En plena ofensiva oficialista contra el Estado y el empleo, la expresidenta convocó a nueve economistas para avanzar en un plan alternativo que el PJ discutirá internamente. El documento supera las 400 páginas y plantea un modelo productivo y federal.

Cristina Fernández de Kirchner retomó la iniciativa política con una reunión en su despacho de San José 1111, donde recibió a nueve economistas ligados al peronismo y al kirchnerismo para analizar la situación del país y evaluar una propuesta económica integral frente al rumbo adoptado por el Gobierno de Javier Milei.

El encuentro coincidió con el Día de la Militancia y fue presentado por la exmandataria como parte de un esfuerzo colectivo para reconstruir un proyecto de desarrollo en un contexto que describió como “una encrucijada histórica”, atravesada por tensiones globales, avances tecnológicos y desafíos energéticos. El mensaje fue claro: mientras el Gobierno profundiza su experimento de ajuste permanente, ella busca ordenar una alternativa con sustento técnico.

Los economistas acercaron un documento trabajado durante meses en el ámbito del Partido Justicialista, con más de 400 páginas de propuestas destinadas a un modelo productivo, federal y orientado a la soberanía económica. Según Fernández de Kirchner, no se trata de un texto cerrado, sino de una “hoja de ruta abierta al debate y a la acción” que será discutida internamente por el PJ.

La convocatoria también funciona como respuesta a las críticas recibidas por el peronismo en la última campaña electoral, cuando se lo acusó de carecer de un plan económico frente al avance del programa ultraliberal del oficialismo. Ahora, la expresidenta busca dejar en evidencia que existe un marco técnico alternativo, alejado del dogma del ajuste fiscal permanente.

Participaron del encuentro especialistas de trayectoria diversa: Anastasia Daicich, Jorge Carrera, Valentina Castro, Emiliano Estrada, Martín Pollera, Mercedes D’Alessandro, Juan Pablo Futten, Fernando Ausas y Pablo Manzanelli. El grupo incluye exfuncionarios, docentes universitarios, investigadores y legisladores, todos con experiencia en macroeconomía, finanzas públicas, federalismo y política industrial.

Mientras el Gobierno insiste con reformas que reducen derechos laborales y desfinancian al Estado, la expresidenta apuesta a rearmar una propuesta propia. La discusión recién empieza, pero el mensaje político está lanzado: frente a un oficialismo que improvisa sobre la marcha, el peronismo intenta mostrar que aún puede pensar un proyecto de país.

 “Si salimos de la medición caja de las cuentas fiscales, y a los intereses pagados le sumamos los intereses capitalizados que se traducen en más deuda, el resultado financiero acumulado a octubre es un déficit de 2,3% del PIB”, publicó en el economista Nicolas Gadano en X sobre el mentiroso superávit fiscal que presenta el gobierno de Javier Milei.

Ocurre que el oficialismo emite títulos cuyos intereses no se pagan, sino se capitalizan. Al no pagarlos cada mes, el gobierno sostiene que tiene superávit “de caja” pero no real, porque esos intereses están y deberán pagarse en algún momento. Bien calculado el gobierno tiene déficit del 2% mientras la recaudación real cae mes a mes por el parate de la actividad.  

“No había forma de mostrar una foto robusta sin reordenar los devengados. La contabilidad no miente, pero permite ciertos encuadres”, justificó un ex funcionario del ministerio de Economía y agregó “el superávit es la joya de la corona del oficialismo; si falla, se cae todo el andamiaje discursivo”. 

Si salimos de la medición caja de las cuentas fiscales, y a los intereses pagados le sumamos los intereses capitalizados que se traducen en más deuda, el resultado financiero acumulado a octubre es un déficit de 2,3% del PIB.

Mientras el déficit se mantiene en términos históricos, la recaudación. Según el IARAF, el superávit primario nacional cayó 16% interanual en términos reales. La recaudación de octubre fue de $11,9 billones, bajó un 2,4% real respecto de 2023.  Y el superávit financiero se derrumbó 25%. No hay magia: hay menos recaudación y más intereses. Por eso, bien calculado el déficit financiero volvió con fuerza.

Pablo Atchabahian, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ya empezó a ser indagado por la Justicia tras ser detenido por su participación clave en el escándalo de coimas en este mencionado organismo estatal. Se habla de que diferentes laboratorios debían pagar un 3% a Karina Milei, hermano del presidente Javier Milei.

