En lugar del megacrédito inicial previsto, las entidades financieras evalúan ahora una asistencia mucho más moderada y de corto plazo.

Según reveló The Wall Street Journal (WSJ), el ambicioso paquete de rescate por US$20.000 millones que bancos estadounidenses —entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup— habían contemplado para apuntalar al gobierno de Javier Milei quedó suspendido. En lugar de ese megacrédito, las entidades evalúan ahora una asistencia mucho más acotada y de corto plazo.

El WSJ detalló que el plan original combinaba un swap cambiario de US$20.000 millones entre el Tesoro de EE.UU. y Argentina con una línea de financiamiento privada por un monto equivalente. El esquema surgió cuando la administración Milei “parecía estar bajo presión”, pero —de acuerdo con el diario— ese contexto cambió después de las elecciones legislativas de octubre.

No obstante, la pata privada del paquete nunca llegó a avanzar. Según el WSJ, los bancos aguardaban una definición del Tesoro sobre qué garantías o colaterales podrían utilizar para cubrirse ante un eventual incumplimiento argentino. “El préstamo del sector privado no despegó porque los bancos esperaban instrucciones sobre qué colaterales podían usar para cubrirse de pérdidas”, afirmó el periódico. Esa respuesta no llegó y el interés por el salvataje de gran escala se fue diluyendo.

Ante el freno del megacrédito, las discusiones se habrían desplazado hacia una alternativa más limitada: un préstamo puente de alrededor de US$5.000 millones mediante una operación de recompra (repo). Bajo este esquema, Argentina entregaría una cartera de inversiones a cambio de dólares para cubrir un vencimiento de deuda de unos US$4.000 millones en enero. La idea sería devolver el préstamo en pocos meses, mediante la emisión de nueva deuda en los mercados.

El WSJ advierte, sin embargo, que este mecanismo también conlleva riesgos: los bancos quedarían expuestos si el mercado se deteriora y Argentina no logra colocar bonos para repagar la operación. Las conversaciones, según el diario, siguen en una etapa inicial y podrían modificarse o incluso desactivarse.

Mientras tanto, el Tesoro de EE.UU. mantiene su respaldo político y financiero a la administración Milei. Aunque no se conoce cuánta parte del swap de US$20.000 millones ya fue utilizada, datos del Banco Central muestran un aumento de US$2.500 millones en los swaps de corto plazo entre septiembre y octubre. Además, EE.UU. transfirió unos US$900 millones en DEG, el activo de reserva del FMI.

Un portavoz del Tesoro aseguró que “Estados Unidos mantiene su confianza en el presidente Milei y en el ministro Caputo”, resaltando su compromiso con los principios económicos que guían la cooperación bilateral. El secretario del Tesoro incluso afirmó recientemente que “el puente económico argentino ya generó ganancias para el pueblo estadounidense”.

Pese a ello, el operativo despertó críticas por la falta de transparencia. Brad Setser, exsubsecretario del Tesoro durante la administración Obama, remarcó que “básicamente no hay información sobre cómo se está usando ese dinero”, algo inusual tratándose de recursos provenientes de los contribuyentes.

La redefinición del paquete —señala el WSJ— muestra que el apoyo financiero a Argentina continúa, aunque con un alcance más limitado y bajo criterios más cautelosos que los imaginados inicialmente.

La Justicia Federal hizo lugar al amparo colectivo y declaró que la ANDIS actuó “ilegalmente” y ordenó reestablecer de forma definitiva todas las pensiones que fueron revocadas por el Gobierno. 

El juzgado federal 2 de Catamarca falló este jueves sobre la cuestión de fondo de la denuncia colectiva contra las pensiones no contributivas por “invalidez laboral” que fueron suspendidas por el Gobierno. El mismo juzgado ya había fallado también en primera instancia sobre el mismo tema y había ordenado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir todas las pensiones. En el fallo de este jueves, la Justicia Federal hizo lugar al amparo colectivo y declaró que la ANDIS actuó “ilegalmente” y ordenó reestablecer de forma definitiva todas las pensiones que fueron revocadas. 

