Un verdadero terremoto político sacude a La Libertad Avanza en Salta. El diputado provincial Nicolás Arce confirmó que fue despedido con justa causa de la petrolera Refinor en medio de un escándalo explosivo.

La política salteña quedó sacudida por un escándalo que golpea de lleno a La Libertad Avanza. El diputado provincial Nicolás Arce confirmó que fue despedido con justa causa de la empresa petrolera Refinor, en medio de una denuncia interna de extrema gravedad.

De acuerdo al acta de despido, la compañía lo responsabilizó por la desaparición de 76.000 litros de combustible, un faltante millonario que la firma consideró inadmisible. El documento también señala que no se trató de un hecho aislado: Arce contaba con tres suspensiones previas, lo que habría llevado a Refinor a cortar el vínculo de manera inmediata.

Pese a la contundencia de la acusación, el legislador libertario se defendió públicamente y anunció que inició un juicio contra la empresa para exigir una indemnización, buscando revertir la decisión.

El caso genera un fuerte impacto político, ya que el espacio libertario salteño que se presenta como abanderado del “orden” y la “honestidad” queda ahora envuelto en una polémica difícil de explicar.

El Gobierno nacional volvió a quedar bajo la lupa tras nuevas contrataciones a la droguería Suizo Argentina, firma vinculada a las presuntas coimas investigadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A pesar de que su nombre permanece en el centro de una causa judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y desvío de fondos, la empresa de la familia Kovalivker reapareció en procesos de compra oficiales impulsados por el Ministerio de Salud.

La reaparición se conoció a través del portal estatal Comprar, donde figuran dos licitaciones recientes en las que Suizo Argentina presentó ofertas junto a otros proveedores. La situación cobra especial relevancia luego de los audios atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que advertía sobre un esquema interno de “discrecionalidad, direccionamiento, cartelización y sobreprecios”.

Una causa que sigue abierta

El caso estalló en agosto pasado, cuando se difundieron grabaciones adjudicadas a Spagnuolo —entonces funcionario nacional y representante legal del presidente Javier Milei— describiendo un presunto sistema de corrupción con licitaciones diseñadas a medida y desvío de fondos públicos. Suizo Argentina fue señalada como una de las principales beneficiarias.

Tras la difusión, el Gobierno mantuvo un cerrojo de casi tres meses sobre la firma: durante 89 días, desde el 22 de agosto, el CUIT de la empresa no volvió a figurar en el sistema Comprar. Sin embargo, la suspensión terminó y su regreso generó nuevas sospechas, especialmente considerando que en poco más de un año y medio de gestión libertaria la droguería acumuló contrataciones por más de 100 mil millones de pesos.

Según relevamientos oficiales, Suizo Argentina firmó acuerdos millonarios no solo con Salud, sino también con los ministerios de Seguridad y Defensa, además de PAMI y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), consolidando su peso dentro del entramado de compras públicas.

Nuevas licitaciones bajo cuestionamiento

De acuerdo con información oficial, la droguería volvió a presentarse en una licitación abierta el 15 de noviembre para la provisión de insumos de hemodinamia infantil destinados al Hospital Posadas. En ese proceso, Suizo Argentina fue una de las dos firmas que superaron el primer filtro técnico y su oferta, por 250 millones de pesos, figura como “disponible para adjudicar”.

En paralelo, su nombre también aparece en otra licitación impulsada el 26 de diciembre para la adquisición de insumos de neurocirugía con aparatología a préstamo. Allí ofertó casi 37 millones de pesos, logrando superar la primera instancia de evaluación entre diez oferentes.

Estas nuevas contrataciones se producen pese a que el fiscal Franco Picardi detalló en su dictamen irregularidades en la ANDIS, describiendo un funcionamiento atravesado por decisiones discrecionales, direccionamiento de licitaciones y sobreprecios sistemáticos, con participación central de determinados proveedores, entre ellos Suizo Argentina.

