La diputada de La Libertad Avanza cargó contra su compañera Marcela Pagano por participar de una sesión impulsada por la oposición. La acusó de responder a “intereses extranjeros” y de operar contra Javier Milei.

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados para debatir el financiamiento universitario y la emergencia en hospitales no solo fue significativa por el temario, sino porque volvió a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo libertario. La diputada Marcela Pagano, perteneciente a La Libertad Avanza, fue la única del bloque que bajó al recinto para habilitar el quórum junto a la oposición. Su presencia desató la furia de Lilia Lemoine, quien la acusó públicamente de estar conspirando contra el Gobierno.

“¿Qué carajos hacés dando quórum con los kirchneristas y los opositores al gobierno?”, cuestionó un usuario en X. Lemoine no tardó en sumarse al reproche y redobló la apuesta: “¿Vos me decís que los diputados que responden a Frigerio y la diputada Pagano acaban de dar quórum en una sesión para voltear al Presidente? ¿Por qué no se arman un bloque con los K que se llame ‘Unión Pro Los Chorros’?”, disparó.

Pagano llegó al recinto con termo y mate minutos antes de las 12:20, cuando aún faltaban varias bancas para alcanzar el quórum. Su ingreso fue clave para que la sesión comenzara, y fue leído por el resto del oficialismo como un gesto de deslealtad.

La rivalidad entre ambas diputadas no es nueva, pero esta vez escaló a niveles de acusación grave. Lemoine incluso deslizó vínculos de Pagano con servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el venezolano SEBIN, y la acusó de tener una agenda ajena a los intereses del país. “No se trata de una pelea de minitas”, aclaró, “ella está trabajando con organismos contrarios al rumbo de nuestra política exterior”.

También criticó el supuesto interés de Pagano por integrar la Comisión de Juicio Político. “Ella no puede decir la verdad, pero en parte salió a la luz”, sostuvo Lemoine, sugiriendo que su colega busca socavar la figura presidencial desde adentro.

La interna libertaria suma así un nuevo capítulo que evidencia el creciente desgaste dentro de La Libertad Avanza, cada vez más fragmentado entre los leales a Javier Milei y quienes reclaman mayor autonomía parlamentaria.

El hecho, que fue registrado por un peatón y difundido en redes sociales, muestra a varios policías de la Ciudad y agentes rodeando al trabajador, mientras se escucha la indignación de testigos: “A los laburantes les hacen eso, vergüenza les tiene que dar“.

Un nuevo episodio de violencia institucional tuvo lugar en pleno corazón de Balvanera, frente a la estación Once del tren Sarmiento. Efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a inspectores de Espacio Público, protagonizaron un operativo que terminó con el descarte intencional de los termos de café de un vendedor ambulante en una alcantarilla. Además, le incautaron una caja con facturas, dejándolo sin su fuente de ingreso.

El hecho, que fue registrado por un peatón y difundido en redes sociales, muestra a varios policías y agentes rodeando al trabajador, mientras se escucha la indignación de testigos: “A los laburantes les hacen eso, vergüenza les tiene que dar”.

Policía CABA y el Cafetero

Le tiraron los termos con leche, café, agua caliente y mate cocido a la alcantarilla.
Este hombre no robaba, trabajaba dignamente, para q otros laburantes pudieran tomar algo calentito por unas monedas.
Parece q ser pobre fuera un delito.
VERGÜENZA… pic.twitter.com/zNuXM1RAm8

— Juan Carlos (@27juancarlos27) July 1, 2025

Este tipo de escenas se repiten cada vez con más frecuencia desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzó su política de persecución hacia la venta ambulante, tras el desalojo de los manteros en octubre de 2024. En nombre del orden, se persigue y humilla a quienes solo intentan ganarse la vida en un contexto de profunda crisis económica.

La actitud de los efectivos no solo es injustificable, sino profundamente vergonzosa. Tirar a la basura el trabajo de un vendedor ambulante no es “hacer cumplir la ley”, es ejercer violencia contra los más vulnerables. Es criminalizar la necesidad de miles de personas que buscan sobrevivir en el dia a dia.

Estos operativos ya no sorprenden, pero siguen indignando. Urge una respuesta social y política que ponga freno a estas prácticas represivas. Porque la pobreza no se combate con uniformes, se enfrenta con justicia, dignidad y trabajo.

