El líder de Babasonicos fue distinguido por la Universidad de Córdoba y aprovechó para criticar la politización de la justicia y los mecanismos que construyen condenas basadas en “narrativas inciertas”.

El músico Adrián Dárgelos , líder de Babasonicos , fue distinguido este martes por la Universidad Nacional de Córdoba con el Premio Centenario de la Reforma Universitaria , y aprovechó su discurso para lanzar una dura crítica contra el actual gobierno nacional y defender indirectamente a Cristina Fernández de Kirchner , sin nombrarla directamente pero dejando en claro su postura.

Durante una conversación pública junto al periodista Julio Carballo , Dárgelos no solo reflexionó sobre la música y la cultura, sino que también abordó temas políticos candentes: “Ahora hay grupos de marginales en el poder ”, disparó, generando una fuerte ovación del público presente en la Sala de las Américas.

El artista advirtió que “el poder real es siempre económico” , pero señaló como peligrosos a quienes actúan como intermediarios entre ese poder y la sociedad: “Son más peligrosos porque no están dispuestos a la discusión. Eligen la agresión, la denuncia falsa, las fake news como forma de comunicar”.

En otro tramo, Dárgelos hizo una profunda crítica sobre cómo se construyen condenas mediáticas y judiciales en tiempos de posverdad. En una clara alusión al caso de los famosos “cuadernos”, planteó: “Un chofer con rudimentos para la escritura genera un diario. Ese diario es fotocopiado y levantado por un periodista. Ese periodista genera un consenso como para presentarlo como una causa con abogados y políticos. Esa causa prospera, y hoy una persona es declarada, en tercera instancia, culpable. ¿Qué diferencia tiene eso de la literatura total? ”.

Finalmente, el cantante puso en duda la legitimidad de ciertos procesos judiciales y preguntó: “¿En cualquier momento podés ser juzgado por lo que pensás? ”. Su mensaje fue claro: en este contexto político, la realidad y la ficción están cada vez más entrelazadas, y el sistema puede convertir en culpable a cualquiera con una buena narrativa detrás .

Dárgelos, quien también anunció el lanzamiento de su nuevo libro de poesía La voz de nadie , reafirmó una vez más que su arte está atravesado por una mirada crítica hacia los “desfasajes de época”: “Los personajes de mis canciones no representan lo que siento, sino lo que veo que está mal en el mundo”, concluyó.

La industria frigorífica argentina atraviesa una crisis sin precedentes. La histórica caída en el consumo interno de carne, el desplome de las exportaciones y, más recientemente, el ingreso de carne importada desde Brasil están generando un escenario crítico que ya produjo despidos masivos y paralización de plantas.

Uno de los últimos golpes lo recibió el frigorífico Anselmo, un establecimiento emblemático de Tres Arroyos, que acaba de despedir a 26 trabajadores. Este episodio se suma a los cierres y cesantías en frigoríficos como Las Heras y Natural Beef en Azul, afectados por la misma tormenta perfecta que sacude al sector.

“El consumo de carne lleva quince meses consecutivos de caída, y los frigoríficos exportadores, al no poder colocar su producción afuera, están volcando su oferta al mercado interno, rompiendo la competitividad de los más pequeños”, explicó Néstor García, secretario general del Sindicato de la Carne de Tres Arroyos. “Para la ciudad es una catástrofe”, agregó.

Desde enero de 2025, la situación ha empeorado drásticamente: el frigorífico Anselmo acumuló despidos mes a mes, mientras arrastra cuatro balances negativos consecutivos. La pérdida del poder adquisitivo de la población se refleja en las carnicerías: “El carnicero que dice que vende más de dos medias reses por día, miente; antes vendíamos cuatro o cinco”, ejemplificó García.

