En medio del deterioro salarial y la recesión, el gobierno bonaerense avala un nuevo aumento en los boletos del AMBA y el interior, empujando aún más el costo de vivir y moverse.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva suba en los boletos de colectivos urbanos e interurbanos a partir del 1° de julio, en línea con la política de aumentos automáticos que el gobierno nacional y los distritos aliados han decidido sostener pese a la caída del poder adquisitivo.

Mediante la Resolución N° 81/25, publicada este viernes, se aplicará un incremento del 3,5% en el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gran La Plata y corredores interurbanos cercanos a CABA. El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC en el Gran Buenos Aires, sumado a un adicional de dos puntos que, lejos de compensar deficiencias del sistema, golpea directamente al usuario.

Con este aumento, el boleto mínimo en La Plata, Berisso y Ensenada pasará de $515,04 a $533,22. En el conurbano, el boleto de entre 0 y 3 kilómetros subirá de $472,91 a $489,61. Pero quienes no tengan su tarjeta SUBE nominalizada pagarán cifras desorbitadas: $847,82 en La Plata y $778,47 en el AMBA.

Mientras desde el gobierno se justifican en la “continuidad del servicio”, los usuarios enfrentan una pérdida constante de ingresos y una prestación cada vez más precaria. Ni los colectivos mejoran su frecuencia ni hay inversiones visibles, pero los precios suben religiosamente todos los meses, con un esquema que ya se naturalizó como si fuera inevitable.

La medida se da en un contexto económico recesivo, con desempleo en alza, salarios congelados y jubilaciones muy por debajo de la línea de pobreza. Pese a ello, las autoridades continúan aplicando tarifazos automáticos sin contemplar la capacidad real de pago de millones de personas que dependen del transporte público para estudiar, trabajar o simplemente vivir.

Con la excusa del orden fiscal, el Ejecutivo repone retenciones a cultivos clave y ahoga aún más al interior productivo.

El Gobierno nacional restableció las alícuotas plenas para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, revirtiendo las rebajas aplicadas meses atrás y profundizando el ajuste sobre el sector agropecuario. La medida fue oficializada mediante el decreto 439/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El nuevo esquema vuelve a llevar las retenciones de la soja al 33%, las del maíz y el sorgo al 12%, y las del girasol al 7%. En cambio, las alícuotas del trigo y la cebada permanecerán en el 9,5% hasta marzo de 2026.

El decreto también establece la obligación de liquidar el 90% de las divisas dentro de los treinta días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), bajo amenaza de tributar la alícuota plena si no se cumple ese plazo.

Desde las entidades del campo advierten que la decisión impactará de lleno en un escenario ya deteriorado por la sequía, la inflación en dólares y la falta de financiamiento. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció que el regreso de los derechos de exportación “ahonda el desincentivo a la inversión, reduce la competitividad y empuja a miles de productores a abandonar la actividad”.

“Es una medida que golpea a la producción y al empleo, especialmente en las economías regionales del interior profundo. Además, terminará afectando la recaudación por el parate que provocará en toda la cadena agroindustrial”, señalaron.

Desde Coninagro, en tanto, exigieron “reglas claras y duraderas” y reclamaron previsibilidad para los productores. “No se puede seguir improvisando con el esfuerzo de quienes sostienen la economía real del país”, indicaron.

Pese al relato oficial, que justifica la marcha atrás como parte de un plan fiscalista, el impacto económico y político de la medida reabre el conflicto con el agro. Mientras Milei insiste en una supuesta “libertad económica”, los productores enfrentan cada vez más trabas para producir y exportar, y son una de las principales variables de ajuste de un modelo que les exige cada vez más y les devuelve cada vez menos.

La empresa suiza Clariant con mas de 60 años en el mercado nacional, anunció el cierre definitivo de su planta en Zárate para empezar a importar desde Brasil los productos que hasta ahora elaboraba en la Argentina.

En el marco de las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional, que promueven la liberalización comercial y la apertura indiscriminada a las importaciones, la multinacional química suiza Clariant anunció el cierre definitivo de su planta en Zárate, provincia de Buenos Aires. La empresa informó que reemplazará la producción local por productos importados desde su filial en Brasil, dejando a 50 trabajadores sin empleo.

