Las recientes elecciones presidenciales en Bolivia reconfiguraron el tablero político local y encendieron alertas sobre un posible rumbo autoritario en el país vecino.

*Por Vladimir Huarachi Copa/ El pasado 17 de agosto, ¿quién ganó realmente las elecciones presidenciales 2025 – 2030? Está claro que ninguno de aquellos candidatos que se veían ya sentados en la silla presidencial, amparados por encuestas infladas desde los medios tradicionales y avaladas por la institucionalidad electoral. El verdadero ganador de esta primera vuelta fue, sin duda, el voto en contra. Ese mismo voto que ya había sido determinante en anteriores comicios, aunque esta vez se mostró de manera más contundente y desnuda.

Para comprender el peso de este voto en contra, es necesario retroceder al turbulento periodo entre 2019 y 2020. Jeanine Áñez, quien tuvo en sus manos la posibilidad de revitalizar y reposicionar a la facción política que la llevó al poder, e incluso de ganar legítimamente las elecciones de entonces, terminó desperdiciando esa oportunidad. Sus propios errores al frente del Estado, atravesados por una corrupción inocultable, la arrastraron rápidamente al descrédito, pavimentando el camino hacia un segundo giro a la izquierda desde 2020.

Ese giro no significó un respaldo firme al MAS, sino más bien un rechazo al gobierno transitorio de Áñez, señalado como responsable de la ruptura del orden constitucional en 2019. El 55% que obtuvo Luis Arce puede leerse menos como un voto de adhesión que como un rechazo al pasado inmediato. Una cifra que expresa más hartazgo que identidad política.

En este marco, el evismo volvió a apostar a la debilidad de la oposición. Su estrategia se centró en esperar que la llamada “oposición funcional” a Evo Morales cometiera errores y que Andrónico Rodríguez perdiera las elecciones. El plan era claro: preparar el terreno para una eventual revocatoria que reposicione a Morales como el “salvador” de cara a los comicios de 2030, o incluso antes, mediante un referéndum, capitalizando otra vez ese mismo voto en contra que antes encumbró a Arce.

Sin embargo, los resultados de esta primera vuelta sorprendieron a analistas y comentaristas. Rodrigo Paz y Edmand Lara irrumpieron como ganadores inesperados, dejando a los demás candidatos con el desconcierto de quien se enfrenta a un electorado desencantado, cansado de los mismos rostros y de las crisis que arrastran al país al borde del colapso.

Bajo esta luz, que el voto en contra se haya convertido en el verdadero vencedor de estas elecciones 2025 – 2030 no debería sorprendernos. Ese voto dirigido contra el establishment político es una respuesta lógica al desgaste acumulado. Lo inquietante, sin embargo, es lo que puede venir después. Con la fuerza electoral alcanzada por el Partido Demócrata Cristiano y la dupla Paz – Lara, existe el riesgo de que el futuro inmediato nos confronte con un Estado policial-militar, acompañado de un autoritarismo neopopulista. Un desenlace que podría convertir al voto en contra, nuevamente, en el preludio de un nuevo desencanto nacional.

*Politólogo boliviano.

El presidente del club culpó a los hinchas visitantes, negó cualquier responsabilidad institucional y hasta pidió sanción para la U de Chile, mientras los heridos se acumulan.

En medio del horror vivido en el estadio Libertadores de América, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, negó toda responsabilidad del club y apuntó sin filtro a los visitantes: “El cuadro argentino no tuvo nada que ver” y “Hay un claro responsable que es el simpatizante chileno”, declaró ante TyC Sports, anunciando que pedirán sanción a la U de Chile ante Conmebol.

Su versión, que exculpa por completo a Independiente, contrasta con la rotunda realidad: los incidentes fueron protagonizados también por barras locales, con agresiones brutales y una organización de seguridad ausente. La poca credibilidad de Grindetti se hace evidente al ver que pone en evidencia su gestión fallida, no su defensa del club.

Además, se confirmó que hay 90 hinchas chilenos detenidos, varios heridos y al menos uno en riesgo vital. La gravedad de los hechos fue tan extrema que la Conmebol decidió cancelar el partido y girar el caso a la Comisión Disciplinaria, sumado a investigaciones sobre la falla del operativo de seguridad.

Con esta actitud, el presidente rojo no solo se desentiende de sus obligaciones, sino que exhibe un preocupante desprecio por la verdad y por la propia historia de Independiente. La dirigencia encabezada por Grindetti ya acumula una larga lista de decisiones cuestionadas, pero lo ocurrido este miércoles marcó un nuevo punto de quiebre en su desgastada gestión.

