El Gobierno decretó llamar “idiota”, “imbécil” y “débil mental” a las personas con discapacidad por retardos mentales. La repudiable medida fue publicada en el Boletín Oficial.

En una muestra alarmante de retroceso en derechos humanos e intolerancia, el gobierno de Javier Milei ha oficializado el uso de términos profundamente discriminatorios y degradantes para referirse a personas con discapacidad. En la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial, se emplean calificativos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar a personas con distintos niveles de discapacidad cognitiva y psíquica.

Lejos de ser un descuido o un anacronismo involuntario, esta decisión se inscribe en una política sistemática de discriminación y exclusión. La publicación de estos términos en una normativa oficial no solo revive un lenguaje obsoleto y ofensivo, sino que también vulnera los principios establecidos por acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina en 2008.

El anexo de la resolución establece clasificaciones humillantes, segmentando a las personas con discapacidad de la siguiente manera:

• “Idiota” para aquellas entre 0 y 30 años.
• “Imbécil” para las de 30 a 50 años.
• “Débil mental profundo” entre 50 y 60 años.
• “Débil mental moderado” entre 60 y 70 años.
• “Débil mental leve” entre 70 y 90 años.

Estos términos se utilizan en descripciones que refuerzan estereotipos estigmatizantes, como la supuesta incapacidad de estas personas para leer, escribir o manejar dinero. No solo se trata de una violación de derechos, sino también de un discurso institucional que deshumaniza y justifica la exclusión.

El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación.

Es una barbaridad. pic.twitter.com/2XzM9Iq18X

— Julen Bollain (@JulenBollain) February 27, 2025

Una política de ajuste con un alto costo humano

Esta resolución no es un hecho aislado, sino parte de un ajuste brutal que busca justificar la baja de al menos 200 mil pensiones por discapacidad en 2025. En el marco de las auditorías que lleva adelante el gobierno, encabezadas por Diego Spagnuolo, exabogado personal de Milei y actual director de ANDIS, se están endureciendo los criterios para acceder a estas prestaciones, privando de asistencia básica a miles de personas que dependen de ella.

El decreto restituye el uso de términos que habían sido descartados por su carácter discriminatorio desde hace décadas. La reintroducción de la palabra “invalidez”, por ejemplo, sigue la línea de un decreto del menemismo (432/97) que endureció las condiciones para el acceso a pensiones no contributivas. Con este tipo de medidas, el gobierno de Milei desoye por completo el enfoque de derechos humanos que la comunidad internacional ha promovido en materia de discapacidad.

Rechazo y posible judicialización de la normativa

Las organizaciones de derechos humanos y entidades dedicadas a la defensa de las personas con discapacidad han repudiado enérgicamente esta decisión. Entre ellas, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han presentado un reclamo formal exigiendo la derogación de la medida.

En el documento, las organizaciones alertan sobre la gravedad de la resolución: “La normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación histórica hacia las personas con discapacidad. Resulta innecesario ahondar en el carácter ofensivo y obsoleto de términos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’, que no tienen cabida en una sociedad que se dice respetuosa de los derechos humanos”.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) también se sumó al repudio, advirtiendo que “el uso de esta terminología atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad inclusiva”.

El rechazo social y legal a esta resolución evidencia el grado de violencia institucional con el que el gobierno de Milei está avanzando sobre los derechos de los sectores más vulnerables. Con un discurso que estigmatiza y una política de ajuste que deja sin cobertura a miles de personas con discapacidad, el Estado no solo incumple sus compromisos internacionales, sino que también profundiza la desigualdad y la exclusión.

El empresario Juan Carlos Blumberg reapareció y volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y su entorno por el cobro de candidaturas para las elecciones de 2023 y reclamó que la justicia que investigue a fondo.

