Mientras Javier Milei celebra supuestos logros macroeconómicos, la realidad golpea a millones: en abril, una familia tipo necesitó $1.110.000 para no caer bajo la línea de pobreza. Los datos del INDEC exponen un modelo que empobrece.

La última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirma lo que millones de argentinos ya sienten en el bolsillo: en abril de 2025, una familia tipo necesitó $1.110.000 para no ser considerada pobre. Un incremento brutal que refleja cómo el ajuste y la “motosierra” de Javier Milei no sólo no resolvieron los problemas estructurales del país, sino que profundizaron la desigualdad.

El número corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que mide el costo de bienes y servicios esenciales como alimentos, transporte, salud, vestimenta y educación. Es decir, lo indispensable para vivir con un mínimo de dignidad. En diciembre del año pasado, el mismo indicador se ubicaba en $1.024.435. En apenas cuatro meses, el costo de no ser pobre subió casi $90.000.

Mientras tanto, desde el gobierno libertario insisten en festejar el “superávit fiscal” y el control del tipo de cambio, pero omiten que estos supuestos logros descansan sobre un recorte brutal en jubilaciones, salarios, obras públicas y subsidios, y en una inflación que, aunque desacelerada, dejó precios por las nubes y un consumo en picada.

Los datos del INDEC son contundentes y desnudan una verdad incómoda: el modelo económico de Milei beneficia a una minoría especuladora y condena a la mayoría al empobrecimiento. El sacrificio al que llama el presidente tiene nombre y apellido: lo pagan los trabajadores, los jubilados, los estudiantes y las familias que ya no saben cómo llegar a fin de mes.

La libertad que promete el oficialismo viene atada, paradójicamente, a la imposibilidad de vivir con dignidad. Por más que Milei y su junta se esfuercen en instalar otro relato, la realidad es que ser libre, bajo este gobierno, cuesta cada vez más caro.

Sin previo aviso, la petrolera estatal aplicó una suba en todos sus combustibles desde la medianoche del miércoles. El incremento, aunque leve en porcentaje, fue notorio al llenar el tanque. Hace apenas dos semanas, se había prometido una baja.

En una nueva medida que golpea al ya deteriorado poder adquisitivo, YPF aplicó desde la medianoche del miércoles un aumento en todos sus combustibles. El ajuste fue del 0,4% en promedio, pero sorprendió por su carácter sorpresivo y por su impacto acumulativo, justo cuando el Gobierno nacional había anunciado una baja del 4% apenas dos semanas atrás.

La suba se registró sin previo aviso ni comunicación oficial, lo que generó malestar entre usuarios y conductores que, al llegar a las estaciones de servicio, se encontraron con el nuevo cuadro tarifario. Aunque el porcentaje pueda parecer bajo, al momento de llenar el tanque la diferencia fue evidente, especialmente en contextos de inflación persistente y pérdida del poder de compra.

El movimiento de precios se produce en un marco de inestabilidad para el mercado de combustibles, en el que el Gobierno había prometido contener aumentos mediante una reducción impulsada por la caída del precio internacional del barril de petróleo. Esa promesa duró apenas quince días.

Con esta nueva corrección, vuelve a quedar en evidencia la falta de previsibilidad en los costos de los servicios esenciales y la desconexión entre los anuncios oficiales y la realidad en surtidores.

Hasta el momento, YPF no emitió comunicado formal y se desconoce si este ajuste responde a presiones internas de mercado, reacomodamientos de márgenes o una nueva política de precios impulsada desde el Ejecutivo. Mientras tanto, la incertidumbre sigue siendo el único combustible que no deja de subir.

La Agencia Nacional de Discapacidad anuló la resolución que establecía controles sobre más de un millón de beneficios. Organizaciones advierten por el impacto del ajuste en el sector y reclaman una política clara de protección.

El Gobierno nacional suspendió de manera temporal el proceso de auditorías sobre pensiones no contributivas por invalidez laboral. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que derogó una normativa anterior impulsada en el marco del ajuste fiscal.

La decisión afecta la Resolución 187/2025, que preveía un procedimiento de revisión integral con entrevistas presenciales y evaluaciones médicas a más de un millón de personas beneficiarias. Según argumentó el Ejecutivo, el esquema presentaba inconsistencias técnicas y carecía de estándares internacionales adecuados.

“Se identificaron aspectos del baremo médico que no garantizaban equidad en la evaluación”, señalaron desde la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas. De acuerdo con el texto oficial, la revisión de los parámetros utilizados evidenció una falta de solidez normativa y técnica, motivo por el cual se resolvió “iniciar un nuevo proceso de validación”.