“Hacer extensivo a todo el territorio nacional la medida cautelar dictada el 12 de setiembre de 2025 y en consecuencia ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro horas (24h)… restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas…, pague el importe de los haberes de pensión retenidos…; y… se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada… y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral; II) Conferir la representación adecuada del frente actor… a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores y a la Asociación Azul; […]”, argumenta el fallo del juzgado federal 2 de Catamarca. La Justicia estableció 24 horas de plazo. 

En el Gobierno están confiados: creen que Karina Milei no será involucrada por la Justicia en el caso Spagnuolo

Si bien es un tema que genera rispideces y malhumor y el Gobierno prefiere silenciarlo, en Casa Rosada están confiados y creen que Karina Milei no será involucrada por la Justicia en el caso Spagnuolo. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se negó a declarar este miércoles y no respondió las preguntas del fiscal Franco Picardi. Dijo que es inocente y negó los hechos que se le imputan. Ahora, en Casa Rosada quieren que “hable” la Justicia.

“Vamos a dejar actuar al Poder Judicial. Que se investigue qué pasó”, afirmó a El Destape en estricto off una fuente inobjetable del primer anillo de confianza de Karina Milei. “Al final van a a ver que ni ella ni los Menem tienen nada que ver”, dijo este dirigente de LLA a este portal. Y ratificó: “No estamos preocupados, no va a pasar nada”. 

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa.

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, un predio perteneciente a la Armada Argentina.

La presentación —registrada el 10 de noviembre bajo el código KLGZ-246— detalla presuntas irregularidades, vicios en el procedimiento y omisiones de deberes de funcionario público, y coloca bajo la lupa una operación realizada en el marco del Decreto 950/2024, mediante el cual el Gobierno habilitó la venta de más de 400 propiedades estatales bajo el argumento de “innecesariedad”.

El inmueble, considerado la principal herramienta del país para la protección de objetivos digitales estratégicos, fue vendido por 34 millones de dólares al fideicomiso Madero 6. Según la denuncia, la enajenación se concretó sin un plan de transición adecuado, sin previsión presupuestaria y sin evaluar las consecuencias estratégicas que podría generar un ciberataque durante el traslado, lo que comprometería directamente la responsabilidad de las máximas autoridades de Seguridad y Defensa.

Una cadena de responsabilidades que apunta al corazón del Ministerio de Defensa

La denuncia señala en primer lugar al general de brigada Luis Guimpel, comandante Conjunto de Ciberdefensa, como responsable directo de la infraestructura, los activos críticos y la seguridad del organismo. Se le reprocha no haber elevado objeciones ante el Estado Mayor Conjunto (EMCO) ni ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pese al riesgo de vender el predio sin una sede alternativa ni presupuesto asignado.

También es mencionado el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, autoridad máxima de la estructura de la cual depende el Comando de Ciberdefensa. La denuncia sostiene que Isaac debió evaluar y objetar la desafectación de un activo estratégico sin contar con un plan de contingencia ni con una nueva instalación que cumpla requisitos de seguridad.

A ello se suma el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay, cuyo rol en la planificación y supervisión de la política de infraestructura militar es puesto bajo sospecha. El texto pide investigar si Rozas Garay participó en la decisión de catalogar el inmueble como “innecesario” y si articuló adecuadamente con el EMCO y la AABE para evitar riesgos a la seguridad nacional.

La denuncia subraya, además, que la venta del edificio dejó al país en una situación de vulnerabilidad estratégica ante posibles ciberataques, dado que la nueva sede —un edificio en la calle Junín, perteneciente a la Fuerza Aérea— aún no cuenta con garantías plenas en materia de seguridad digital y física.

La expresidenta aseguró que todas las visitas están autorizadas por la Justicia y apuntó contra el Gobierno y los medios por la controversia.

Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro de la escena política este miércoles luego de que se viralizara una fotografía tomada en San José 1111, la casa donde cumple prisión domiciliaria, en la que aparece reunida con un grupo de nueve economistas jóvenes. La difusión de esa imagen generó un fuerte revuelo público y abrió interrogantes alrededor de los términos de su régimen de visitas. Frente a ese escenario, la expresidenta decidió responder directamente desde sus redes sociales.