El escándalo por el fraude cripto que salpica a funcionarios cercanos a Javier Milei ha reabierto viejas denuncias de corrupción dentro del espacio libertario. En este contexto, el empresario Juan Carlos Blumberg reapareció para insistir en sus acusaciones sobre el cobro de candidaturas dentro de La Libertad Avanza y apuntó directamente contra un alto funcionario del gobierno nacional.

Blumberg reveló en una entrevista radial que el encargado de exigir dinero a quienes querían postularse en las listas de Milei era Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Capital Humano y una figura clave en la estructura de poder del oficialismo. El empresario afirmó que muchos aspirantes a cargos electivos fueron obligados a pagar para asegurar un lugar en las listas del 2023, una práctica que recuerda los esquemas de corrupción que hoy sacuden al oficialismo con el caso del fraude cripto.

Coimas, fraude y el silencio de la Justicia

Blumberg, quien en 2023 ya había denunciado que en La Libertad Avanza se cobraban hasta 50 mil dólares por una candidatura, reiteró que la Justicia nunca lo citó a declarar, a pesar de la gravedad de sus acusaciones. “La Justicia no funciona, nunca fui llamado”, lamentó, sugiriendo que hay un manto de impunidad sobre las irregularidades del oficialismo.

El empresario también contó que, durante la campaña, mantuvo reuniones con Victoria Villarruel en la casa de un juez, donde la actual vicepresidenta le ofreció ser candidato a intendente de San Isidro o gobernador de la provincia de Buenos Aires. Según Blumberg, su presencia en los medios fue utilizada para legitimar a candidatos que habían pagado por sus lugares en las listas. “Me usaban llevándome a programas de televisión para tratar de influenciar y a apoyar a esos candidatos (en alusión a los que habían pagado por integrar una lista). Karina me ofreció ser diputado y senador, y yo lo rechacé porque no quería estar para llenar listas”

El nexo entre los negociados libertarios

Las denuncias sobre el cobro de candidaturas en La Libertad Avanza ahora resuenan con mayor fuerza en medio del escándalo por el fraude cripto, que involucra a funcionarios y figuras cercanas a Milei. La estructura de financiamiento del oficialismo queda nuevamente bajo sospecha, alimentando dudas sobre si estas maniobras forman parte de un patrón más amplio de corrupción dentro del espacio libertario.

Mientras el gobierno intenta desmarcarse de las irregularidades con discursos altisonantes, las denuncias se acumulan y exponen la contradicción entre el discurso anticasta de Milei y las prácticas de su entorno. Con el escándalo cripto en el centro de la escena, las acusaciones de coimas en las listas libertarias cobran un nuevo significado, revelando que los negocios turbios parecen ser una constante en el universo libertario.

El Grupo que lidera Héctor Magnetto adquirió Telefónica y el gobierno salió al cruce.

A través de un comunicado en redes de la Oficina del Presidente (OPRA), Javier Milei anunció que pondrá a disposición al ENACOM y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para investigar si el Grupo Clarín está configurando un monopolio. La medida llega luego de que se oficializara la compra de la filial argentina de Telefónica por parte de Telecom, empresa controlada por el holding mediático.

Se trata de la materialización del conflicto entre el Gobierno y el grupo empresario, que hasta ahora Milei había limitado a críticas en discursos y publicaciones en su cuenta de X.

Telefónica cerró la venta de su filial argentina a Telecom por 1.245 millones de dólares, una operación que redefine el mercado de las telecomunicaciones en el país. Sin embargo, el Gobierno intervino con un llamado a la defensa de la competencia, a pesar de que este tipo de procesos suelen resolverse automáticamente.

“Esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo”, advirtió la OPRA en su comunicado del lunes.

En el texto, Milei asegura estar “comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio”. No obstante, casi un año atrás, en el 10º Latam Economic Forum, había declarado que “los monopolios pueden ser maravillosos si son el resultado de que quedó uno”. Para matizar la contradicción, el comunicado enfatiza en dos oportunidades la idea de que el poder del Grupo Clarín proviene de “beneficios estatales”.

