Argentina volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 elaborado por Transparencia Internacional, confirmando un deterioro que ya se había manifestado el año anterior.

El país descendió cinco posiciones y quedó en el puesto 104 sobre 182 naciones, con 36 puntos sobre 100. En 2024 había obtenido 37 puntos. La baja, aunque pueda parecer marginal en cifras, consolida una tendencia negativa durante el segundo año de gestión de Javier Milei.

El informe internacional es contundente: en los últimos dos años no se implementaron políticas eficaces para prevenir ni sancionar la corrupción. Lejos de materializar la promesa de una transformación ética del Estado y de lucha contra la “casta”, la gestión libertaria exhibe un vacío en materia de integridad pública que impacta directamente en la percepción institucional.

Críticas por la falta de políticas anticorrupción

Organizaciones especializadas vinculan el retroceso con la ausencia de una agenda activa en materia anticorrupción. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fue categórico: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción”. La declaración no solo apunta a la inacción, sino también a la falta de señales políticas claras en favor de la transparencia.

Casos como los vinculados a $LIBRA, el ingreso de valijas sin declarar en el aeropuerto, el reciente escandalo de sobreprecios en nucleoeléctrica y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), más allá de las sospechas de irregularidades, no encontraron una respuesta institucional contundente por parte del Ejecutivo. Esa pasividad alimenta la percepción de opacidad y erosiona la credibilidad del discurso oficial.

Por debajo del promedio regional

Con 36 puntos, Argentina quedó por debajo del promedio del continente americano (42 puntos) y se ubicó en el puesto 19 entre 33 países de la región. Comparativamente, el país aparece cercano a Belice y la Ucrania del régimen de Zelensky, y es superado por Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana.

Mientras Canadá (75 puntos) y Uruguay (73) encabezan el desempeño regional con estándares sostenidos de transparencia, Argentina se aleja de esos parámetros y se aproxima a países con mayores debilidades institucionales. En el extremo más crítico del continente se encuentran Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10), que marcan el piso del ranking regional.

Liderazgos globales y contrastes

A nivel mundial, Dinamarca lidera el índice con 89 puntos, seguida por Finlandia con 88. En los últimos puestos figuran Sudán del Sur y Somalia, ambos con 9 puntos, mientras que Venezuela ocupa el lugar 180 con 10.

Para Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, la falta de políticas sostenidas de integridad sigue siendo una deuda estructural en Argentina. Sin una estrategia clara y consistente, advierte, el deterioro puede profundizarse.

Un retroceso que desmiente la narrativa oficial

El IPC se construye a partir de encuestas y evaluaciones de expertos y empresarios, utilizando múltiples fuentes independientes como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. La escala va de 0 (alta percepción de corrupción) a 100 (mayor transparencia).

La caída de Argentina no es solo un movimiento estadístico: implica que el país fue percibido en 2025 como más corrupto que el año anterior en comparación con otras naciones. En un gobierno que hizo de la lucha contra “la casta” su principal bandera política, el retroceso en transparencia expone una contradicción difícil de soslayar.

Más que un traspié circunstancial, el segundo año de Milei parece consolidar una preocupante deriva: sin políticas activas de control y rendición de cuentas, la promesa de limpieza institucional queda reducida a consigna, mientras los indicadores internacionales marcan un deterioro que afecta la credibilidad del país y profundiza la desconfianza pública.

El Frigorífico Pico comenzó a ejecutar despidos masivos luego de haber suspendido a la totalidad de sus 450 trabajadores y tras la finalización del procedimiento preventivo de crisis que el gremio había tramitado ante la cartera de Trabajo de La Pampa. La situación volvió a encender alarmas en el sector industrial y expuso fuertes cuestionamientos al Gobierno por la ausencia de políticas que contengan el impacto social de la recesión.

En los últimos días, la empresa —propiedad de la familia Lowenstein y conocida por ser la creadora de las hamburguesas Paty— comenzó a enviar telegramas de despido que ya alcanzaron a 194 empleados. El avance de los ceses abre un serio interrogante sobre el futuro de la planta y profundiza el conflicto laboral en la provincia.

Como informó La Política Online, la firma inició hace más de un año un proceso de achique que afectó a casi un centenar de trabajadores. Sin señales de reactivación económica, en enero se paralizó completamente la actividad y desde el jueves comenzaron los despidos, en un contexto que los gremios atribuyen directamente al ajuste económico impulsado a nivel nacional.