Durante este viernes, el fiscal federal Franco Picardi ordenó la detención de Atchabahian, ya que se le imputó el delito de la defraudación que se realizó en la ANDIS para generar un mecanismo de sobreprecios y favorecimiento a empresas en la compra de medicamentos para discapacitados, una trama liderada por Diego Spagnuolo, ex titular de la mencionada agencia. El dirigente era del PRO y muy cercano a Mauricio Macri.

Según el dictamen del fiscal Picardi, “en un primer estadío de la causa, se verificó la manipulación del mecanismo de compulsa de precios a fin de restringir artificialmente la competencia, conformando un circuito de proveedores determinados, principalmente las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A., vinculados de manera directa o indirecta con funcionarios y operadores del organismo”.

Luego, continuó el fiscal: “En una segunda fase, en cuanto respecta a los medicamentos, una vez consolidado el control de circuito de compras, el grupo de empresas beneficiadas procedió a incrementar los precios de los medicamentos adjudicados”. En esta trama de coimas, control del circuito de compras y sobreprecios de medicamentos en la ANDIS, Atchabahian fue un hombre clave para el fiscal Picardi, ya que se trataría de la mano en las sombras de la droguería Suizo Argentina en la mayoría de las contrataciones estatales.

Además, durante este viernes, el fiscal Picardi citó a declarar a otras quince personas, entre los que se incluyen ex funcionarios y personas del sector privado. Uno de ellos es Diego Spagnuolo, quien deberá presentarse a las 13 horas del próximo 19 de noviembre en los tribunales de Comodoro Py.

La imputación del titular de la Fiscalía Federal N° 5 es por defraudación, por administración fraudulenta y el direccionamiento de contrataciones públicas. El caso se destapó tras la difusión de unos audios en los que el ex titular del organismo menciona a la empresa Suizo Argentina.

Los citados a declarar son Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Gustavo Rama, Ruth Lozano, Andrés Horacio Araudo, Silvana Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

Un dictamen fiscal de 270 páginas describe una asociación ilícita entre exfuncionarios macristas, actuales operadores mileístas y un laboratorio multinacional. El operador clave era el abogado personal de Javier Milei.

La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó atrás la etapa de declaraciones y audios para ingresar en la fase de las pruebas concretas. El dictamen del fiscal Franco Picardi, de 270 páginas, constituye la primera acusación formal sólida en la gestión del presidente Javier Milei y describe el accionar de lo que califica como una “banda mixta” dedicada a robarle a los sectores más vulnerables.

Según el documento, la asociación ilícita habría comenzado a operar en diciembre de 2023, apenas asumió el nuevo gobierno. El mecanismo central habría sido la imposición de sobreprecios escandalosos en la compra de medicamentos de alto costo, prótesis e implantes cocleares. Esos sobreprecios, que en algunos casos alcanzaron el 1900%, eran el origen de un circuito de coimas y enriquecimiento ilícito.

La “Banda Mixta”: Una alianza inédita

La investigación judicial identifica a los integrantes de este esquema, que combina funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, La Libertad Avanza y ejecutivos del sector privado.

En el núcleo de la operatoria se encontraría Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente Milei y hombre de su máxima confianza en la ANDIS. Según el fiscal, lejos de ser un “cruzado del ajuste”, Spagnuolo también habría sido beneficiario de los pagos ilegales. En allanamientos a su domicilio se encontró una máquina de contar billetes y 80.000 dólares en efectivo que no pudo justificar.

El otro pilar de la banda sería Pablo Atchabahian, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS durante el gobierno de Mauricio Macri. Atchabahian, actualmente detenido, ya no era funcionario público, pero desde su cargo como gerente en el laboratorio Roche –una multinacional suiza de prestigio mundial– actuaba como un “director paralelo” de la agencia, dando órdenes a su excompañero y actual funcionario, Daniel Garbellini.

La nómina se completa con Luciana Ferrari, también exfuncionaria macrista en el ANDIS y actual empleada de Roche, a quien se le adjudica el uso de una “clave trucha” para acceder al sistema de compras del organismo y obtener información privilegiada.

El fiscal considera que ambos ejecutivos actuaban para favorecer los intereses de Roche a través de droguerías intermediarias.

El “lobby” y el circuito del dinero

El eslabón que conectaba a los funcionarios con el sector privado sería Miguel Ángel Calvete, un conocido consultor de medios. El dictamen lo señala como el coordinador de pagos y gestor de cobros para diversas droguerías y firmas del rubro. Su rol habría sido fungir como enlace y gestionar pagos indebidos a funcionarios del ANDIS, incluyendo al propio Spagnuolo.

La evidencia incluye filmaciones de Spagnuolo entrando a la oficina de Calvete con una mochila, y audios en los que Calvete le pide a su esposa que prepare 5 millones de pesos para “el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”. Para el blanqueo del dinero, el fiscal identificó a Alan Pocovi, quien se encargaría de convertir el dinero en efectivo en criptomonedas.