A pesar del retroceso parcial, el Gobierno ratificó su intención de continuar con una revisión del padrón, aunque bajo un nuevo procedimiento que, según anunció, será elaborado conforme a criterios internacionales. No se establecieron plazos para la reanudación de las auditorías.

En paralelo, organizaciones del sector de la discapacidad denunciaron un escenario de “abandono estatal” y alertaron sobre el deterioro en la cobertura de servicios terapéuticos, transporte y apoyos escolares. Centros de atención y profesionales advierten que el ajuste aplicado por el Ejecutivo nacional desde el inicio de su gestión ha generado una situación crítica sin precedentes.

La suspensión de las auditorías ocurre luego de semanas de reclamos por parte de familias, instituciones y entidades que agrupan a personas con discapacidad, quienes denunciaron la aplicación “indiscriminada” de recortes y controles que ponían en riesgo derechos adquiridos.

La contratación se resolvió en diez días y favoreció a un solo proveedor. El precio mensual aumentará un 20% respecto del esquema anterior. Empresas excluidas cuestionan los plazos y el diseño del pliego.

El PAMI adjudicó un contrato por US$450 millones para la provisión de pañales para adultos a un único proveedor, en el marco de un proceso licitatorio acelerado que finalizó en menos de dos semanas. El nuevo esquema implica un incremento del 20% en los costos mensuales y modificaciones en las especificaciones técnicas que, según fuentes del sector, suponen una reducción en la calidad del producto.

La licitación, lanzada el 14 de abril y resuelta el 25 del mismo mes, coincidió con el feriado de Semana Santa, dejando solo seis días hábiles para la presentación de ofertas. De las cuatro empresas interesadas inicialmente, tres fueron descalificadas por cuestiones técnicas y presentaron objeciones formales sobre los plazos y condiciones. La única firma habilitada resultó adjudicataria del contrato, que contempla la distribución directa a domicilio, sin intermediarios.

El precio mensual pasará de $11.000 millones a $13.000 millones, con un anticipo del 3% del total del contrato, equivalente a más de $4.000 millones. El nuevo pliego modificó los requisitos de peso y absorción de los pañales: se pasó de 75 a 50 gramos y se eliminaron refuerzos y capas dobles. Profesionales vinculados al área sanitaria advirtieron que estos cambios pueden afectar la efectividad del producto.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la adjudicación al asegurar que el nuevo modelo permitirá un ahorro de $5.000 millones anuales y eliminará “intermediarios que se quedaban con recursos del Estado”. También afirmó que los pliegos fueron revisados tras más de una década, ajustándose a parámetros establecidos por la ANMAT.

En paralelo, se conoció que la empresa adjudicataria ya había solicitado presupuestos a fabricantes locales en marzo, antes de conocerse públicamente los términos de la licitación. Este dato alimentó las sospechas de direccionamiento que evalúan las firmas excluidas, las cuales analizan medidas judiciales para impugnar la resolución.

El contrato adjudicado es el tercero en volumen dentro del PAMI, luego de los destinados a medicamentos e internaciones. El organismo distribuye cada mes cerca de 17 millones de pañales y apósitos entre sus afiliados.

El INDEC detectó diferencias superiores al 70% en el valor de los alimentos esenciales entre provincias.

Los precios de los alimentos registran disparidades significativas según la zona geográfica, con diferencias que llegan al 73% entre las distintas regiones del país, de acuerdo con un reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El relevamiento, que mide el costo de la canasta básica alimentaria, reveló que una misma familia puede llegar a pagar hasta $8.000 más por los mismos productos dependiendo de la provincia en la que resida. Las mayores subas se observaron en la región patagónica y en el noroeste, mientras que el Gran Buenos Aires mostró valores más bajos en la comparación.

La disparidad responde a factores como los costos logísticos, la estructura impositiva local y las diferencias en la cadena de comercialización. Economistas advierten que estas brechas complican los esfuerzos por contener la inflación y agravan las desigualdades entre distritos.

Los datos del Indec vuelven a poner en agenda el impacto territorial de la suba de precios, en momentos en que el Gobierno busca acuerdos con cadenas de supermercados y productores para moderar el ritmo inflacionario.

EE.UU. y China pactan una pausa de 90 días en su disputa comercial, con alivio inmediato en bolsas y divisas.

Los gobiernos de Estados Unidos y China alcanzaron un entendimiento este lunes para limitar, por un plazo de tres meses, los aranceles aplicados a sus respectivos productos, en un intento de reabrir el diálogo y frenar el deterioro de los intercambios bilaterales.

El anuncio, realizado luego de negociaciones en Ginebra, establece que ambos países reducirán sustancialmente sus tasas impositivas, que en los últimos años habían escalado a niveles récord. Según precisó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, los aranceles quedarán limitados a un máximo del 10%, en lugar de los picos que habían superado el 100%.

