Las desigualdades aumentaron en los últimos años, según un estudio de la ONG Oxfam: el 1% más rico del mundo vio crecer su patrimonio en más de 40 billones de dólares, pero su tributación es “históricamente” baja.

Los jefes de Finanzas del G20, reunidos en Río de Janeiro, mostraron divergencias este jueves sobre la idea de un impuesto coordinado a las grandes fortunas, impulsada por Brasil pero a la que se opone Estados Unidos, que aboga por que cada país adopte su propio sistema tributario “justo y progresivo”.

La propuesta de gravar a los superricos es impulsada en el G20 por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que este año preside el bloque de las 20 mayores economías globales.

Los titulares de Finanzas abordarían el tema en una reunión en las próximas horas, pero la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, adelantó que Estados Unidos se opone a un impuesto coordinado.

“La política fiscal es muy difícil de coordinar globalmente. No vemos la necesidad ni creemos que sea deseable intentar negociar un acuerdo global sobre ese tema”, dijo Yellen en una conferencia de prensa, en la que abogó por que cada país se asegure de tener un sistema tributario “justo y progresivo”.

El miércoles, Lula afirmó que “algunos individuos controlan más recursos que países enteros”, al anunciar la creación de una Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, el proyecto insignia de la presidencia brasileña del G20.

Su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, defendió el miércoles la idea de gravar a los multimillonarios como instrumento para financiar el combate al hambre.

Aumento de la desigualdad en los últimos años

Las desigualdades siguieron aumentando en los últimos años, según un estudio de la ONG Oxfam publicado el jueves: el 1% más rico del mundo vio crecer su patrimonio en más de 40 billones de dólares, pero su tributación es “históricamente” baja.

Fundado en 1999, el G20 reúne a la mayoría de las principales economías mundiales, así como a la Unión Europea y la Unión Africana. Al principio, su vocación era principalmente económica, pero cada vez más se involucró en los temas candentes de la actualidad internacional.

Fuente: Ámbito

En solo siete meses, la Ciudad ha registrado al menos cuatro derrumbes de edificios, resultando en víctimas fatales y heridos. El incidente más reciente ocurrió este lunes en la calle Cramer al 1600, en el barrio de Colegiales.

Esta semana, un nuevo derrumbe, que tuvo lugar en un PH en remodelación, dejó a un obrero herido y a otro atrapado bajo los escombros durante varias horas antes de ser rescatado y trasladado al Hospital Pirovano. El hecho sucedió poco antes de las 13 horas, cuando cedió una losa de la obra.

En ese momento, seis obreros estaban trabajando en el lugar; dos quedaron atrapados. Un hombre de 64 años sufrió un neumotórax y un joven de 21 años fue rescatado tras casi cuatro horas. Ambos, junto con otros cuatro trabajadores, están fuera de peligro.

Un relevamiento reciente indica que actualmente hay más de 5.500 edificios en riesgo de colapso en la ciudad. “Actualizamos los informes conforme recibimos denuncias. Hace seis meses hablábamos de 5.200 edificios en peligro, 5.400 en marzo, y ahora son 5.500″, declaró Javier Miglino, presidente de la Asociación Civil Defendamos Buenos Aires, a Tiempo Argentino.

Varias organizaciones sociales y especializadas en infraestructura urbana aseguran que estos derrumbes se habían denunciado repetidamente y podrían haberse evitado. Daniel Giglio, arquitecto e integrante de Colegiales Participa y Decide, señaló a dicho medio: “Este derrumbe debe contextualizarse porque hemos venido advirtiendo sobre la posibilidad de estos incidentes desde hace más de dos años. El Código de Planeamiento Urbano vigente hasta 2018 permitía construcciones de baja densidad de dos o tres pisos en estas zonas. Hoy, se permiten edificaciones de nueve a diez pisos. Cerca del sitio del reciente derrumbe en Colegiales, hay una construcción en un lote que con el código anterior permitía 410 metros cuadrados y con el actual permite 1.468, un incremento del 358%”.

La agrupación Colegiales Participa y Decide sostiene que las nuevas edificaciones están causando daños a las construcciones existentes. “Las medianeras están sufriendo, se generan descalces y movimientos de suelos. Hemos pedido al Gobierno de la Ciudad que detenga la superconstructibilidad en Colegiales, que frene el nuevo código urbanístico y que genere condiciones para que los vecinos puedan vivir en paz en un barrio de casas bajas, sin estos inconvenientes y deterioros”, concluye Giglio.

Fuente: Nueva Ciudad

En algunos distritos dicen que las mismas están “detonadas” y advierten que “se ponen vidas en riesgo”. Consideran que “ya es momento de que las máquinas comiencen a repararlas”.