Los citados a indagatoria

• Pablo Atchabahian
• Miguel Ángel Calvete
• Diego Orlando Spagnuolo
• Daniel María Garbellini
• Eduardo Nelio González
• Lorena Di Giorno
• Roger Edgar Grant
• Luciana Ferrari
• Federico Maximiliano Santich
• Guadalupe Ariana Muñoz
• Patricio Gustavo Rama
• Ruth Noemí Lozano
• Andrés Horacio Arnaudo
• Silvana Vanina Escudero
• Alejandro Gastón Fuentes Acosta

El “verso” del ajuste

El fiscal Picardi construye una teoría que desnuda una doble moral. Mientras públicamente se anunciaban recortes, despidos de empleados y suspensiones de pensiones por discapacidad con el argumento de combatir el “curro” y el derroche, el organismo destinaba sumas siderales a pagar medicamentos con sobreprecios que alimentaban las coimas.

El hallazgo judicial deja atrás lo que hasta ahora era un cruce de versiones y audios, para instalar una acusación formal basada en chats, transferencias, audios interceptados y material de cámaras de seguridad. Un total de 15 personas fueron citadas a indagatoria por este caso, que se erige como el primer gran escándalo de corrupción con pruebas concretas de la era Milei, demostrando que, detrás del relato del ajuste, se escondía un sofisticado sistema de desvío de fondos públicos.

El salario mínimo vital y móvil (SMVM) argentino equivale a apenas 225 dólares, un valor que deja al país al fondo del ranking regional, incluso por debajo de economías mucho más pequeñas y menos desarrolladas como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares).

El deterioro del salario mínimo en Argentina alcanzó un punto crítico: hoy es el más bajo de toda América Latina. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el SMVM argentino equivale a apenas 225 dólares, un valor que deja al país al fondo del ranking regional, incluso por debajo de economías mucho más pequeñas y menos desarrolladas como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares).

En el extremo opuesto, la distancia con los países mejor posicionados es abismal: Costa Rica lidera con 729 dólares, seguida por Uruguay (593 dólares), Chile (567 dólares) y Ecuador (470 dólares).

Un retroceso histórico: el salario mínimo ya es más bajo que en 2001

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte que el SMVM cayó 2% en septiembre, completando tres meses consecutivos de descenso tras las bajas de julio (-0,5%) y agosto.

El deterioro se profundizó especialmente desde diciembre de 2023, cuando el salario mínimo se desplomó 15%, seguido por otra caída del 17% en enero de 2024. Aunque hubo algunos incrementos aislados, la tendencia general siguió siendo negativa.

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el SMVM perdió 34% en términos reales, y solo en 2025 acumula una baja del 5,6%.

Como resultado, el valor real del salario mínimo en septiembre de 2025:

• Es inferior al de 2001, previo a la crisis de la convertibilidad.
• Es 63% menor al pico histórico alcanzado en septiembre de 2011.

También se deterioran los salarios registrados

La caída del salario mínimo se da en simultáneo con un empeoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores registrados.

Según el INDEC, en septiembre:

• El salario del sector privado registrado subió solo 1,4%.
• El sector público, 1,1%.
• La inflación fue del 2,1%.
• El índice salarial general avanzó 2,2%, impulsado únicamente por el salto del 5,7% en los trabajadores no registrados.

Respecto de diciembre de 2024:

• El índice de salarios acumula un 30,4%.
• En la comparación interanual, sube 46% (32,9% en el sector privado registrado, 35% en el público y 120,2% en el no registrado).

Tomando solo los datos de 2025 (enero–septiembre):

• El total aumenta 30,4%.
• Privado registrado: 20,4%.
• Público: 23,9%.
• No registrado: 77%.

En el sector público, los incrementos de septiembre fueron mínimos: 1,3% en el subsector nacional y 1,1% en el provincial. En la comparación interanual, los aumentos fueron 21,8% y 39,6%, respectivamente.

Desde este lunes 17 de noviembre comenzó a regir un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una suba que impacta de lleno en el presupuesto diario de millones de usuarios.

Con el ajuste definido por el Gobierno, el boleto mínimo pasó de $451 a $494,83, una actualización que vuelve a encarecer el costo de viajar.

Cómo quedaron las tarifas desde el lunes 17 de noviembre

Con esta modificación, las tarifas del transporte automotor del AMBA se actualizan nuevamente, en un contexto donde tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia ajustan sus propias líneas —las que operan exclusivamente dentro de sus jurisdicciones— siguiendo un esquema mensual ligado a la inflación más un adicional de dos puntos.
Esas competencias fueron transferidas desde la Nación en 2024.