El malestar en la hinchada es creciente y la paciencia parece haberse agotado. Los socios ya no toleran excusas ni frases desafortunadas: exigen respuestas concretas, transparencia y, sobre todo, que se garantice la seguridad en cada partido. Grindetti, en cambio, eligió el camino más fácil: culpar a otros, incluso apelando a un discurso discriminatorio, antes que asumir sus responsabilidades como presidente de Independiente.

Un reciente informe alerta que la llegada de Javier Milei a la presidencia fomentó esta realidad, y muestra las dificultades que presenta la economía argentina para “generar suficientes ocupaciones de calidad, ya sea en términos de ingresos, estabilidad y/o acceso a un conjunto de derechos sociales”.

El mercado laboral argentino atraviesa un deterioro acelerado: los datos muestran que, bajo la gestión de Javier Milei, el empleo creció principalmente a costa de la informalidad. De cada 100 trabajos formales que se pierden, sólo uno se recupera con registro; el resto se suma al mercado en condiciones de desprotección, sin aportes jubilatorios ni cobertura social.

Según los últimos informes, en el primer trimestre de 2025 se crearon 390 mil empleos precarios, lo que elevó la tasa de informalidad al 44,1%, el nivel más alto de la serie comparable iniciada en 2017. Solo en la provincia de Buenos Aires, la más golpeada por esta dinámica, se perdieron más de 33 mil empleos privados registrados.

La tendencia no es nueva en América Latina: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cerca de la mitad de los trabajadores de la región se desempeñan en la informalidad, con Bolivia a la cabeza (casi 80%). Sin embargo, la Argentina, que históricamente estuvo por debajo del promedio regional, hoy se acerca peligrosamente a ese umbral, lejos de los casos de Chile y Uruguay, donde la informalidad no supera el 30%.

El Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que la política de desregulación del gobierno libertario está alimentando esta precarización, especialmente en actividades como plataformas de reparto o transporte, donde los trabajadores carecen de aportes, estabilidad, capital propio y en muchos casos también de calificación. “Por cada 100 trabajadores despedidos, solo uno o dos logran volver a un puesto formal”, señala el informe.

El impacto golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Entre las mujeres mayores de 66 años, la tasa de desprotección subió un 14,6% en el último año, en paralelo con una reducción del 23% de la presencia femenina en el sector público y con haberes jubilatorios cada vez más deteriorados.

Los números oficiales del INDEC confirman la misma tendencia: en el primer trimestre de 2025 la informalidad alcanzó el 42%, por encima del 40,8% registrado un año atrás. En paralelo, la subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) trepa al 17,9%, mientras que la presión efectiva sobre el mercado laboral llega al 24%.

En este escenario, el gobierno celebra un aumento mínimo del empleo total, de apenas 0,1%. Pero la realidad detrás de esa cifra es que el crecimiento se apoya en sectores de baja productividad y alta informalidad, mientras que el trabajo formal retrocede. Desde la llegada de Milei al poder se destruyeron casi 99 mil empleos registrados en todo el país.

Organizaciones como Fundar remarcan que la informalidad en la Argentina es hoy “más alta que hace 40 años”. Tras un descenso durante los primeros años del nuevo siglo, desde 2015 la tendencia volvió a ser ascendente, y con la actual gestión se consolida un escenario de precarización estructural.

La conclusión de los especialistas es clara: lejos de generar empleo de calidad, el modelo libertario profundiza un mercado laboral segmentado y frágil, donde la mayoría de los nuevos trabajadores se suman a la economía sin derechos ni protección.

La actividad industrial retrocedió un 2,1% entre marzo y junio, hilando cuatro meses consecutivos en baja y alcanzando un nivel similar al registrado en septiembre de 2007

La actividad fabril profundizó su retroceso y encadenó cuatro meses consecutivos de caída, con una baja acumulada del 2,1% entre marzo y junio. El nivel actual se ubica en registros comparables a los de septiembre de 2007, lo que marca un fuerte retroceso en la capacidad productiva del país.

El panorama es alarmante: 12 de los 16 sectores industriales están en caída, según un informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc), elaborado en base a datos de Indec y FIEL. El golpe más fuerte recae en alimentos y bebidas, un rubro que explica una cuarta parte de la producción industrial.

Hasta febrero de este año, la industria había logrado un ligero repunte del 9% en relación con abril de 2024, pero desde marzo la tendencia se revirtió y el avance interanual quedó reducido a apenas 4%. El informe advierte que el sector se encuentra hoy 13% por debajo del pico histórico de noviembre de 2011, lo que confirma la pérdida sostenida de dinamismo.

