La iniciativa busca garantizar la continuidad del servicio de colectivos y subtes en conflictos laborales, pero enfrenta críticas por su impacto en el derecho a huelga.

El diputado porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, presentó un proyecto de ley para declarar el transporte colectivo de pasajeros y el subterráneo como servicios públicos esenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta, que sigue a la reciente medida de fuerza sindical en reclamo de mejoras salariales, pretende asegurar la prestación mínima de estos servicios considerados fundamentales para la movilidad cotidiana de los porteños.

Sin embargo, la iniciativa ha desatado polémica, ya que declarar un servicio como “esencial” suele interpretarse como una forma de restringir el derecho a huelga y deslegitimar las protestas laborales.

Según Santoro, la medida no busca limitar el derecho a huelga, sino establecer un “equilibrio” cuando estas acciones afectan la movilidad de millones de ciudadanos. “El ejercicio de la huelga es legítimo, pero cuando impacta en otros derechos, como el de trasladarse, necesitamos balancear”, afirmó.

En esta línea, el proyecto estipula que, ante conflictos laborales, se debe garantizar un servicio mínimo para que la población no quede sin alternativas de transporte. Además, propone sanciones para quienes incumplan esta normativa.

El diputado señaló que el transporte público es un servicio clave para el funcionamiento de la ciudad y que paralizarlo impacta gravemente la vida de los ciudadanos que dependen de él para trabajar, estudiar y realizar actividades esenciales. Recordó, además, que otras jurisdicciones, como la Provincia de Córdoba, ya han implementado regulaciones similares para proteger los derechos de los ciudadanos en situaciones de conflicto.

“Buscamos asegurar que un servicio esencial como el transporte funcione sin interrupciones que perjudiquen a quienes dependen de él a diario”, explicó Santoro, aclarando que el proyecto prioriza los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de la Constitución Nacional y tratados internacionales. “La ciudadanía debe estar protegida en los conflictos; no puede ser la más perjudicada en cada medida de fuerza”, concluyó.

Así lo dispuso la Unión Tranviarios Automotor luego de un encuentro con autoridades de la Secretaría de Transporte.

Este miércoles 20 de octubre, la Mesa Nacional de Transporte llevó a cabo una medida de fuerza en rechazo a las políticas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei. En paralelo, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) había anunciado un paro de colectivos para este jueves 31 de octubre en reclamo de mejoras salariales. Sin embargo, el gremio canceló la huelga tras llegar a un acuerdo con el Gobierno.

La UTA mantuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Trabajo, en la cual, después de cerrar un acuerdo paritario, se decidió levantar el paro de 24 horas programado para este jueves. Así, el servicio de colectivos funcionará con normalidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El encuentro, pautado para las 17 hs del miércoles, fue virtual y estuvo encabezado por el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Martín Huidobro, en reemplazo del titular de la cartera, quien se encuentra de viaje. También participaron representantes de las cámaras empresariales que operan el servicio.

Por parte del sector empresarial, asistieron integrantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

“Entrando en calor”: los gremios celebran el paro de transporte

Los dirigentes de los gremios que impulsaron el paro de este miércoles expresaron su satisfacción con la medida, la cual, aseguran, tuvo un “alto nivel de acatamiento”. En una postura desafiante hacia el Gobierno, señalaron que la protesta fue solo el “primer paso” y que recién están “entrando en calor”.

La medida de fuerza contó con la adhesión del personal de trenes, subtes, aviones, barcos y camiones de transporte de mercaderías. Los representantes de la Mesa Nacional del Transporte ofrecieron una conferencia de prensa en el barrio de San Telmo cuando el paro llevaba 15 horas, reafirmando su determinación en los reclamos.

“Es el primer paso del plan de lucha. La semana que viene con los compañeros de la Mesa vamos a decidir qué vamos hacer de acá en más“, señaló Omar Maturano, dirigente de La Fraternidad, quien agregó: “Si a nosotros nos atacan, nos defendemos”.

La aerolínea low cost enfrenta nuevamente la mirada crítica de las autoridades y la frustración de sus pasajeros, luego de recibir tres actas de infracción de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La aerolínea low cost Flybondi enfrenta nuevamente la mirada crítica de las autoridades y la frustración de sus pasajeros, luego de recibir tres actas de infracción de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La razón: al menos 23 vuelos cancelados y modificaciones en itinerarios sin previo aviso, acumulados entre septiembre y octubre. Los reclamos de los usuarios son numerosos, y la Secretaría de Transporte ya confirmó estas cancelaciones, que han afectado a un gran número de pasajeros.