En un extenso mensaje publicado en X, la líder del PJ cuestionó la controversia generada y afirmó que el encuentro se realizó dentro de los parámetros establecidos por la Justicia. “El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”, escribió.

Acto seguido, lanzó la pregunta que encabezó el eje de su defensa: “¿Cuál es el problema?”. Según explicó, todos los participantes ingresaron a su domicilio con autorización judicial. “No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal”, remarcó, desmintiendo versiones que insinuaban un incumplimiento del régimen impuesto.

No es la foto… es la Economía estúpido.

El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un… pic.twitter.com/taPtEeJAjU

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 19, 2025

Cristina también apuntó contra los cuestionamientos que la señalaban por supuestamente “hacer política” dentro de su domicilio. Aseguró que la indignación mediática no tenía que ver con la cantidad de personas presentes, ni con la naturaleza del encuentro: “La verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el ‘número de personas’, ni que estaba ‘haciendo política’. Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

La expresidenta recordó además que en semanas anteriores mantuvo reuniones similares y que en todos los casos difundió públicamente las imágenes sin ocultamientos. Para ella, la reacción actual se debe exclusivamente al contenido del encuentro, enmarcado en un debate económico que, según planteó, contrasta con las políticas impulsadas por la administración nacional.

Mientras el oficialismo evita pronunciarse formalmente sobre el episodio, el posteo volvió a activar la polarización política y alimentó el debate sobre los límites -legales y simbólicos- del ejercicio político desde una prisión domiciliaria. Cristina Kirchner, por su parte, eligió una estrategia clara: no solo justificar la reunión, sino convertirla en un nuevo capítulo de confrontación con el Gobierno y los medios que critica.

“Es como tu primer préstamo: tus padres firmaron para ello, nosotros básicamente firmamos juntos y estamos recibiendo una gran tarifa”, afirmó el funcionario de Donald Trump.

“Somos como sus padres” “Es como tu primer préstamo: tus padres firmaron para ello, nosotros básicamente firmamos juntos y estamos recibiendo una gran tarifa“. La frase que Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, lanzó en una entrevista con Fox Business dejó algo más que una metáfora paternalista: dejó expuesta la mirada desde Washington hacia la Argentina de Javier Milei. En medio de las críticas internas en Estados Unidos por el nuevo acuerdo financiero con Buenos Aires, Bessent defendió la decisión del gobierno de Donald Trump apelando a una imagen que resume la relación: una Argentina tratada como un adolescente mantenido, incapaz de sostenerse sin la asistencia permanente de su “figura parental” norteamericana.

La declaración llegó tras las controversias generadas por el reciente acuerdo comercial y el swap activado para rescatar al gobierno argentino. Democratas y opositores en Washington cuestionaron por qué Estados Unidos debería involucrarse en el rescate de un país que, según ellos, muestra abierta animosidad hacia parte del sistema político norteamericano. La respuesta de Bessent fue tajante: hay una lógica geopolítica que pesa más que cualquier disputa doméstica.

El funcionario explicó que el préstamo proviene del Fondo de Estabilización de Intercambio y aclaró que “nunca ha perdido dinero”. Insistió en que la asistencia no solo es segura, sino conveniente para los intereses estadounidenses: “Obtuvimos ganancias con ello”, afirmó, generando sorpresa en Argentina.

Bessent detalló que Estados Unidos utilizó su propia hoja de balance “para estabilizar a la Argentina”, subrayando una vez más el rol de tutor que se arroga Washington. El mensaje político quedó todavía más claro cuando, tras la oficialización del swap con el Banco Central y la frase de Trump asegurando que Argentina “se está muriendo”, el secretario del Tesoro afirmó que el objetivo es evitar “otro Estado fallido en América Latina”.