Los recortes de fondos de la Nación para obras públicas persisten desde que asumió el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. Desde las provincias de Santa Fe, Corrientes y Salta se insiste en la necesidad de que comiencen a garantizarse los trabajos para el mantenimiento de las deterioradas rutas nacionales, como las 11, 12, 14 y 34. En los tres casos, se insistió en que es una obligación del Estado nacional y que el mal estado afecta a la actividad productiva y genera siniestros viales.

El ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, sostuvo en una entrevista que ya hubo encuentros entre equipos provinciales y de la Nación, se acordaron obras en varias ocasiones pero hasta el momento no hubo resultados concretos. 

“Estamos planteando nuevamente la urgencia de activar el mantenimiento sobre las rutas nacionales, principalmente en las que están totalmente destruidas, como las 11, 33 y 178″, indicó Enrico. 

Al respecto, el funcionario sostuvo que “el Estado nacional no puede estar demorando o especulando el comienzo de estas obras porque mientras más tiempo pasa, más riesgo se pone a las vidas de quienes transitan esos tramos peligrosos”.

Enrico insistió en que urge que la Nación resuelva esta situación, ya que “el 70% de la producción nacional recorre rutas nacionales que pasan por Santa Fe“. Agregó que en reiteradas oportunidades se insistió en que el gobierno provincial está dispuesto a colaborar pero, aun así, no se reactivó la tarea de mantenimiento. 

“Ya es momento de que las máquinas comiencen a reparar estas rutas porque se les hace insostenible la situación a nuestros vecinos, cuyas vidas están en riesgo”, concluyó el ministro santafesino.

Fuente: Capital24

Se trata de casi seis millones de kilos de alimentos que permanecen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán.

El Ministerio de Capital Humano apeló este miércoles el fallo del juez Martín Cormick, que había exigido un informe detallando cómo el Gobierno garantizaría la entrega de alimentos a los comedores, en un plazo de 48 horas.

Son casi seis millones de kilos de alimentos que permanecen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán. El oficialismo alega que la decisión judicial obedece al pedido del dirigente social Juan Grabois y es por ello que apelaron.

Pettovello también había apelado el fallo del juez federal Sebastián Casanelo, que ordenaba la entrega de los alimentos almacenados. En aquella ocasión, argumentaron que el magistrado “violó la Constitución Nacional” al “entrometerse” en una política pública del Gobierno nacional.

Desde la Justicia, insistieron el martes con el pedido de informe y señalaron: “La causa comprende el análisis de una medida que pretende garantizar los derechos a la alimentación, a la vida, a la salud y al desarrollo holístico”.

Los alimentos deben ser distribuidos entre comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas oficiales que maneja el Ministerio.

“Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2 de dicha resolución”, señaló el fallo judicial.

Esta presentación refiere a la medida cautelar que había emitido el juez Walter Lara Correa, haciendo lugar al recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.

En un contexto de creciente pobreza y caída del poder adquisitivo, la negativa de Petovello a entregar los alimentos almacenados a los comedores comunitarios es una medida inaceptable y condenable. Las acciones del Ministerio de Capital Humano no solo violan resoluciones judiciales, sino que también ignoran las necesidades urgentes de las comunidades más vulnerables.

El cantante ultra macrista es “Asesor en bandas emergentes” del gobierno de Javier Milei.

Tras varios trascendidos y controversias, se confirmó que David “El Dipy” Martínez ocupará un cargo en la Secretaría de Cultura de Capital Humano, con un salario mensual que rondaría los $1.600.000.

Tras varios trascendidos y controversias, finalmente se confirmó el nombramiento de David Adrián Martínez, “El Dipy”, en un cargo de la Secretaría de Cultura de Capital Humano, revelándose también su salario mensual.

Se había especulado que el presidente Javier Milei preparaba un puesto para el cantante de cumbia, autor de “Par-Tusa” y “Chorro de Agua”, quien fue candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023, obteniendo resultados muy bajos.

El nombramiento se realizaría dentro de la Subsecretaría de Promoción Cultural, dirigida por Federico Brunetti. El documento de la designación fue dado a conocer este miércoles por el periodista Lautaro Maislin.

Específicamente, el cantante será nombrado como “Asesor en bandas emergentes”, con un contrato hasta fin de año y con “un monto mensual de URS (Unidad de Regulación Salarial) de 2.847”. Aunque el documento no especifica el salario exacto en pesos, según la unidad retributiva de servicios, el sueldo rondaría los $1.600.000.