En Azul, la planta de Natural Beef también sufrió fuertes recortes tras el cierre del mercado mexicano, su principal destino exportador, a raíz de problemas sanitarios. García denunció que la desregulación del Senasa impidió anticipar la situación: “Los inspectores mexicanos llegaron antes que los argentinos. Es una locura lo que está pasando”.

A este cuadro se suma un dato sin precedentes: por primera vez en décadas, Argentina está importando carne. En los primeros cuatro meses de 2025, el país compró 4.717 toneladas de carne bovina —mayoritariamente a Brasil— por casi 19 millones de dólares. En el mismo período de 2024, las importaciones habían sido nulas.

En este contexto, la industria frigorífica argentina enfrenta una combinación explosiva de factores internos y externos que amenaza con desmantelar un sector históricamente estratégico para el país.

Mediante la Resolución 261/2025, publicada este jueves (12/6) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional incrementó en un 2% el precio del biodiésel, lo que repercutirá directamente en los surtidores con un nuevo aumento del gasoil en los próximos días.

La medida fue adoptada por la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, y establece un nuevo valor mínimo de adquisición del biodiésel utilizado en la mezcla obligatoria con el gasoil.

El nuevo valor fijado es de $1.276.874 por tonelada de biodiésel para las operaciones que se realicen durante junio de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio. Además, la normativa establece que el pago por la adquisición del biodiésel no podrá exceder los 7 días corridos desde la emisión de la factura correspondiente.

Desde el sector energético señalan que los precios de los biocombustibles forman parte del costo del gasoil que llega a los consumidores, por lo que cada ajuste impacta en el precio final que se paga en las estaciones de servicio, como ya ocurrió el mes pasado con un alza del 0,4%.

Advertencia sobre los costos

La resolución aclara que el nuevo precio es el mínimo obligatorio para todas las operaciones en el mercado interno. En los fundamentos, la Secretaría de Energía justificó el aumento al señalar que debe corregir desfasajes entre los precios vigentes y los costos reales de elaboración, así como evitar distorsiones en el precio del combustible en surtidores, en un contexto económico complejo.

Por el momento, no se actualizaron los precios del bioetanol, ni el producido a base de caña de azúcar ni el elaborado a partir de maíz, ambos destinados a la mezcla con la nafta. Por lo tanto, continúan vigentes los valores de mayo, que fueron:

• Bioetanol de caña de azúcar: $788,181 por litro.
• Bioetanol de maíz: $722,395 por litro.

Tras nuevas movilizaciones contra las redadas contra los inmigrantes en esa ciudad estadounidense, la alcaldesa Karen Bass decretó el toque de queda en el centro de la ciudad. La medida generó rechazo de organizaciones civiles que lo calificaron como un intento de silenciar el reclamo popular frente al avance represivo del gobierno federal.

En medio de un creciente clima de tensión social, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso este miércoles un toque de queda en el centro de la ciudad, argumentando la necesidad de “restaurar el orden” tras las manifestaciones masivas en rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, que rige entre las 20:00 y las 06:00 horas, abarca una amplia zona del distrito central y fue recibida con duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian una escalada represiva sin precedentes

Las movilizaciones comenzaron hace cinco días, luego de que ICE intensificara su accionar en comunidades latinas, con operativos denunciados como violentos y sin control judicial efectivo. La respuesta fue inmediata: marchas multitudinarias, ocupaciones pacíficas y bloqueos de rutas, como el registrado en la autopista 101. En lugar de abrir canales de diálogo, la alcaldía optó por cerrar calles y restringir libertades.

“El mensaje es claro: cuando el pueblo se organiza, el poder responde con represión”, sostuvo en conferencia de prensa Luz Martínez, vocera de la Red de Comunidades Inmigrantes del Sur de California. “Este toque de queda es una cortina de humo para no hablar de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo a diario”, agregó.

Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) aseguró que la medida excluye a residentes, personal médico, periodistas y personas en situación de calle, en los hechos ya se registraron detenciones de manifestantes y denuncias por uso excesivo de la fuerza, según constató la ONG JusticeLA.