Tras la publicación del documento, el Presidente retuiteó varios mensajes en contra de la compra de Telefónica, algunos comparando la situación con la decisión de Ronald Reagan en 1982 de frenar el monopolio de AT&T.

El Grupo Clarín tiene como accionistas controlantes a las familias Noble Herrera, Magnetto, Pagliaro y Aranda, que poseen el 44% de la compañía. Otro 20% de su capital flotante cotiza en el Merval. Dentro de su estructura, Cablevisión Holding controla Telecom Argentina S.A., la firma que concretó la adquisición de Telefónica.

La empresa suspendió la faena en su planta de Concepción del Uruguay, violando la conciliación obligatoria y profundizando un conflicto que amenaza con dejar en la calle a 400 trabajadores.

La ciudad de Concepción del Uruguay vivió una de las movilizaciones más masivas de la historia de Entre Ríos, con la participación de familias enteras y allegados a los trabajadores de la avícola Granja Tres Arroyos. La convocatoria surgió como respuesta al posible cierre de la empresa, que se encuentra al borde de la quiebra debido a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que han golpeado duramente a la industria local.

La situación se agravó cuando la empresa suspendió la faena en su planta de Concepción del Uruguay, violando la conciliación obligatoria y profundizando un conflicto que amenaza con dejar en la calle a 400 trabajadores.

El conflicto comenzó cuando un grupo de operarios recibió la noticia de que la empresa suspendía la faena “hasta nuevo aviso”. El cartel en la entrada y el impedimento para que los trabajadores ingresaran a la planta desbordaron la paciencia de las 1.000 personas que desempeñan allí sus tareas, quienes desde el año pasado enfrentan una serie de ajustes y recortes a raíz de la crisis.

Un reclamo colectivo y solidario

Con el apoyo de los familiares de los trabajadores, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU), el Polo Obrero y otras agrupaciones sociales, los trabajadores realizaron una masiva movilización el día de ayer, que partió desde la intersección de 9 de Julio y Los Constituyentes hasta la Plaza General Francisco Ramírez.

La crisis de la avícola

El conflicto tiene como origen la grave crisis que atraviesa la empresa, cuyo golpe más fuerte llegó con la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar el mercado chino para la exportación de productos avícolas. Esta medida, junto a otras decisiones de política económica, disparó los costos de producción y laborales.

Granja Tres Arroyos, la avícola más grande de Argentina, opera ocho plantas y procesa alrededor de 700.000 animales por día, con una facturación anual estimada en 1,3 millones de dólares. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la empresa está desviando la producción a otras plantas en Gualeguay y Buenos Aires, lo que, según el sindicato, busca reducir el personal o recortar salarios.

“Con esta maniobra, la empresa rompió la conciliación obligatoria que debía haberse resuelto el lunes. En vez de buscar una solución, cierran la planta”, expresó Miguel Klenner, secretario general del STIA.

El dirigente gremial instó a la intervención del intendente José Eduardo Lauritto en el conflicto, envió un mensaje similar al gobernador Rogelio Frigerio e hizo un llamado a los dueños de la empresa para que “recapaciten” y reviertan la situación.

El legislador porteño por La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, lanzó una dura autocrítica contra el gobierno de Javier Milei, denunciando la falta de transparencia, el incumplimiento de promesas y la incertidumbre sobre el rumbo económico.

El escándalo por el fraude con criptomonedas sacudió al oficialismo y ahora enfrenta críticas desde su propio espacio. El legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, lanzó una dura autocrítica contra el gobierno de Javier Milei, denunciando la falta de transparencia, el incumplimiento de promesas y la incertidumbre sobre el rumbo económico.

En entrevista con RADIO REALPOLITIK FM, Casielles remarco su descontento al analizar la gestión de Javier Milei y el impacto del escándalo cripto en su gobierno.

