Farmacias de todo el país reclamaron al PAMI la regularización urgente de pagos atrasados y alertaron que las demoras ya ponen en riesgo la provisión de medicamentos para jubilados y pensionados.

Las principales entidades farmacéuticas nacionales enviaron una carta conjunta al Programa de Atención Médica Integral, dependiente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en la que advirtieron que la falta de cumplimiento en los plazos de pago compromete la continuidad del convenio de dispensa de tratamientos.

El documento fue firmado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA) y la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR).

Según detallaron, existen atrasos en anticipos y saldos correspondientes a noviembre y diciembre, mientras que algunos vencimientos de enero acumulan demoras cercanas a un mes, profundizando la incertidumbre en el sector.

Los referentes farmacéuticos remarcaron que el pago en tiempo y forma es indispensable para sostener la reposición permanente de medicamentos, ya que las farmacias deben comprar semanalmente en droguerías para garantizar que los afiliados accedan a sus tratamientos sin interrupciones.

“Todas las semanas tenemos que reponer medicamentos para que los jubilados del PAMI puedan seguir con sus tratamientos. Cuando los pagos no llegan, se resiente toda la cadena de atención”, sostuvo Alejandra Gómez, presidenta de COFA.

Las entidades señalaron además que la combinación de pagos demorados, costos en alza y alta demanda está afectando la estructura operativa de muchos establecimientos, en un contexto marcado por recortes y ajustes en el sistema sanitario.

En ese marco, recordaron el compromiso sostenido del sector farmacéutico durante años de inflación y desbalances económicos, incluso mediante acuerdos para reducir costos y garantizar el acceso de los adultos mayores a medicamentos esenciales.

Finalmente, reclamaron el pago inmediato de lo adeudado y exigieron previsibilidad hacia adelante por parte del gobierno de Javier Milei, al advertir que la regularización es indispensable para evitar un deterioro en un servicio clave para millones de jubilados.

Bullrich insistió en que el PAMI es un “gasto brutal” y habló de desmantelarlo

La polémica se intensificó luego de declaraciones de Patricia Bullrich, dirigente de La Libertad Avanza, quien cuestionó la existencia del PAMI y lo definió como un esquema “conceptualmente erróneo”.

“Cuando tenés todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro: es un gasto brutal”, afirmó, comparando el sistema con “una compañía donde todos los autos chocan al mismo tiempo”.

Durante una entrevista en streaming, Bullrich sostuvo que el Estado debería discutir cómo desmantelar el organismo, al que describió como una estructura demasiado grande y difícil de reformar.

Si bien aclaró que esa posibilidad “no está en estudio” dentro de la administración de Javier Milei, reconoció que es una idea que le gustaría que se analice, en medio del ajuste que atraviesa el sistema previsional y sanitario.

Las declaraciones generaron rechazo y preocupación, mientras farmacéuticos y organizaciones advierten que la falta de pagos y los recortes podrían traducirse en una interrupción directa en la entrega de medicamentos para jubilados.

Luego de la fuerte presión ejercida por los gobernadores de la Patagonia, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea y zona de desastre en cuatro provincias afectadas por los incendios forestales: Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La decisión fue tomada por el oficialismo tras una reunión de la Mesa Política y responde a un pedido especial de los mandatarios provinciales, quienes reclamaban desde hace semanas una herramienta inmediata para acelerar el envío de fondos y recursos ante el avance del fuego.

La medida habilita partidas extraordinarias, coordina acciones con provincias y municipios, y busca frenar los focos activos, asistir a las comunidades afectadas y avanzar en la restauración de las áreas dañadas.

Los gobernadores habían solicitado incluso que el tema fuera tratado en sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remarcó la urgencia de contar con una respuesta nacional: “Necesitábamos una herramienta concreta y de aplicación inmediata para enfrentar una situación que no reconoce límites jurisdiccionales ni partidarios”.