Impacto del nuevo esquema cambiario

El freno coincide con la implementación en abril del nuevo régimen de flotación cambiaria entre bandas, que encareció insumos importados y golpeó de lleno a la producción. A pesar de que la macroeconomía muestra señales de mayor equilibrio fiscal y cierta desinflación, la volatilidad en tasas de interés y en el dólar se trasladó con fuerza a la economía real.

“El sector ha mostrado dificultades en mantener la tendencia creciente”, señala el CICEc, que alerta por los efectos del encarecimiento de costos sobre la industria manufacturera.

Sectores más golpeados

Los rubros más afectados entre marzo y junio fueron:

• Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,4%
• Productos textiles: -7,4%
• Maquinaria y equipo: -6,9%

En contraste, algunos sectores exhibieron avances, como minerales no metálicos (+6,6%), refinación de petróleo (+1,6%) y productos de caucho y plástico (+0,6%), aunque su incidencia no logró revertir la tendencia general.

El mayor lastre fue el sector de alimentos y bebidas, que cayó 0,7%. La merma en gaseosas, aguas, cervezas, jugos, sidras y bebidas espirituosas no alcanzó a ser compensada por el repunte en molienda de oleaginosas, azúcar y confitería.

Una señal de alerta

Los números confirman que la industria atraviesa una fase de desaceleración crítica, en un contexto donde la recuperación parece más lejana y la incertidumbre domina el horizonte económico.

El fallo advierte que dichas medidas “implican una regresión normativa que afecta al medio ambiente y vulnera derechos humanos fundamentales”.

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025 en los artículos que permitían interrumpir el servicio de agua potable y desagües cloacales a usuarios residenciales por falta de pago.

En su resolución, la magistrada subrayó que “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”. Consideró “improcedente” el cese del suministro cuando la mora obedezca a situaciones de vulnerabilidad social o afecte a adultos mayores, niños o personas con discapacidad, y ordenó restablecer el servicio en caso de que ya se hubiera interrumpido.

La acción judicial fue presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores y por Consumidores Libres, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de las disposiciones que habilitaban los cortes tras 60 días de mora en usuarios residenciales y 15 días en no residenciales. Forns advirtió que dichas medidas implican “una regresión normativa que afecta al medio ambiente y vulnera derechos humanos fundamentales”.

En el fallo, la jueza citó instrumentos internacionales como la resolución 64/292 de la ONU, que reconoce el agua potable y el saneamiento como derechos humanos esenciales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También recordó jurisprudencia de la Corte Suprema que prohíbe el uso abusivo de la facultad de suspender el suministro de agua.

La decisión judicial, que regirá hasta que se dicte sentencia definitiva, constituye un freno a la política oficial de mercantilización de servicios esenciales, preservando el carácter fundamental del acceso al agua como derecho humano.

Se trata de la obra del viaducto del Belgrano Sur a Constitución, la misma está paralizada desde principios de 2024 por decisión de la actual gestión: pese a su alto porcentaje de avance y a su potencial impacto sobre el sistema de transporte.

Un documento oficial al que accedió el portal especializado enelSubte revela que la finalización del viaducto del Belgrano Sur hasta Plaza Constitución es “necesaria” por motivos de “emergencia social”. Sin embargo, la actual gestión paralizó la obra a comienzos de 2024, pese a su alto grado de avance, a su potencial transformador para el transporte metropolitano y a que cuenta con financiamiento internacional asegurado.

El informe, elaborado por el Gabinete Asesor para la Emergencia Ferroviaria, advierte que mantener el proyecto inconcluso generará “conflictividad” en los barrios afectados, agravando problemas de movilidad y aislamiento. Pese a estas alertas, el viaducto no fue incluido en la lista de obras prioritarias, bajo el argumento de que no está directamente vinculado con la seguridad operativa.

La paralización obedece a lo establecido en la ley Bases, que ordena suspender contratos con menos del 80% de avance. El viaducto tiene un progreso del 68,5%, pero su contrato con la constructora DYCASA sigue vigente y el Gobierno estudia una eventual prórroga.

La obra —iniciada en 2021— estaba destinada a extender el viaducto existente desde Sáenz hasta Constitución, incorporando una nueva estación elevada y mejorando la conexión con el Subte. Se estima que su puesta en marcha incrementaría notablemente el flujo de pasajeros y la integración de la línea Belgrano Sur con el resto del sistema de transporte, beneficiando a miles de usuarios de zonas históricamente relegadas.

