Sin respuestas oficiales y frente a salarios por debajo de la línea de pobreza, los trabajadores del principal hospital pediátrico del país realizan una nueva medida de fuerza. Acusan al Gobierno de Milei de mentir y buscar el vaciamiento del sistema de salud.

El personal del Hospital Garrahan inició este miércoles un nuevo paro general en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a lo que consideran un “plan deliberado de desmantelamiento” del sistema público de salud por parte del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza comenzó a las 7 de la mañana y fue acompañada por un festival solidario que se extenderá hasta las 22. “Es una respuesta a la guerra que el Gobierno está emprendiendo contra el principal hospital pediátrico del país”, señaló Alejandro Lipcovich, delegado de ATE y secretario general de la Junta Interna.

El reclamo central es que el salario básico ascienda a $1.800.000, monto que, según los trabajadores, apenas cubre las necesidades mínimas ante la pérdida del poder adquisitivo. “Nos quieren hacer creer que un salario de $380.000 es digno, cuando no alcanza ni para la canasta básica”, denunció Lipcovich.

Desde ATE también desmintieron las afirmaciones de funcionarios que aseguraron que la mayoría del personal del hospital es administrativo: “Representan apenas el 10% del total, y los datos son oficiales”, remarcaron.

Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, advirtió que el conflicto se profundizará: “El plan de lucha sigue. Esto no es solo por salario: es por la defensa del hospital y del sistema público. El gobierno quiere vaciar el Garrahan, pero se encuentra con una resistencia que crece cada día”.

La protesta suma respaldo social y visibiliza las consecuencias del ajuste aplicado sobre uno de los sectores más sensibles: la salud infantil. Mientras el presidente Milei insiste con el recorte del gasto público como “único camino posible”, trabajadores esenciales denuncian abandono y falta de interlocución real con las autoridades.

El joven de 21 años que fue baleado durante un operativo encubierto en noviembre de 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri y en pleno mandato de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.

La Justicia confirmó las penas máximas para los gendarmes Gastón Ramón Riva, Pablo Damián Domínguez, Maximiliano Rubén Echegaray, Lucas Matías Martínez y Federico Gabriel Velázquez , sentenciados en diciembre de 2023 por su participación en el asesinato de Rafael Nahuel , ocurrido durante un operativo policial ilegal en el marco del desalojo del predio Benetton en Bariloche.

El hecho tuvo lugar el 25 de noviembre de 2017 , durante una violenta represión contra una comunidad mapuche que ocupaba tierras reclamadas históricamente. Nahuel murió tras recibir un disparo en el pecho , mientras se encontraba en un sendero entre árboles, sin armas ni indicios de enfrentamiento directo.

“Con esta confirmación judicial, se hace justicia después de más de seis años de lucha”, expresó Sofía Yáñez , abogada de la familia Nahuel.

Durante todo el proceso, la familia denunció obstaculización por parte del Estado , incluyendo demoras en la entrega de información, falta de acceso a pruebas clave y hostigamiento mediático contra sus representantes.

El caso también puso en evidencia la política de criminalización de la protesta social impulsada por el gobierno de Cambiemos , liderado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich , quienes durante esos años promovieron una agenda de seguridad dura, militarización de conflictos sociales y limitación de derechos.

Aunque el tribunal rechazó otros cargos como asociación ilícita o formación de un grupo parapolicial, la confirmación de las condenas es considerada un hito en la lucha contra la impunidad estatal.

La madre de Rafael, María del Carmen Ledesma , afirmó: “Por fin se reconoció que mi hijo no murió por casualidad, sino por un crimen de Estado”.

La muerte de Rafael Nahuel sigue siendo un capítulo trágico y simbólico de cómo ciertas políticas de seguridad terminan costando vidas inocentes. Ahora, la Justicia dio un paso adelante. La memoria sigue exigiendo verdad y justicia.

El gobierno impulsó un plan de ajuste que incluye el cierre de al menos 30 sucursales del Banco Nación en todo el país durante los próximos meses.

Fuentes oficiales del Banco de la Nación Argentina confirmaron que ya se activó un plan de reestructuración que prevé el cierre de al menos 30 sucursales en distintas provincias durante este primer semestre del año.