“El presidente no tiene humildad para conducir”

El legislador cercano al expulsado Ramiro Marra, no ocultó su decepción ante el escándalo que involucra a funcionarios del gobierno con la criptomoneda $LIBRA: “Me genera tristeza profunda. Formamos este espacio creyendo que veníamos a luchar contra la casta, a bajar impuestos y a promover la transparencia, pero nada de eso está sucediendo”, lamentó.

Consultado sobre la responsabilidad del presidente, Casielles aseguró: “Conducir requiere una dosis de humildad que el presidente no tiene. No creo que sea una persona corrupta ni malintencionada, pero sí tiene un entorno nefasto”. Entre los principales responsables de la crisis mencionó a Karina Milei y a Manuel Adorni, a quienes acusó de falta de transparencia.

Además, cuestionó el silencio del gobierno respecto a las reuniones que mantuvo con empresarios vinculados a las criptomonedas en Casa Rosada: “Todavía no dieron explicaciones y ya pasaron cinco días. Es una situación de gravedad comparable con la fiesta de Alberto Fernández en Olivos”, sostuvo, estableciendo un paralelismo con el escándalo que golpeó a la gestión anterior.

📻 @EugeCasielles, cofundador de LLA, habló con @norabriozzo en el #VenturaShow1030 sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra: “Karina Milei tiene muchas explicaciones que dar, digo recibió seis veces a esta gente en Casa Rosada”. pic.twitter.com/mdW8Ljd14X

— Radio Del Plata (@RadioDelPlata) February 20, 2025

“No hay un plan económico, solo marketing”

El legislador también criticó la falta de un rumbo claro en la gestión económica: “¿Cuál es el plan económico del gobierno? Era dolarizar y no dolarizó, era bajar impuestos y no los bajó, era salir del cepo y seguimos con el cepo”. Y agregó: “Me parece que estamos ante un plan de marketing más que ante un verdadero plan económico”.

En una entrevista con AM750, Casielles profundizó su crítica al círculo de poder que rodea al presidente: “Que la Secretaría General de la Presidencia haya tenido seis visitas de esta gente y no haya dicho qué pasó en esas reuniones a mí me cubre de una duda de su transparencia”. Además, cuestionó que el gobierno proteja a Karina Milei mientras otros funcionarios son desplazados: “Siempre pasaron y giraron por la ventana. Pero, como todo en este espacio, hasta el más cercano vuela por el aire”.

Por último, se refirió a las versiones que indican que algunos funcionarios cobran dinero a cambio de gestionar reuniones con Milei: “No apareció uno solo y no son desconocidos los que aparecen. Son personas de peso de la sociedad civil. Es, por lo menos, materia de investigación”, concluyó.

Las declaraciones de Casielles exponen una grieta dentro del oficialismo y reflejan el malestar creciente entre quienes creyeron en el proyecto libertario. Con un escándalo que no deja de crecer y un rumbo económico cada vez más incierto, la interna en La Libertad Avanza parece estar lejos de cerrarse.

En un comunicado, el Gobierno manifiestó “su más enérgica condena al grupo terrorista Hamás”.

La Oficina del Presidente Javier Milei emitió un comunicado oficial mediante el que manifiesta “su más enérgica condena al grupo terrorista Hamás” tras confirmarse que dos de los cuerpos sin vida entregados a Israel por esa organización corresponden a Ariel y Kfir Bibas, quienes tenían 5 años y 9 meses, respectivamente, al momento de ser secuestrados.

Como se sabe, el 7 de octubre de 2023 Hamás lanzó un ataque masivo contra el sur israelí, irrumpiendo en kibutz cercanos a la Franja de Gaza y secuestrando a la familia Bibas: Yarden Bibas y Shiri Silberman Bibas, junto a sus hijos Ariel y Kfir.

Yarden fue liberado en un intercambio de prisioneros el pasado 1 de febrero y los cuerpos sin vida del resto de su familia fueron entregados al Ejército israelí este jueves. Sin embargo, las autoridades de Israel aseguraron que “durante el proceso de identificación, se encontró que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas y no se halló coincidencia con ningún otro secuestrado. Es un cuerpo anónimo sin identificación“.

