Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advierte sobre señales de agotamiento en el consumo y un enfriamiento en la actividad comercial.

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron un 2,9% interanual en mayo, marcando un punto de inflexión tras varios meses consecutivos de crecimiento. Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advierte sobre señales de agotamiento en el consumo y un enfriamiento en la actividad comercial.

El retroceso interanual se suma a una baja del 0,7% respecto de abril, lo que representa el segundo mes consecutivo de caída en la comparación mensual desestacionalizada. Estos datos contrastan con el fuerte repunte registrado a comienzos de año, cuando el sector minorista exhibía subas interanuales de 25,5% en enero y 24% en febrero, que luego se fueron moderando: 10,5% en marzo y 3,7% en abril.

EN MAYO, LAS VENTAS MINORISTAS DESCENDIERON UN 2,9% INTERANUAL

📈 En la comparación mensual desestacionalizada, se observó un descenso del 0,7% respecto a abril. Con estos valores, el acumulado de 2025 muestra una suba del 11%, en comparación con el mismo período de 2024.

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— CAME (@redcame) June 8, 2025

Desde CAME señalaron que el comercio atraviesa un contexto complejo, con una retracción progresiva impulsada por “una menor disponibilidad de recursos, ajustes de precios y mayores exigencias operativas”. La entidad advirtió que en mayo se observó “una tendencia hacia compras más medidas, una circulación reducida en los centros comerciales y una competencia creciente de canales online e informales”.

En ese marco, varios rubros clave presentan caídas de consumo:

• Alimentos y bebidas: -7,6% interanual.
• Textil e indumentaria: -1,6%.
• Ferretería y construcción: -2,6%.
• Bazar y decoración: sin variación, pero con una baja mensual del 3,8%.

A pesar de ciertos repuntes en sectores puntuales como Farmacia (+1,5%) o Perfumería (+5,2%), el sector comercial en su conjunto muestra señales de alerta: márgenes estrechos, dificultades para sostener la rentabilidad y una fuerte incertidumbre.

Frente a este panorama, desde la gremial empresaria reclamaron “medidas que impulsen la demanda” y mayor previsibilidad para revertir la tendencia. Muchos comercios recurren a liquidaciones anticipadas o reducen sus inversiones como mecanismo de supervivencia.

En cuanto a las expectativas, el 49,2% de los comerciantes encuestados cree que su situación económica mejorará dentro de un año, aunque el 55,9% considera que no es un buen momento para invertir.

La nueva caída del consumo pone en entredicho la narrativa oficial sobre una recuperación sostenida, y refleja que la reactivación económica aún no se traduce en mejoras tangibles para el mercado interno.

Los gobernadores provinciales levantaron su voz en un unánime rechazo al intento del Gobierno Nacional de desmantelar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución clave para el desarrollo productivo, tecnológico y científico del país.

La embestida contra el organismo, impulsada sin diálogo y sobre la base de argumentos sin sustento técnico, ha provocado una fuerte reacción en defensa del federalismo y del sistema agroproductivo nacional.

Llaryora: “Desde el Obelisco, y sin diálogo, es imposible comprender la realidad del campo”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue uno de los más enfáticos al cuestionar la reforma impulsada desde la Casa Rosada. A través de sus redes sociales, advirtió que el Gobierno “ensucia para vaciar” al INTA, y señaló que pretender suprimir el modelo de gobernanza plural —basado en la participación de universidades y entidades rurales— para concentrar todo el poder en el Ejecutivo nacional, constituye un retroceso peligroso.

“Quienes toman decisiones deberían venir al interior, recorrer nuestros campos y escuchar a los productores. Desde el Obelisco y sin diálogo, es imposible comprender la realidad de nuestra gente de campo”, sentenció. Llaryora recordó que el INTA es en muchos casos el único sostén tecnológico de las economías regionales, y que desmantelarlo implicaría “cerrar otra puerta al progreso y la innovación”.

Kicillof: “Es un crimen que quieran cerrar el INTA”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó directamente como “un crimen” el intento del gobierno nacional de cerrar el INTA. “No se puede explicar, no se entiende”, declaró durante un acto en General Villegas, donde recibió una nota de preocupación por parte de los trabajadores del organismo.

Acompañado por su ministro de Desarrollo Agrario, Kicillof denunció un verdadero “cientificidio” y acusó al Gobierno de llevar adelante “un plan de liquidación”. “No van a entender nunca que están destruyendo cosas que después no tienen arreglo. El INTA es conocimiento, vínculo con el territorio y aporte constante al desarrollo humano y productivo”, afirmó. Subrayó también la contradicción del oficialismo: “Quieren volver al modelo agroexportador, pero sin agro”.