La planta, que funcionaba desde 1958 y que fue símbolo del desarrollo químico argentino, dejará de operar tras más de seis décadas de actividad. En sus instalaciones se elaboraban colorantes, aditivos y especialidades químicas para diversas industrias. Ahora, en lugar de producir localmente, Clariant importará esos productos desde el exterior, aprovechando el escenario favorable para las compras externas generado por el modelo económico actual.

En un comunicado oficial, la compañía justificó la decisión tras un “análisis exhaustivo de la capacidad de producción, la viabilidad financiera y las alternativas del sector químico y petroquímico en Argentina”. No obstante, para el Sindicato de Trabajadores Químicos y la Federación Festiqypra, se trata de un accionar unilateral, sin diálogo ni respeto por la negociación colectiva, que vulnera derechos laborales.

“El cierre de Clariant no es solo una tragedia para los 50 trabajadores despedidos, sino un golpe fuerte para toda la comunidad de Zárate, cuya economía local depende en gran parte de la actividad industrial”, expresó Emilio Di Serio, secretario general de la federación. Comercios, servicios y proveedores también sentirán el impacto del cierre.

Clariant aseguró que mantendrá una presencia comercial en el país, aunque sin producción nacional. Así, otro caso se suma a la creciente lista de industrias que bajan sus persianas y reemplazan empleo argentino por productos importados, en un contexto de desindustrialización acentuado por las actuales políticas económicas.

La medida incluyó la suspensión de todo su personal, quien cobrará únicamente el 75 % de su salario bruto durante el cese de actividades.

La ya delicada situación de la industria argentina vuelve a agravarse. Scania anunció la paralización por una semana de su planta de Colombres, en Tucumán, donde se fabrican cajas de cambio, ejes y otros componentes clave. La medida incluyó la suspensión de todo su personal, quien cobrará únicamente el 75 % de su salario bruto durante el cese de actividades.

Según explicó Luis Diarte, titular de la filial local de SMATA, la falta de pedidos de Brasil y Europa obligó a frenar la línea de producción. “En Brasil dejaron de fabricar 5.000 chasis y no se solicitaron ejes ni cajas de cambio”, señaló en diálogo con La Gaceta.

Desde la automotriz, en tanto, se emitió un comunicado en el que se califica la maniobra como un “esquema de suspensiones laborales” destinado a “resguardar el equilibrio productivo y preservar las fuentes de trabajo” ante la “disminución temporal en la demanda de producción” en el contexto internacional. La empresa recordó que las exportaciones de su planta de Tucumán representan hasta el 15 % del total de envíos provinciales al exterior y anunció una compensación no remunerativa para mitigar el impacto salarial de los operarios.

Sin embargo, el sindicato no oculta su inquietud. “Actividades como la nuestra y la metalúrgica están cayendo, y se prevé pérdida de trabajo. No estamos protegiendo a la industria nacional”, advirtió Diarte, enfatizando que sin un plan de estímulo y límites a las importaciones, el sector corre serio riesgo de desintegrarse.

La finalización de la suspensión estaba prevista para este lunes, pero el pronóstico no es alentador: “Tenemos que tener una Argentina que produzca para que empiece a girar la economía”, concluyó el dirigente de SMATA. Mientras tanto, miles de familias tucumanas siguen en vilo, reflejo de la profunda crisis que atraviesa el entramado industrial del país.

El periodista afín al Gobierno fue visto en la sede más lejana del Mundial de Clubes, a donde viajó para presenciar en vivo la eliminación de su equipo.

Con el periodista Joni Viale en las tribunas, River cayó 2-0 este miércoles con el Inter de Italia por la tercera y última fecha del Mundial de Clubes 2025, y quedó eliminado.

En el Lumen Field de Seattle, el “Millonario” perdió su único encuentro en el certamen, derrota que le valió la temprana despedida del certamen en la primera rueda. Justamente, el conductor de TN viajó hacia esa alejada ciudad de Estados Unidos para presenciar este parte.