A pesar de sus planes de expansión, incluyendo la reciente adquisición del servicio de handling que pertenecía a Intercargo y su interés en incrementar vuelos, la operativa de Flybondi deja mucho que desear. Actualmente, la aerolínea conecta Mendoza con Buenos Aires y Córdoba, ofreciendo un vuelo diario y cuatro frecuencias semanales respectivamente. Sin embargo, su deficiente desempeño y la falta de compromiso con los horarios y la información están causando descontento generalizado.

Para la ANAC, el cumplimiento de los servicios “en tiempo y forma” es fundamental, algo que Flybondi sigue sin asegurar a sus pasajeros. De hecho, las infracciones mensuales continúan acumulándose, en un contexto en el que el organismo retomó en junio la aplicación de sanciones luego de la pandemia.

Las faltas de Flybondi incluyen, entre otras, cancelaciones sin aviso, demoras sin compensaciones adecuadas, problemas con equipaje y negaciones de embarque. Los usuarios afectados pueden gestionar sus reclamos sin costo en el sitio oficial de ANAC, aunque la resolución final de este problema pasará, sin dudas, por un cambio profundo en la calidad del servicio que ofrece Flybondi.

La empresa no obstante tendrá la posibilidad de recurrir antes de que se efectúe la sanción de manera efectiva.

El reconocido constitucionalista planteó que el organismo depende del Poder Ejecutivo y su intromisión en las cuentas de las altas casas de estudio “afecta su autonomía”, por lo que planteó que debería realizarlas la Auditoría General de la Nación.

El reconocido constitucionalista Daniel Sabsay se pronunció en contra de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite las universidades nacionales, argumentando que este organismo depende del Poder Ejecutivo, lo que podría comprometer la autonomía de las instituciones de educación superior. Sabsay destacó que debería ser la Auditoría General de la Nación, que está vinculada al Congreso, la que se encargue de supervisar el uso de los fondos públicos en estas universidades.

Los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la Sigen que depende del ejecutivo y eso afecta su autonomía. Debe hacerlo la Auditoria General de la Nación que depende del Congreso. Se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos pero ante el organismo adecuado.

— Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) October 27, 2024

“Los fondos de las universidades no pueden estar bajo el control de la SIGEN, ya que su dependencia del Ejecutivo afecta su autonomía. Debe ser la Auditoría General de la Nación, que responde al Congreso, la que lleve a cabo esta labor”, afirmó en su cuenta de X, en contraposición a la disposición del gobierno de Javier Milei.

Asimismo, Sabsay aclaró que es fundamental rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos, pero ante el organismo adecuado.

Más caradura no se consigue: Patricia Vázquez (PRO) presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en seguridad vial. pero ella misma tiene un récord de infracciones.

Una diputada del PRO, cercana a Patricia Bullrich, ha desatado la polémica al presentar una propuesta para eliminar el sistema de infracciones viales, una medida que ha generado una ola de críticas. Lo que hace que esta iniciativa sea aún más escandalosa es el hecho de que la legisladora en cuestión acumula una deuda millonaria en multas de tránsito, lo que resalta un caradurismo digno de mención.

Su propuesta sugiere liberar a los conductores de las sanciones por infracciones, una acción que no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también plantea serias dudas sobre la motivación detrás de su plan. Mientras intenta presentar esta idea como un acto de justicia para los ciudadanos, resulta evidente que, en el fondo, busca evadir las consecuencias de sus propias acciones ya que la legisladora debe cifras millonarias en infracciones viales que ella misma cometió. Este tipo de doble discurso es profundamente preocupante, especialmente viniendo de una figura pública que debería servir como modelo de responsabilidad y en especial cuando desde el espacio PRO/Libertario se suele criticar el denominado “modelo de la casta”.

Además, al ignorar su propia situación como deudora de multas, la diputada envía un mensaje peligroso: que las reglas son flexibles y que aquellos en posiciones de poder pueden sortear las consecuencias de sus infracciones. Esta actitud no solo menoscaba la confianza del público en las instituciones, sino que también refuerza la percepción de que los políticos suelen actuar en su propio interés en lugar de trabajar por el bien común.