Pullaro: “El INTA es sinónimo de federalismo, ciencia y tecnología”

También el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su respaldo al INTA durante la inauguración de Agroactiva. Frente al jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, sostuvo: “El INTA es federalismo, el INTA es ciencia, el INTA es tecnología. Es un organismo que tenemos que cuidar y pedimos que así lo haga el Gobierno nacional”.

Pullaro remarcó el rol estratégico del instituto en el desarrollo agroindustrial y la generación de conocimiento aplicado en todo el país, especialmente en las provincias productivas.

Luego de que le diagnosticaran muerte cerebral, el menor falleció a las pocas horas. El efectivo de la Policía Federal está detenido.

Murió Thiago Correa, el chico de solo siete años que fue alcanzado por una bala en la cabeza en medio de un violento tiroteo en La Matanza y que, hasta horas de la tarde de este viernes, permanecía con muerte cerebral.

El terrible hecho que terminó con la muerte del menor se desencadenó cuando un efectivo de la Policía Federal abrió fuego para repeler a cuatro delincuentes que intentaron asaltarlo, impactando un disparo en la cabeza del menor, que terminó siendo víctima de ese violento cruce.

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños de San Justo en la madrugada del jueves, luego de haber recibido atención inicial en el Hospital Ballestrini. Hasta hoy, se encontraba conectado a un respirador mecánico, pero llegada la noche de este 6 de junio se conoció su deceso.

Así informaba el padre de Thiago de la muerte de su hijo

“Quiero informarles del fallecimiento de Thiago. Es muy doloroso para todos, más para nosotros dos, ella es la mamá. Pido disculpas y muchas gracias por estar”, señaló. Y añadió visiblemente angustiado: “Justicia por Thiago, por favor, esto se tiene que pagar, como tiene que ser”.

Qué dijo Patricia Bullrich del efectivo que hirió y mató a Thiago

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió este viernes al policía involucrado en el caso de Thiago Correa, el niño de 7 años que recibió un disparo en su cabeza en medio de un tiroteo contra cuatro jóvenes, y pidió que la Justicia cambie la carátula del expediente a legítima defensa.

Las autoridades buscan determinar si la bala que hirió gravemente al niño y terminó ocasionando su muerte provino del arma del policía tal como se presume que sucedió. A pesar de ello, para Bullrich no hay dudas: “Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago son los delincuentes”, aseguró.

Con aumentos de hasta el 2,8%, las tarifas de gas vuelven a subir desde junio. Las resoluciones del ENARGAS ratifican la línea del Ejecutivo: menos subsidios, más ajuste, sin importar el impacto en los hogares.

Las tarifas de gas natural sufrirán un nuevo incremento este mes, con subas que oscilan entre el 2,6% y el 2,8% en todo el país. La medida quedó oficializada este viernes mediante una serie de resoluciones publicadas por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en el Boletín Oficial.

El ajuste se aplicará sobre los servicios de transporte y distribución, como parte de los esquemas definidos en las revisiones tarifarias quinquenales que el organismo viene impulsando. “Las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de gas natural deberán ser incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el ENARGAS”, se lee en uno de los textos oficiales.

El aumento se suma a la reciente actualización del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que compone otro eslabón en la cadena de aumentos que repercuten directamente en las facturas que recibirán los usuarios en junio.

La política energética del gobierno transita por un camino sin escalas hacia la eliminación total de subsidios, en una estrategia que combina la necesidad de achicar el déficit fiscal con una apuesta peligrosa: trasladar el costo completo de los servicios públicos a una ciudadanía cada vez más asfixiada por la recesión y la caída del poder adquisitivo.

El ajuste tarifario avanza mientras el Ejecutivo intenta contener un frente social cada vez más caliente y evalúa sus próximos pasos en un contexto marcado por el desgaste político y el descontento popular. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿hasta dónde se puede seguir ajustando sin romperlo todo?

La morosidad en tarjetas, préstamos personales y cheques alcanzó niveles récord, según un reciente informe del BCRA, revelando una preocupante fragilidad en la cadena de pagos y una presión creciente sobre hogares y empresas.

El sistema financiero argentino atraviesa un momento de creciente tensión. En un contexto económico marcado por la recesión, la inflación persistente y la caída del poder adquisitivo, se encienden fuertes señales de alerta por el deterioro acelerado de la calidad del crédito. La morosidad en tarjetas, préstamos personales y cheques alcanzó niveles récord, revelando una preocupante fragilidad en la cadena de pagos y una presión creciente sobre hogares y empresas.

Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en tarjetas de crédito se disparó al 2,8% en marzo, el nivel más alto en tres años. En los préstamos personales, el incumplimiento alcanzó el 4,1%, máximo en nueve meses. Pero quizás la señal más crítica proviene del mundo empresarial: el rechazo de cheques trepó al mayor nivel en cinco años, afectando de lleno la circulación de fondos entre empresas.

Los datos oficiales muestran que los cheques rechazados representaron el 1,3% del total compensado, con más de 64.000 casos registrados. Aún más preocupante es la dinámica interanual: los rechazos totales crecieron 91,7% respecto a marzo de 2023, mientras que los rechazos por falta de fondos se dispararon un alarmante 221,9%.

Este panorama, advierte el propio BCRA, revela una ruptura en la cadena de pagos, con impactos directos sobre la solvencia de hogares y la operatividad del entramado productivo. Para el organismo que preside Santiago Bausili, la creciente morosidad pone en riesgo la estabilidad del sistema crediticio y obliga a los bancos a endurecer condiciones de financiamiento, lo que a su vez profundiza la contracción de la actividad.

Desde el sector financiero, también emergen voces de preocupación. Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, alertó que “el cobro de créditos se está volviendo más difícil”, y calificó la situación como una clara “luz amarilla” para la economía.

En paralelo, las empresas medianas —motor clave del empleo y la producción— comienzan a perder acceso al crédito, tanto en el sistema bancario como en los mercados de capitales. Esta restricción compromete no solo su capacidad de inversión, sino también su funcionamiento cotidiano.

En definitiva, los últimos datos encienden una advertencia seria: el deterioro del crédito ya no es solo un problema financiero, sino una señal estructural del frágil momento que atraviesa la economía argentina. Si la tendencia no se revierte, el riesgo de una parálisis en la cadena de pagos y un colapso en el acceso al financiamiento podría tener consecuencias duraderas.

Mientras el Gobierno nacional insiste en negar el drama social y tildar de “políticos” los reclamos por salarios dignos, los datos oficiales del INDEC desmienten su relato: en abril, una familia tipo necesitó $1.119.429 para no caer en la pobreza.

El umbral individual, por su parte, se ubicó en $359.243. Esto significa que, según el propio Estado, un adulto debería sobrevivir con al menos $12.000 diarios sólo para cubrir lo esencial. Ni alquiler, ni transporte, ni educación ni salud están contemplados en este cálculo.

Los datos desnudan la crudeza del ajuste: en apenas un año, la Canasta Básica Total aumentó un 34%. Y eso, con una metodología de medición que sigue anclada en los patrones de consumo del año 2004, cuando ni los servicios digitales ni los medicamentos crónicos tenían el peso actual en la economía de los hogares.

Pese a esto, referentes del oficialismo como la diputada libertaria Juliana Santillán minimizaron las protestas de los médicos residentes del Hospital Garrahan, que exigen salarios por encima de la línea de pobreza, al asegurar que “el reclamo es político”.

El contraste es brutal: mientras los hospitales públicos enfrentan recortes y sus trabajadores deben endeudarse para comer, el discurso oficial se refugia en un negacionismo económico que la propia estadística estatal dinamita.

El Gobierno pide paciencia y promesas, pero los números son inapelables: en la Argentina de Milei, trabajar no garantiza comer.

La Libertad Avanza, el PRO y la mayor parte de UCR no dieron quórum y se sumaron solo cuando la oposición lo consiguió

Pese a los intentos del gobierno nacional para hacer caer la sesión y la amenaza de veto por parte de Milei, la oposición consiguió quórum para avanzar y la Cámara de Diputados aprobó así el aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y la actualización del bono de $70.000 a $110.000.

Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, los bloques opositores lograron la media sanción en una mejora económica para los jubilados que ahora deberá debatir el Senado, aunque el Presidente ya anticipó su veto a todo lo que se apruebe.

La Libertad Avanza, el PRO y la mayor parte de UCR no dieron quórum y se sumaron solo cuando la oposición lo consiguió, aunque se desmarcaron de la postura del bloque los radicales Fabio Quetglas, Julio Cobos, Natalia Sarapura, y Mario Barletta, quienes fueron clave para ayudar al quórum.