La decisión oficial de habilitar nuevamente a la empresa mientras la causa judicial sigue en curso vuelve a encender alarmas sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos.

La Justicia frenó el ajuste en la ANDIS

En otro frente, en octubre pasado la ANDIS quedó obligada a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en los últimos meses, tras una medida cautelar de alcance nacional.

La orden fue formalizada mediante la Resolución 12621/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.

El fallo fue dictado por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, quien hizo lugar a un amparo presentado por el Defensor del Pueblo provincial, Dalmacio Mera. La resolución exige reactivar en 24 horas todos los pagos interrumpidos desde 2024 y prohíbe avanzar con nuevas auditorías o suspensiones hasta una sentencia definitiva.

La ANDIS deberá notificar a los beneficiarios, asignar los fondos necesarios y comunicar la medida a la ANSES para garantizar la restitución inmediata. El magistrado consideró que la suspensión afectó de manera homogénea a miles de personas con discapacidad y aplicó la doctrina del caso “Halabi”, al tratarse de un derecho de incidencia colectiva.

La cautelar se dictó además en un contexto de creciente conflictividad social, con protestas de familiares y prestadores frente a la sede del organismo, denunciando recortes, demoras en los pagos y falta de respuestas oficiales.

La difusión de los últimos datos de inflación desató un fuerte escándalo en el INDEC y expuso una crisis interna sin precedentes en el organismo estadístico nacional.

En medio de tensiones crecientes por la implementación de una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el recambio en la cúpula del instituto la cual fue descabezada y anunció la postergación del índice renovado que debía estrenarse con el dato de enero.

Caputo blanqueó la injerencia directa del Gobierno en el organismo y admitió que la renuncia de Marco Lavagna estuvo vinculada al desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei de frenar la actualización del sistema de medición. Pedro Lines quedará al frente del INDEC tras la salida de Lavagna, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos sobre la transparencia de las estadísticas oficiales.

El nuevo modelo buscaba actualizar la canasta de consumo, incorporando con mayor peso los servicios —que hoy representan una porción creciente del gasto de los hogares— y corrigiendo distorsiones del esquema vigente, basado en ponderaciones de 2008. Entre los ejemplos más citados aparece la permanencia de la telefonía fija en la canasta, mientras quedan relegados consumos actuales como las plataformas de streaming.

La metodología descartada por Milei y Caputo contaba incluso con el aval del FMI, ya que se apoyaba en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 y permitía reflejar con mayor precisión los patrones reales de consumo de la población. Además, el índice actualizado se asemeja al que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, que suele arrojar valores más elevados debido al mayor peso de los servicios en la Canasta Básica Total.

Sin embargo, Caputo justificó la postergación asegurando que el cambio podría “opacar” el proceso de desinflación que el Gobierno intenta consolidar. “No hay necesidad de cambiar el índice ahora, da prácticamente lo mismo”, afirmó, aunque reconoció que se mantendrá la medición actual “hasta que el proceso esté consolidado”.

La decisión oficial de intervenir en el INDEC y frenar un cambio metodológico ya preparado reavivó temores históricos: economistas y sectores de la oposición advierten que el Gobierno busca evitar el riesgo de que la inflación arroje cifras más altas en los próximos meses, aun al costo de erosionar la credibilidad política y técnica del organismo con impacto en otros datos cruciales como los de la pobreza.

Con el desplazamiento de Lavagna y la suspensión del nuevo IPC, el escándalo vuelve a instalar una pregunta sensible: ¿se trata de una decisión técnica o de un intento de control político sobre un dato clave para millones de argentinos?

El jefe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, presentó su renuncia tras años al frente del organismo, en medio de tensiones por el manejo de estadísticas oficiales y la continuidad de una crisis institucional que ya había llevado a otras salidas de cargos clave en el Gobierno.