El periodista afín al Gobierno de Javier Milei fue visto casi de casualidad por un televidente, en una de las salidas del cronista de Fox Sports. Aparece de fondo, con la camiseta de River, a punto de ingresar al estadio.

"Jony Viale"

Porque fue a ver a River al Mundial de Clubes y el equipo de Gallardo quedó eliminado. pic.twitter.com/N08OtZ0q94

— Es Tendencia AR (@EsTendenciaAR) June 26, 2025

Lo cierto es que una vez consumada la derrota, los hinchas “millonarios” comenzaron a apuntar contra él ya que justamente Viale fue, al menos que se sepa, a ver ese solo partido del Mundial de Clubes.

Con paros, movilizaciones y una recolección masiva de firmas, el sistema universitario vuelve a denunciar el abandono presupuestario del gobierno de Javier Milei. La consigna: frenar la destrucción de la educación pública.

Las universidades públicas de todo el país realizarán este jueves una jornada de protesta y recolección de firmas en defensa de una Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una situación crítica generada por el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional. El reclamo, motorizado por rectores, gremios docentes y estudiantes, busca frenar lo que denuncian como un proceso deliberado de desfinanciamiento del sistema universitario argentino.

La convocatoria incluye actos en más de 60 ciudades y universidades, junto con un paro docente de 48 horas que afectará la actividad académica el jueves 26 y viernes 27. La comunidad universitaria apunta directamente al Ejecutivo por haber congelado partidas y negarse a discutir un esquema sostenible para el funcionamiento de las casas de estudio.

“Estamos ante un intento de asfixia presupuestaria que pone en riesgo no solo la continuidad de las universidades, sino la soberanía intelectual del país”, afirmaron desde CONADU en un duro comunicado. Rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), agrupaciones estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes confluyen en una protesta de alcance federal, con el objetivo de reunir un millón de firmas en respaldo a la ley presentada el 28 de mayo.

La tercera Marcha Federal Universitaria se realizará bajo el lema “¡Prendete a defender la universidad pública!”, en un contexto en que las casas de altos estudios denuncian que los recursos asignados no alcanzan para cubrir los servicios básicos, ni garantizar salarios acordes al costo de vida.

“Si no hay financiamiento, lo que se está destruyendo es el derecho mismo a educarse”, sostuvo Oscar Alpa, presidente del CIN, quien advirtió sobre un desfasaje presupuestario sin precedentes y una “crisis salarial angustiante” entre docentes y no docentes.

En paralelo, los referentes del sistema educativo alertan que, mientras se dilata el tratamiento parlamentario del proyecto de ley, el Gobierno nacional se desentiende de la situación. “El mensaje es claro: quieren universidades cerradas o al servicio del mercado”, señalaron desde el Frente Sindical Universitario.

En contraste con la retórica oficial que pregona eficiencia y meritocracia, el ajuste sobre las universidades impacta en los sectores más vulnerables del país, profundizando la desigualdad. La movilización de este jueves es una respuesta coordinada ante un modelo que, acusan, desprecia la educación pública como herramienta de progreso colectivo.

Diputados y senadores de Unión por la Patria pidieron ingresar a la casa de la ex presidenta sin pedir permiso a los jueces. Acusan al tribunal que la condenó de imponerle condiciones más duras que a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Legisladores de Unión por la Patria reclamaron a la Justicia poder visitar a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio sin tener que solicitar autorización al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que controla su prisión domiciliaria. El pedido, presentado ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, denuncia un “trato excepcional y arbitrario” que –según afirman– vulnera el principio de división de poderes y los derechos parlamentarios.

“Tratar a Cristina Kirchner como una ciudadana con menos derechos que un genocida es una señal política preocupante del poder judicial argentino”, argumentaron los legisladores, que citaron tratados internacionales de derechos humanos para respaldar su postura.

En el escrito, los diputados y senadores aseguraron que cualquier legislador puede visitar sin restricciones a un detenido en prisión domiciliaria. Sin embargo, en el caso de la líder del PJ, el tribunal impuso una lista cerrada de personas autorizadas, excluyendo a referentes políticos que –según ellos– tienen un rol institucional y representación democrática que no puede ser subordinada a la discrecionalidad judicial.