Desde el sindicato y sectores de la oposición provincial advirtieron que el Gobierno nacional “se desentendió” de la crisis industrial, dejando a los trabajadores librados a su suerte. Señalan que la apertura de importaciones, la caída del consumo interno y la falta de políticas de estímulo a la producción golpean de lleno a la industria frigorífica y aceleran el cierre de puestos de trabajo.

En las cartas documento enviadas a los empleados, la empresa justificó su decisión aludiendo a “un contexto mayor de crisis de la industria frigorífica”, con una “marcada y ya insostenible disminución de trabajo por la reducción de los volúmenes de mercadería vendida y proyectada”. Sin embargo, desde el gremio remarcan que esa crisis es consecuencia directa de un modelo económico que prioriza el ajuste fiscal por sobre el empleo.

Mientras tanto, crece la preocupación en La Pampa por el impacto social de los despidos y por la falta de intervención del Estado para evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo en uno de los sectores históricos de la producción regional.

A pesar de los anuncios y las expectativas generadas desde el Gobierno de Javier Milei, la inflación sigue siendo uno de los principales focos de preocupación económica. Analistas, comerciantes y consumidores coinciden en que, más allá de algunos indicadores puntuales, persisten fuertes dudas sobre la evolución real de los precios en los próximos meses.

Desde distintos sectores advierten que la desaceleración inflacionaria que se intenta instalar no se refleja de manera homogénea en la vida cotidiana. Alimentos, servicios y tarifas continúan mostrando ajustes que presionan sobre el poder adquisitivo, mientras la falta de referencias claras dificulta la planificación tanto de las familias como de las pequeñas y medianas empresas.

Además, el gobierno decidió no cambiar la metodología para que la inflación que registra del INDEC no se acerque a la realidad de millones de argentinos. Igualmente, eso no hizo que la inflación oficial bajara: por el contrario, volvió a crecer por noveno mes consecutivo. Se acabó el relato de la desinflación. ¿Y ahora?

Mientras el gobierno nacional exhibe a la energía y a los hidrocarburos como motores del crecimiento de la economía mileísta, en la Patagonia el saldo es el inverso: desindustrialización, caída de la producción, desplome de regalías y 18 mil puestos de trabajo destruidos.

La política hidrocarburífera actual, lejos de fortalecer el entramado productivo, está desmantelando décadas de desarrollo regional.

El eje de esta reconfiguración fue el abandono por parte de YPF de 55 áreas maduras —los llamados “pozos viejos”— en el marco del denominado “Plan Andes”, iniciado en 2024. Bajo el argumento de concentrar inversiones en Vaca Muerta y el no convencional, la petrolera controlada por el Estado se retiró de áreas convencionales en Mendoza, Santa Cruz y Chubut, dejando tras de sí pasivos ambientales, yacimientos revertidos y un fuerte retroceso económico en las provincias afectadas.

En Mendoza, la salida de áreas estratégicas como Malargüe y Chachahuén implicó despidos y caída de ingresos por regalías. En Santa Cruz, YPF devolvió diez yacimientos maduros en la zona del Golfo San Jorge. En Chubut, vendió el campo convencional Manantiales Behr a Limay Energía (Grupo Rovella). En todos los casos, el retiro se tradujo en menos actividad, menos producción y menos empleo.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), más de 18 mil trabajadores quedaron en la calle en los últimos dos años: alrededor de 10 mil en Santa Cruz y más de 8 mil en Chubut. No se trata únicamente de operarios petroleros. La destrucción de empleo alcanzó también a la construcción y al comercio, sectores estrechamente vinculados a la actividad hidrocarburífera. La Cámara de Comercio registró más de 400 cierres en 2024 y otros 350 en 2025. Pueblos enteros, cuya economía dependía del petróleo convencional, quedaron al borde del colapso.

Desde YPF intentaron relativizar el impacto señalando que muchos trabajadores no pertenecían directamente a la empresa, sino a firmas de servicios, y que cobraron un “stand-by” mientras duró la transición. Sin embargo, ese argumento omite una cuestión central: la política de retiro fue definida por la conducción de la empresa estatal. La responsabilidad sobre la ruptura de contratos, la paralización de actividades y la pérdida de empleo no desaparece por tercerizar los vínculos laborales.