El régimen de incentivo sobre las exportaciones incrementales no se renovó como en años anteriores. Las automotrices hablan de perjuicio a la competitividad y riesgo de perder mercados

En una medida tan insólita como perjudicial para la industria nacional, el Gobierno decidió no renovar el régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales del sector automotriz. A partir de julio, las terminales comenzarán a pagar derechos de exportación por los vehículos que superen el umbral establecido, afectando directamente a las empresas que más producen y más dólares generan para el país.

Desde 2021, se había implementado un esquema que liberaba del pago de retenciones a las exportaciones que superaran las 137.000 unidades anuales, con el objetivo de incentivar la producción nacional y fortalecer el ingreso de divisas. Este incentivo clave, que cada año se renovaba hacia mayo, quedó este 2025 en un limbo: el tope se alcanzó, pero la prórroga nunca llegó.

Una medida contra el que más produce

En lugar de premiar a quienes más exportan y generan empleo, esta decisión castiga precisamente a las automotrices más competitivas. “No sólo es un pésimo impuesto, sino un pésimo mensaje”, denuncian desde una terminal. El sistema, además, penaliza a quienes integran más componentes nacionales en sus vehículos, encareciendo aún más su producto final en los mercados externos. “Una locura que no se entiende”, lamentan en el sector.

Las retenciones, con una alícuota nominal del 4,5%, afectan desigualmente según el nivel de integración nacional de los vehículos. Aquellos con mayor contenido local terminan pagando más. En promedio, la carga efectiva ronda el 2,5%, pero puede llegar al 3,1% en los modelos con mayor producción nacional.

Riesgo real de perder mercados

Solo en mayo se exportaron más de 26.000 vehículos, y en lo que va del año ya se superaron las 130.000 unidades. Con el ritmo actual, el umbral de las 137.000 será sobrepasado justo al comenzar julio, obligando a las empresas a pagar retenciones por cada unidad adicional. “Esto nos pone en desventaja frente a competidores de otros países y amenaza nuestra posición en mercados clave. Recuperar un cliente perdido puede llevar años, si es que se recupera”, advierten desde una automotriz, recordando el caso de Ford y la Ranger en México.

Retroceso en plena crisis

Lo más preocupante es que esta medida contradice los esfuerzos recientes por mejorar la competitividad del sector exportador, en un contexto de estancamiento del mercado interno y necesidad de divisas. “Estuvimos trabajando con el Gobierno para bajar impuestos distorsivos. Esto es un paso atrás que tira por la borda todo lo avanzado”, afirman con frustración.

Lejos de promover la producción nacional y el agregado de valor, la falta de renovación del incentivo envía un mensaje desalentador: es más rentable importar componentes que desarrollarlos en el país. Y peor aún, se penaliza precisamente a las automotrices que más invierten, más integran proveedores locales y más exportan.

En un momento en el que la economía argentina necesita crecer y exportar más, el Gobierno da un golpe inesperado a una de las pocas industrias que aún genera empleo, tecnología y dólares genuinos. La falta de continuidad en una política que funcionaba no solo genera incertidumbre, sino que mina la competitividad de la industria automotriz nacional y pone en juego su presencia en el mundo.

Así lo reveló una encuesta realizada por la Universidad Di Tella. El respaldo al mandatario cae con fuerza entre jóvenes y profesionales, dos sectores clave para su legitimidad.

La gestión de Javier Milei continúa perdiendo respaldo ciudadano, según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) difundido por la Universidad Di Tella, basado en una encuesta de la consultora Poliarquía. El informe revela que en junio la confianza cayó 4,6% respecto al mes anterior, marcando una tendencia descendente sostenida desde diciembre.

Lejos del entusiasmo que el propio Milei expresó por redes sociales tras la difusión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) —que mostró una suba interanual del 7,7% en abril—, los datos de percepción pública pintan otro panorama. La desconexión entre el relato oficial y la realidad cotidiana de los argentinos vuelve a quedar en evidencia.

La medición ubicó el nivel de confianza en 2,34 puntos sobre un máximo de 5, el tercer registro más bajo desde el inicio de su mandato. Los sectores que más se alejaron del gobierno son los jóvenes y las personas con educación universitaria, grupos que alguna vez entusiasmaron a Milei y hoy parecen darle la espalda ante la falta de resultados concretos.

“Con este descenso, el ICG de junio vuelve prácticamente al mismo nivel que tuvo en abril, el punto más bajo del año, y consolida un deterioro progresivo de la confianza social en la administración libertaria”, señala el informe.

En lo que va de la gestión, el gobierno solo logró superar mínimamente en promedio los niveles de confianza que obtuvieron Macri y Fernández en sus primeros 18 meses. Pero ese consuelo estadístico pierde peso frente al dato político: Milei no logra transformar sus indicadores macroeconómicos en mejoras tangibles para la sociedad.

