentra el crecimiento en sectores de baja generación de empleo, la industria carece de un mercado dinámico que traccione producción y nuevas inversiones.

En noviembre, el Índice de Producción Industrial Manufacturero ya había marcado una caída interanual del 8,7% y una baja mensual del 0,6% en términos desestacionalizados. Para diciembre, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) proyectó un retroceso adicional del 3,5%, apoyado en datos de consumo eléctrico y demanda de insumos.

Desde la entidad empresaria señalaron que cualquier mejora frente al año previo responde, en gran medida, a un efecto comparación tras el derrumbe de 2024. Al medir contra 2023 y 2022, el panorama cambia: la actividad sigue lejos de los niveles previos y solo algunos rubros ligados a la cosecha muestran una recuperación puntual.

El deterioro se verifica con mayor crudeza en sectores intensivos en empleo. La construcción continúa entre los más castigados, con desplomes superiores al 20% en despachos de cemento e insumos respecto de 2022. La industria automotriz también exhibe retrocesos tanto frente a 2024 como en la comparación de mediano plazo, mientras que el patentamiento de maquinaria industrial y el consumo eléctrico de grandes usuarios fabriles registran bajas de dos dígitos frente a los niveles de hace tres años.

La metalmecánica, otro termómetro de la inversión productiva, acumula caídas que superan el 13% en relación con el período previo al cambio de gestión. A esto se suma la retracción de exportaciones industriales hacia Brasil, lo que agrava la falta de dinamismo.

El mapa sectorial muestra pocos ganadores. Las actividades vinculadas al complejo agroexportador y a la refinación de petróleo, impulsadas por Vaca Muerta, lograron cierta expansión. Sin embargo, textiles, calzado, indumentaria, plásticos, caucho y materiales para la construcción continúan en terreno contractivo.

La propia Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC refleja el clima de preocupación: más de la mitad de los empresarios industriales identifica a la insuficiencia de la demanda interna como el principal límite para crecer. En la misma línea, la consultora Orlando J. Ferreres estimó que en diciembre la industria retrocedió 5,7% interanual y describió el desempeño anual como un proceso que fue “de mayor a menor”.

El impacto no se limita a los volúmenes de producción. Según CIFRA-CTA, la industria y la construcción concentran cerca del 70% de los puestos de trabajo perdidos en el período reciente, con más de 120 mil empleos destruidos en conjunto. Paralelamente, informes privados registran miles de cierres de unidades productivas en Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, así como caídas relativas aún más pronunciadas en provincias con menor densidad industrial.

Especialistas advierten que la dependencia del mercado interno vuelve especialmente vulnerable al sector ante políticas de ajuste recesivo. Sin un consumo fortalecido y con un esquema de apertura comercial que expone a las empresas locales a una competencia externa creciente, el horizonte para 2026 aparece cargado de incertidumbre.

El balance de 2025 deja, así, una industria que no logró despegar, con una recuperación acotada a nichos específicos y un entramado productivo que continúa debilitándose. Sin señales claras de recomposición del mercado interno ni de una estrategia integral para el desarrollo manufacturero, el sector enfrenta el nuevo año con más interrogantes que certezas.

La titular de la APyT, Norma Lezana, acusó al Gobierno de impulsar sumarios y despidos como represalia por el conflicto del Hospital Garrahan, que derivó en una suba del 61% y advirtió sobre un intento de disciplinar a los trabajadores del principal hospital pediátrico del país.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, Norma Lezana, denunció que la apertura de un sumario en su contra y las sanciones a trabajadores forman parte de una avanzada oficial para castigar la protesta salarial que el año pasado culminó con un incremento del 61% y un bono permanente para todo el personal.

En declaraciones radiales, la dirigente sostuvo que el proceso administrativo está “direccionado” y que responde a una decisión política de escarmentar a quienes encabezaron el reclamo. “Nos sancionan por haber enfrentado la política de ajuste y haber demostrado que los recursos estaban”, afirmó.

El conflicto se desató tras meses de reclamos por deterioro salarial y renuncias de profesionales. Según datos del gremio, más de 300 trabajadores altamente calificados dejaron el hospital en los últimos años en medio de restricciones presupuestarias. Luego de medidas de fuerza y descuentos aplicados al personal —principalmente de enfermería y áreas críticas—, la conducción del hospital otorgó una recomposición salarial del 61% y un bono fijo de 450.000 pesos.

Lezana vinculó las sanciones con la actual intervención del centro de salud y cuestionó la conducción designada por el Ejecutivo nacional. También advirtió sobre el cierre del jardín maternal para hijos de trabajadores y la modificación de condiciones laborales de unos 70 profesionales de guardia, a quienes, según denunció, se les reemplazó el vínculo de empleo público por contratos de servicios.

La sindicalista rechazó además las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien celebró públicamente las medidas disciplinarias. “Cuando desde la Casa Rosada avalan estas decisiones, queda claro que no es un trámite administrativo más, sino una señal política”, planteó.

Con 38 años de trayectoria en el hospital, Lezana interpretó la ofensiva como parte de un esquema más amplio ligado a la reforma laboral promovida por el Gobierno. “Buscan debilitar la organización sindical en un hospital emblemático para enviar un mensaje al resto del sector público”, sostuvo.

El Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, atraviesa así un nuevo capítulo de tensión entre trabajadores y autoridades, en un contexto de ajuste presupuestario y redefinición de las políticas sanitarias a nivel nacional.

Luego del escándalo que estalló por la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a decir él mismo de cuánto será la inflación de enero, cuando no le corresponde ni debería tener información porque existe secreto estadístico.

“Lavagna se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el Presidente”, mintió el ministro cuando todos saben que Lavagna se fue porque había prometido un cambio de metodología que hiciera más real la inflación en Argentina al considerar los brutales tarifazos que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La inflación en enero iba a dar arriba 3% y el gobierno no quiso. Se mandó para atrás la nueva metodología y chau Lavagna.

Ahora, Caputo sale a hablar de la inflación de enero asegurando que el número “será similar a diciembre”. ¿Cómo lo sabe? ¿No existe la independencia del INDEC y el secreto estadístico? ¿Quién le dijo al ministro la cifra de enero?