La salida de YPF también implicó la pérdida de contratos para al menos 40 PyMEs locales, según denunció la Cámara de Empresas de la Cuenca del Golfo San Jorge. En su lugar, comenzaron a desembarcar compañías intermedias sin antecedentes productivos sólidos ni compromisos claros de inversión o empleo local. Entre ellas, Bentia Energy, fundada en julio de 2024 por el ex ministro macrista Javier Iguacel con un capital de apenas 30 millones, que se quedó con cuatro pozos de YPF. El reemplazo de una empresa centenaria por firmas de escasa trayectoria plantea serias dudas sobre la sustentabilidad del modelo.

El impacto productivo ya es visible. La salida de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge derivó en una caída cercana al 20% en la producción petrolera, según datos oficiales. Esta contracción golpeó de lleno las regalías provinciales, pieza clave de las finanzas públicas patagónicas.

Un informe del Centro de Estudios Fundar, “Comodoro Rivadavia y el fin de un ciclo”, basado en datos de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía, señala que en el primer semestre de 2025 las regalías representaron el 13,8% de los ingresos totales de Santa Cruz y el 17,4% en Chubut. En términos reales, esto implicó una pérdida del 30% del valor de las regalías para Santa Cruz y del 19% para Chubut. La consecuencia es directa: menos recursos para sostener servicios públicos y menor capacidad para diseñar políticas de transición frente a la crisis hidrocarburífera.

En nombre de la eficiencia y la focalización en Vaca Muerta, la política hidrocarburífera del gobierno prioriza la rentabilidad de corto plazo y la concentración geográfica de inversiones, pero desatiende el entramado productivo regional y la función estratégica de una empresa como YPF. El resultado es una Patagonia más dependiente, con menos empleo, menos industria y menos ingresos fiscales.

La paradoja es evidente: en un contexto en el que la energía encabeza los índices de crecimiento macroeconómico, el abandono de YPF destruyó 18 mil puestos de trabajo en la Patagonia y dejó a provincias enteras enfrentando el costo social de una decisión política que reconfigura el mapa energético sin plan de desarrollo federal ni compromiso con el empleo local.

La Justicia federal dictó procesamientos en la investigación por un entramado de corrupción dentro de ANDIS que incluye sobornos, fraudes y manejos irregulares de contrataciones públicas, con implicancias que podrían ir más allá del ex titular del organismo.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, junto a otros 18 acusados, por una causa que investiga un esquema de presunta asociación ilícita, coimas y fraude contra la administración pública en la adjudicación de contratos y la compra de insumos y medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Según la resolución judicial, Spagnuolo y los demás imputados integraron una organización que direccionaba licitaciones y negoció contrataciones en beneficio propio y de terceros, en detrimento de fondos públicos. El procesamiento incluye cargos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, además de embargos millonarios sobre bienes de los acusados.

El fallo también señala que la agencia fue utilizada como una vía de enriquecimiento ilícito por parte de los acusados, al tiempo que alertó que el esquema delictivo podría haber tenido otro nivel de complicidades más allá de los imputados actuales, con indicios de expansión hacia otras áreas y actores dentro y fuera del organismo.

La causa, que se inició tras la aparición de audios y pruebas que advertían sobre irregularidades en la compra de medicamentos y servicios, incluyó en su análisis documentación financiera, comunicaciones internas y testimonios que permitieron reconstruir parte de la dinámica delictiva.

El procesamiento de Spagnuolo y de los demás acusados representa uno de los golpes judiciales más significativos en torno a la ANDIS y la gestión de recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La investigación continúa y, según advierte el propio juez, podría dar lugar a nuevas imputaciones y ampliaciones del expediente conforme se sigan analizando pruebas.

El gobierno nacional decidió finalmente desplazar a Demian Reidel de la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, una movida que parece responder más a la presión generada por las denuncias de corrupción que a una verdadera voluntad de fortalecer a la estratégica empresa nacional.

Reidel, que ya venía tambaleando debido a los escándalos de sobreprecios en las compras de las centrales nucleares, no pudo resistir el peso de las acusaciones, aunque su salida también deja entrever la falta de un enfoque claro y transparente por parte del gobierno para gestionar la compañía.

El detonante de su caída fue la denuncia interna de Juan Pablo Nolasco Sáenz, gerente de la Planta Central Nuclear Atucha I-II, quien acusó a dos de los colaboradores más cercanos de Reidel de direccionar contrataciones a favor de la empresa LX Argentina, que había presupuestado un 140% más de lo que Nucleoeléctrica estaba pagando por los mismos servicios. A pesar de los intentos de Reidel por proteger a sus hombres de confianza, el directorio de la empresa decidió apartarlos, pero las repercusiones no tardaron en llegar. Esta situación reveló un patrón preocupante en la gestión de Nucleoeléctrica, que no solo se ve salpicada por irregularidades administrativas, sino también por una falta de responsabilidad ante las constantes denuncias de corrupción.