Luego de más de dos meses de incendios en distintas zonas patagónicas, con un saldo crítico de más de 230.000 hectáreas afectadas, el Gobierno nacional firmó finalmente el decreto, en un contexto marcado también por la creciente preocupación social y la presión de la opinión pública.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión en la noche del jueves: “Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa”.

Con esta declaración, Nación garantiza mayores recursos para las provincias que enfrentan las consecuencias del fuego y refuerza el operativo federal para contener una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años.

En medio de un escándalo que sigue creciendo, el Gobierno sigue sin brindar explicaciones claras sobre el destino de 5.000 millones de dólares en oro físico pertenecientes al Banco Central.

Mientras el Ejecutivo intenta cerrar el año con anuncios positivos sobre la marcha de la economía, el caso del oro del Banco Central se convirtió en uno de los temas más polémicos del momento político y financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente, Javier Milei, continúan rehusándose a dar explicaciones precisas sobre el paradero y el uso de 5.000 millones de dólares en lingotes de oro que fueron trasladados fuera del país.

La operación, que consistió en cargar lingotes de oro en un avión comercial para llevarlos al exterior, no dejó contratos formales ni documentación pública que respalde la transacción, según fuentes vinculadas a la auditoría y al análisis de las reservas. El vacío de información oficial generó una fuerte reacción de economistas, sectores de la oposición y especialistas en finanzas internacionales.

En declaraciones públicas, tanto Milei como Caputo se limitaron a asegurar que la operación forma parte de maniobras de gestión de reservas, pero no ofrecieron detalles concretos sobre quién autorizó el movimiento, con qué contrapartes se hizo ni cuál fue el destino final de esos activos. Esta ausencia de transparencia alimenta sospechas sobre la intención detrás de la decisión y pone en cuestión la estrategia del Banco Central bajo el actual gobierno.

Los críticos del Ejecutivo advierten que la falta de documentación contractual y de explicaciones claras no solo contradice estándares básicos de administración de activos públicos, sino que además expone la economía argentina a riesgos innecesarios en un contexto de fragilidad macroeconómica. La transparencia en el manejo de las reservas es clave para la confianza de mercados e inversores, sostienen.

El caso del oro se suma a una serie de otros debates sobre la gestión de las reservas internacionales y el manejo de activos estratégicos del Estado, un terreno que ya venía siendo cuestionado por la comunidad económica debido a la magnitud de las operaciones realizadas sin información pública suficiente.

Con el avance de 2026 y el inicio del nuevo periodo legislativo, la controversia por el destino del oro del Banco Central promete seguir en la agenda pública, con llamados desde distintos sectores a que el Gobierno brinde respuestas claras y documentación respaldatoria sobre una operación que, hasta ahora, permanece opaca.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina enfrenta serias denuncias por presuntas irregularidades en licitaciones para las centrales nucleares, con contratos de limpieza y software con sobreprecios que superan el 140% y hasta el 1000%, desatando una crisis interna y pedidos de auditoría.

La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, quedó nuevamente en el ojo de una tormenta tras una serie de denuncias por posibles sobreprecios millonarios en contratos y adquisiciones, según presentaciones realizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y personal técnico dentro de la propia empresa.

La primera denuncia se originó a partir de una licitación para el servicio de limpieza de las centrales nucleares, en la que se cuestionó que la contratación de una empresa se realizara con un valor casi 140% mayor que el histórico pagado por servicios similares, lo que generó sospechas de irregularidades en el proceso y favorecimiento de determinados proveedores.

A eso se sumó una nueva denuncia por la adquisición de un software de gestión administrativa por 7 millones de dólares, cuando, de acuerdo con cálculos sindicales y de mercado, su valor real rondaría los 600.000 dólares, lo que implicaría un sobreprecio superior al 1000%. Ante esta situación, ATE solicitó la cancelación de la compra y una auditoría completa para investigar las condiciones en que se concretó esa operación.

Las acusaciones no quedaron solo en números: desde adentro de la empresa se advirtió sobre intentos de modificar informes técnicos y justificar ofertas más caras con intervenciones de áreas sin competencia específica, lo que derivó en la presentación de escritos ante el Comité de Integridad de la compañía para alertar sobre posibles presiones y prácticas irregulares.