En esa lógica, Estados Unidos aparece como el adulto responsable que interviene para evitar el colapso de un país que, en su lectura, lleva décadas de malas decisiones. De hecho, Bessent no dudó en culpar al peronismo por ese deterioro: “Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive derivadas del izquierdismo radical del peronismo son cruciales”.

Según Bessent, el nuevo acuerdo de estabilización no es un rescate sino “un puente hacia un futuro económico mejor para la Argentina”. Pero su metáfora inicial deja ver otra cosa: para Washington, Milei gobierna un país aún dependiente, inmaduro, que necesita supervisión constante. Y Estados Unidos, en ese relato, sigue siendo el padre que lo sostiene para que no se hunda.

La comparación interanual expone con crudeza el deterioro de la actividad comercial: el número actual implica un aumento del 58,6% frente al mismo período de 2024.

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa uno de los períodos más delicados para su actividad comercial en más de una década. A pesar de un leve respiro en la comparación bimestral, el panorama general sigue marcado por la recesión y la caída del consumo. Durante el quinto bimestre de 2025, se contabilizaron 249 locales vacíos en los principales corredores porteños, una cifra que, aunque representa una baja del 8,8% respecto del registro inmediato anterior, continúa muy por encima de los niveles del año pasado.

El relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), realizado en septiembre y octubre, mostró que en la medición previa se habían detectado 273 locales desocupados. Sin embargo, la comparación interanual expone con crudeza el deterioro de la actividad: el número actual implica un aumento del 58,6% frente al mismo período de 2024.

El informe también detalla que los locales en alquiler disminuyeron 8,2% respecto de julio-agosto, aunque registraron un incremento interanual del 21,6%, reflejo de la persistente dificultad para sostener la actividad comercial en un contexto de ingresos golpeados y demanda retraída. En cuanto a los espacios en venta, la baja bimestral fue del 38,7%, pero el contraste con el año previo mostró un aumento del 90%, un dato que evidencia la profundidad del repliegue del sector.

La medición, que la CAC realiza desde 2014, abarcó las principales arterias comerciales de la ciudad. Las señales de retroceso se hicieron visibles en corredores históricamente dinámicos como Santa Fe, Avellaneda, Pueyrredón, Córdoba, Cabildo y la peatonal Florida, donde se registraron caídas bimestrales en la cantidad de locales activos. Solo Rivadavia y Corrientes mostraron mejoras en este período, aunque insuficientes para revertir la tendencia general.

El informe fue difundido en un contexto en el que las ventas continúan estancadas. Si bien el indicador de consumo de la CAC mostró un avance interanual del 1,4% en septiembre, cayó 0,3% frente al mes anterior, confirmando que la recuperación aún no llega al comercio porteño. “Queda por verse cómo la dinámica poselectoral afectará los ingresos de los hogares”, advirtió la entidad.

En conjunto, los números describen un escenario recesivo que se profundiza y que golpea de lleno al tejido comercial de la principal ciudad del país, poniendo en evidencia una crisis que todavía no encuentra señales firmes de reversión.

Lejos de correrse del debate, el PJ reconoce que una actualización normativa es necesaria, pero prepara un proyecto alternativo para contraponer al del Ejecutivo.

El Gobierno de Javier Milei anunció que buscará acelerar en el Congreso el tratamiento de una reforma laboral, y en el peronismo ya se activaron los movimientos internos para dar esa discusión. Lejos de correrse del debate, el PJ reconoce que una actualización normativa es necesaria, pero prepara un proyecto alternativo para contraponer al del Ejecutivo.

Diputados que integran la Comisión de Legislación del Trabajo comenzaron a reunir las iniciativas que legisladores peronistas presentaron en los últimos años. La intención es unificar esos aportes en un texto superador que exprese la mirada del PJ sobre empleo, productividad y derechos laborales.
“Vamos a dar la discusión, pero con nuestra perspectiva sobre cómo debe funcionar el mundo del trabajo”, señalaron desde la bancada. El peronismo admite los altos niveles de informalidad —casi la mitad de los trabajadores—, aunque rechaza que la salida pase por recortar derechos o debilitar protecciones.