Al promover esta eliminación del sistema de infracciones, la diputada no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también expone su falta de compromiso con la justicia y la legalidad. Su comportamiento es un claro ejemplo de cómo algunos funcionarios con doble discurso buscan beneficiarse a sí mismos, a expensas de la integridad del sistema que están llamados a proteger. En resumen, su propuesta es un reflejo de una ética política cuestionable, que prioriza los intereses personales sobre las necesidades de la sociedad.

En el marco de las elecciones en el vecino país desarrolladas el domingo, el expresidente oriental respondió la consulta sobre cómo ve a la Argentina, y sostuvo: “Por ahora hay más pobres que antes”.

El expresidente de Uruguay Pepe Mujica criticó al gobierno de Javier Milei cuando se dirigió a emitir su voto en las elecciones que ese país lleva adelante este domingo. En ese contexto, señaló que en la Argentina “la pobreza creció” y que “mañana capaz que (Milei) reacciona” pero por ahora hay más pobres que antes”.

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica emitió fuertes críticas hacia el gobierno de Javier Milei al hablar sobre la situación actual en Argentina durante las elecciones de Uruguay. Mujica, en declaraciones a la prensa tras emitir su voto, señaló su preocupación por el aumento de la pobreza en el país vecino bajo la administración de Milei, comentando que “la pobreza creció” y que “mañana capaz que reacciona”.

En su mensaje, Mujica cuestionó la falta de propuestas de fondo en la campaña argentina y las dificultades de la democracia en tiempos de cambio. Hizo un llamado a cuidar las instituciones democráticas, subrayando que, si bien la democracia “tiene muchos defectos” y “nos promete igualdad que no cumple”, sigue siendo el mejor sistema logrado hasta ahora.

Al referirse específicamente a la realidad argentina, el expresidente advirtió sobre el “costo de la transformación” que promueve el gobierno de Milei, que, según su opinión, ha llevado a un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza en los últimos meses. Esta situación, dijo Mujica, genera un ambiente de “relación con bastante filo” entre ambos países, abogando por mantener la cooperación pese a las tensiones actuales.

Finalmente, Mujica, quien sigue activo en la política a pesar de sus problemas de salud, se despidió con una reflexión sobre su propia lucha: “Estoy casi en los 90 y peleando con un cáncer. No tengo ganas de irme, pero estoy jodido”, compartió, en un testimonio que mezcla su habitual franqueza con una crítica profunda al contexto político argentino.

Elecciones en Uruguay

El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, se impuso en las elecciones del domingo en Uruguay con un 42% de los votos. Sin embargo, el líder de la coalición de izquierda no alcanzó el 50% más uno necesario para ganar en primera vuelta, por lo que enfrentará en un balotaje el próximo 24 de noviembre a Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional, quien terminó segundo con el 28% de los votos, según proyecciones de la Corte Electoral de Uruguay.

Detrás de Orsi y Delgado quedó Andrés Ojeda, del Partido Colorado, junto a otros ocho candidatos que también aspiraban a la presidencia. Orsi, de 57 años, había consolidado su liderazgo en el Frente Amplio tras vencer cómodamente en la interna de la coalición el pasado 30 de junio, eligiendo como compañera de fórmula a Carolina Cosse. Su candidatura cuenta con el respaldo fundamental del expresidente José Mujica, quien, debido a su recuperación de un cáncer de esófago, tuvo una participación pública limitada en esta campaña.

La segunda vuelta promete ser decisiva en la configuración política de Uruguay. La ciudadanía, además de esperar los resultados finales del conteo de votos en la Corte Electoral, observa atentamente cómo quedará conformado el Parlamento, lo que determinará si el Frente Amplio o el Partido Nacional contarán con una mayoría en las cámaras. En el balotaje, para ganar la presidencia, uno de los candidatos deberá lograr una mayoría simple de votos, lo que define una elección crucial para el futuro político y social del país.

La diputada libertaria Lilia Lemoine que suele ser vocera directa de Javier Milei reavivó las críticas contra Villarruel y la comparo con Chacho Álvarez el vice de De la Rúa.

La interna en La Libertad Avanza se intensifica con nuevas críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, esta vez encabezadas por la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien en redes sociales la catalogó como “la peor vicepresidente de la historia”. Este episodio evidencia una fractura creciente en el espacio libertario, con un marcado distanciamiento de Villarruel respecto al propio presidente Javier Milei.

El conflicto más reciente surgió a raíz de la colocación de un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado, homenaje promovido por Villarruel el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. La acción generó incomodidad entre ciertos sectores de La Libertad Avanza, y el propio Milei se desmarcó públicamente del tributo mostrando su inconformidad con lo que considera una falta de lealtad de la vicepresidenta.

Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de Delarua…

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 24, 2024

Lemoine (que suele hablar por Milei) fue directa en su respuesta a la indignación de un usuario en redes sociales, reafirmando su creciente desconfianza hacia Villarruel: “Va juntando porotos la vice. Ya es la peor vicepresidente de la historia”, escribió. Luego, comparó su gestión con la del exvicepresidente de la Alianza, Carlos “Chacho” Álvarez, afirmando que Villarruel era “peor”.

La tensión entre ambas figuras no es nueva. En meses anteriores, Lemoine criticó a Villarruel por su silencio ante la visita de legisladores libertarios a represores detenidos en el penal de Ezeiza, un acto que generó amplias críticas y controversias para el espacio político. Lemoine expresó frustración ante lo que considera una falta de coherencia de Villarruel en relación con su discurso de campaña sobre los crímenes cometidos durante los años de plomo en Argentina.

En agosto, las críticas se profundizaron cuando Villarruel afirmó que reabriría las causas judiciales contra los crímenes cometidos por Montoneros en los años 70, lo que Lemoine calificó de “campaña proselitista”. La diputada cuestionó las prioridades de la vicepresidenta y sugirió que tales declaraciones eran una distracción para evitar enfrentar los problemas del espacio político. Un mes después, Villarruel tomó una medida contundente y bloqueó a Lemoine en redes sociales, intensificando la ya evidente fractura entre ambas.

Estas críticas subrayan una creciente desconfianza y disenso entre Villarruel y los miembros más alineados con la visión de Milei, generando divisiones dentro del movimiento libertario y sembrando dudas sobre la cohesión de La Libertad Avanza en medio de un contexto político y económico de creciente desestabilidad.

En la construcción, el comercio, y la producción agrícola ven en el Estado un actor indispensable para asegurar el desarrollo de infraestructura.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) presentó el documento Consensos 2024, con propuestas de inversión privada en infraestructura, en un contexto donde el discurso libertario de desfinanciamiento público contrasta con las necesidades reales de sectores clave de la economía. Desde la llegada al poder de La Libertad Avanza, el financiamiento estatal para proyectos de infraestructura ha sido suspendido, promoviendo un esquema en el que la inversión privada debe cubrir la demanda (lo que aun esta lejos de suceder), mientras la actividad de la construcción permanece prácticamente paralizada.

El CPI, fundado en 2021 por el G6 (integrado por la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural, ADEBA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de la Construcción y la Unión Industrial Argentina, junto con la UOCRA), propone inversiones en áreas críticas como energía, transporte, logística, y desarrollo urbano. Sin embargo, durante el evento, varios referentes empresariales señalaron que, aunque la colaboración del sector privado es importante, el Estado debería asumir un rol activo para sostener y desarrollar la infraestructura pública.

Natalio Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio, subrayó que, en las principales economías del mundo, el financiamiento de infraestructura pública recae en el Estado. Grinman expresó la preocupación por el estado crítico de las rutas y enfatizó la necesidad de que el Estado colabore en el desarrollo junto al sector privado. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, agregó que mejorar la infraestructura de movilidad y reducir sus costos es una “responsabilidad del gobierno”, sin la cual es difícil aumentar la producción.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina, destacó que el crecimiento industrial no puede prosperar sin un entorno en el que la infraestructura esté garantizada. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción y del CPI, recordó que la inversión en infraestructura existente es esencial para evitar futuros costos de recuperación.

Relato vs realidad

La realidad económica subraya una contradicción en el discurso libertario, que aboga por reducir la participación del Estado en la economía, mientras sectores como la construcción, el comercio, y la producción agrícola ven en el Estado un actor indispensable para asegurar el desarrollo de infraestructura básica. Sin un marco de financiamiento mixto, los objetivos de reactivación de estos sectores se ven comprometidos.

Además, representantes de ADEBA y la Bolsa de Comercio coincidieron en que los bancos y el mercado de capitales cuentan con liquidez y están listos para apoyar proyectos, pero insistieron en la necesidad de un entorno de colaboración y transparencia donde el Estado también cumpla sus compromisos.

La UOCRA, en tanto, expresó su expectativa de que el relanzamiento de la obra pública reactive los empleos perdidos y devuelva al trabajo a los 100 mil trabajadores afectados por la parálisis actual, señalando así cómo el discurso de reducción del gasto público colisiona con la necesidad económica de un Estado activo en la infraestructura.