La controversia generó tensiones internas y llevó al directorio de Nucleoeléctrica a frenar la licitación cuestionada y apartar a dos gerentes clave designados por Reidel, mientras persiste el debate sobre la conducción y la transparencia en una empresa estratégica para la producción energética.

Reidel, economista y estrecho colaborador dentro del círculo del presidente Javier Milei, se consolidó como uno de los funcionarios con mayor influencia en el sector energético y nuclear, pero estas denuncias ponen en foco sus decisiones administrativas y la gestión de recursos públicos en un contexto donde la sociedad reclama mayor control y rendición de cuentas.

El presidente Javier Milei escaló al máximo la pelea contra el empresario Paolo Rocca tras la polémica por la licitación de los caños para el gasoducto de Río Negro y amenazó a Techint con la quiebra. ¿Dirá lo mismo de los empresarios amigos, como Elsztain, que viven de negocios generados por el Estado hace décadas?

El presidente habló ante sus fanáticos en la Derecha Fest y redobló los dardos contra Rocca, a quien más temprano había llamado “Don Chatarrín”.

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, lanzó Milei a modo de advertencia.

“No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos”, continuó Milei.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció una intervención federal indirecta sobre toda la provincia a partir de la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en el Puerto de Ushuaia.

El mandatario presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para declarar inconstitucional la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) del pasado 21 de enero.

En el escrito, Melella advirtió que el Gobierno nacional intenta avanzar sobre competencias provinciales mediante “argucias administrativas” que encubren una intervención de hecho:

“La Nación no puede, por vía administrativa ni mediante un ente descentralizado, intervenir de hecho una provincia o una de sus instituciones bajo la apariencia de una intervención sectorial”.

El gobernador sostuvo que el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo un régimen jurídico provincial propio y que cualquier intento de intervención afecta directamente a Tierra del Fuego como sujeto constitucional. En ese sentido, denunció una ocupación territorial y un ataque al federalismo.

Según Melella, la intervención no se limitó a cuestiones técnicas, sino que tuvo como principal objetivo tomar control de la recaudación y los ingresos portuarios:

“La Nación se apropia de recursos cuya titularidad corresponde a la provincia… encubierta bajo el ropaje de una supuesta potestad de control”, afirmó.

Los fueguinos tenemos que saber qué hay detrás de la intervención del puerto.

La falta de claridad en los argumentos y el hermetismo del Gobierno nacional ante el aterrizaje de un avión oficial norteamericano, sin aviso ni explicación, lo único que generan son más sospechas. pic.twitter.com/bijr8C9w2Z

— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 28, 2026

La sombra de Estados Unidos

El episodio se produjo además en un contexto de sospechas por la llegada de congresistas estadounidenses a la provincia, lo que alimentó temores sobre una posible entrega futura de las instalaciones al Comando Sur de Estados Unidos que desde hace algún tiempo busca tener una mayor presencia en la provincia austral dada la ubicación estratégica de la misma.

En ese sentido, el gobernador también cuestionó el hermetismo del gobierno nacional sobre este asunto. “Argentina se ha alineado muy fuertemente con Estados Unidos y ha dado pasos de entrega de soberanía“, denunció.

La cautelar también incluyó denuncias de trabajadores portuarios que alertaron sobre la falta de controles en áreas sensibles, como sistemas de prevención de incendios, derrames de hidrocarburos y escaneo de vehículos, lo que podría generar graves riesgos operativos y ambientales.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo subió 2,8%, mientras que en la provincia el ajuste alcanzó el 4,5% desde el 1° de febrero. El boleto mínimo en territorio bonaerense pasó a $721,08 y los tramos más largos superaron los $980. En paralelo, el subte en CABA también registró una suba y el pasaje con SUBE registrada se ubicó en $1.336, en un contexto de tensión con el sector y negociaciones salariales aún abiertas. ¿Será cierto que la inflación es tema del pasado como dice el gobierno de Javier Milei?