El trasfondo político y social no es menor: la administración federal endureció su política migratoria con detenciones masivas en barrios populares, muchas veces sin respetar el debido proceso. En ciudades como Los Ángeles, con fuerte presencia de comunidades migrantes, el impacto es inmediato y profundo.

La respuesta de la población –particularmente de jóvenes, estudiantes y trabajadores organizados– ha sido sostenida y contundente. “Están tratando de instalar miedo, pero lo único que logran es alimentar nuestra determinación”, señaló Esteban Torres, uno de los voceros de la protesta frente al Ayuntamiento.

Referentes sociales advierten que el toque de queda podría extenderse si persisten las movilizaciones. Mientras tanto, crece la presión sobre la alcaldesa para que levante la medida y dialogue con los sectores movilizados, en lugar de criminalizar el conflicto social.

Los Ángeles vuelve a ser escenario de una puja histórica: represión estatal versus organización popular. Y esta vez, la comunidad migrante está decidida a no retroceder.

Estudiantes, organizaciones políticas y dirigentes de izquierda llamaron a un plan de lucha y movilización en defensa de la democracia.

La confirmación unánime del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia provocó una reacción inmediata en el ámbito universitario: las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron tomar sus edificios en respaldo a la expresidenta y en rechazo a lo que consideran “un golpe judicial contra la democracia”.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la condena por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La resolución llegó tan solo días después de que Kirchner anunciara su candidatura a diputada provincial, lo que para amplios sectores del arco político representa un acto de proscripción.

El centro de estudiantes de Sociales de la UBA lo expresó en un mensaje contundente: “EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. ESTUDIANTES CON CRISTINA. FACULTAD TOMADA”. En tanto, en Filosofía y Letras también se aprobó la medida en asamblea, y se espera que otras facultades de la UBA y universidades del conurbano se sumen en las próximas horas.

Dirigentes del Frente de Izquierda, entre ellos Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian “Chipi” Castillo, se acercaron a la sede del Partido Justicialista (PJ) y, según trascendió, luego mantuvieron una reunión con la expresidenta en su domicilio. A la salida, llamaron a movilizarse en universidades, sindicatos y acompañar la marcha de jubilados del miércoles.

La jornada había comenzado con vigilia en el barrio de Recoleta, donde cientos de personas se congregaron en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria. Allí, el padre Paco encabezó una oración colectiva con una frase que resumió el clima del día: “No proscribirán nuestra esperanza”.

El fallo de la Corte, considerado por amplios sectores como parte de una estrategia de disciplinamiento político, abre un nuevo capítulo de conflictividad social y política. Para muchos, el mensaje es claro: el poder judicial, en alianza con el gobierno de Javier Milei, acaba de avanzar sobre la voluntad popular. La respuesta comenzó en las universidades. Y promete escalar.

Mientras el “Plan Bandera” de Patricia Bullrich mantiene su estética cinematográfica y despliegue propagandístico, las calles de Rosario mantienen un clima el terror.

El arranque de la semana fue una prueba irrefutable de que la violencia jamás se fue: dos homicidios en menos de diez horas y una nueva balacera con sello mafioso reactivaron el clima de terror en la ciudad.

Doble crimen en menos de un día

El lunes fue brutal. A las 13:30, Samuel Maldonado, un joven de 23 años, fue asesinado a balazos en la zona noroeste de la ciudad, en inmediaciones de Sorrento y Camino a Puente Negro. El 911 recibió el alerta y personal policial encontró a la víctima aún con vida, pero en estado crítico. Murió horas después en el hospital de Granadero Baigorria. Hasta ahora, no hay detenidos ni precisiones oficiales sobre la mecánica del crimen.