El rol de CFK y el armado del borrador

Cristina Fernández de Kirchner bajó línea a su tropa para avanzar en un borrador que actualice las leyes laborales y permita confrontar la propuesta de Milei. Entre los ejes que se presentarán este martes en la sede del PJ figuran la reducción de la jornada laboral, la ampliación de licencias por paternidad y una ley de cuidados para trabajadores de plataformas, entre otros puntos.

El borrador se comenzó a trabajar antes del 26 de octubre en el ámbito de la Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales del PJ Nacional. Con Vanesa Siley al frente, los consejeros del partido se reúnen en Matheu 130 junto a diferentes mesas sectoriales para dar forma a una propuesta de “actualización” que contemple las nuevas formas de trabajo sin renunciar a los derechos adquiridos.

Mientras esperan conocer el detalle de la iniciativa del Gobierno, el peronismo busca llegar a las sesiones extraordinarias con una versión propia de reforma laboral. La primera redacción la elaboran Siley junto a “Paco” Manrique, Sergio Palazzo y otros dirigentes sindicales. Luego se debatirá en los bloques legislativos para intentar llevarla al recinto.

Los ejes de la propuesta peronista

1. Reducción de la jornada laboral
Es uno de los temas centrales. El kirchnerismo presentó más de 20 proyectos en esta línea y durante el último año de Alberto Fernández se avanzó en reuniones de comisión. La propuesta actual impulsa una reducción progresiva: primero de 8 a 7 horas diarias y, más adelante, a 6.
“En un mundo con inteligencia artificial y procesos productivos acelerados, es lógico que se trabaje menos y no más”, argumenta Siley.

2. Derecho a la desconexión digital
El PJ propone incorporarlo a la Ley 11.544 para limitar la disponibilidad del trabajador fuera de su horario mediante mails, mensajes o llamados. La meta es resguardar el tiempo de descanso.

3. Ley de cuidados para trabajadores de plataformas digitales
Incluye libertad horaria, regulación general para las empresas de plataformas, estaciones sanitarias para repartidores y la prohibición de bloqueos arbitrarios. También busca equiparar derechos con el empleo formal, como vacaciones y protección ante riesgos laborales.

4. Ampliación de licencias parentales
Existen varios proyectos en el Congreso que van desde ampliaciones de 15, 30 o 45 días, hasta otros que casi igualan las licencias de maternidad. Aún no hay una definición final y el debate continúa tanto dentro del PJ como con otros sectores.

5. Participación en ganancias y comités mixtos
La propuesta incluye la creación de comités mixtos de seguridad e higiene y un esquema de participación de los trabajadores en las ganancias empresariales. Ambos puntos siguen en discusión.

Una alternativa para el debate, no una promesa de empleo

El peronismo asume que su iniciativa no apunta a la creación de empleo formal de manera directa. A diferencia del Gobierno, rechaza la idea de que una reforma laboral pueda, por sí misma, generar trabajo. “El problema es el modelo económico”, repiten referentes del espacio.

Como ejemplo, mencionan la reforma incluida en la Ley Bases, que eliminó multas por informalidad pero no produjo más empleo registrado. Según datos del CEPA, un año después hay 276.624 trabajadores privados registrados menos en la Argentina.

La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Ornella Calvete, renunció a su cargo en el Ministerio de Economía, de Luis Caputo, luego de que le encontraran 700 mil dólares en su casa. Ornella es la hija de Miguel Angel Calvete, señalado por la justicia federal como el recaudador de las coimas de la Andis, para los funcionarios libertarios. La joven, sin experiencia, ganaba millones de pesos en el ministerio de Caputo.

Calvete fue funcionaria de Economía hasta hoy y su salida sólo se concretó porque recién este martes trascendió que la justicia encontró en su domicilio alrededor de 700.000 dólares y otras divisas durante un procedimiento realizado el 9 de octubre último. Dijo que se los “donaron”.

Ornella está en pareja con Javier Cardini, que también trabaja en el ministerio de Economía como subsecretario de Gestión Productiva, justo por debajo del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Se investiga un entramado corrupto que recaudaba de los laboratorios y terminaba en el famoso 3% a Karina Milei, hermana de Javier Milei y principal armadora de La Libertad Avanza.