“Este paso no significa renunciar a nuestras posiciones, sino crear espacio para un comercio más justo”, afirmó Bessent, quien encabezó las conversaciones junto al representante comercial Jamieson Greer.

El acuerdo representa el primer gesto de distensión desde que el presidente Donald Trump retornó a la Casa Blanca con un discurso proteccionista renovado, que había reavivado la guerra arancelaria con China. En respuesta a las medidas estadounidenses, Pekín había restringido las ventas de tierras raras y elevado sus propios gravámenes sobre bienes importados de EE.UU., lo que bloqueó operaciones por cientos de miles de millones de dólares.

Tras conocerse el entendimiento, los mercados reaccionaron con optimismo: los índices futuros en Wall Street subieron y el dólar se apreció frente a divisas consideradas refugio, en medio de expectativas de una posible normalización en las relaciones comerciales.

Mientras la inflación golpea los bolsillos y los sueldos pierden contra la canasta básica, el Gobierno de Milei frenó la homologación del último acuerdo salarial del gremio más numeroso del país.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresariales del sector habían firmado el pasado 29 de abril un acuerdo salarial que establecía un incremento del 5,4% en tres tramos para los meses de abril, mayo y junio. Ese ajuste iba a llevar el salario básico a $1.123.000. Sin embargo, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, se negó a homologar el acuerdo y exigió su readecuación, generando incertidumbre entre más de dos millones de trabajadores del sector.

Tras conocer los términos del acuerdo, el Gobierno convocó a las partes a una reunión y pidió modificar los porcentajes pactados. Desde FAECYS rechazaron el pedido y emitieron un comunicado ratificando la vigencia del convenio firmado. El sindicato recordó que, según una cláusula del acuerdo, no era necesario esperar la homologación para que los empresarios comenzaran a pagar el aumento.

Pese al acuerdo firmado, no todas las patronales cumplieron con el pago del aumento correspondiente. Supermercadistas y mayoristas, en particular, no lo abonaron durante el mes de abril, lo que encendió la alarma entre los delegados sindicales. La falta de cumplimiento por parte de los empleadores, sumada a la negativa del Gobierno a homologar el acuerdo, profundizó la incertidumbre y el malestar en el sector.

Una vez más, la actitud del Gobierno de Milei dejó en evidencia una política que priorizó el ajuste fiscal por sobre el bienestar de los trabajadores. Al bloquear la homologación de un acuerdo paritario legítimamente firmado, obstaculizó la mejora del poder adquisitivo de millones de empleados de comercio, en un contexto de alta inflación y creciente precarización laboral.

El sindicato estatal anunció una jornada de huelga y movilización para el 22 de mayo en rechazo a los despidos, la pérdida salarial y la profundización del ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y movilizaciones para el próximo 22 de mayo en rechazo al ajuste aplicado por el Gobierno de Javier Milei y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que profundiza el recorte del gasto público y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que “la paritaria de la administración pública se convirtió en un fraude” y afirmó que “en los últimos 16 meses el Gobierno nacional nos robó más del 40 por ciento de nuestro poder de compra”.

La medida de fuerza estará acompañada por una movilización en todo el país y por un plenario conjunto que ATE realizará junto a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) este jueves a las 15 horas, donde se debatirá “el nuevo acuerdo con el FMI, los condicionamientos que imponen a la Argentina y el aumento de la deuda externa”.

“Está claro que no alcanza con el diálogo y las notitas. Tenemos que salir a la calle y profundizar nuestro plan de acción para evitar que sigan destruyendo todo”, subrayó Aguiar, al rechazar el proyecto oficial de fusionar organismos estatales, anunciado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

“No fusionan para ahorrar, fusionan para saquear. Quieren eliminar todas las funciones de control y fiscalización que tiene el Estado”, agregó.

Aguiar también cuestionó a los gobernadores, a quienes acusó de haber avalado con sus legisladores las políticas del Gobierno libertario. “Están arrepentidos porque mandaron a todos sus diputados a levantar la mano y Milei solo les da la mano para administrar la pobreza”, sostuvo.

Doctora en Oxford, premiada como la mejor del mundo en ciencias sociales y primera latinoamericana en recibir el prestigioso Premio John Bernal, la científica fue despedida por la administración libertaria que comanda Javier Milei.

Investigadores de todo el país lanzaron una campaña para exigir la reincorporación de la antropóloga Hebe Vessuri, reconocida internacionalmente y recientemente desvinculada del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La decisión generó rechazo en la comunidad científica, que calificó el hecho como “una pérdida irreparable”.

