La expresidenta fue trasladada al Sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte malestar abdominal. Permanece en observación mientras se le realizan estudios médicos y aún no se difundió un parte oficial sobre su evolución.

Cristina Fernández de Kirchner fue internada este viernes en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de presentar una dolencia abdominal que motivó la intervención de su equipo médico. La expresidenta se encontraba en su domicilio cuando comenzó con el malestar, que derivó en una primera evaluación clínica.

Más adelante, y tras esa revisión inicial, los profesionales de la salud resolvieron su traslado al centro médico para realizar estudios complementarios y un control más exhaustivo del cuadro. El procedimiento se llevó a cabo con la autorización judicial correspondiente, dado que CFK cumple arresto domiciliario en el marco de su situación legal.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial con precisiones sobre el diagnóstico ni sobre la duración de la internación. Desde su entorno indicaron que la hospitalización respondió a la necesidad de observación y evaluación, mientras se aguardan novedades sobre su evolución en las próximas horas.

Un estudio elaborado por equipos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto al CONICET encendió una señal de alarma: la demanda de alimentos en comedores, merenderos y ollas populares de la región continúa en fuerte crecimiento, impulsada por el deterioro de la situación socioeconómica.

El informe, titulado “Situación de comedores, merenderos y ollas populares en la región”, fue presentado en la Sala del Consejo Superior de la UNLP y da cuenta de un aumento sostenido de personas que recurren a estos espacios para cubrir necesidades básicas de alimentación, en un contexto de creciente vulnerabilidad social.

El relevamiento se realizó en barrios populares del Gran La Plata a partir de entrevistas a 61 servicios de asistencia directa (SDA), y estuvo a cargo de equipos UNLP-CONICET, docentes y estudiantes de la carrera de Nutrición y residentes hospitalarios.

Los datos muestran que casi el 40% de los comedores y ollas populares asiste regularmente a más de 180 personas, mientras que otro 27% recibe a más de 120, cifras que reflejan la presión creciente sobre estos dispositivos comunitarios. Además, el informe advierte que la cantidad de personas asistentes aumentó en todos los grupos etarios en comparación con el año pasado, con un impacto particularmente fuerte en niños, niñas y adolescentes: más del 70% de los espacios reportó un incremento en este grupo. Entre personas mayores, el aumento alcanzó a casi el 64% de los comedores.

En cuanto a la modalidad de atención, el 90% de los SDA entrega viandas para consumo domiciliario, más de un tercio distribuye alimentos sin elaborar y solo el 16% ofrece comida para consumir en el lugar. La merienda es el servicio más extendido (75,4%), seguida por la cena (49,2%), aunque muchos espacios combinan más de una prestación diaria.

Más personas, menos recursos

El informe subraya una contradicción crítica: mientras la demanda de alimentos crece, la disponibilidad de insumos básicos disminuye. Los productos que más escasean son aceite, azúcar, carnes, verduras, arroz y harina, alimentos centrales para garantizar una dieta mínima adecuada. Esta situación profundiza las limitaciones ya detectadas en el relevamiento anterior y pone en riesgo la sostenibilidad de la asistencia alimentaria comunitaria.

Más del 76% de los referentes de los espacios consultados señaló que la calidad de la comida ofrecida empeoró respecto de 2024, principalmente por la reducción en la cantidad y variedad de alimentos, especialmente carnes y verduras, en un contexto de demanda en aumento.

En relación con el rol del Estado, el estudio indica que el 64% de los SDA recibe alimentos del gobierno provincial, aunque la asistencia del Estado nacional se redujo de manera drástica: solo el 5% recibe alimentos y apenas el 3% algún tipo de apoyo económico. Ante este escenario, más de la mitad de los comedores y ollas populares debió recurrir a actividades adicionales para sostener su funcionamiento.

El relevamiento advierte que la falta de una alimentación adecuada ya genera consecuencias graves en infancias, juventudes, adultos y personas mayores, como anemia, problemas de crecimiento, dificultades de aprendizaje, pérdida de masa muscular y mayor riesgo de enfermedades crónicas.

Finalmente, el informe concluye que las organizaciones sociales y comunitarias siguen siendo el principal sostén alimentario y emocional en los barrios, pero alerta que no cuentan con los recursos ni la responsabilidad de resolver una crisis estructural. “El retiro de la asistencia del Estado Nacional y las políticas macroeconómicas vigentes están vulnerando el derecho humano fundamental a una alimentación adecuada”, subrayan los investigadores.