La Confederación General del Trabajo (CGT) recibió este martes a un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria de extracción sindical para preparar la estrategia de cara a la reforma laboral que prepara el gobierno de Javier Milei. “Si no nos llaman, chocarán contra la pared de siempre”, advirtió al finalizar Jorge Sola, cotitular de la central obrera.

Entre los legisladores que acudieron al encuentro de esta tarde estuvieron Hugo Antonio Moyano, Vanesa Siley, Mario Manrique, Hugo Yasky y Sergio Palazzo.

“Mañana no va a haber un cambio fenomenal porque se modifiquen algunas reglas de trabajo”, afirmó Sola, uno de los integrantes del nuevo triunvirato al finalizar el encuentro, y agregó: “Tienen que escuchar a los dos sectores que más entienden del tema, los que invierten y los que ponen el laburo”.

En ese sentido, el titular del gremio de Seguros advirtió que desde el Gobierno “no solo no nos han llamado, sino en el último discurso de (Luis) Caputo en la UIA no nombró la palabra industria”. “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”, remarcó.

El sector cayó 4,6% interanual en octubre y acumula un crecimiento insignificante en el año. Con importaciones en alza y capacidad instalada en mínimos históricos, empresarios advierten que el Gobierno deja a la industria nacional fuera de agenda.

El sector cayó 4,6% interanual en octubre y acumula un crecimiento insignificante en el año. Con importaciones en alza y capacidad instalada en mínimos históricos, empresarios advierten que el Gobierno deja a la industria nacional fuera de agenda.

Cuerpo:
La metalurgia registró en octubre otro retroceso que confirma el deterioro industrial bajo la actual gestión. La actividad cayó 4,6% frente al mismo mes del año pasado y apenas avanzó 0,3% contra septiembre, según datos de ADIMRA a los que accedió Noticias Argentinas.

El sector acumula un magro 0,1% de crecimiento anual, medido contra un 2024 que ya había sido un año devastador. Aun así, la producción se mantiene 17,7% por debajo de los niveles alcanzados a mediados de 2023. La utilización de la capacidad instalada cayó 6% interanual y se ubica en valores similares a los meses más restrictivos de la pandemia.

Los números muestran un rojo generalizado. La fundición se derrumbó 12,7%, mientras que Bienes de Capital (-3,9%) y Autopartes (-2,5%) profundizaron su debilidad. También retrocedieron Equipos Eléctricos (-8,6%), Equipamiento Médico (-3,7%) y Otros Productos de Metal (-2,8%).

Incluso los segmentos que habían traccionado en el primer semestre muestran señales de fatiga. Maquinaria Agrícola bajó 0,8% y Carrocerías y Remolques, aunque creció 2,6%, continúa lejos de sus máximos.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la industria “atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos y con importaciones que crecieron 70% interanual”. Señaló que el país necesita una política industrial “seria”, en línea con las estrategias adoptadas por las economías desarrolladas.

El empleo continúa en retroceso: cayó 2,9% interanual y 0,1% respecto de septiembre. Las expectativas empresarias son igual de frías: el 67,4% prevé que la producción seguirá igual o caerá, y el 83,3% no espera mejoras en el empleo.

Por regiones, Buenos Aires encabezó las caídas con un 7,7% interanual, seguida por Mendoza (-4,4%), Córdoba (-3,7%) y Santa Fe (-2,2%). Sólo Entre Ríos mostró una variación levemente positiva (0,5%).

Mientras la producción se achica, las importaciones de bienes metalúrgicos siguen en ascenso: en septiembre alcanzaron US$2.717 millones, un 18,7% más en dólares y 42,6% más en volumen. Las exportaciones, en cambio, cayeron 5,7%.

Con un Gobierno que apuesta al aperturismo sin red de contención industrial, la metalurgia vuelve a ser un termómetro claro del daño que provoca la ausencia de una política productiva en un país que todavía intenta levantarse.