Con una inversión prevista de 122 millones de dólares, de los cuales la mayor parte proviene de créditos de la CAF y FONPLATA, el proyecto quedó como un esqueleto de hormigón que simboliza el retroceso en políticas de transporte inclusivo. Mientras el tiempo pasa y la obra se deteriora, vecinos, especialistas y trabajadores reclaman que el Gobierno deje de lado la indiferencia y reactive de inmediato esta infraestructura vital para el sur del Área Metropolitana.

Un estudio detectó que en julio 9 de cada 10 personas financiaron la compra de comida y un 30,7% reconoció que alguien tuvo hambre en su hogar y no tuvo para comer.

La pérdida sostenida del poder adquisitivo está modificando de forma alarmante los hábitos alimentarios en Córdoba. Un estudio reciente revela que el 50% de los hogares ha debido retrasar la merienda o directamente eliminar la cena por no poder costear alimentos básicos. La gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, Vanesa Ruiz, alerto además que la mitad de los hogares salteó comidas en julio, mientras crece el endeudamiento de las familias.

En julio, 9 de cada 10 personas se vieron obligadas a financiar la compra de comida, mientras que un 30,7% admitió que algún integrante de su hogar sintió hambre y no pudo comer. El 19,6% reconoció haberse quedado sin comida en la casa, y el 10,5% señaló que algún miembro solo comió una vez al día o pasó un día entero sin ingerir alimentos.

Aunque la inflación de julio en Córdoba (1,5%) fue aparentemente la más baja de los últimos cinco años, la realidad económica empeora para las familias. El 57,8% no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria con sus ingresos, y un 72,5% solo alcanzó a cubrirla gracias a programas estatales como la AUH o la Tarjeta Alimentar.

La pérdida de ingresos también repercute en el comercio: las ventas en volumen de alimentos en negocios de cercanía cayeron un 19% en los primeros siete meses de 2025 frente al mismo período de 2024. La menor capacidad de compra obliga a comerciantes a liquidar productos próximos a vencer y buscar alianzas con bancos y tarjetas para ofrecer descuentos.

La situación ha generado una presión social creciente. El 18,9% de los encuestados admitió haber tenido que pedir comida o dinero para alimentarse, y los comedores comunitarios se encuentran desbordados, lo que llevó al Arzobispado de Córdoba a conformar una mesa de emergencia alimentaria.

El informe concluye que la pérdida del poder adquisitivo limita severamente el acceso a alimentos básicos, provocando una crisis de pobreza alimentaria que vulnera un derecho humano esencial: poder comer todos los días.

El joven activista con autismo respondió al presidente que se negó a borrar un tuit ofensivo amparándose en la “libertad de expresión”.

El joven activista Ian Moche volvió a cuestionar a Javier Milei, acusándolo de no respetar la democracia y reclamando que el Estado cumpla con su obligación de proteger el interés superior del niño. “No se puede hacer sentir mal a un niño y el Estado debe proteger el interés superior del niño”, afirmó. A su vez, agradeció el apoyo recibido tras el ataque presidencial y sostuvo que ahora busca enfocarse en lo positivo: “Hay que denunciar las injusticias y prepararse”.

Su madre, Marlene Spesso, también rechazó la postura del mandatario: “Me sorprende que el Presidente no quiera acceder a algo tan simple como no ofender a un niño. Eso va contra la Convención sobre los Derechos del Niño”. En ese sentido, agregó: “Al principio pensé que fue un error, pero hoy creo que lo hizo con conciencia… Tiene un grado de narcisismo que lo hace creerse todopoderoso”.

Con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, Ian Moche inició una acción judicial contra Milei para que elimine un posteo realizado el 1° de junio en su cuenta oficial de X y se abstenga de realizar publicaciones similares, por considerar que violó de forma manifiesta el principio del interés superior del niño. Gil Domínguez reveló que la Procuración del Tesoro intentó desligar al Presidente alegando que su cuenta con tilde gris era “personal”, cuando el propio Milei fijó domicilio en la residencia de Olivos, reconociendo así su carácter de mandatario.

El abogado subrayó que la postura del Presidente es contradictoria y contraria al espíritu de la ley: “La protección especial de la libertad de expresión busca resguardar a los particulares frente al poder, no al poder frente a los particulares, especialmente si se trata de un niño que pertenece al espectro autista”. También acusó a Milei de cinismo por negar haber escrito las expresiones agraviantes sobre Ian: “Si esto fuera cierto y sincero, hubiese bastado una aclaración, disculpa o eliminación del posteo. Esto nunca aconteció”.