La central obrera se moviliza junto a las CTA, movimientos sociales y sectores de la oposición para rechazar un proyecto que califica de regresivo, mientras acelera gestiones políticas y prepara una ofensiva judicial contra el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo pasa a la acción frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y convoca a una movilización masiva a Plaza de Mayo como primer gesto de una estrategia integral. La central busca mostrar músculo en la calle para forzar al Ejecutivo a negociar y frenar una iniciativa que considera un ataque directo a los derechos laborales y al poder de los sindicatos, en un contexto marcado por la falta total de diálogo con la Casa Rosada.

En el mismo tono, la CGT expresa un rechazo absoluto al proyecto oficial, al que define como flexibilizador y desfinanciador de la estructura sindical. “El rechazo a la reforma laboral, así como la presentó el Gobierno, es total”, sostiene Andrés Rodríguez, dirigente de UPCN y referente clave de la central. Según advierten, la iniciativa no solo empeora las condiciones de trabajo, sino que reduce la capacidad de negociación colectiva y debilita a las organizaciones gremiales.

Más adelante, la conducción sindical refuerza el carácter político de la protesta al montar el acto de espaldas a la Casa Rosada, una señal explícita hacia el presidente Javier Milei. A diferencia de otras etapas, la CGT decide confrontar de manera directa con el poder Ejecutivo y endurecer su posicionamiento. El mensaje del acto apunta a dejar en claro que avanzar sobre los derechos laborales no es una modernización, sino un retroceso, y que el movimiento obrero no está dispuesto a convalidarlo.

Finalmente, la estrategia de la CGT combina calle, Congreso y Justicia. Mientras intenta trabar el debate parlamentario y sumar apoyos en el Senado, la central analiza impugnar judicialmente los artículos más regresivos, entre ellos los que limitan el derecho a huelga y chocan con garantías constitucionales. En Azopardo advierten que esta movilización es solo el comienzo y no descartan nuevas protestas o un paro general, si el Gobierno insiste en avanzar, por más que a Milei y su gobierno les moleste.

Las reformas que impulsa el Gobierno anticipan un cambio profundo en el mundo del trabajo, los impuestos y el modelo productivo. Un escenario que, de avanzar sin frenos, impactará de lleno en el empleo, los derechos laborales y la vida cotidiana.

El Gobierno Nacional de Javier Milei avanza con un conjunto de proyectos que anticipan un cambio estructural del modelo económico y social. Bajo el discurso de la “modernización”, el oficialismo impulsa reformas que reconfigurarían el sistema laboral, impositivo y productivo, con efectos que empezarían a sentirse con fuerza a partir de 2026, una vez que el paquete esté plenamente aprobado y reglamentado.

Lo que podría cambiar si el plan avanza

• Menos impuestos para los sectores más ricos: las iniciativas oficiales buscarían reducir de manera significativa los tributos a grandes patrimonios, actividades financieras, alquileres y bienes de lujo, sin establecer mecanismos claros que obliguen a reinvertir esos recursos en la economía real.
• Despidos con costo mínimo: la reforma laboral plantea reemplazar la indemnización tradicional por un Fondo de Cese, lo que abarataría el despido y habilitaría una dinámica de expulsión de trabajadores en contextos de recesión.
• Más trabajo en negro: la eliminación de sanciones por empleo no registrado incentivaría la informalidad, al quitar castigos efectivos a quienes contraten trabajadores fuera del sistema.
• Menos derecho a huelga: los cambios impulsados por el Ejecutivo ampliarían las actividades con restricciones para parar, alcanzando a casi la mitad de los trabajadores.
• Un negocio financiero millonario: el esquema del Fondo de Cese trasladaría el 3% de la masa salarial a la administración de los bancos, debilitando el financiamiento de jubilaciones y obras sociales.
• Ajuste social sostenido: el rumbo fiscal anticipa recortes en universidades, políticas de discapacidad y programas públicos esenciales.
• Presión política sobre las provincias: el uso discrecional de fondos nacionales funcionaría como herramienta de negociación para garantizar apoyos legislativos.

En términos productivos, el modelo que impulsa el Gobierno podría consolidar un crecimiento sin empleo. La expansión quedaría concentrada en sectores extractivos como la minería, los hidrocarburos y el sistema financiero, actividades que generan poco trabajo y escaso derrame, mientras la industria, el comercio, la construcción y la ciencia quedarían relegados, especialmente en las grandes ciudades.