La sesión alcanzó el quorum gracias a que, a diferencia del primer intento frustrado hace dos semanas, estuvieron presentes cuatro de los cinco legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jujeño Jorge Rizzotti -cercano al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir-; los radicales Natalia Sarapura y Fabio Quetglas (UCR), que se sumaron a Julio Cobos (el único radical que estuvo en la anterior sesión frustrada) y Lourdes Arrieta, exdiputada libertaria.

Otros legisladores que facilitaron el quorum fueron cinco de los siete diputados que responden al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y la diputada Fernanda Avila, cercana al gobernador Raúl Jalil. Además, estuvo presente Vilma Ripoll, diputada de izquierda que, por cuestiones de salud, no pudo estar presente en la última sesión frustrada.

Familiares, profesionales y organizaciones se movilizaron este miércoles para exigir la declaración de emergencia nacional en discapacidad, denunciar recortes en prestaciones y rechazar el discurso oficial que estigmatiza a las personas con necesidades especiales.

Miles de personas se concentraron este miércoles frente al Congreso Nacional en una nueva movilización por la declaración de emergencia nacional en discapacidad , un reclamo colectivo que busca frenar los recortes en programas esenciales y garantizar el acceso a tratamientos, medicamentos y apoyo educativo para quienes más lo necesitan.

Entre los asistentes se encontraban familiares de personas con discapacidad, trabajadores de la salud, la educación y otras áreas vinculadas a la atención de personas con necesidades especiales , que denunciaron una progresiva reducción de recursos y una falta de respuesta institucional ante situaciones críticas.

Florencia , madre de Santiago , un adolescente de casi 15 años diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), contó su experiencia: “Por todos los recortes le sacaron la psicopedagoga que tenía, que la Junta Médica justificó diciendo que no la necesita”. Y agregó: “Estar acá para mí es todo un desafío. Soy hiperacúsica, tengo problemas sensoriales y me puede dar un meltdown , pero lo hago por mi hijo”.

En diálogo con Minuto Uno, Florencia expresó: “Nunca imaginé en mi vida que iba a vivir semejante crueldad. Nunca me sentí desamparada, vulnerable, que nadie nos protege y hoy en día hay libertad de insultar o vapulear o hacer bullying a un chico de 12 años, nada menos que el Presidente. Es como que hay una inmunidad total”, en clara referencia a declaraciones públicas del presidente Javier Milei.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad , explicaron que detrás de ciertas declaraciones oficiales podría haber intereses económicos: “Las organizaciones de y para personas con discapacidad están enfrentando el discurso que el gobierno despliega y que dirigentes de obras sociales hace tiempo vienen planteando: ‘¿Cuánto le cuesta a la gente, que no es familiar, la atención de un discapacitado?’, ‘¿por qué yo tengo que pagar la atención de tu hijo con discapacidad?’. Esta situación y afirmaciones pueden ser una cuestión ideológica, pero también la realidad muestra que es una cuestión económica para ciertos interesados”.

El Foro también respondió al polémico mensaje del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo , quien afirmó que “su discapacidad no es problema del Estado”. Desde la organización señalaron: “La atención de las personas con discapacidad, salvo lo que proviene de los fondos públicos que surge de los impuestos que pagan los ciudadanos, se cubre con los aportes privados dentro de un sistema de seguro social, como por ejemplo, una operación de apéndice. Nadie se queja de por qué tiene que pagar esa operación, ya que se entiende que la pagó él o su grupo familiar a través de los aportes a un sistema de seguro solidario”.

La protesta forma parte de un “supermiércoles” de movilizaciones que incluyó además la marcha habitual de jubilados y la conmemoración por el Ni Una Menos , que fue trasladada para sumarse a “unir las luchas”.

La diputada nacional Lilia Lemoine , militante de La Libertad Avanza, sin formación académica y promotora de teorías conspirativas sacadas de YouTube, como el terraplanismo, reaccionó con desprecio al reclamo de los profesionales del Hospital Garrahan: “Tenés la libertad de hacer otra cosa”.

Mientras los médicos residentes del Hospital Garrahan exigen sueldos dignos que reflejen su carga horaria y responsabilidad profesional, la diputada nacional Lilia Lemoine —militante de La Libertad Avanza, sin formación académica y promotora de teorías conspirativas como el terraplanismo— reaccionó con desprecio: “Tenés la libertad de hacer otra cosa”, fue su insultante respuesta a los reclamos del personal de salud.