“El Congreso no pide permiso para ejercer su representación. Hacerlo implicaría abdicar de nuestras funciones ante otro poder del Estado”, señalaron. El planteo remite a una disputa más amplia entre el oficialismo y un sector del Poder Judicial, al que acusan de actuar como brazo político de la oposición.

En contraste, los represores condenados por delitos de lesa humanidad y beneficiados con prisión domiciliaria no enfrentan restricciones similares, lo que alimenta las acusaciones de “doble vara judicial”.

El 7 de julio, la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña, celebrará una audiencia para definir si se sostiene o no el régimen de visitas impuesto a la expresidenta. Lo que está en juego, afirman desde el bloque peronista, no es sólo el derecho a ver a una dirigente, sino “la dignidad institucional del Congreso frente a un Poder Judicial que se arroga facultades que no le corresponden”.

El gobierno de Javier Milei impulsa una medida que promete un 5% de descuento en nafta, pero solo aplica entre las 2 y las 5 de la mañana, y únicamente en tres estaciones de servicio de CABA.

Este lunes comenzó a regir el nuevo programa de descuentos nocturnos en combustibles impulsado por el Ministerio de Economía y ejecutado por YPF, que ofrece un ahorro del 5% en la carga de naftas , pero con condiciones tan restrictivas que ya generan críticas incluso entre los usuarios más habituales. ¿Esta es la libertad que nos prometieron?

El beneficio solo está disponible entre las 2 y las 5 de la madrugada , horario en el que muy pocos conductores suelen cargar combustible, y únicamente en tres estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue presentada como parte de una política de “alivio para el bolsillo”, pero rápidamente fue tachada de simbólica, excluyente y casi absurda por especialistas y usuarios comunes.

“¿Qué libertad es esta que te obliga a andar de madrugada por la ciudad para ahorrar un 5% en cuatro surtidores?”, se preguntaba un usuario en redes sociales.

Además, no hay indicios de que esta iniciativa vaya a expandirse a otras zonas del país , dejando fuera a millones de argentinos que dependen del transporte privado para trabajar, estudiar o circular. Sólo autorizaron a una estación de servicio más de Mendoza, y otra de Rosario, Santa Fe.

Desde distintos sectores sindicales y políticos señalaron que la medida parece más un anuncio electoral que una solución real al problema de fondo: la suba constante de precios y la caída del poder adquisitivo.

YPF, ahora bajo mayor control estatal, justificó la medida diciendo que busca “optimizar la demanda y reducir congestión en horarios punta” , aunque muchos dudan de que haya un plan detrás más allá de la imagen.

Mientras tanto, los trabajadores de las estaciones de servicio denuncian condiciones inseguras durante la madrugada , con riesgo de robos, poca visibilidad y escasa presencia policial.

¿Una ayuda o una vergüenza? Con este tipo de medidas, el gobierno de Milei intenta mostrar acción frente a la crisis, pero termina ofreciendo soluciones cosméticas que no alcanzan a resolver nada sustancial.

Los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se disparan por encima de la inflación y ya representan el 60% del salario promedio de un trabajador formal, profundizando la crisis habitacional que golpea de lleno a la clase media, cada vez más lejos de acceder a una vivienda propia.

Los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se disparan por encima de la inflación y ya representan el 60% del salario promedio de un trabajador formal, profundizando la crisis habitacional que golpea de lleno a la clase media, cada vez más lejos de acceder a una vivienda propia. Así lo advierte un reciente informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).

Según el Monitor de Acceso a la Vivienda, en lo que va de 2025 los alquileres acumulan una suba del 16,9%, por encima de la inflación general (12,9%) y del índice del rubro vivienda (14,1%). Esto demuestra una presión persistente sobre los hogares inquilinos, aun en un contexto de desaceleración inflacionaria.