Si este rumbo se consolida, el escenario hacia 2026 anticipa un país con menos derechos laborales, mayor precarización y un crecimiento que no se traduce en bienestar social. Una advertencia que empieza a discutirse ahora, cuando el paquete todavía está en debate, pero cuyos efectos podrían volverse irreversibles una vez que el modelo termine de implementarse.

El Gobierno nacional impulsa cambios en el régimen indemnizatorio del personal de casas particulares, con exclusiones del Fondo de Asistencia Laboral, topes al cobro y nuevas facilidades para el despido.

El Gobierno de Javier Milei avanza con la reforma laboral y pone en la mira a las empleadas domésticas y a los trabajadores de casas particulares, que verán modificado su régimen indemnizatorio. De aprobarse la llamada Ley de Modernización Laboral (ML), este sector queda excluido del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo creado para reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones.

En ese marco, a diferencia de la mayoría de los empleadores del sector privado, los empleadores de casas particulares no estarán obligados a aportar el 3% mensual del salario para cubrir futuras indemnizaciones. Esta exclusión deja a las trabajadoras domésticas fuera del esquema general que propone la reforma y consolida un trato desigual y regresivo en materia de derechos laborales.

Más adelante, la iniciativa también introduce cambios en la actualización de los créditos laborales. El artículo 70 de la Ley 26.844 es sustituido para establecer que las indemnizaciones y demás créditos reclamados se ajusten según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%, en línea con lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. En paralelo, los artículos 277 y 278 habilitan que, en caso de juicio laboral, un juez pueda autorizar el pago de la indemnización en hasta doce cuotas consecutivas, diluyendo el impacto del resarcimiento para la trabajadora.

Con el mismo ímpetu, la reforma avanza sobre el propio concepto de indemnización. El Fondo de Asistencia Laboral, presentado como una modernización, rompe con el sistema vigente y traslada el costo del despido al trabajador, ya que se financia con un aporte obligatorio del 3% del salario. Además, el proyecto establece un período de carencia de seis meses, durante el cual el empleador puede despedir sin pagar indemnización alguna. Aunque el régimen de casas particulares queda formalmente excluido del FAL, los cambios impulsados por el Gobierno recortan derechos, debilitan la protección laboral y refuerzan la precarización, una vez más, por más que a Milei y su gobierno les moleste.

Un informe de organismos de derechos humanos advierte que la gestión de Javier Milei impulsa un ataque sistemático al consenso democrático construido desde 1983, a través de recortes, despidos y una ofensiva revisionista contra el legado del Nunca Más.

El Gobierno de Javier Milei despliega una ofensiva inédita contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y pone bajo asedio el consenso democrático que se consolida tras el fin de la última dictadura cívico-militar. Así lo señala un informe elaborado por Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta, que advierte sobre el carácter sistemático de las medidas impulsadas por la administración de La Libertad Avanza.

En el mismo sentido, el documento sostiene que el Ejecutivo avanza con una estrategia sostenida que combina recortes presupuestarios, desmantelamiento de políticas públicas y una disputa discursiva de carácter revisionista. Los organismos alertan que la apelación oficial a una supuesta “memoria completa” funciona como un intento de relativizar el terrorismo de Estado y de cuestionar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido durante más de cuatro décadas.

Más adelante, el informe detalla un profundo vaciamiento institucional. La Secretaría de Derechos Humanos es degradada a subsecretaría, se reduce su planta en un 40 por ciento y se despide a abogados que actúan como querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad. A su vez, se desmantelan programas clave, se retira el acompañamiento a testigos y se interrumpe la asistencia al Poder Judicial, lo que profundiza las demoras en las causas en trámite.

Con el mismo ímpetu, los organismos denuncian la eliminación de equipos estatales encargados de investigar el accionar represivo, la degradación del Archivo Nacional de la Memoria y la pérdida de facultades para acceder a archivos militares. Los sitios de memoria también son alcanzados por el ajuste, con despidos, reducción de horarios y cierre de espacios culturales, incluso en lugares reconocidos como patrimonio de la humanidad.

Finalmente, el informe alerta sobre el impacto directo de estas decisiones en la búsqueda de niñas y niños apropiados durante la dictadura. La eliminación de unidades de investigación, la reducción de personal en la Conadi y el debilitamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos favorecen un escenario de mayor impunidad. Frente a este panorama, los organismos remarcan que las políticas de memoria siguen en pie gracias al respaldo social y advierten que, de cara a los 50 años del golpe de Estado, la disputa por el sentido del pasado vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, por más que a Milei y su gobierno les moleste.