Los alquileres volvieron a mostrar incrementos significativos, con un impacto desigual según el tipo de contrato. Aquellos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres tuvieron un ajuste anual del 34,6% según el Índice de Contratos de Locación. En los contratos firmados tras el DNU, los aumentos trimestrales, cuatrimestrales o semestrales oscilaron entre el 6% y casi el 13%, lo que llevó los valores mensuales por encima de los $540.000 en muchos casos, reseñó Política Argentina.

El último golpe a la clase media se lo dará la medicina prepaga que aplicó en febrero una suba de hasta 2,8% en las cuotas, que también alcanzó a los copagos. Las empresas informaron los nuevos valores a sus afiliados y el ajuste se sumó a una seguidilla de incrementos mensuales que, en los últimos dos años, reconfiguró el acceso al sistema privado.

Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, decidió correrse del discurso libertario de libre mercado y reclamó al Gobierno que sancione a la plataforma china Temu por supuesta competencia desleal.

El fuerte crecimiento de las compras de argentinos en plataformas asiáticas, impulsado por la apertura de importaciones decretada por Javier Milei, encendió alarmas en el comercio electrónico local. En ese contexto, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, decidió correrse del discurso libertario de libre mercado y reclamó al Gobierno que sancione a la plataforma china Temu por supuesta competencia desleal.

La empresa presentó una denuncia ante la Secretaría de Comercio por presunta publicidad engañosa. Según señalaron desde Mercado Libre, Temu ofrece descuentos extremos —de entre 80% y 100%— que no serían reales, ya que para acceder a ellos el usuario debe cumplir condiciones adicionales que no se informan desde el inicio.

El área que conduce Pablo Lavigne, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo, hizo lugar al planteo de Galperín y dispuso una medida preventiva para que Temu retire esos mensajes promocionales tanto en sus propios canales digitales como en los de terceros.

Sin embargo, la compañía china respondió rápidamente y recurrió a la Justicia para suspender la resolución oficial.

La irrupción de Temu y Shein representa el desafío más serio para Mercado Libre en años. Según un informe de la consultora Abeceb, las compras de argentinos en estas plataformas alcanzaron los 789 millones de dólares hasta noviembre pasado, con un crecimiento interanual de casi 292%.

Pese a este avance, Galperín había intentado minimizar públicamente el impacto. En noviembre aseguró que no le preocupaba la competencia china y que Mercado Libre podía enfrentarlos como lo hace en otros mercados de la región. Sin embargo, en paralelo avanzaba con la denuncia ante Comercio, buscando una intervención estatal que limite el crecimiento de los gigantes asiáticos.

La planta de Granja Tres Arroyos en Pilar sigue sin actividad tras el rechazo a un plan de pagos en cuotas. Denuncian abandono empresarial y cuestionan la inacción del Gobierno frente a la crisis laboral.

El conflicto en la planta Pilar de Granja Tres Arroyos, ubicada en la localidad bonaerense de La Lonja, se agrava con el correr de los días. Los trabajadores mantienen el paro por tiempo indeterminado iniciado la semana pasada ante la falta de pago de salarios, aguinaldo y vacaciones, en un escenario que expone la fragilidad del empleo industrial y la pasividad oficial frente a los incumplimientos patronales.

La medida de fuerza se sostiene luego de que la asamblea rechazara una propuesta empresarial que planteaba saldar las deudas en un esquema extendido de cuotas, sin garantías ni fechas ciertas. Para los operarios, el ofrecimiento resultó inaceptable: se trató de sueldos ya devengados que la empresa pretendía diferir hasta bien entrado el primer semestre del año.

Según explicaron los delegados, el plan incluía el pago del aguinaldo en cuatro tramos y la cancelación de los salarios de enero en cuotas que se extenderían hasta febrero, mientras que el resto de las obligaciones se postergaban hasta mayo. La respuesta fue un rechazo unánime y la ratificación de la huelga.