“En diciembre se terminó mi contrato con el Conicet y no lo renovaron. El argumento fue que ya estaban pasados los límites porque este año cumplo 76 años. El tema es que no tengo otro ingreso, me tuve que ir de Argentina hace 50 años y no tengo jubilación”, explicó Vessuri, doctora en antropología por la Universidad de Oxford y con más de cinco décadas de trayectoria.

Radicada en Puerto Madryn, Vessuri desarrollaba tareas como docente e investigadora en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales, dependiente del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-Conicet). El director del organismo, Rolando González, cuestionó la medida: “Es como tener a Messi o Maradona y perderlo. La gente del instituto sabe que tiene a una de las mejores especialistas a nivel mundial”.

La investigadora fue recientemente distinguida con el Premio John Bernal, considerado el máximo reconocimiento en el campo de las ciencias sociales, y fue la primera latinoamericana en recibirlo. Al otorgarle el premio, el Conicet había destacado su figura en su sitio oficial, subrayando su trayectoria y contribuciones.

“Los científicos de todo el país estamos consternados, se están expresando colegas de las ciencias sociales y también de otras ciencias”, añadió González. La campaña de firmas dirigida al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación solicita que se revierta la decisión y se garantice la continuidad laboral de Vessuri.

Una disposición de la subsecretaría de Ambiente de la Nación desreguló la exportación de animales vivos en la Argentina y flexibilizó el tránsito interprovincial de especies. Alertan que esta medida representa un retroceso y que se abre una puerta al tráfico de animales.

En una decisión que marca un preocupante punto de quiebre en la protección ambiental del país, el Gobierno nacional ha emitido una disposición que habilita la caza, el tráfico interprovincial y la exportación de fauna silvestre. Bajo el argumento de reducir “la burocracia” y promover beneficios económicos, la Subsecretaría de Ambiente, encabezada por Fernando Brom, firmó la disposición 381/2025 que elimina más de tres décadas de normativas que protegían a las especies autóctonas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial a comienzos de abril, desmonta un entramado legal que había restringido la exportación de animales vivos y la comercialización de productos derivados de la fauna silvestre. En lugar de reforzar los controles, el gobierno opta por abrir la puerta a un mercado que, según especialistas, mueve entre 15 y 20 millones de dólares anuales y que se ubica como el cuarto comercio ilegal más lucrativo del mundo, detrás del narcotráfico, la falsificación y el tráfico de armas.

Un retroceso sin precedentes

Referentes en conservación animal advirtieron que la medida no solo representa un retroceso de más de medio siglo, sino que expone a la fauna nativa a un uso comercial sin precedentes. Alejandra Juárez, directora del Proyecto Carayá, refugio especializado en monos carayá en Córdoba, alertó que la desregulación encubre la explotación sistemática de la fauna autóctona. “No hay ningún beneficio para los animales. Todo se hace en nombre del rédito económico”, denunció.

Juárez destacó que la medida favorece directamente a comerciantes de animales vivos, exportadores de trofeos y dueños de cotos de caza. “Ya hay provincias que permiten la caza de especies como el puma o el guanaco. Esto es simplemente la legalización de un modelo de saqueo”, subrayó.

Asia como destino: el nuevo horizonte del saqueo

Las nuevas disposiciones abren una vía libre hacia mercados extranjeros, particularmente asiáticos, interesados en especies nativas para zoológicos, medicina tradicional o como piezas de colección. Desde huesos y colmillos de yaguareté hasta lobos marinos, la lista de especies codiciadas crece. El yaguareté, símbolo de la biodiversidad del Gran Chaco, está hoy en peligro crítico de extinción, pero eso no parece importar a quienes impulsan estas políticas.

El caso de Uruguay como espejo

Uruguay ya permite desde hace años la captura y exportación de lobos marinos vivos hacia Asia. Allí, se venden ejemplares por sumas que superan los 2.000 dólares, destinados a vivir encerrados en acuarios del otro lado del mundo. Franco Peruggino, del refugio MundoAparte en Rosario, advirtió: “Ahora Argentina sigue ese modelo. Esto no es una política ambiental: es una rendición absoluta ante intereses comerciales”.

Legalizar el tráfico: de contrabando a política de Estado

La eliminación de normativas también facilita el movimiento interprovincial de fauna sin los controles que antes garantizaban que fuera con fines científicos, sanitarios o de conservación. En palabras de Juárez: “Esto no es agilizar procesos; es institucionalizar el saqueo”.

Desde el sector conservacionista, la alarma es clara: lo que antes era delito ahora se convierte en política pública. La fauna autóctona queda a merced del mercado, sin defensa institucional y en un contexto ambiental ya profundamente deteriorado.