Horas más tarde, alrededor de las 21, un segundo homicidio sacudió la zona oeste. Frente a un club con decenas de personas participando en actividades deportivas, un joven fue ejecutado a tiros. Testigos afirman haber escuchado al menos diez detonaciones. La víctima sería hijo de una vecina del barrio que atiende un kiosco. La escena fue asegurada por un fuerte operativo policial conjunto, pero, nuevamente, sin resultados ni respuestas.

Con estas dos muertes, el Departamento Rosario acumula ya 66 homicidios en lo que va del año. Un número que desmiente cualquier intento oficial por instalar una narrativa de control.

Como si fuera poco, en la madrugada del martes (10/06), una mujer de 35 años fue baleada dentro de su vivienda en la zona oeste. Recibió impactos en el tórax y permanece internada con pronóstico reservado. El ataque fue perpetrado por dos hombres en moto que, además de disparar contra la casa, dejaron una nota mafiosa. La policía secuestró seis vainas servidas calibre 9mm y constató daños en un portón, una ventana y una pared.

El Plan Bandera, entre el discurso y la realidad

Desde su lanzamiento en diciembre de 2023 por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Bullrich, el “Plan Bandera” se presentó como la respuesta integral al crimen organizado. Lo que vino después fue una seguidilla de amenazas contra funcionarios, una escalada de violencia sin freno, y un pico de terror en marzo de 2024 con asesinatos de varias personas inocentes.

Si bien en los meses siguientes hubo una relativa “calma”, el descenso parcial de homicidios fue rápidamente capitalizado por las autoridades para sostener el relato de éxito. Pero la calle sigue contando otra historia: puestos de venta de droga, ajustes de cuentas y barrios sitiados por el miedo.

Ya en 2025, a más de un año de su implementación, el Plan Bandera muestra sus límites. Rosario vuelve a estar sitiada por el crimen, mientras el operativo —más cerca del espectáculo que de una política efectiva— sigue en pie. El marketing puede maquillar discursos, pero no tapa la sangre que sigue corriendo en las calles.

Mas del 80% de los empresarios de la construcción creen que el sector no mejorará en los próximos meses.

La industria de la construcción atraviesa una crisis de magnitudes históricas, sin señales de recuperación en el corto plazo. La paralización casi total de la obra pública por parte del Gobierno Nacional ha dejado un saldo devastador: más de 120 mil puestos de trabajo perdidos y 7.000 empresas cerradas entre agosto de 2023 y 2024.

Durante la reciente 70ª convención de la Cámara Argentina de la Construcción, empresarios y analistas coincidieron en señalar un panorama alarmante, producto del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno y de la transferencia de responsabilidades a las provincias. “Desde agosto del año pasado todo sigue igual: no hubo más pérdidas, pero tampoco hubo recuperación”, advirtió el periodista Ariel Maciel, al detallar la magnitud del derrumbe.

Obra pública paralizada, economía regional afectada

La obra pública nacional, tradicional motor de desarrollo y empleo, quedó prácticamente desactivada. Salvo algunas iniciativas aisladas en provincias como Tucumán, Chaco, Catamarca y Pinamar —de escasa escala—, el Estado Nacional se retiró como actor clave del sector. Las pocas obras en pie se sostienen con esfuerzo provincial o municipal.

Este parate arrastra efectos en cadena: sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y el agro —que dependen de infraestructura básica— se ven limitados por la falta de inversión estatal. “El Gobierno nacional está celebrando su retiro, pero miles de empresas quedaron a la deriva”, señaló Maciel.

Los datos económicos confirman la gravedad del escenario. El Índice Construya, que mide la demanda de materiales básicos, se desplomó un 32,8% interanual, señalando que el freno afecta incluso a la autoconstrucción. Marzo marcó un punto de inflexión: lo que se percibía como una desaceleración momentánea se consolidó como una recesión profunda.

Empresarios del rubro coinciden en que el poder adquisitivo desplomado y la incertidumbre macroeconómica congelaron cualquier expectativa de inversión. “La gente no puede gastar ni para arreglar su casa”, resumió el dueño de una pyme del conurbano bonaerense.