El conflicto se inscribe en un proceso de ajuste más amplio dentro de la compañía. A lo largo de 2025, cerca de 400 trabajadores dejaron la empresa mediante despidos, retiros voluntarios y acuerdos, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis. En noviembre, además, la firma cerró su planta de Béccar y trasladó a cientos de operarios a Entre Ríos, concentrando la producción en menos establecimientos.

Pese a esa reducción de personal y al achicamiento de costos, la empresa no logró normalizar el pago de salarios, lo que terminó de detonar el actual paro. En la planta de Pilar, la producción permanece completamente detenida y el clima es de fuerte tensión.

Desde el gremio advierten que la situación ya tiene consecuencias directas sobre las familias de los trabajadores y cuestionan la falta de intervención del Gobierno nacional. Señalan que, mientras se promueve un modelo que desregula y flexibiliza, los incumplimientos empresariales avanzan sin control y los salarios quedan librados a la voluntad de las patronales.

Sin señales de una propuesta superadora ni mediación efectiva, el conflicto sigue abierto. Los trabajadores ratificaron que no retomarán tareas hasta que se cancelen todas las deudas de manera íntegra y sin dilaciones, en un nuevo capítulo de la crisis laboral que atraviesa la industria avícola.

El freno del consumo, la caída de exportaciones y la apertura importadora golpean de lleno a la producción nacional. Un frigorífico pampeano paralizó a 450 operarios y una histórica textil bajó sus persianas, dejando cientos de despidos en el norte del país.

La política económica del gobierno nacional volvió a mostrar su impacto directo sobre el entramado productivo. En las últimas horas, el frigorífico ubicado en General Pico, La Pampa, que elabora las hamburguesas Paty, suspendió a la totalidad de sus 450 trabajadores, mientras que una empresa textil con más de un siglo de trayectoria cerró sus plantas en Corrientes y Chaco y despidió a 260 empleados.

La decisión del frigorífico pampeano expuso el deterioro acelerado del sector cárnico industrial. La empresa justificó la paralización por el derrumbe del mercado interno, el retroceso de las exportaciones y una situación financiera asfixiante, con deudas que superan los 30.000 millones de pesos. La actividad diaria pasó de faenar unas 600 cabezas de ganado a apenas 50, una postal del desplome productivo que atraviesa la cadena.

La contracción de las ventas externas fue determinante. Durante 2025, los envíos de carne al exterior cayeron más del 7%, con un desplome aún mayor hacia China, principal destino de la producción argentina. Para una planta altamente dependiente del comercio exterior, el impacto fue inmediato y profundo.

En Trenel, localidad donde el frigorífico funciona como uno de los principales empleadores, la preocupación ya trasciende a los operarios suspendidos. Comercios, transportistas y productores ganaderos advierten que la parálisis amenaza con arrastrar a toda la economía local, mientras crecen los temores de un cierre definitivo.

El panorama no es distinto en la industria textil. La empresa Emilio Alal cesó sus actividades en el noreste argentino y dejó sin empleo a 260 trabajadores, en un sector que desde el inicio del actual gobierno ya perdió más de 16.000 puestos registrados. La firma producía hilados de algodón, telas e insumos para el calzado y la talabartería, y atribuyó su salida del mercado a un contexto que definió como inviable.

Los niveles de actividad textil retrocedieron a valores comparables con los peores momentos de la pandemia. La utilización de la capacidad instalada cayó por debajo del 33% y la producción se desplomó más de 20% interanual, muy por encima del promedio de la industria manufacturera.

Desde la empresa señalaron como factores centrales la apertura indiscriminada de importaciones, la pérdida del poder adquisitivo, los elevados costos financieros y energéticos y la presión impositiva. En ese marco, advirtieron que la producción nacional quedó fuera de competencia frente a productos importados, incluso usados, sin ningún tipo de protección.

Las suspensiones y cierres se multiplican en distintos rubros y regiones, consolidando un escenario de desindustrialización que el gobierno no logra —o no intenta— revertir. Mientras el ajuste se descarga sobre el empleo y la producción, la economía real sigue pagando el costo de un modelo que prioriza la apertura y la especulación por sobre el trabajo argentino.