A este escándalo se sumó la aparición de una deuda personal de Reidel por 825 millones de pesos, la cual, según los informes, fue saldada de manera “transparente”, pero no sin generar suspicacias. ¿Cómo se explica que un funcionario público haya podido contraer semejante deuda personal y luego resolverla de forma tan rápida? Aunque Reidel intentó justificar su situación como parte de un negocio inmobiliario legítimo, el escándalo económico que esto generó no hizo más que agravar su imagen ante la opinión pública.

El reemplazo de Reidel por Juan Martín Campos, presidente de Dioxitek, no parece ser más que un movimiento superficial para calmar las aguas. Campos, aunque con experiencia en el sector nuclear, asume en un contexto extremadamente complicado para Nucleoeléctrica, que se encuentra en medio de proyectos cruciales como la extensión de la vida útil de la central Atucha I y la construcción de un nuevo almacenamiento para combustibles gastados. Sin embargo, el cambio de liderazgo no oculta el hecho de que la gestión de Nucleoeléctrica sigue marcada por la opacidad y la falta de control efectivo sobre los recursos públicos.

Lo más preocupante de este cambio de dirección es que, a pesar de la evidente crisis de confianza que atraviesa la empresa, el gobierno parece haber optado por un reemplazo que no aborda las profundas falencias en la gestión y el control de los proyectos. Más allá de la renovación del directorio y el nombramiento de nuevos cargos, no parece haber una estrategia clara para evitar que los problemas de corrupción y sobreprecios sigan siendo una constante en una de las principales empresas del sector energético del país.

El caso de Reidel no es solo un episodio aislado, sino que refleja una constante falta de transparencia y responsabilidad en la administración de las empresas estatales bajo el actual gobierno, que prefiere actuar bajo la presión mediática y los escándalos, en lugar de tomar decisiones estructurales que promuevan una verdadera rendición de cuentas y una gestión eficiente y honesta de los recursos públicos.

La suba escalonada en colectivos nacionales impactará de lleno en el bolsillo en febrero y marzo. La actualización del índice de inflación, que otorgaba mayor peso al transporte, fue postergada tras la salida de Marco Lavagna del INDEC.

El Gobierno dispuso un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que implicará una suba acumulada superior al 40% en el lapso de un mes, en el marco de la reducción de subsidios al transporte y de una política de ajuste que vuelve a trasladar el costo a los usuarios.

El boleto mínimo pasará de $494,83 a $650 a mediados de febrero, lo que representa un alza cercana al 31%, y volverá a incrementarse en marzo hasta alcanzar los $700, completando un ajuste total del 41,4% en pocas semanas. El impacto será directo sobre trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público a diario.

La decisión oficial coincide con una controversia técnica que atravesó al INDEC y que culminó con la salida de su titular, Marco Lavagna. En paralelo al aumento tarifario, el organismo tenía previsto actualizar la canasta con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incorporando datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018.

Esa modificación implicaba elevar el peso del rubro Transporte dentro del índice general del 11% al 14,3%, lo que hubiera amplificado el efecto estadístico del tarifazo en el dato mensual de inflación. Al mantener la metodología anterior, donde el transporte tiene menor incidencia, el salto en los boletos impactará menos en el número final que informa el organismo.

Fuentes del sector señalaron que la postergación del nuevo esquema de medición se resolvió en medio de tensiones con el equipo económico, que enfrenta el dilema de avanzar con la quita de subsidios sin disparar los indicadores inflacionarios en los meses en que se concentran aumentos sensibles.

El reemplazo de Lavagna por Pedro Lines se produjo en ese contexto. Si bien no hubo explicaciones oficiales detalladas, la demora en la actualización metodológica quedó en el centro de la escena, ya que un cambio en la ponderación habría reflejado con mayor crudeza el traslado de los incrementos tarifarios al índice de precios.

Mientras tanto, los usuarios deberán afrontar nuevas subas en un escenario de ingresos deteriorados y caída del consumo. El ajuste en el transporte se suma a otros incrementos en servicios públicos, configurando un cuadro en el que la reducción del gasto estatal se sostiene, en buena medida, con mayores costos para la población.