Sin expectativas: el 80% de las constructoras no ve mejoras

Según un informe del INDEC, el 85,2% de las empresas de obra privada y el 80,4% de las dedicadas a obra pública no espera mejoras en los próximos meses. Solo una minoría (menos del 20%) es levemente optimista.

Las causas de esta percepción negativa son claras: altos costos, atraso en pagos, caída de la actividad económica y ausencia de crédito. La esperanza de una reactivación se asocia únicamente al hipotético reinicio de la obra pública y a cierta estabilidad de precios, aunque esas condiciones hoy parecen lejanas.

Aunque el INDEC informó un crecimiento del 25,9% interanual de la actividad en abril y un repunte del 5,1% mensual, desde el sector advierten que estos datos parten de una base extremadamente baja. “Estamos tan hundidos que cualquier movimiento se ve como recuperación, pero las empresas siguen quebrando”, explicó José Pizone, de la Federación Argentina de la Piedra.

Una crisis sin final a la vista

La construcción, históricamente generadora de empleo y dinamizadora de la economía, enfrenta una crisis estructural agravada por la política de ajuste. Con miles de empleos perdidos, empresas cerradas y sin señales de reactivación estatal, el sector se encamina hacia una parálisis prolongada. El efecto dominó impacta también en otras ramas productivas que dependen de infraestructura básica, consolidando un escenario donde la crisis no solo persiste: se profundiza.

Expresidentes, juristas y referentes de América Latina y Europa denunciaron graves irregularidades en la causa Vialidad y exigieron garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos de la exmandataria.

A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) lanzaron una campaña global en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y denunciaron una persecución judicial que, de avanzar, “no solo afectará a una persona inocente, sino al peronismo y al sistema democrático argentino”.

En un documento firmado por expresidentes, líderes políticos y destacados juristas, los espacios señalaron que el proceso judicial contra la exmandataria está “viciado de parcialidad y arbitrariedad” y remarcaron que la condena dictada por el tribunal oral “fue construida sin pruebas directas ni indiciarias, violando garantías constitucionales elementales”.

“La causa fue impulsada desde el gobierno de Mauricio Macri con fines políticos. Se aplicaron teorías jurídicas forzadas para responsabilizar a Cristina por decisiones administrativas de funcionarios subalternos, en una clara desviación del principio de legalidad”, sostiene el comunicado.

El pronunciamiento también alerta sobre los efectos institucionales de una eventual confirmación del fallo. “Si la Corte Suprema convalida esta condena sin revisión, se consolidaría una práctica judicial que anula el derecho a la defensa y limita la participación política de una figura central de la oposición”, advirtieron.

Además, señalaron que la intención de excluir a Fernández de Kirchner del escenario electoral busca “disciplinar a quienes promueven la justicia social” y “desmoralizar al electorado”, generando “una alteración grave del equilibrio democrático”.

La declaración concluye con un llamado a la comunidad internacional a observar el proceso y a rechazar toda forma de lawfare. “Condenar a una persona sin pruebas es atentar contra el Estado de Derecho. ¡Exigimos justicia y respeto por la democracia!”, afirmaron.

Entre los firmantes se destacan José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), Baltasar Garzón (España), Marco Enríquez-Ominami (Chile) e Irene Montero (España), entre otros.

El conductor antiK admitió sentirse agradecido por el apoyo del kirchnerismo durante su gestión como presidente de Lotería Nacional, aunque reconoció que hoy prefiere mantener distancia política.

Ángel “Baby” Etchecopar se sinceró en una reciente entrevista con Tomás Rebord y admitió que “nunca le fue tan bien” como durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner , actual candidata a diputada nacional por la tercera sección electoral bonaerense. La confesión, hecha entre risas y bajando el tono de voz, fue contundente: “estuve bien con Cristina, pero no lo puedo decir”.