Marco Lavagna presentó su renuncia a la dirección general del INDEC, el organismo oficial encargado de las estadísticas públicas, poniendo fin a su gestión luego de varios años al frente de la institución. La decisión se da en un contexto de críticas por la forma en que se manejan los datos oficiales y tras una serie de salidas de funcionarios que marcaron una fuerte rotación en cargos clave del Gobierno.

La renuncia fue formalizada ante el Ministerio de Economía, y según fuentes oficiales, Lavagna expresó que su salida se produce por motivos personales y para dar paso a una renovación del equipo técnico del organismo. Sin embargo, la decisión se conoce en un momento de fuerte presión política sobre las cifras oficiales y cuestionamientos a la credibilidad de algunos indicadores clave de la economía argentina.

El INDEC ha sido centro de debates durante los últimos años, especialmente por el manejo de estadísticas de inflación y empleo, y por la percepción de sectores económicos y sociales sobre la transparencia de los datos. La salida de Lavagna se suma así a una serie de cambios de gabinete y salidas de colaboradores en áreas sensibles del Estado.

Desde distintos sectores de la oposición aprovecharon la renuncia para vincularla con la situación general del país, en la que la falta de resultados económicos claros y la inestabilidad institucional se reflejan en la rotación de funcionarios con responsabilidades estratégicas.

Con la partida de Lavagna, la conducción del INDEC quedará a cargo de un reemplazo que deberá enfrentar no sólo los desafíos técnicos de la recopilación y difusión de estadísticas, sino también la presión de distintos actores políticos y sociales que exigen mayor claridad y confiabilidad en los números oficiales.

La salida de Marco Lavagna del INDEC se suma a un contexto de continuos cambios en posiciones de gestión pública, reforzando la percepción de una administración con dificultades para sostener equipos técnicos estables en áreas clave.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aprovechó la apertura de sesiones de la Legislatura provincial para poner primera a la campaña por su reelección con críticas a Javier Milei, después de haberlo apoyado en sus iniciativas estructurales. “La gente se queda sin empleo”, dijo.

“La gente se queda sin trabajo o llega hasta el día 20. Los jubilados tienen que elegir entre comer o comprar medicamentos”, advirtió Llarloya. “Además, hay inflación”, aclaró. No explicó por qué en ese contexto tan crítico, sus referentes en el Congreso decidieron apoyar al oficialismo libertario.  

En el mismo discurso, Llarryora también cuestionó a Luis Juez a quien acusó de “ponerse del lado de los narcos” porque el Tribunal de Cuentas que él controla rechazó preventivamente la compra de un sistema de drones militares bajo la sospecha de se trata de un “negociado”. “Obstruir la compra de esa tecnología significa demorar su incorporación al combate del narcotráfico”, advirtió el mandatario.

Aunque no le corresponde, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación de enero “seguramente esté en torno al 2,5%”. ¿Cómo lo sabe? ¿Fue un mensaje para Marcos Lavagna, titular del INDEC?

“Lo importante con la inflación es que estamos haciendo todo para que converja a valores internacionales. El Presidente habló de ir a cero, empezando con cero en agosto”, aseguró. El gobierno sigue pateando para adelante la “desinflación” que Javier Milei anunció para mediados de 2025.

Más allá del relato, la inflación mensual sigue altísima en términos históricos muy por encima del promedio kirchnerista (2003-2015). Ni hablar de la comparación anual, ya que Argentina es uno de los 5 países con más inflación del mundo. Mientras, la actividad real no se mueve, aumenta el desempleo y el poder adquisitivo de los argentinos cae a los niveles más bajos.

La tensión en el sistema ferroviario volvió a escalar este sábado tras una fuerte advertencia del sindicato La Fraternidad, que evalúa convocar a un paro nacional de trenes el próximo jueves 5 de febrero si no se alcanza un acuerdo salarial satisfactorio en las próximas horas.

El conflicto se profundizó luego de la última reunión paritaria, en la que las empresas del sector ofrecieron una recomposición de solo un 1% para los haberes de enero, una propuesta que el gremio calificó como insuficiente e inaceptable frente al impacto de la inflación.