La medida fue comunicada internamente por la alta dirección del banco y alcanza principalmente a oficinas con bajo movimiento operativo y presencia minoritaria de clientes , en un contexto de acelerada digitalización de los servicios financieros.

Según explicaron desde el banco, el objetivo es “racionalizar la red de atención al público” y reducir gastos operativos en un escenario de alta inflación y ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional.

¿Qué zonas se verán afectadas?

Aunque no se dio a conocer oficialmente el listado completo de sucursales afectadas, trascendió que zonas rurales y pequeñas localidades de provincias como Santiago del Estero, La Rioja, Chaco, Formosa y Santa Cruz serán las más impactadas por los cierres.

Este movimiento implica también reubicaciones de empleados , aunque desde los sindicatos advierten que “la excusa de la modernización termina muchas veces en despidos encubiertos”.

El Sindicato Bancario ya expresó su preocupación ante la medida y exigió reuniones urgentes con la conducción del Banco Nación para analizar “el impacto laboral y social” de los cierres.

Además, legisladores de distintos bloques políticos criticaron la decisión, señalando que “aleja al Estado del interior profundo” y reduce el acceso a servicios bancarios esenciales en zonas ya marginadas del sistema financiero.

Mientras tanto, el Banco Nación asegura que redoblará esfuerzos en la promoción de canales digitales y atención remota , aunque persisten dudas sobre la accesibilidad de estas herramientas en regiones con baja conectividad y alto índice de informalidad financiera.

La familia del niño Ian Moche, de 12 años y con autismo, presentó una denuncia formal contra el presidente Javier Milei por promover discursos de odio tras un posteo en redes sociales donde se burlaba del menor.

Ian Moche, activista desde los 10 años en defensa de las personas neurodivergentes, fue objeto de un ataque público por parte de Milei luego de que el Presidente retuiteara una publicación del perfil “Hombre Gris”, uno de sus seguidores más influyentes.

En dicha publicación, se mostraban imágenes de Ian junto a figuras como Cristina Kirchner, Sergio Massa y el periodista Paulino Rodríguez , acusándolo de haber sido “utilizado políticamente” . Al retuitearla, Milei agregó un mensaje aún más agresivo:
“Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla”.

Ante esto, la familia decidió presentar una acción judicial bajo el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez , exigiendo que Milei elimine la publicación y se abstenga de realizar mensajes similares en redes sociales , al considerar que viola “de forma manifiesta el principio del interés superior del niño”.

En su denuncia, Ian detalló que lleva más de dos años realizando tareas de difusión y concientización social sobre el autismo , y aseguró que este tipo de actitudes del Presidente “generan estigma y legitiman el bullying hacia niños y jóvenes con discapacidad”.

Además, incluyó en la presentación una fuerte crítica contra Diego Spagnuolo , director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , quien durante una reunión en marzo de 2024 le habría manifestado al menor y a su madre que “si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar pero no del Estado”.

Prontuario de burlas de Milei

La denuncia también recuerda otros episodios donde el Presidente utilizó el desprecio hacia personas con discapacidad como recurso político. Entre ellos, se destacan:

• El uso de una imagen generada con inteligencia artificial donde se mostraba al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con rasgos asociados al síndrome de Down.
• Cambios en la ANDIS que pretendían modificar la nomenclatura oficial con términos ofensivos como “idiota”, “débil mental” e “imbécil” .
• Frases directas como “¿por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?” , dirigidas personalmente al propio Ian durante una reunión institucional.

Este nuevo caso vuelve a poner sobre la mesa la actitud reiterada de Milei frente a las personas con discapacidad, calificada por especialistas y organismos como una política de exclusión disfrazada de ajuste.

Un repaso por los puntos centrales del expediente que sustenta la condena a la vicepresidenta revela que ninguna de las acusaciones más graves fue comprobada durante el juicio oral .

La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad ha generado un fuerte debate no solo en el ámbito político, sino también en el judicial. Lo que muchos expertos han señalado es que detrás del veredicto hay un conjunto de acusaciones que, según múltiples testimonios y pericias, nunca fueron comprobadas durante el juicio oral ni contaron con pruebas fehacientes que las respaldaran .