Bausili negó una flexibilización cambiaria mientras el Gobierno insiste en que el dólar no presiona sobre los precios.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que el Gobierno no tiene previsto avanzar en el levantamiento del cepo cambiario y descartó cualquier flexibilización que implicara su desarme total. Más adelante, el funcionario sostuvo que el esquema de actualización mensual de las bandas del dólar, combinado con compras de reservas, no había provocado un rebrote inflacionario, aun cuando el frente externo siguió mostrando señales de fragilidad.

En el mismo tono de autosuficiencia que caracterizó al equipo económico, Bausili aseguró que los movimientos en el tipo de cambio “no generaron una aceleración de la inflación”. Sin embargo, con el mismo ímpetu, evitó explicar cómo se sostuvo esa afirmación en un contexto de escasez de dólares, atraso cambiario y una economía que continuó atada a controles que el propio oficialismo había prometido eliminar.

Más adelante, la ratificación de que el cepo continuó vigente volvió a dejar en evidencia las contradicciones del discurso libertario. Por más que a Milei y su junta les molestó, el control cambiario se consolidó como una herramienta permanente ante la imposibilidad de acumular reservas genuinas sin recurrir a parches regulatorios y restricciones que desmintieron la retórica de la libertad económica.

En paralelo, el Gobierno formalizó cambios en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tras la renuncia de su director, y designó a Andrés Vázquez como nuevo titular del organismo. Finalmente, la definición del Banco Central dejó un dato central: lejos de la promesa de libertad cambiaria, el cepo siguió siendo el ancla de un programa económico que no logró resolver sus propias inconsistencias ni ofrecer un horizonte claro.

Organizaciones sociales y asambleas ambientalistas denunciaron una fuerte represión policial durante las manifestaciones realizadas tras la aprobación del proyecto en el Senado provincial. Trece personas fueron detenidas en operativos que incluyeron golpes y derivaciones hospitalarias.

Las protestas contra la habilitación del proyecto minero San Jorge volvieron a copar este miércoles las calles de Mendoza, horas después de que el Senado provincial aprobara la iniciativa que, según denuncian las organizaciones ambientalistas, pone en riesgo el acceso al agua y habilita una explotación sin controles suficientes.

De acuerdo con referentes de diversas asambleas, la respuesta del gobierno provincial fue una serie de operativos policiales que incluyeron detenciones, agresiones y dispersión violenta de manifestantes en distintos puntos del territorio. La capital provincial concentró los incidentes más graves.

Tras un ruidazo en el centro mendocino, un grupo de jóvenes se movilizó para denunciar lo que consideran un bloqueo informativo por parte de los principales medios locales. La marcha fue interceptada por fuerzas de seguridad que realizaron detenciones y avanzaron con golpes y balas de goma. Según el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), varias de las personas reprimidas tuvieron que ser trasladadas a los hospitales Carrillo y Central.

Las autoridades provinciales informaron que fueron detenidos trece manifestantes, entre ellos Renzo Goyano, Facundo Goyano, Santiago Algarrobo, Enzo Puebla, Luis Pinti, Facundo Goya, Ema Garbo, Máximo Astorga, Sol Alex Díaz y Bautista Franco.

Las protestas se extendieron por Uspallata, el Valle de Uco, Lavalle y Luján de Cuyo, y continuarán durante el fin de semana con nuevas movilizaciones. Las asambleas ambientalistas anunciaron que mantendrán el plan de lucha y reclamaron que el Ejecutivo de Alfredo Cornejo “escuche a la población y detenga el avance de un modelo extractivo que pone en riesgo los recursos naturales de la provincia”.

Con aumentos por encima del IPC, más familias quedaron al borde de la pobreza en plena recesión.

El INDEC confirmó este jueves que tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron en noviembre por encima de la inflación, profundizando el deterioro social en plena recesión. Más adelante, el organismo informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para no ser pobre y $566.364 para no caer en la indigencia, cifras que vuelven a poner en el centro del debate el impacto del ajuste económico sobre los sectores más vulnerables.