La diputada terraplanista de La Libertad Avanza, volvió de su viaje de una semana a Ucrania e intento defender la situación actual de la economía pero utilizó un ejemplo poco afortunado.

Lemoine intento instalar la idea de una reactivación económica que aun no llega, en ese sentido explicó que ha recibido comentarios de personas que comenzaron a notar un repunte en sus negocios, con ventas que se reactivaron tras un largo período de inactividad. Sin embargo, aclaró que esto no significa que la crisis esté superada. “Algunos me dicen ‘che, sabés que me está yendo muy bien’, ‘empecé a vender de nuevo’, pero no es para festejar porque muchos todavía están en una situación complicada”, señaló durante su participación en La Nación +.

La Explicación

Para ilustrar lo que describió como un “cambio de paradigma”, Lemoine contó una anécdota sobre un excompañero de trabajo, con quien había compartido empleo en un call center en su juventud. Este excolega, a pesar de haberse recibido como arquitecto, ahora se ve obligado a trabajar como chofer de una aplicación de viajes debido a la falta de oportunidades en su profesión. Según el relato de Lemoine, él le comentó que “el sector está en baja” y que no le alcanza para cubrir sus gastos con lo que gana como arquitecto.

#Declaraciones | Su amigo es arquitecto y ahora maneja un Uber: el insólito argumento de la diputada libertaria Lilia Lemoine para defender la reactivación económica.pic.twitter.com/AXRt6bfjuw

— Política Argentina (@Pol_Arg) October 24, 2024

Lo que resultó más polémico fue la interpretación de la diputada sobre esta situación. En lugar de señalar la precarización laboral y la falta de oportunidades para profesionales, Lemoine lo describió como parte de un “cambio de paradigma” en el que personas altamente capacitadas encuentran trabajos alternativos para sobrevivir económicamente. Para la diputada, este tipo de adaptaciones reflejan la flexibilidad del mercado laboral, sugiriendo que es una señal de movilidad social y dinamismo económico, en lugar de un síntoma de la crisis y la falta de oportunidades en sectores especializados.

Estas declaraciones desataron críticas, ya que muchos consideran que el hecho de que profesionales con años de estudio deban recurrir a trabajos como conductores de aplicaciones no es un indicador de reactivación, sino de la profundización de la precarización laboral en un contexto de crisis económica.

En septiembre de 2024, las ventas de combustibles al público registraron una caída del 11,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos proporcionados por la Secretaría de Energía.

La caída en las ventas de combustibles durante septiembre de 2024 refleja un panorama claro de la profunda crisis económica que atraviesa el país. Las ventas al público registraron una disminución del 11,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, continuando una tendencia descendente que comenzó en diciembre de 2023 y que se ha sostenido durante diez meses consecutivos. Este desplome, especialmente marcado en el gasoil, que cayó un 15,7%, y en la nafta, con una baja del 8,4%, resalta la relación directa entre el consumo de combustibles y la actividad económica general.

Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, subrayó la conexión entre el derrumbe económico y la caída en las ventas de combustibles, particularmente en el gasoil, que es esencial para el transporte público, los camiones y la maquinaria agrícola. “Las ventas de diesel están directamente asociadas a la actividad económica”, afirmó Pegoraro, quien destacó que en los meses de cosecha la caída fue menos severa debido a la mayor demanda del sector agrícola, pero en los meses sin cosecha, el descenso fue más pronunciado.

La crisis también ha cambiado los hábitos de consumo. La nafta premium, asociada a consumidores con mayor poder adquisitivo, mostró una baja del 20,7%, mientras que la nafta súper, más accesible, cayó solo un 3,7%. Esto indica que los consumidores están optando por combustibles más baratos en medio de la recesión.

Las desigualdades regionales amplifican este cuadro de derrumbe económico. Provincias como Formosa y Misiones experimentaron caídas superiores al 28%, en gran medida por la pérdida de competitividad de precios frente a países vecinos, tras la devaluación de diciembre de 2023. En contraste, provincias como Tierra del Fuego y Buenos Aires registraron descensos más moderados.

El año 2024 ha sido un año de constante contracción en el consumo de combustibles, con una caída acumulada del 9,1% entre enero y septiembre. Estos números son un claro reflejo del deterioro general de la economía, donde la baja en el consumo de combustibles actúa como un termómetro de la gravedad de la situación.