Lo que se conoce como las “20 mentiras de la causa Vialidad” son imputaciones que formaron parte del expediente pero que no pudieron ser demostradas en sede judicial . Estas supuestas irregularidades, que involucran decisiones de gestión kirchnerista, han sido puestas en duda por abogados defensores, técnicos, auditores y ex funcionarios que participaron del proceso. A continuación, un desglose de las principales falsedades:

• NK y CFK asignaron fondos a Santa Cruz de manera ilegal : Falso. No existe norma que limite cómo distribuir fondos públicos. Además, las obras viales eran necesarias y justificadas por el estado de emergencia vial de la provincia.
• El presupuesto fue diseñado arbitrariamente : También falso. Se cumplió con todos los controles legales y financieros. La elaboración contó con intervención técnica y legal.
• El Congreso tuvo participación marginal : No. Las leyes de presupuesto fueron debatidas y aprobadas por mayoría legislativa, incluso con votos de la oposición.
• Legisladores fueron obligados a votar afirmativamente : Mentira. Testimonios de Margarita Stolbizer y otros confirman que no hubo presión alguna. Incluso diputados opositores votaron a favor.
• NK y CFK usaron DNU para beneficiar a Báez : Falso. Todos los DNU fueron convalidados por el Jurado de Enjuiciamiento y tenían carácter general.

Otros puntos cuestionados incluyen el uso de un fideicomiso creado por De la Rúa , utilizado por todos los gobiernos posteriores; la ausencia de injerencia política en las decisiones administrativas; y el hecho de que CFK nunca ordenó aumentar partidas a Báez en 2015 , sino que las redujo. Asimismo, se demostró que CFK no se reunió con Báez el 30 de noviembre de 2015 , ya que ese día estaba en un acto público en Río Negro transmitido en vivo.

Finalmente, uno de los puntos más polémicos fue la acusación de sobreprecios millonarios en las obras adjudicadas. Sin embargo, la única pericia seria realizada descartó esta hipótesis . Además, se probó que las demoras estaban debidamente justificadas y que las obras no se hicieron bajo el gobierno de Macri, generando el verdadero daño al Estado .

En síntesis, las 20 mentiras de la causa Vialidad reflejan un entramado acusatorio construido más sobre bases políticas que sobre pruebas concretas. La condena a CFK se sustenta en imputaciones que no fueron validadas ni corroboradas durante el juicio , lo que plantea serias dudas sobre su legitimidad jurídica y su posible uso como herramienta de persecución política.

La crisis en las universidades nacionales no se detiene y alcanza niveles alarmantes. Ya son 10 mil los docentes que abandonaron sus cargos debido al colapso salarial y a la falta de presupuesto que atraviesa el sistema universitario público argentino desde la asunción de Javier Milei.

Desde diciembre de 2023, los salarios universitarios perdieron casi el 100% de su poder adquisitivo frente a la inflación. Hoy, un docente con dedicación simple que recién inicia cobra apenas 150 mil pesos, mientras que un investigador ronda los 300 mil pesos, cifras muy por debajo del costo de vida.

La infrafinanciación golpea en todos los frentes. La inversión en universidades no llega ni al 1% del PBI, y los recortes presupuestarios impactan de lleno en el funcionamiento básico: luz, gas, comedores, becas, bibliotecas y transporte. Las autoridades universitarias advierten que se está perdiendo al cuerpo docente, especialmente a quienes tienen dedicación simple, porque directamente “no les conviene seguir dando clases”.

Ante esta situación crítica, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó este lunes una conferencia de prensa en la que se anunciaron medidas frente al ahogo presupuestario. En paralelo, las ocho universidades públicas de Córdoba invitaron a los 21 legisladores nacionales por la provincia para pedir su respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por el CIN.

“Nos están mandando apenas dos tercios de lo que enviaban en 2023. No hay presupuesto aprobado y tampoco convocatoria a paritaria salarial”, denunciaron los rectores.

La falta de fondos pone a las universidades al borde del colapso. Desde enero, muchas instituciones están recibiendo apenas el 30% del presupuesto necesario para funcionar.

“Estamos en una crisis profunda. Este 2025 nos encuentra aún peor. Necesitamos una nueva ley de financiamiento que garantice la continuidad del sistema universitario público y, al mismo tiempo, repensarnos. Iniciamos el camino hacia una segunda reforma universitaria”, sostuvieron desde el CIN.

A pesar del panorama sombrío, las universidades renovaron su compromiso con la educación pública y gratuita, y buscan el respaldo político necesario para evitar su desmantelamiento.