Durante la conversación, Etchecopar repasó sus elecciones presidenciales del pasado y cómo cada mandatario con quien simpatizó terminó afectándolo en algún plano. “Lo voté a Milei y dice que hay que meter preso a Baby, a De la Rúa no lo voté. Me prohibió en los medios. Lo voté a Alfonsín y me cagó los negocios”, aseguró con ironía. Su reflexión pone en evidencia cómo las posiciones políticas públicas muchas veces no coinciden con las experiencias personales reales .

En otro tramo de la entrevista, Etchecopar también se dirigió directamente al presidente Javier Milei mediante una carta abierta publicada en el Día del Periodista , en la que hizo una defensa de la libertad de expresión y criticó duramente el discurso oficial contra los medios independientes: “Señor Presidente, es muy difícil tener democracia con motosierra, amenazas, que coartan la libertad de expresión y rozan y rayan en el autoritarismo”.

Hoy, fuera del ámbito político directo, Baby sigue siendo una voz reconocida en la radiofonía argentina, aunque prefiere mantener distancia de las batallas ideológicas. “No quiero meterme en eso. Tengo mi trabajo, mis proyectos, y no necesito pelearme con nadie”, dijo. Pero su sincera autocrítica deja en claro que detrás de las etiquetas políticas, muchas veces hay realidades más complejas y contradictorias .

Mientras miles de familias enfrentan crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna, el gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento del Estado como garante de derechos básicos generando oportunidades de negocio para los privados sin un claro criterio de prioridades sociales.

Esta vez, la medida recayó sobre el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), un fondo fiduciario público que desde 2012 había facilitado el acceso a la vivienda para sectores de clase media y trabajadora.

Con la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se oficializó la disolución del Pro.Cre.Ar, cumpliendo lo establecido por el Decreto 1018/2024 del pasado noviembre. A partir de ahora, la gestión de los créditos será transferida al Banco Hipotecario S.A., una entidad privada, desplazando al Estado de su rol central en la política habitacional.

El Gobierno justifica la medida señalando que el programa representaba una “pesada carga” fiscal y argumentando, sin evidencia concluyente, que su ejecución era deficiente. La auditoría citada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) señala demoras, fallas en la habitabilidad y problemas administrativos, elementos que el oficialismo utiliza como pretexto para abandonar su responsabilidad y delegarla al mercado.

Con esta decisión, Milei profundiza el vaciamiento del Estado y transforma un derecho esencial en una oportunidad de negocio para el sector privado mas preocupado en el lucro y la rentabilidad que en impulsar medidas que satisfagan al conjunto de la sociedad. En lugar de mejorar y auditar el programa para garantizar su transparencia y efectividad, el Gobierno opta por facilitar el acceso de empresarios vinculados al poder a un área estratégica, sin establecer criterios claros de equidad social ni prioridades en la asignación de recursos.

Además de la transferencia de la administración de los créditos, el Ministerio de Economía se reserva el manejo de bienes inmuebles y podrá acordar su venta o cesión a otros organismos, lo que abre la puerta a operaciones inmobiliarias que podrían beneficiar a actores privados más interesados en el lucro que en la función social de la vivienda.

En paralelo, el Ejecutivo justifica esta reestructuración apelando a la Ley N° 27.742, que le otorga facultades para modificar, unificar o liquidar fondos fiduciarios públicos en el marco de la emergencia económica. Sin embargo, lo que se presenta como un ajuste técnico es, en el fondo, una decisión ideológica: desmantelar toda política pública que implique presencia estatal, sin importar las consecuencias sociales.

En un contexto donde la construcción de viviendas por parte del Estado está paralizada y la inflación golpea con fuerza a los sectores populares, eliminar el Pro.Cre.Ar no es solo una medida administrativa: es un retroceso en materia de derechos y una nueva concesión al capital privado, sin garantías de que las necesidades habitacionales de la población sean atendidas.