Finalmente, Gil Domínguez recordó que en sus fundamentos Milei invocó jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para amparar su postura, alegando que “si Ian es un activista debe soportar los intercambios del debate público”. Para la defensa, esta posición desconoce que la protección jurídica debe ser más estricta en casos que involucran a la niñez. El juez que entiende en la causa deberá resolver en las próximas 48 horas.

La dueña de La Serenísima se encuentra en un difícil momento, afectada por márgenes de venta estrechos y un consumo masivo que no termina de repuntar.

Ni siquiera las empresas más grandes escapan a la recesión y el desplome del consumo en Argentina. Mastellone Hermanos, dueña de La Serenísima y principal láctea del país, cerró el primer semestre de 2025 con una pérdida neta de $869 millones, revirtiendo las ganancias extraordinarias de 2024.

La compañía atribuye el derrumbe de sus resultados a un consumo masivo que no repunta, menores ingresos por diferencias de cambio y un fuerte aumento en los costos financieros. “Nuestro mercado avanza más lentamente por el lento recupero del poder adquisitivo de la clase media y baja”, advirtió en su informe.

Aunque logró aumentar 4,5% sus ventas internas y 2,2% sus exportaciones, los márgenes siguen erosionados. El negocio externo, además, mostró rentabilidad “muy baja” durante gran parte del semestre, apenas recuperándose hacia el final del período.

Con 3,65 millones de litros procesados por día y una posición dominante en el sector, Mastellone no es ajena a los problemas que aquejan a toda la economía: caída del consumo, menor liquidez —el ratio pasó de 1,80 a 1,10 en un año— y un flujo de efectivo operativo que se desplomó de $92.897 millones a $24.704 millones.

El rebote de 2024, impulsado por la devaluación y el efecto cambiario, fue efímero. Este año, sin esos ingresos extraordinarios, el segundo trimestre borró las ganancias del primero y dejó el balance en rojo.

La compañía confía en que una eventual baja de la inflación y mayor estabilidad cambiaria reactiven el consumo, pero el desafío para Mastellone —y para gran parte de las grandes firmas argentinas— será sostener su competitividad en un escenario económico que sigue sin dar señales de una solida recuperación.

“No cree en la Constitución. Me pregunto, ¿los diputados que no voten como él quiere son delincuentes? Cómo es posible concebir un delito de esa naturaleza en una democracia”, cuestionó el abogado constitucionalista.

El reconocido abogado constitucionalista Daniel Sabsay lanzó una advertencia contundente contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de adoptar prácticas incompatibles con el sistema democrático. “No cree en la Constitución. Me pregunto, ¿los diputados que no voten como él quiere son delincuentes? Cómo es posible concebir un delito de esa naturaleza en una democracia”, cuestionó.

Sabsay criticó con dureza la intención del Ejecutivo de penalizar a los legisladores que aprueben aumentos de gasto o voten en contra de sus políticas económicas. “Milei siempre fractura en dos a la sociedad: los que están conmigo son buenos y los que no, enemigos. Él habla de penalizar, pero se olvida que los delitos se crean por leyes y no por decretos, eso lo dice la Constitución”, advirtió.

Para el constitucionalista, la propuesta presidencial no solo es “una locura” desde el punto de vista legal, sino que encarna un modelo de concentración de poder similar al del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. “Es el estilo Bukele. Se encamina, con matices. Para eso terminemos con la democracia y directamente nombremos un monarca que imponga penas a discreción”, ironizó.

Sabsay insistió en que “es incompatible concebir como delito que los legisladores voten en el Congreso Nacional” y alertó sobre el riesgo de que “el poder sea uno solo, el del Ejecutivo, y que el resto quede de decoración”. Además, calificó a Milei como un anarco-capitalista que “no cree en el Estado, ni en la Constitución, ni en la República”.

En lo personal, confesó su decepción con la gestión actual, pese a haber votado por Milei en el balotaje. “Yo lo voté, pero estoy muy desilusionado. Pensábamos que este Gobierno iba a terminar con anomalías como la reconducción permanente del presupuesto, pero no fue así”, lamentó.

El abogado también cuestionó el costo social de las políticas de ajuste: “Si corto todo, asfixio, dejo que el Garrahan se destruya, que no haya universidades públicas, ¿a ese costo vale la pena no tener inflación? No estoy a favor de la inflación, pero hay que entender que sí hay plata para gastos de inteligencia y viajes muy costosos”.