El diputado Leopoldo Moreau presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad y los jefes de Gendarmería, Policía Federal y PSA por los controles y requisas ilegales realizados durante la movilización en apoyo a Cristina Kirchner.

Este lunes, el diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moreau anunció que presentará una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y los máximos responsables de las fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina (PSA) .

La denuncia está relacionada con los operativos de seguridad desplegados el pasado 18 de junio , cuando miles de militantes llegaron desde distintas provincias al Paseo del Bajo porteño para acompañar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse la confirmación de su prisión domiciliaria en la causa Vialidad .

Moreau denunció que se llevaron a cabo controles abusivos, requisas ilegales de identidad y detenciones arbitrarias sobre manifestantes que arribaban en micros desde el Interior del país. A través de su cuenta de X, el legislador calificó como “ilegales” los operativos realizados bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

“Yendo a Comodoro Py a presentar la denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y los jefes de la Gendarmería, Policía Federal y PSA por los operativos ilegales del 18 de junio”, escribió Moreau.

En ese contexto, Cristina Kirchner denunció persecución judicial y cuestionó las restricciones impues

El Presidente celebró la ofensiva militar impulsada por Donald Trump contra Irán y volvió a calificar al país persa como “enemigo de la Argentina”. En el contexto de una tensión creciente a nivel global, el Gobierno profundiza su alineamiento ideológico y geopolítico con Washington y Tel Aviv.

En medio de la creciente tensión internacional tras el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán, el presidente Javier Milei salió a respaldar abiertamente la ofensiva ordenada por la administración de Donald Trump. A través de sus redes sociales, el mandatario también reafirmó su alianza estratégica con Israel y calificó al régimen iraní como “enemigo de la Argentina”.

El respaldo de Milei se expresó en una serie de publicaciones compartidas durante la madrugada del domingo, entre ellas un mensaje del ministro de Defensa, Luis Petri, quien agradeció al Presidente “por estar del lado correcto de la historia” y justificó el ataque con el argumento de combatir el terrorismo.

“Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares. Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes”, sostuvo Petri, en referencia al atentado a la AMIA.

A su vez, el vocero presidencial Manuel Adorni, el empresario Marcos Galperín y la embajada de Israel en Buenos Aires replicaron y celebraron el respaldo argentino a la ofensiva estadounidense. “Hoy es un gran día para la civilización occidental”, escribió Galperín en X, en una frase que el propio Milei difundió desde su cuenta personal.

La posición del Presidente ratifica una orientación internacional sin matices ni diplomacia: la subordinación total al eje EE.UU.-Israel. “Soy aliado de Israel e Irán es enemigo de Argentina”, declaró Milei en una entrevista reciente en LN+, donde defendió el ataque “preventivo” de Tel Aviv y denunció una “demonización” del Estado israelí por parte de “la izquierda y los medios”.

Las declaraciones ocurren tras su reciente visita a Jerusalén, donde fue recibido por Benjamin Netanyahu, rezó en el Muro de los Lamentos, y anunció el traslado de la embajada argentina a esa ciudad, en una decisión que rompió décadas de neutralidad diplomática.

Con su respaldo explícito a una escalada bélica que amenaza con desestabilizar aún más Medio Oriente, Milei refuerza una agenda de política exterior centrada en afinidades ideológicas antes que en intereses estratégicos nacionales. Mientras los principales países de América Latina evitan pronunciamientos extremos y llaman a la cautela, Argentina opta por el aplauso a una ofensiva militar que, lejos de garantizar la paz, multiplica los riesgos de una guerra regional.

Es uno de los corredores industriales más importantes del país junto con Gran Buenos Aires. Ambas zonas registraron un dramático aumento de la desocupación en comparación con el año pasado, la cifra más preocupante desde que asumió Milei.

La desocupación en el Gran Córdoba alcanzó un preocupante 9,2% durante el primer trimestre de 2025, ubicando a esta región como una de las más afectadas del país. Se trata de un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, y representa la cifra más alta desde que Javier Milei asumió la presidencia, según datos oficiales del INDEC.

El dato no es menor: el Gran Córdoba, junto al Gran Buenos Aires —que registró una tasa similar del 9,1%—, conforma uno de los principales corredores industriales del país. La suba del desempleo en estas zonas industriales emblemáticas no solo enciende alarmas, sino que refleja con crudeza los efectos sociales del rumbo económico actual.