El desempleo, la caída del salario real y el ajuste en áreas clave como salud, educación y transporte han golpeado la calidad de vida, y eso se refleja en el ánimo social. La “esperanza libertaria” pierde fuerza, y el espejismo del “milagro económico” comienza a desgastarse frente al malestar cotidiano de amplios sectores de la población.

Milei podrá seguir celebrando gráficos, pero el termómetro social ya no le responde.

El Gobierno evitó la destitución del juez federal Marcelo Bailaque, procesado y con prisión preventiva, aceptando su renuncia antes de que el Consejo de la Magistratura lo sancionara. Así, conservaría una jubilación de privilegio, pese a estar acusado de delitos graves. Crece el malestar por el doble discurso oficial.

En una decisión que genera críticas incluso dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, procesado por una serie de delitos que van desde la extorsión hasta presuntos vínculos con el narcotráfico. La salida fue anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aclaró que el exmagistrado ya no cuenta con fueros, aunque evitará la destitución por parte del Consejo de la Magistratura, medida que lo habría privado de su millonaria jubilación.

El caso provocó una oleada de cuestionamientos en redes sociales y en el ámbito político. Legisladores opositores señalaron que la jugada del Ejecutivo no solo blinda al exjuez de una sanción institucional, sino que contradice el discurso anticasta que Milei repite desde su campaña.

“En algún momento tendrán que explicar por qué no lo destituyeron. Bailaque debería haber sido apartado por sus vínculos con la corrupción, pero hoy se retira con todos sus beneficios intactos”, expresó la diputada santafesina Lionella Cattalini.

Bailaque está imputado por múltiples delitos: extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, allanamiento ilegal y vínculos con estructuras del narcotráfico. La causa es llevada adelante por la fiscalía federal y había sido avalada por el Juzgado Federal N°4 y la Cámara de Apelaciones de Rosario.

Desde el Gobierno intentaron matizar las críticas. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que no se busca encubrir a nadie y que si la Justicia avanza con una condena firme e inhabilitación, el exjuez podría perder su jubilación. “No hay intocables”, insistió. Pero en los hechos, la renuncia aceptada por el Ejecutivo le abre una puerta lateral para salir del sistema judicial sin enfrentar las consecuencias institucionales más severas.

Mientras el oficialismo predica el fin de los privilegios, decisiones como esta alimentan la sospecha de que ciertas figuras, incluso cuestionadas, siguen contando con protección política. Para muchos, lo de Bailaque no fue una renuncia: fue una jubilación asistida desde Casa Rosada.

La app Cuenta DNI de Banco Provincia confirmó que el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías mantendrá el tope de reintegro de $6.000 por persona.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, anunció que mantendrá en julio el esperado beneficio para la compra de carne, pollo y pescado, con un 35% de descuento en locales adheridos. Esta promoción, que ya es un clásico del programa, representa un fuerte alivio para los bolsillos en plena temporada invernal.

Con un tope de reintegro de $6.000 por persona, el descuento puede aplicarse sobre consumos de hasta $17.000. El beneficio, que tendrá lugar el sábado 12 de julio, estará disponible en carnicerías, granjas y pescaderías que acepten pagos a través de la billetera digital del BAPRO.

A este beneficio se suman los descuentos de todos los viernes de julio en comercios de cercanía con productos alimenticios, donde se podrá acceder a un 20% de ahorro, con un tope mensual de $8.000. Esto equivale a compras por hasta $40.000.

Cuenta DNI ofrecerá descuentos en carnicerías el sábado 12 de julio

Descuentos para todos los segmentos

Durante todo el mes también habrá rebajas del 40% en ferias y mercados, todos los días, con un tope de $6.000 semanales, lo que equivale a $15.000 en consumos. Para quienes usan garrafas, se mantiene el 40% de descuento diario con un tope mensual de $12.000.

Además, los jóvenes de 13 a 17 años y los mayores de 60 tendrán un beneficio exclusivo del 25% en gastronomía todos los fines de semana entre el 19 de julio y el 3 de agosto. El tope semanal será de $6.000, lo que permite gastar hasta $24.000.

Por otro lado, vuelve el descuento en garrafas y se incorpora un nuevo beneficio para los fanáticos de la lectura: un 10% en librerías Yenny – El Ateneo, todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Opciones para aprovechar en julio con Cuenta DNI

Para quienes visiten Caminos y Sabores en La Rural entre el 3 y el 6 de julio, habrá un 40% de descuento en productos regionales bonaerenses. También siguen vigentes las tres cuotas sin interés en comercios de cercanía no alimenticios, usando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app de Cuenta DNI.