El comunicado del Gobierno argentino

Tras esas noticias, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que expresa “su más enérgica condena al grupo terrorista Hamás tras la confirmación del asesinato de los niños de la familia israelí-argentina Bibas”.

“Según la evaluación del Centro Nacional de Medicina Forense de Israel —prosigue la declaración oficial argentina—, los niños fueron asesinados brutalmente en cautiverio por terroristas de Hamás en noviembre de 2023. Resulta monstruoso que estos hechos ocurran en este siglo y que su muerte responda a una única motivación: ser judíos”.

Además, se señala que “el Presidente de la Nación decretará Duelo Nacional por 2 días en memoria de Ariel y Kfir Bibas, y expresa en nombre del pueblo argentino sus condolencias a la familia, especialmente a Yarden Bibas, padre de los niños, quien tras sufrir el tormento de estar secuestrado 484 días hoy enfrenta su peor pesadilla”.

Tras advertir que “las autoridades israelíes también confirmaron que ninguno de los cuerpos corresponde a Shiri Silberman (Bibas), por lo que la madre de los niños todavía sigue en cautiverio”, se asegura que “la República Argentina exige la inmediata liberación de todos los rehenes”.

Finalmente, el comunicado expresa que el Gobierno argentino “confía en que el grupo terrorista será reducido hasta sus cenizas y se convertirá únicamente en un horrendo recuerdo de la historia del mundo”.

Así lo denunció el secretario general de la Bancaria, que además advirtió que el fondo BlackRock estaría detrás de la medida de Javier Milei.

Este jueves, luego del DNU de Javier Milei que busca transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria, denunció que el presidente tiene como único objetivo su posterior privatización. “El presidente denunciado por estafador convirtió en decreto la intención de convertir en sociedad anónima al banco para, claramente, su posterior privatización”, afirmó.

Palazzo apuntó contra Milei al recordar las graves acusaciones que pesan sobre su gobierno: “Es un presidente cuyo entorno lo denuncia, incluido una periodista esposa de uno de sus ministros, por cobrar coimas para que los atiendan y les den reuniones. Es el mismo presidente que va a ser investigado por la justicia argentina, por el FBI y la Comisión de Valores. Es el mismo que fugó el oro y no sabemos dónde está”.

El dirigente sindical calificó el intento de privatización como “una gran estafa no solo al pueblo argentino” y señaló que se trata de “uno de los negociados más grandes que va a pretender hacer el gobierno de Javier Milei”. También desmintió los argumentos esgrimidos en el DNU: “Los fundamentos que él ha expresado en el decreto son falaces, son mentirosos. No se ajustan ni siquiera a lo que él mismo dice, porque lo hace en función de facultades delegadas que le dio el Congreso en la Ley Bases, y entre los fundamentos de esa facultad delegada dicen que se le permitía transformar los organismos y demás del Estado a los efectos de corregir el déficit, mejorar su eficiencia y de un mejor control. Ninguno de esos tres requisitos está reunido”.

En ese sentido, Palazzo remarcó que el Banco Nación no solo es eficiente, sino que además es rentable y cumple un rol clave en la economía del país: “Muy por el contrario, el Banco Nación da ganancias, es un banco eficiente, es uno de los bancos líderes de la región, el primero en crédito, el primero en depósito, el primero en cantidad de cuentas. Ha dado una asistencia de 15.000 millones de dólares en el último año a las pymes y a los particulares, con lo cual el principio de eficiencia también está recontra cubierto”. Asimismo, señaló que la entidad cuenta con todos los mecanismos de auditoría necesarios: “Tiene controles de auditoría interna y externa, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y el Banco Central de la República Argentina”.