Qué líneas aplicaron el aumento

El incremento actual alcanza a las siguientes líneas nacionales:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Qué dicen las empresas

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aclaró que estos aumentos no representan una mejora para la economía de las compañías, dado que “todo ajuste de tarifa es descontado de los subsidios, que continúan siendo la mayor parte de los ingresos del sector”.

La entidad también advirtió sobre la pérdida de recursos en la última década:

“En 2015 el sistema del AMBA recibía unos $400.000 millones mensuales (a moneda de hoy), frente a los $270.000 millones que reciben en promedio durante 2025. Es decir, se perdió un tercio de los ingresos”.

Finalmente, remarcaron que es fundamental observar los ingresos totales —tarifas más subsidios— para dimensionar la situación financiera del transporte.

Argentina atraviesa un fenómeno devastador que, pese a su magnitud, permanece casi invisible en la agenda pública: el país alcanzó en 2024 un récord histórico de 4.249 suicidios, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Esto significa que cada dos horas y cuatro minutos una persona se quita la vida, consolidando al suicidio como la principal causa de muerte violenta, por encima de los siniestros viales y muy por encima de los homicidios.

Sin embargo, mientras la atención social y mediática se concentra casi exclusivamente en la inseguridad y los choques de tránsito, este drama silencioso —alimentado por la crisis económica y un creciente sentimiento de frustración colectiva— avanza sin ocupar el lugar urgente que merece en el debate público.

Una epidemia invisible: cada día 22 personas intentan quitarse la vida

Las cifras de mortalidad son solo la punta del iceberg. Datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud indican que 22 personas por día ingresan al sistema sanitario tras un intento de suicidio. Esto implica que, por cada muerte, al menos dos personas sobreviven, revelando una crisis de salud mental sin precedentes.

Esta epidemia silenciosa se sostiene sobre dos pilares que hoy se retroalimentan:

1. El deterioro material acelerado (despidos, inflación, recesión, caída del poder adquisitivo).
2. El colapso subjetivo, impulsado por una cultura de éxito individual inalcanzable en medio del empobrecimiento general.

Un récord que estalla bajo la crisis y la frustración social

La tendencia ya venía en ascenso desde 2017, pero bajo el gobierno de Javier Milei las cifras escalaron hasta niveles nunca vistos. El 2024 marcó el número más alto de suicidios registrados y los primeros indicadores de 2025 anticipan que la curva no se está desacelerando.

La combinación explosiva entre recesión, pérdida masiva de ingresos y el desfinanciamiento de políticas de salud mental creó un escenario en el que miles de personas perciben que no tienen salida posible.

La tiranía del éxito en tiempos de pobreza

Los especialistas coinciden en que las causas económicas explican solo una parte del problema. El resto se juega en el plano simbólico: vivimos en un ecosistema que exige éxito permanente, productividad ilimitada y bienestar constante, una exigencia imposible en un país donde la mayoría lucha por llegar a fin de mes.

Las redes sociales —especialmente Instagram y las plataformas construidas en torno a la imagen— funcionan como amplificadoras del malestar: muestran vidas perfectas y cuerpos perfectos, mientras millones atraviesan una realidad precaria y angustiante. Esta distancia entre lo que “deberíamos ser” y lo que realmente podemos ser profundiza la frustración, la sensación de fracaso y el aislamiento social.

El impacto de la hiperconectividad y la validación constante

Desde 2010, con la masificación del smartphone y el diseño adictivo del “scroll infinito” y el “like”, las tasas de depresión y desesperanza entre adolescentes y jóvenes se dispararon. La vida mediada por pantallas —y por la exigencia de mostrarse siempre feliz— erosionó la capacidad de soportar la incertidumbre, el aburrimiento y el malestar.

Este fenómeno global golpea especialmente fuerte en Argentina, donde la fragilidad económica deja a millones sin redes de contención emocional, comunitaria o estatal.

Mientras el mundo baja sus tasas, Argentina sube

La Organización Mundial de la Salud muestra que, en gran parte del planeta, las tasas de suicidio vienen cayendo gracias a estrategias preventivas robustas y estados de bienestar sólidos. En contraste, América Latina —y especialmente Argentina— exhibe una tendencia opuesta, marcada por desigualdad creciente y políticas insuficientes de salud mental.

A diferencia de los países que amortiguan las crisis con fuertes redes sociales y económicas, Argentina combina:

• inestabilidad económica crónica,
• caída abrupta de ingresos,
• recortes en prevención,
• y discursos que exaltan el éxito individual mientras la mayoría se empobrece.