A nivel nacional, el desempleo alcanzó el 7,9%, con una pérdida estimada de 350.000 puestos de trabajo solo en los primeros tres meses del año. En Córdoba, el impacto se tradujo en 11.000 empleos menos, marcando un deterioro directo del mercado laboral.

Precarización en aumento

Más allá del crecimiento de la desocupación, otro fenómeno inquietante es el avance de la precarización: el empleo por cuenta propia creció en casi 250.000 personas respecto al año pasado, mientras que también aumentaron los asalariados no registrados. De esta manera, aunque la tasa general de desempleo se mantenga dentro de ciertos márgenes, la calidad del trabajo se ha deteriorado drásticamente.

“Lo relevante no es solo la suba del desempleo, sino el cambio en la composición del empleo. Hoy hay más cuentapropismo y empleo informal. Eso implica más precariedad”, explicó Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

El último informe del INDEC sobre el mercado de trabajo deja al descubierto un panorama de creciente incertidumbre laboral y debilidad estructural. Las cifras revelan que, lejos de consolidarse una recuperación, se profundiza la crisis de empleo en regiones clave del país. El modelo económico libertario muestra así sus consecuencias más palpables: pérdida de empleo de calidad, crecimiento del trabajo informal y un horizonte incierto para miles de familias.

Un nuevo informe del ODSA-UCA reveló que la pobreza infantil alcanzó su pico más alto desde la crisis de 2001-2002 en el primer semestre de 2024.

Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló un dato estremecedor: en el primer semestre de 2024, la pobreza infantil trepó al 67,3%, el nivel más alto registrado desde la crisis de 2001-2002. Esto significa que dos de cada tres niñas, niños y adolescentes en Argentina vivían en hogares con ingresos por debajo del umbral necesario para cubrir sus necesidades básicas.

El estudio, elaborado por Valentina González Sisto e Ianina Tuñón, advierte sobre la profunda y persistente desigualdad estructural en la sociedad argentina. Aunque en el segundo semestre del año pasado se había observado una leve mejora —cuando el índice bajó al 52,8% gracias a cierta estabilidad macroeconómica y al refuerzo de programas sociales como la AUH y la Tarjeta Alimentar—, la recuperación fue parcial, frágil y desigualmente distribuida entre las distintas regiones del país.

Los datos, basados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), muestran una escalada preocupante: entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2024, la pobreza infantil aumentó del 56,6% al 67,3%, coincidiendo con una inflación acumulada del 62,4%, la devaluación establecida por el gobierno libertario a poco de asumir y una fuerte caída del poder adquisitivo de los hogares. Durante ese lapso, los ingresos de las familias pobres se ubicaron un 42,6% por debajo de la Canasta Básica Total (CBT).

El deterioro golpeó con especial fuerza a las regiones del NOA y NEA, donde ciudades como Concordia, Gran Resistencia, La Rioja, Formosa y Gran Salta presentaron los niveles más alarmantes del país. En Concordia, por ejemplo, tres de cada cuatro niños viven en la pobreza, con un índice que alcanza el 75%, el más alto de toda la Argentina.

En contraste, algunas zonas como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la región Centro y la Patagonia registraron mejoras más sostenidas. Aglomerados como Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén y Gran Buenos Aires cerraron 2024 con descensos en los niveles de pobreza infantil. Sin embargo, las autoras del informe advierten que, aunque el promedio nacional mejoró en la segunda mitad del año, la mitad de los aglomerados urbanos del país vio empeorar su situación.

Durante 2024, el Gobierno nacional intentó mitigar el impacto del ajuste económico con aumentos en la Asignación Universal por Hijo (100% en enero, 27% en marzo y 41% en junio) y una ampliación de la Tarjeta Alimentar. Estas medidas amortiguaron parcialmente la pérdida de poder adquisitivo, pero no lograron revertir el golpe estructural que la inflación y la recesión provocaron en los sectores más vulnerables.

El informe pone sobre la mesa un panorama preocupante y plantea un llamado de atención urgente: la pobreza infantil no solo persiste, sino que se agrava en muchos rincones del país, configurando una emergencia que exige respuestas integrales y sostenidas por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.