Para mayo, se necesitaron 2,7 salarios mínimos (equivalente a $832.140) para alquilar un departamento de dos ambientes en CABA, mientras que el salario mínimo se ubicaba en $308.200. En el caso de los adultos mayores, tampoco la situación es más favorable: el costo de un alquiler representó 2,3 jubilaciones mínimas con bono, lo que refleja un escenario de alta vulnerabilidad para quienes perciben ingresos fijos y limitados.

La situación no mejora siquiera entre los trabajadores formales. Según datos del RIPTE, en abril el costo de alquilar un departamento de dos ambientes consumía el 60% del salario promedio. Y esto sin considerar expensas ni servicios, lo que pone en evidencia que incluso quienes cuentan con empleos registrados enfrentan serias dificultades para sostener un alquiler en el mercado formal.

Las expensas también continúan en alza. En mayo alcanzaron un promedio de $140.108, lo que implicó un incremento mensual del 2,35% y representa un 16,85% adicional sobre el valor del alquiler. En los primeros cinco meses del año ya acumulan una suba cercana al 5%, pero si se compara con el mismo mes de 2024, el aumento supera el 88%, arrastrado por costos de mantenimiento, servicios e impuestos.

La escasez de unidades disponibles en alquiler también complica el panorama. La oferta continúa en niveles bajos, con una caída interanual del 20%. Si bien en mayo se contabilizaron 17.287 unidades en alquiler permanente, ese leve repunte mensual del 4,4% no alcanza a revertir la tendencia general.

Otro factor que agrega presión es la dolarización parcial del mercado. Aunque en mayo se redujo al 38,7% la proporción de publicaciones en dólares —el nivel más bajo desde octubre de 2024—, desde el CEM advierten que no se trata de una desdolarización estructural, sino de una estrategia circunstancial en un contexto de incertidumbre económica.

Finalmente, la distribución territorial de la oferta también revela una desigualdad creciente. Las unidades se concentran mayoritariamente en barrios del norte de la ciudad como Palermo, Recoleta, Belgrano y Caballito, donde el valor del metro cuadrado es más alto. Esto limita gravemente las posibilidades de acceso a una vivienda en condiciones dignas para amplios sectores de la clase media y trabajadora.

El líder del Frente Renovador reunió a su tropa en la antesala del armado electoral y lanzó señales unitarias. Pidió evitar mezquindades y advirtió sobre la necesidad de construir una estrategia sólida para enfrentar a Milei.

En un gesto que combinó respaldo, presión y advertencia, Sergio Massa reunió a los principales dirigentes del Frente Renovador para delinear su estrategia electoral y marcar su posición en la interna del peronismo. A pocas horas de que el PJ defina su hoja de ruta, el excandidato presidencial buscó condicionar el armado con un mensaje claro: “La unidad se construye con generosidad”.

Massa, principal socio político de Axel Kicillof en la Provincia, no evitó el pase de facturas. Reconoció que es “lógico” que el gobernador quiera liderar la campaña, pero cuestionó la falta de amplitud en el armado. Según trascendió del encuentro, el tigrense espera que sea el propio Kicillof quien proponga a los principales candidatos, aunque puso en duda que “tengan tamaño político” para afrontar una elección “doblemente nacionalizada”.

“El dilema es peronismo o Milei”, simplificó Massa ante sus dirigentes, trazando el eje que buscará instalar en la campaña. En el mismo tono, exigió ordenar el frente electoral desde lo legal y lo político: evitar impugnaciones, incorporar a todos los sectores y construir una junta electoral que evite el caos que generaría una interna sin PASO.

La convocatoria reunió a más de 230 concejales bonaerenses, 7 diputados nacionales del FR, 11 legisladores provinciales y 15 intendentes. También participaron dirigentes de peso en la estructura del massismo como Sebastián Galmarini, Micaela Ferraro y Martín Marinucci.

En el cierre, Massa pidió preparar propuestas concretas sobre empleo, seguridad y producción, y fue categórico: “El peronismo será digital o no será”. La frase resume su apuesta por aggiornar la militancia y al mismo tiempo ordenar el juego político: menos rosca, más estrategia. Y, sobre todo, menos egos.