En el mismo tono, la CBA subió 4,1% y la CBT avanzó 3,6% en noviembre, muy por encima del IPC del mes, que fue de apenas 2,5%. Con el mismo ímpetu, las canastas acumularon en el año incrementos del 26,1% y 22,7% respectivamente, mientras que en términos interanuales aumentaron 28,9% y 25,5%. En ambos casos, los alimentos —que representan el gasto más sensible— continúan creciendo por encima del promedio general.

Más adelante, la comparación con octubre exhibe otro dato preocupante: en ese mes, una familia necesitaba $1.213.798 para no ser pobre y $544.304 para no ser indigente. Es decir, la suba mensual de las canastas volvió a ser mayor que los ajustes salariales y dejó a miles de hogares un escalón más cerca de la pobreza estructural. En paralelo, el Gobierno mantiene sin actualizar la estructura de gastos con la que se calculan las canastas, basada en datos de 2004/05, pese a contar con una encuesta más reciente realizada en 2017/2018.

En el mismo sentido, la Ciudad de Buenos Aires reveló que su inflación de noviembre fue del 2,4%, con subas más fuertes en servicios por contar con una estructura de gastos actualizada. Si se toma ese esquema, el panorama es aún más crítico: en septiembre, una familia porteña necesitó $1.255.933, sin contar alquiler, para no ser pobre; y casi $2 millones para cubrir el nivel de “clase media”, también sin vivienda incluida. La diferencia entre los ingresos reales y el costo de vida crece cada mes.

Finalmente, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, la brecha entre salarios y necesidades básicas sigue ensanchándose mientras el Gobierno festeja desaceleraciones del IPC que no se traducen en alivio real para la población. Con canastas que suben más que la inflación y un ajuste que recae sobre los trabajadores, la supuesta estabilidad macroeconómica convive con una fragilidad social cada vez más evidente.

El proyecto oficial debilita sindicatos, extiende jornadas, abarata despidos y deja a miles de trabajadores sin protección. Todos los detalles.

En un clima social cada vez más tenso, el Gobierno finalmente presentó en el Senado su esperada reforma laboral, una iniciativa que estira los tiempos de negociación para definir hasta dónde avanzar en su ofensiva contra trabajadores y sindicatos. Más adelante, el texto ingresado retoma lo peor de todas las versiones previas y lo condensa en 191 artículos que, bajo el disfraz de una “modernización”, pulverizan límites históricos como la jornada de ocho horas y restringen incluso el derecho a huelga.

En el mismo tono, la reforma libertaria que Javier Milei rubricó incorpora beneficios explícitos para grandes empresas y plataformas digitales, incluida la posibilidad de pagar salarios en pesos, dólares o incluso en especie. Con el mismo ímpetu, habilita cambios unilaterales por parte del empleador, reduce el cálculo de indemnizaciones y permite que las pymes paguen en cuotas, todo en un contexto de destrucción de empleo formal y cierre masivo de empresas. Los laboralistas coinciden: se trata de una transferencia regresiva del trabajo hacia el capital.

Más adelante, el proyecto también altera derechos clave como el descanso anual, habilitando que las vacaciones se fragmenten y se muevan fuera de temporada según “acuerdos” que, en la práctica, dependerán de la voluntad patronal. El retroceso es tan profundo que especialistas advierten que nos devuelve a un escenario anterior a la propia Ley 11.544, conquistada tras las huelgas y masacres de comienzos del siglo XX. En vez de reducir jornadas para crear empleo —como discuten hoy los países desarrollados— el Gobierno propone jornadas de hasta 12 horas.

En el mismo sentido, la reforma golpea de lleno a monotributistas y trabajadores “independientes” al invertir la presunción de laboralidad. Desde ahora, toda prestación con factura se considerará una simple locación de servicios, lo que deja a miles sin posibilidad de reclamar vínculos encubiertos. Las plataformas, lejos de ser incorporadas a la Ley de Contrato de Trabajo, quedan en un limbo jurídico ideal para las empresas, pero fatal para quienes ya trabajan en condiciones precarias.

Finalmente, el proyecto ataca la organización colectiva: amplía la definición de “servicios esenciales” para limitar la huelga, debilita la negociación por actividad, restringe la afiliación sindical y reduce la cuota solidaria. Lejos de ser una modernización, la reforma que impulsa Milei atrasa más de un siglo y reinstala un modelo en el que la relación laboral queda librada a la voluntad del más fuerte. Para los especialistas, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, se trata de una iniciativa antiderechos, antisindical y antiestatal que empuja a la Argentina hacia un pasado sin resguardo alguno.