Palazzo también reveló que el fondo de inversión BlackRock está detrás de la privatización del Banco Nación: “Siempre ha estado sobre la mesa el fondo de inversión BlackRock entre los que plantearon que querían comprar todo en la Argentina, incluido el Banco Nación. Así que no lo descarten”. Además, denunció una movida previa para preparar la privatización: “La semana pasada hubo una reunión en Estados Unidos de funcionarios del banco y el presidente del banco con brokers para tratar de colocar una obligación negociable en cientos de millones de dólares. No solo es un paso previo a la privatización junto con la declaración del cambio de figura jurídica, sino que vuelve a ser un gran negociado. La colocación de obligaciones negociables en el mercado se paga entre un 0,50% y un 2%. Imagináte 1.000 millones de dólares, cuánto es la comisión”.

Finalmente, Palazzo advirtió que esta maniobra financiera no es necesaria y solo beneficia a sectores especulativos: “No es necesario hacer una obligación negociable porque el banco ya ha prestado 15.000 millones de dólares, puede fondear tranquilamente. Y porque además las cuentas en dólares que tiene el Banco Nación tienen saldo más que suficiente para prestar en dólares, ociosos en este momento”.

En este marco, La Bancaria declaró el estado de alerta y movilización. “Convocamos rápidamente a las 12 del mediodía a un plenario del Secretariado Nacional, el Consejo Directivo Nacional y, por Zoom, a todos los secretarios generales del interior del país. Ahí definiremos nuestro plan de acción. Sin duda va a ser un plan de acción largo. Esto tiene tiempos: inclusive tienen 180 días para hacer un balance de corte, inscripciones y demás en sociedad anónima, y seguramente en ese trayecto van a intentar avanzar un paso más con la privatización”, adelantó Palazzo.

La crisis laboral golpea al sector petrolero en Chubut tras el despido de casi 300 trabajadores de Halliburton, lo que ha desatado preocupación en la industria y la amenaza de un paro total.

El Sindicato Privado de Petróleo y Gas de Chubut denunció la decisión de la empresa como “drástica y destructiva” y advirtió que, si no hay una solución en la instancia de conciliación obligatoria, se avanzará con una huelga general en todos los yacimientos de la provincia.

El subsecretario del gremio, Carlos Gómez, acusó a Halliburton de violar sus compromisos asumidos en paritarias y calificó la medida como “una falta de respeto” a la región. Además, destacó que la reducción de personal pone en riesgo la estabilidad del sector en una provincia que representa el 20% de la producción petrolera del país.

La situación en Chubut se suma a la crisis que atraviesa la vecina provincia de Santa Cruz, donde los trabajadores petroleros llevan adelante una huelga en rechazo a la salida de YPF de la región. Mientras tanto, la industria continúa reconfigurándose con el foco puesto en Vaca Muerta, dejando en incertidumbre el futuro de los empleados en los campos maduros.

El conflicto sigue abierto y la amenaza de un paro total mantiene en vilo a toda la actividad petrolera en el sur del país.

Lejos de pedir disculpas a las más de 44 mil personas afectadas por la estafa que él promovió el pasado viernes, ahora el presidente sube la apuesta y comparte un instructivo que enseña a comprar $LIBRA.

En medio del escándalo que sacude al gobierno por el desplome de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei sumó un nuevo capítulo a la controversia al replicar en su cuenta de X (ex Twitter) un tuit de Darío Epstein, integrante de su equipo económico, que explicaba paso a paso cómo comprar el token digital que generó pérdidas millonarias.

El gesto del presidente generó indignación inmediata en las redes sociales, donde miles de usuarios lo acusaron de “burlarse” de quienes perdieron sus ahorros tras confiar en la criptomoneda que él mismo había promovido.

El desplome de $LIBRA, que pasó de rozar los 5 dólares a valer menos de 1 en pocas horas, provocó pérdidas millonarias para miles de pequeños inversores. La situación escaló hasta la Justicia, donde la jueza María Servini ya investiga al mandatario por estafa, asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La decisión de Milei de difundir un instructivo para comprar $LIBRA, en lugar de intentar calmar los ánimos, fue interpretada como una provocación.