Con todos estos beneficios, el Banco Provincia apunta a reforzar el consumo en sectores clave durante el invierno, mientras más familias buscan ahorrar sin resignar calidad.

La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó a Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres Burford y Eton Capital en 14 días.

La jueza Loretta Preska , del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la Argentina ceder el 51% de las acciones de YPF a los “fondos buitres” Burford y Eton Capital , como parte del pago por la condena relacionada con la expropiación de la petrolera en 2012.

La medida forma parte de una estrategia legal que busca cobrar el monto establecido en una sentencia previa, que fijó en US$ 16.100 millones el valor total de la deuda impaga. El fallo obliga al país a depositar las acciones Clase D de YPF en una cuenta de custodia en The Bank of New York Mellon Corporation (BNYM) dentro de los 14 días posteriores a la fecha del fallo . Además, se instruye a BNYM a iniciar la transferencia de dichas acciones a los demandantes dentro de un día hábil desde que sean depositadas.

En su fundamentación, la jueza estadounidense sostuvo que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida” , indicando que “las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York” .

El tribunal se amparó en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras , argumentando que Argentina utilizó esas mismas acciones para actividades comerciales en Estados Unidos , como el programa de ADRs, la cotización en la NYSE, el registro ante la SEC y la venta de bonos a inversores estadounidenses, lo cual elimina cualquier protección soberana sobre ellas .

Además, la jueza rechazó la aplicación del Artículo 10 de la Ley argentina de Expropiación de YPF, que prohíbe la transferencia de acciones sin autorización del Congreso Nacional. Señaló que no hay un “verdadero conflicto” entre ambas normativas , ya que Argentina puede cumplir con el fallo cambiando la ley o negociando una salida política.

“Incluso si hubiera un conflicto, los intereses de Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias son prioritarios”, aseguró el dictamen.

Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF comenzaron a caer : en Wall Street perdieron más del 8% , mientras que en la bolsa local la baja fue del 6% poco después del mediodía. El índice Merval también sufrió una corrección superior al 3% .

Este nuevo giro judicial pone nuevamente en jaque la estabilidad económica y financiera del país, afectando directamente a uno de los activos estratégicos más importantes para la soberanía energética argentina .

La Mesa de Enlace, conformada por Coninagro, CRA, Federación Agraria y la Sociedad Rural Argentina, lanzó un fuerte comunicado criticando al gobierno de Javier Milei por eliminar la baja transitoria de retenciones a la soja y el maíz.

Este martes venció la baja transitoria de derechos de exportación para soja y maíz, una medida implementada por el gobierno nacional a fines de enero que reducía las alícuotas desde el 33% al 26% para el poroto de soja , del 31% al 24,5% para aceite y harina de soja , y del 12% al 9,5% para el maíz .

Pese a las expectativas generadas por la supuesta afinidad entre sectores del agronegocio y La Libertad Avanza, el gobierno decidió no extender la medida , manteniendo únicamente la rebaja para trigo y cebada, cultivos que actualmente están en época de siembra.

“No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón”, denunciaron las entidades agropecuarias en un comunicado conjunto.

Las cuatro entidades remarcaron que “el cuestionamiento principal de los Derechos de Exportación (DEX) es que son un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial” , que históricamente ha generado retraso tecnológico, productivo y social , afectando la competitividad del sector y limitando el desarrollo federal del país.

Además, advirtieron que la eliminación de la baja temporal pone mayor presión fiscal sobre el campo , “asfixiante, inequitativa e injusta”, en momentos en que aún queda aproximadamente el 70% de la cosecha gruesa por comercializar .

En este contexto, se aceleró en los últimos días la presentación de declaraciones juradas para liquidar exportaciones , en un intento de aprovechar los últimos días de alícuotas reducidas.

La crítica también fue política: la Mesa de Enlace recordó que hace meses viene reclamando medidas definitivas , no solo coyunturales, que atiendan de fondo los problemas estructurales del campo argentino. “El campo argentino requiere reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones”, concluyeron.

El Gobierno volvió a ajustar el impuesto a los combustibles, y prepara una escalada de aumentos para agosto. Naftas y gasoil seguirán subiendo en un contexto de inflación persistente y salarios estancados.

El Gobierno nacional confirmó este jueves un nuevo ajuste parcial del impuesto a los combustibles, medida que impactará en los precios al surtidor en las próximas horas. Así lo establece el decreto 441/2025 publicado en el Boletín Oficial, que actualiza la carga impositiva sobre las naftas y el gasoil.