La polémica estalló en redes sociales tras un tuit en el que Lemoine ironizó: “Nadie tiene por qué pagar por tus sueños. Yo soñaba con ser astronauta. ¡Quiero que me paguen mi sueño ya!” La diputada, que acaba de recibir un nuevo aumento y pasará a cobrar más de 3 millones de pesos mensuales, desestimó el pedido de médicos que ganan apenas una fracción de ese monto, pese a contar con años de formación y trabajar jornadas agotadoras en uno de los hospitales pediátricos más importantes del país.

Leandro Crisso, residente de segundo año en el Garrahan, le respondió con contundencia: “Somos médicos matriculados. Están gobernando, háganse cargo”. Lemoine no se quedó atrás y redobló la apuesta: “Siempre podés renunciar y trabajar de algo que te convenga. ¿Por qué yo pude y otros no?”, escribió, equiparando su recorrido personal con la realidad de profesionales de la salud pública.

Pero la legisladora fue más allá, poniendo en duda la necesidad de sostener la formación médica: “Si dejan de formarse pediatras ahí sí, veremos qué pasa”. Incluso se quejó de que a los médicos se los “cuide más que a un albañil o a una cocinera”, ignorando por completo el rol estratégico y especializado que cumplen en el sistema de salud.

Crisso explicó que su sueldo es de 830 mil pesos más un bono de 200 mil, y remarcó la hipocresía de Lemoine: “Desde su comodidad de ganar 3.9 millones siendo diputada, es fácil opinar”.

El episodio volvió a encender la indignación pública: una diputada que llegó al Congreso sin experiencia ni títulos, que difunde discursos anticientíficos y teorías marginales, y que hoy cobra un salario millonario, le dice a los médicos que sostienen la salud infantil del país que “se dediquen a otra cosa” si no están conformes.

En un país donde el personal de salud es esencial y ha demostrado una vocación incuestionable, la respuesta de Lemoine no solo es desubicada, sino insultante.

Mientras la narrativa oficial insiste en que la economía argentina transita un camino de recuperación, la realidad demuestra lo contrario: la recesión avanza sin freno y los cierres de empresas se multiplican, encendiendo todas las alarmas sobre una bomba de tiempo en el mercado laboral.

Casos como el de Lácteos Verónica y la metalúrgica Futura evidencian que lejos de una reactivación, el país atraviesa un proceso de contracción profunda que pone en jaque a miles de trabajadores. En Santa Fe, las tres plantas de Verónica permanecen paralizadas, dejando a más de 700 empleados sin cobrar sus salarios en tiempo y forma y sin respuestas concretas por parte de la empresa, que acumula cheques rechazados por más de 800 millones de pesos. La desconfianza crece no solo entre los trabajadores, sino también entre los productores tamberos, generando una parálisis productiva casi total.

Por su parte, Futura, una histórica firma metalúrgica de Gualeguaychú, anunció su cierre definitivo tras más de 50 años de actividad. La empresa alegó falta de ventas y pérdida de competitividad como causas del cierre. A sus trabajadores solo se les ofreció un retiro voluntario con pago parcial de indemnizaciones, y en caso de rechazo, deberán iniciar acciones legales. Este patrón se repite en numerosos sectores industriales a lo largo del país.

La supuesta recuperación también queda en entredicho en Tucumán, donde el reciente desembarco de Coca-Cola en el Ingenio Bella Vista, a través de su subsidiaria Arca Continental, trajo promesas de desarrollo, innovación y empleo. Sin embargo, la primera medida fue el despido de 60 trabajadores, provocando protestas y un nuevo foco de tensión laboral. Las declaraciones optimistas de las autoridades locales, que auguraban “más oportunidades y movimiento económico”, hoy contrastan con la quema de cubiertas y la incertidumbre que vive la comunidad de Bella Vista.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno sostiene una narrativa de “recuperación sólida y ordenada”. Pero los hechos demuestran lo contrario: las empresas cierran, la producción cae, el empleo formal se destruye y las inversiones reales no alcanzan a contener el deterioro. La bomba del desempleo ya está encendida y cada nuevo cierre agrega mecha a una situación explosiva, situación que podría agravarse en los próximos meses con la apertura importadora impulsada por el gobierno nacional.

Lejos de ser excepciones, los casos de Verónica, Futura y Bella Vista son reflejo de una economía atrapada entre el ajuste, la falta de consumo interno y una crisis de confianza que recorre toda la cadena productiva. La brecha entre el relato oficial y la vida cotidiana de miles de trabajadores crece a cada hora. Mientras en los discursos se celebra la inversión, en las calles se multiplican las protestas. La recesión no es un dato aislado: es la realidad que golpea con fuerza, desmintiendo cualquier promesa de reactivación sostenible.