El dirigente de la CGT advirtió que la central obrera perdió cohesión interna y cuestionó la estrategia dialoguista frente a un proyecto oficial que, según afirmó, apunta a debilitar derechos históricos y desarticular la representación gremial.

En declaraciones radiales, y en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero, el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, dejó al descubierto la crisis interna de la central sindical y lanzó duras críticas contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, a la que calificó como un intento de desmantelar conquistas históricas.

El dirigente sostuvo que el Ejecutivo no abrió una instancia real de negociación y que las conversaciones promovidas por algunos sectores sindicales fueron, en los hechos, una formalidad sin resultados. “Nunca hubo margen auténtico para discutir. La decisión estaba tomada y lo que se ofrecía era aceptar condiciones ya definidas”, afirmó.

En ese marco, defendió la convocatoria a movilizaciones y a un paro con concentración frente al Congreso, tras acciones previas en Córdoba y Rosario. Según precisó, el cese de actividades comenzará a las 10 y contará con la presencia de delegaciones de distintas regionales del país.

Lobato expuso además las diferencias dentro de la CGT y planteó que no todos los gremios enfrentan el mismo impacto. “No vive la misma realidad un sindicato de servicios sin despidos que uno industrial donde cierran fábricas todas las semanas”, señaló, al marcar distancia con la postura más moderada de la conducción.

El sindicalista también apuntó contra gobernadores que respaldan la iniciativa oficial pese a la caída del empleo en sus provincias. A su juicio, el apoyo político a la reforma desconoce las consecuencias sociales que puede acarrear en distritos golpeados por la recesión y la paralización industrial.

En relación con el rol histórico de la central obrera, reconoció un deterioro progresivo de su vínculo con las bases y admitió que la pérdida de representatividad no es un fenómeno reciente. Sin embargo, remarcó que el actual contexto expone una fragmentación más profunda. “La cohesión que caracterizaba a la CGT en otras etapas hoy está debilitada”, deslizó.

Para Lobato, el proyecto oficial no se limita a modificar normas laborales sino que forma parte de una estrategia económica más amplia que busca reducir la capacidad de presión del sindicalismo organizado. “Cuando el objetivo es disciplinar al movimiento obrero, el diálogo se convierte en una excusa”, sostuvo.

Finalmente, convocó a los trabajadores a participar de la protesta y advirtió que las consecuencias de la reforma recaerán principalmente sobre las bases. “Los dirigentes no somos quienes más vamos a padecer esto. Los que arriesgan su estabilidad son los trabajadores”, concluyó.

En medio de fuertes cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales y tras la negativa del Gobierno a aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, el presidente Javier Milei formalizó la designación de Pedro Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El nombramiento fue oficializado mediante el Decreto 91/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y se concretó luego de la renuncia de Marco Lavagna, quien dejó el organismo en un contexto de tensiones internas y controversias metodológicas. Lines asumió formalmente el cargo a partir del 4 de febrero de 2026.

La decisión presidencial se produce tras la polémica generada por la postura del Gobierno de no avanzar con la implementación plena del nuevo IPC actualizado, una definición que reavivó dudas sobre la transparencia y veracidad de los datos que difunde el organismo estadístico. El debate técnico y político en torno al índice inflacionario fue uno de los factores que aceleró la salida de Lavagna, quien había estado al frente del INDEC desde diciembre de 2019.

Pedro Ignacio Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee una maestría en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) y cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral. Hasta ahora, se desempeñaba como director técnico del INDEC y tenía a su cargo la coordinación del programa estadístico anual y el desarrollo de normas técnicas vinculadas a censos, encuestas e indicadores económicos y sociales.

A lo largo de su carrera profesional, Lines trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar y participó en la elaboración de estadísticas clave como la balanza de pagos, la deuda externa y la posición de inversión internacional de la Argentina. Además, integra el Grupo de Expertos Asesores de las Naciones Unidas en el marco del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales.

El decreto presidencial también formalizó la renuncia de Marco Lavagna a partir del 2 de febrero. Desde el Ejecutivo libertario agradecieron “los servicios prestados” por el exfuncionario, cuya gestión quedó atravesada por el debate en torno a la actualización metodológica del IPC, que incluía la adopción de la clasificación COICOP 2018, la ampliación de las divisiones de relevamiento y la incorporación de nuevos rubros de consumo.

La salida de Lavagna y el recambio en la conducción del INDEC generaron preocupación entre los trabajadores del organismo. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron sobre el impacto institucional del cambio de autoridades en un momento clave. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a días de la publicación del IPC con nueva ponderación”, señaló el delegado gremial Raúl Llaneza.