En el caso de las naftas, se aplicará una suba de $6,620 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,405 por litro en el tributo al dióxido de carbono. Para el gasoil, el ajuste será de $5,346 por litro en el gravamen principal, $2,895 adicionales por la alícuota diferencial que rige en zonas como la Patagonia, y $0,609 por litro en el impuesto ambiental.

La medida oficializa una nueva transferencia de ingresos desde los bolsillos de los trabajadores hacia el fisco, y forma parte de una estrategia fiscal que, lejos de bajar impuestos como prometió Javier Milei, los indexa por inflación. En paralelo, el Gobierno pospuso para agosto la aplicación del grueso de los aumentos pendientes desde 2024, lo que augura una segunda ola de incrementos en los próximos meses.

Según el decreto, todavía resta aplicar la actualización correspondiente a parte del primer trimestre de 2024 y a la totalidad del segundo, tercero y cuarto trimestres del mismo año, así como al primer trimestre de 2025. El Gobierno reconoce que las subas debieron haberse aplicado en enero, abril, julio y octubre, siguiendo la evolución del IPC del INDEC, pero decidió “escalonar” el ajuste para evitar un alza súbita.

Sin embargo, lo que en los papeles parece una moderación, en la práctica es una bomba de tiempo para el bolsillo: en pleno invierno, con aumentos acumulados en alimentos, tarifas y prepagas, los combustibles volverán a subir por partida doble.

A esto se suma la decisión de las petroleras privadas que ya remarcaron sus precios un 5% la semana pasada, aduciendo un rebote internacional del barril de crudo por el conflicto entre Israel e Irán. Con este nuevo ajuste fiscal, las empresas volverán a trasladar el costo a los consumidores.

Mientras tanto, el Gobierno insiste con que el ajuste “ya terminó” y se niega a discutir la caída del poder adquisitivo, el parate del consumo y la creciente conflictividad social. Pero en los surtidores, en la góndola y en la vida cotidiana, el experimento libertario se siente cada vez más como un tarifazo sin fin.

El Gobierno oficializó la suba de las alícuotas para los principales cultivos del país y volvió a incumplir sus promesas de campaña. Productores advierten que la medida desalienta inversiones y profundiza la crisis del interior.

El Gobierno nacional decidió reinstaurar las retenciones plenas a la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, a través del decreto 439/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida, que revierte parcialmente los beneficios fiscales temporales otorgados a principios de año, entra en vigencia desde el 1° de julio.

Así, la soja volverá a tributar un 33% de derecho de exportación, el maíz y el sorgo el 12%, y el girasol el 7%. Sólo el trigo y la cebada conservarán —hasta el 31 de marzo de 2026— una alícuota reducida del 9,5%. Todo esto, en medio de un contexto de precios internacionales a la baja y sequías intermitentes que afectan la producción.

La decisión golpea directamente al corazón productivo del país y contradice el discurso oficial de “libertad económica” con el que Javier Milei llegó al poder. Durante su campaña, prometió eliminar gradualmente las retenciones, pero a seis meses de gestión no solo no lo hizo, sino que reinstauró las que había quitado. En los hechos, volvió a colocar sobre el campo la mochila fiscal que tanto cuestionó.

En paralelo, la administración busca calmar las cuentas públicas ante un nuevo monitoreo del FMI. A pesar del ingreso de unos US$ 5.000 millones en las últimas dos semanas por adelantamiento de ventas (producto de la especulación previa al aumento), el Banco Central aún está lejos de cumplir las metas de reservas comprometidas con el organismo internacional. Según se supo, hay un déficit superior a los US$ 2.000 millones respecto a lo exigido.

Las reacciones del sector no se hicieron esperar. Mientras las grandes exportadoras, nucleadas en CIARA-CEC, se mostraron conformes con la prórroga para el trigo y la cebada, las entidades representativas de los productores (CRA, Coninagro y la Sociedad Rural) expresaron preocupación y malestar por la suba. “Es una medida regresiva que ahoga al interior productivo y frena cualquier intento de inversión”, señalaron desde CRA.

La Sociedad Rural, en particular, evitó declaraciones altisonantes: debe recibir al presidente en los próximos días en la tradicional exposición de Palermo. Pero puertas adentro, el enojo es evidente.

Con esta medida, el gobierno de Javier Milei deja en claro que su programa económico no es contra la “casta”, sino contra el aparato productivo nacional. Un modelo que, lejos de liberar, ajusta y recauda a expensas de quienes todavía generan empleo, valor agregado y dólares genuinos.