Aunque la posibilidad de la huelga ya está planteada, la decisión final quedó en suspenso por 48 horas. Desde el sindicato señalaron que la concreción del paro dependerá de las nuevas ofertas salariales que puedan surgir en la mesa de negociación, prevista para este lunes.

En caso de no registrarse avances, La Fraternidad podría formalizar ese mismo día la convocatoria a un paro general ferroviario, lo que afectaría los servicios en todo el país a partir del jueves.

El conflicto se inscribe además en un clima de creciente tensión entre los gremios del transporte y el Gobierno nacional. El líder sindical Omar Maturano ya había expresado su rechazo a aspectos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Según el prestigioso medio estadounidense The Washington Post, Argentina se encuentra en un estado avanzado de conversaciones para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, tanto argentinos como extranjeros, expulsados por haber ingresado de manera irregular a territorio norteamericano.

Un informe publicado por The New York Times volvió a encender las alarmas sobre las negociaciones entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump. Según el prestigioso medio estadounidense, Argentina se encuentra en un estado avanzado de conversaciones para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, tanto argentinos como extranjeros, expulsados por haber ingresado de manera irregular a territorio norteamericano.

Lo más grave es que fuentes estadounidenses confirmaron que estas tratativas existen desde enero de 2025, como parte de un paquete de acuerdos que Washington viene impulsando con gobiernos subordinados de la región. De concretarse, el país podría transformarse en un verdadero “vertedero de personas descartadas por Washington”, recibiendo deportados que Estados Unidos busca expulsar, entre ellos potencialmente criminales peligrosos, con un impacto directo sobre la seguridad ciudadana interna argentina.

Ante consultas periodísticas, los voceros oficiales del Gobierno evitaron brindar precisiones. Incluso, un alto funcionario se limitó a minimizar el contenido del artículo, señalando que el acuerdo “no es tan así”. Sin embargo, desde EEUU reconocen que las conversaciones llevan más de un año en marcha, aunque todavía no hay una fecha definida para su oficialización.

La nota del diario norteamericano apunta a que el canciller Pablo Quirno y el vicecanciller Juan Navarro estarían involucrados en los detalles del entendimiento. Desde Cancillería respondieron con evasivas: “No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”.

Desde la asunción de Trump, uno de los primeros pedidos a los países aliados fue la cooperación con su política migratoria. El Salvador fue el caso pionero: aceptó recibir deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde fueron encerradas 256 personas, muchas de ellas con antecedentes penales. Posteriormente, el gobierno de Nayib Bukele aceptó otros 200 deportados a cambio de 4,76 millones de dólares.

Ecuador también confirmó en septiembre de 2025 negociaciones avanzadas para recibir migrantes en condición de refugiados, aunque sin el alcance del modelo salvadoreño, que incluye delincuentes y personas con prontuario.

En el caso argentino, aún no se conocen las condiciones exactas que se estarían negociando. Pero lo que ya resulta inquietante es que Estados Unidos confirma que las conversaciones existen desde enero de 2025, lo que abre la puerta a que Argentina termine funcionando como un destino para deportados no deseados por Washington, con el consiguiente riesgo de importar problemas de seguridad y criminalidad que podrían poner en jaque la propia soberanía nacional.

A través del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent, Washington concretó la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina, una operación que permitirá cubrir casi en su totalidad el pago de intereses al FMI que vence este domingo 1 de febrero.

El gobierno de Estados Unidos volvió a salir al auxilio de Javier Milei para evitar tensiones inmediatas con el Fondo Monetario Internacional. A través del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent, Washington concretó la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina, una operación que permitió cubrir casi en su totalidad el pago de intereses al FMI que vencían este domingo 1 de febrero.

El compromiso asciende a US$ 833 millones, por lo que la asistencia estadounidense resulta decisiva para afrontar el vencimiento sin un impacto significativo sobre las reservas internacionales acumuladas por el Banco Central durante enero.