La designación de Lines se inscribe, además, en una etapa de reestructuración más amplia dentro de la administración nacional, marcada por renuncias y nuevos nombramientos en áreas estratégicas del Estado, en línea con la reorganización impulsada por el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión.

Según el relevamiento, Trenes Argentinos pasó de operar 22 servicios provinciales en diciembre de 2023 a apenas 10 en la actualidad, una reducción que no responde a un plan de modernización ni a criterios técnicos de eficiencia, sino a una política deliberada de abandono del ferrocarril como servicio público.

El sistema ferroviario de pasajeros de media y larga distancia atraviesa un proceso acelerado de desinversión, recorte de servicios y pérdida de usuarios que se profundizó bajo la actual administración libertaria. Así lo advierte un informe del Observatorio Social del Transporte (OST), que describe un retroceso histórico en la presencia del tren en el interior del país.

Según el relevamiento, Trenes Argentinos pasó de operar 22 servicios provinciales en diciembre de 2023 a apenas 10 en la actualidad, una reducción que no responde a un plan de modernización ni a criterios técnicos de eficiencia, sino a una política de abandono progresivo del ferrocarril como servicio público. En ese marco, la declaración de la Emergencia Ferroviaria le otorgó al Estado facultades excepcionales para suspender o eliminar servicios bajo el argumento del deterioro de la infraestructura, un deterioro que el propio Estado dejó avanzar.

Como resultado de esta política, dejaron de funcionar numerosos servicios de larga distancia que garantizaban conectividad y transporte accesible a miles de personas. Entre ellos se cuentan los trenes Retiro–Palmira (Mendoza), Retiro–Justo Daract (San Luis), Once–Pehuajó —recortado hasta Bragado—, Retiro–Tucumán y Retiro–Córdoba, además del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca, cuya no reanudación fue oficializada por esta gestión. También se eliminó el servicio expreso de fines de semana entre Retiro y Rosario, uno de los pocos que aún mantenía competitividad en tiempos de viaje.

El ajuste no se limitó a los trenes de larga distancia. El OST señaló que servicios regionales y turísticos clave para las economías locales también fueron dados de baja, entre ellos General Guido–Divisadero de Pinamar, La Banda–Fernández, Rosario–Cañada de Gómez, Mercedes–Tomás Jofré y el regional Córdoba–Villa María. En varios casos, las suspensiones se justificaron con problemas de infraestructura que nunca fueron reparados, dejando los servicios sin fecha de regreso.

Eduardo Toniolli, ex diputado nacional y vocero del Observatorio, calificó este proceso como una “degradación planificada”. “El sistema se deja deteriorar deliberadamente para que, cuando llegue el cierre definitivo de los servicios, los usuarios ya no se quejen”, advirtió. En declaraciones televisivas, remarcó además que 2025 fue el año con menor cantidad de pasajeros, excluyendo 2020, cuando los trenes estuvieron paralizados por la pandemia.

Los números confirman el impacto del ajuste: entre 2024 y 2025 la cantidad de pasajeros de trenes de larga distancia y regionales cayó un 25%, y la baja alcanza el 37,4% si se compara con 2023. Mientras en 2024 se registraron unos 260.000 usuarios, en 2025 la cifra descendió a 190.000.

Desde el OST explicaron que esta caída no es consecuencia de una supuesta falta de interés social por el tren, sino del desmantelamiento del servicio: falta de inversión en mantenimiento, retiro de material rodante, cancelación de frecuencias y pérdida de confiabilidad. Toniolli puso como ejemplo el tren Rosario–Cañada de Gómez, donde “Trenes Argentinos fue retirando locomotoras y reduciendo servicios desde agosto hasta darlo de baja definitivamente en noviembre”.

Una situación similar, alertó, se vive en el tren Rosario–Retiro, que aún opera pero en condiciones cada vez más precarias, con viajes que superan las siete horas y que ya ni siquiera llegan a la terminal de Retiro, finalizando en Colegiales.

La combinación de servicios degradados, horarios imprevisibles y menor frecuencia terminó empujando a los usuarios hacia micros de larga distancia y vuelos low cost, consolidando el peor registro de pasajeros en años. Para el Observatorio, lejos de ser un fenómeno inevitable, se trata del resultado directo de una política que renuncia al tren como herramienta de integración territorial, desarrollo federal y derecho social.