Mientras el país enfrenta las consecuencias económicas de este escándalo, con el dólar paralelo superando los $1200 y el índice Merval cayendo un 5%, Milei parece decidido a redoblar la apuesta, aunque eso signifique seguir sumando detractores.

La movilización, que tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y se replicará en distintas ciudades, busca frenar el brutal ajuste que pone en riesgo la atención sanitaria de millones de personas.

El próximo 27 de febrero, gremios, organizaciones de pacientes y sectores sanitarios de todo el país protagonizarán una masiva movilización en defensa del sistema de salud pública, denunciando los despidos, el desfinanciamiento y el cierre de programas esenciales que impulsa el gobierno libertario. La marcha, que tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y se replicará en distintas ciudades, busca frenar el brutal ajuste que pone en riesgo la atención sanitaria de millones de personas.

100 organizaciones de la salud pública argentina convocan a la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública para el 27 de febrero, en rechazo a las políticas del presidente Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones.
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— Asoc. Profesionales y Técnicos – Hospital Garrahan (@APyT_Garrahan) February 14, 2025

En solo dos meses, las medidas impuestas por el gobierno han llevado al sistema de salud a una situación crítica. La eliminación de 1.400 contratos en el Ministerio de Salud significó despidos masivos en hospitales y organismos clave, dejando sin capacidad operativa a direcciones fundamentales como las de lucha contra el VIH y la de vacunas. A esto se suma la alarmante decisión de abandonar la estructura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que podría dificultar el acceso a insumos esenciales, incluyendo vacunas y medicamentos.

Frente a este escenario, más de 65 organizaciones sanitarias, sindicales y sociales se reunieron en el Hospital Garrahan para convocar a la Marcha Nacional en Defensa de la Salud Pública. Se espera que la jornada sea una de las mayores demostraciones de rechazo al gobierno, junto con las masivas protestas en defensa de la educación y los derechos humanos.

“La salud pública no se vende, se defiende”

Los organizadores denuncian que el ajuste libertario no es solo un recorte presupuestario, sino un intento de desmantelar el sistema sanitario para avanzar hacia un modelo privatizador. “El objetivo del gobierno es vaciar la salud pública y forzar a la población a depender de prepagas y obras sociales desreguladas”, advirtieron en un comunicado.

Guillermo Pacagnini, secretario general de CICOP y referente de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS), explicó que el 27 de febrero será clave para demostrar el rechazo social al desguace del sistema. “Queremos ponerle distintas voces a un mismo reclamo: frenar este ajuste feroz que está dejando sin atención a miles de personas y precarizando a los trabajadores de la salud”, afirmó.

Los hospitales nacionales, como el Sommer y el Bonaparte, se encuentran al borde del cierre debido a la falta de personal y recursos. Mientras tanto, el Hospital Posadas ha sufrido un recorte significativo de trabajadores, lo que pone en riesgo su funcionamiento.

Además de exigir la reincorporación de los despedidos, los organizadores de la marcha demandan un presupuesto acorde a las necesidades del sistema sanitario y la protección de los programas esenciales que están siendo desmantelados.

Una nueva demostración de resistencia

La movilización del 27 de febrero no solo busca frenar el ajuste en salud, sino también consolidarse como un nuevo hito en la resistencia contra las políticas de desguace del gobierno libertario. Así como la comunidad educativa se manifestó en defensa de la universidad pública y los movimientos de derechos humanos se pronunciaron contra el negacionismo oficial, ahora es el sector de la salud el que se pone de pie para defender el derecho fundamental a la atención médica.

“El 27 vamos a las calles para demostrar que la salud no es un negocio, sino un derecho”, afirmaron los organizadores, convocando a toda la sociedad a sumarse a la protesta.