La transferencia representa la tercera ayuda directa de Bessent en apenas tres meses, consolidando un respaldo financiero sostenido hacia la administración libertaria. En octubre, Argentina ya había recibido unos US$ 1.185 millones en DEGs, utilizados para cumplir con otro pago al Fondo el 1 de noviembre. Antes, durante la campaña electoral estadounidense, el funcionario también habilitó al Banco Central a activar US$ 2.500 millones del swap de monedas, una medida que permitió evitar una devaluación que parecía inminente y que luego fue cancelada mediante deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

El objetivo: apuntalar las reservas del Banco Central

El Banco Central logró acumular en enero cerca de US$ 1.100 millones, tras ajustes en la política cambiaria y un plan de compras en el mercado. Si el pago al FMI se hubiera realizado directamente con esas divisas, habría consumido aproximadamente el 75% de lo adquirido durante el mes.

El equipo económico además cuenta con un remanente de unos US$ 300 millones del préstamo REPO otorgado por bancos de Wall Street a comienzos de enero, recursos que ya se usaron parcialmente para cancelar un pago de US$ 4.200 millones a bonistas el pasado 9 de enero.

En las próximas semanas, el Banco Central enfrentará otro vencimiento relevante: a fines de febrero deberá afrontar US$ 990 millones vinculados a los bonos Bopreal colocados entre empresas. En este contexto, el respaldo de Estados Unidos aparece como un factor clave para sostener la estabilidad financiera del gobierno en el corto plazo.

Cómo funciona la venta de DEGs

Los Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969, basado en una canasta de monedas integrada por el dólar, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina. Los países pueden utilizarlos para complementar reservas, obtener liquidez o cumplir pagos con el propio Fondo.

En este tipo de operaciones, un país con excedente de DEGs los transfiere a otro que los necesita, a cambio de monedas convertibles. De este modo, se facilita el acceso a divisas sin recurrir de inmediato al mercado o a nuevo endeudamiento, preservando las reservas netas.

Según datos del Tesoro estadounidense, Argentina fue el primer país en recibir fondos por esta vía en 2026, en lo que constituye apenas la cuarta venta realizada por Estados Unidos a otra nación en los últimos cinco años.

Los bomberos voluntarios de Trelew denunciaron que el Gobierno nacional no entregó los fondos necesarios para hacer frente a los incendios forestales que afectan la Patagonia.

Mientras los incendios forestales avanzaban sobre la Patagonia y ponían en riesgo miles de hectáreas, el Gobierno nacional de Javier Milei decidió no reforzar los fondos destinados a los cuerpos de bomberos voluntarios. En Trelew, uno de los puntos más afectados por la crisis ígnea, la situación fue expuesta con crudeza: no hubo partidas especiales, no hubo refuerzos y no hubo respuestas frente a una emergencia que exigía acción inmediata.

Desde el cuartel local fueron directos: “No existe aporte extraordinario del Gobierno nacional para afrontar los incendios. Estamos trabajando con lo mínimo indispensable”, advirtieron. Más adelante, remarcaron que el esfuerzo cotidiano se sostuvo casi exclusivamente con recursos propios, donaciones y el compromiso de los brigadistas, en un contexto donde el fuego avanzaba más rápido que la asistencia oficial.

En el mismo tono, señalaron que la falta de apoyo no fue un problema aislado, sino parte de una política de ajuste que golpeó incluso en situaciones críticas. “Estamos operando al límite”, explicaron, con equipos desgastados, personal exhausto y sin el respaldo económico que debería garantizar el Estado nacional en una catástrofe ambiental de esta magnitud.

Finalmente, el cuadro dejó en evidencia el contraste entre el discurso libertario y la realidad: mientras el Gobierno hablaba de eficiencia y recorte, en el territorio los bomberos enfrentaron el fuego sin recursos. La emergencia no encontró un Estado presente, sino una administración que eligió mirar para otro lado cuando más falta hacía intervenir.