El resultado: entre 2023 y 2024 se produjo la mayor suba interanual de suicidios de la historia reciente del país.

La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó en 276.624 entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el empleo formal retrocedió 2,81%, lo que equivale a más de 432 puestos menos por día. En ese período, la nómina pasó de 9.857.173 a 9.580.549 trabajadores.

Los sectores más afectados

El informe identifica a Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria como el rubro con mayor pérdida de empleo en términos absolutos, con 86.982 bajas en los primeros 21 meses de gestión.

Luego se ubicaron Construcción (-76.292), Servicios de transporte y almacenamiento (-59.838) e Industria manufacturera (-55.941).

En términos relativos, Construcción encabeza la caída con un desplome del 16% en su dotación de personal. Le siguen Servicios de transporte y almacenamiento (-11,2%) y Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (-7,1%).

El estudio se basa en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y analiza la evolución del empleo desde el triunfo de Milei en el balotaje de 2023.

Casi 30 empresas cierran por día

La crisis también impactó en la cantidad de empleadores. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el total de empresas con personal registrado bajó de 512.357 a 493.193: son 19.164 firmas menos, un promedio de casi 30 cierres por día.

El sector más golpeado fue Servicios de transporte y almacenamiento, que perdió 4.685 empleadores. También hubo fuertes retrocesos en Comercio (-3.510), Servicios inmobiliarios (-2.952), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.053), Industria manufacturera (-1.974) y Construcción (-1.790).

En términos proporcionales, Transporte y almacenamiento volvió a liderar la caída con una contracción del 11,9% de empleadores, seguido por Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-10,8%), Servicios inmobiliarios (-9,9%) y Construcción (-8,2%).

El CEPA también señaló que las empresas de hasta 500 empleados concentraron el 99,63% de los cierres (19.094 firmas). Las de más de 500 trabajadores apenas representaron el 0,37% del total (70 casos).

En términos porcentuales, los grandes empleadores se redujeron 3,88%, mientras que las pequeñas y medianas compañías retrocedieron 3,74%.

Los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Chile, que definirán al sucesor de Gabriel Boric, tienen como favoritos a Jeannette Jara, candidata oficialista, y a José Antonio Kast, líder de ultraderecha. Con el 71,16% de los votos escrutados, la referente de izquierda lidera los comicios con el 26,67% de los votos, apenas por encima de su rival directo, que alcanzó el 24,19% De esta manera, el balotaje, los dos candidatos tendrán que enfrentarse en el balotaje del 14 de diciembre.

En tercer lugar quedó Franco Parisi con el 18,6% y luego Johannes Kaiser con el 13,9%. Recién en el quinto lugar se posicionaría Evelyn Matthei con el 13,5%. Si se suman los votos de derecha, todo parece indicar que Kast se impondrá como próximo presidente de los chilenos.

La izquierda hizo una elección muy modesta luego de un gobierno muy moderado que no cumplió con sus promesas de campaña. No solo el oficialismo sacó relativos pocos votos, sino también las otra alternativas progresistas. Chile confirma un giro a la derecha en las sociedades de la región.

Por decreto, el Gobierno avanzó en la privatización de AySA: actualizó el marco regulatorio y permite vulnerar un derecho humano universal.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, Javier Milei dio un paso más en su objetivo de privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Para ello, modificó su marco regulatorio, con un cambio que sobresalió: a partir de ahora, la empresa podrá cortar el servicio por falta de pago.

La resolución indica que se permitirá a la empresa interrumpir el suministro en casos de mora, pese a ser un derecho humano universal: después de 60 días de atraso para hogares y 15 días para otros usuarios, previa notificación con al menos siete días hábiles de anticipación.

A su vez, el decreto señala que era necesario “dar certeza jurídica” antes de avanzar con la licitación del 49% de las acciones de AySA: un 44% a venderse a privados y un 5% que se distribuirá en un Programa de Propiedad Participada para trabajadores.

El Ejecutivo nacional remarcó que durante la revisión técnica del marco regulatorio detectó errores materiales en la normativa vigente, especialmente en el régimen tarifario relacionado con los “cargos por construcción”. Esos errores, argumenta el DNU, alteraban la lógica histórica del sistema y generaban inconsistencias en la facturación entre usuarios medidos y no medidos.

De este modo, el nuevo marco regulatorio aprobado por el DNU 805/2025 integra todas las modificaciones hechas en los últimos meses, incluyendo los cambios que introdujo el Decreto 493/2025, que había dejado preparados varios aspectos del servicio para la futura administración privada.