Antes de la publicación de los índices oficiales del INDEC, un informe de la Universidad Torcuato Di Tella reveló que la pobreza en Argentina afectó al 50,5% de la población durante el primer semestre de 2024.

Antes de que se conocieran los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una universidad privada informó que la pobreza en Argentina alcanzó al 50,5% de la población durante el primer semestre de 2024, afectando a más de 23.175.000 personas en todo el país.

El índice fue elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), basándose en la información trimestral de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC. La metodología se actualiza mensualmente y la estimación está fundamentada en la proyección de la estructura del mercado laboral.

“Para el promedio del ingreso total familiar (ITF) se proyectó un incremento interanual de 214,8% para el semestre. Con estos datos y la simulación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer y segundo trimestre de 2024, se proyectó la tasa de pobreza”, explican desde la institución. En consecuencia, la proyección promedio de la cifra de pobres fue del 52,6% durante el período de enero a marzo y del 48,5% entre abril y junio, resultando en un porcentaje semestral del 50,5% de la población total.

El informe también revela que “la proyección sugiere que alrededor del 50% de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 29,3 millones de personas, lo que implica que alrededor de 14,8 millones viven en hogares urbanos pobres”.

Una familia necesitó en junio más de $870.000 para no ser pobre

El costo de la canasta básica total (CBT), utilizada como umbral para medir la pobreza, aumentó un 2,6% en junio, siendo la variación mensual más baja desde noviembre de 2021. Con este incremento, una familia “tipo” necesitó $873.169 para no ser considerada pobre.

Paralelamente, la canasta básica alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia, subió apenas un 1,6%, el aumento más bajo desde junio de 2020, cuando la demanda estaba significativamente deprimida por la cuarentena debido a la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con los datos oficiales publicados este viernes por el INDEC, una familia compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, requirió $393.319 para no caer en la indigencia.

El ex candidato presidencial quedó en la mira luego de que el actual Jefe de Gobierno denunciara irregularidades en los contratos preadjudicados al sistema de grúas en la Ciudad.

En medio del conflicto con el gremio de Camioneros, que provocó que la Ciudad amaneciera llena de basura, el Gobierno porteño decidió dar por terminado el proceso de licitación del sistema de grúas de acarreo y anunció que seguirá con la operación del servicio. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, criticó a Horacio Rodríguez Larreta y aseguró que era “insostenible” mantener el contrato en las condiciones en las que lo había dejado su antecesor, en declaraciones a TN reavivando así la interna PRO entre halcones y palomas.

Macri cuestionó: “Es una licitación del gobierno anterior, del PRO, pero está bien revisar las cosas que hemos hecho. Dimos de baja la preadjudicación que estaba medio forzada, que se hizo el mismo día que yo asumí. Analizamos el contacto, el pliego y la verdad que para mí el contrato es insostenible”. Advirtió que de haberse adjudicado la licitación el costo de acarreo se hubiera multiplicado por siete.

El jefe de gobierno porteño explicó: “El precio está establecido y se va actualizando. Pero además, todas las licitaciones son a cuatro años. Me parecía que el contrato estaba mal. Pero además se les anticipaba plata a las empresas antes de que empiecen a trabajar. Les garantizaba que aunque no hagan acarreo les pago 24 mil acarreos por mes”. Luego confirmó que a partir del martes debería empezar a regularizar la recolección de basura.

LAS CRÍTICAS DE MACRI A LA GESTIÓN ANTERIOR

Previamente, el jefe de Gobierno porteño anunció la baja de la preadjudicación por el sistema de grúas y acarreo concretada durante la administración de Rodríguez Larreta. Macri explicó que implicaba “una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años” e incluía “un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos”.

EL TRASFONDO MACRISMO vs. LARRETISMO

El telón de fondo es que Jorge Macri asumió la presidencia del PRO porteño tras un acuerdo con Patricia Bullrich, Diego Santilli y Cristian Ritondo. Horacio Rodríguez Larreta se quedó afuera de todo. De esta forma la renovación en el PRO porteño fue absoluta. Jorge se quedó con la presidencia e impuso a Clara Muzzio como vice 1° para asegurarse el control total del partido.

Paola Michielotto, legisladora que responde a Ritondo, y Matías López, vice 1° de la Legislatura y alineado con Santilli serán vices adjuntos. El mismo cargo ocupará Ezequiel Daglio. Este último, tiene la particularidad de responder a Bullrich, cuya pelea con Mauricio Macri tuvo un final escandaloso semanas atrás cuando asumieron las autoridades de la asamblea nacional. Macri había sellado un acuerdo con Patricia para la presidencia de la asamblea que después incumplió.

El acuerdo que le dio una vicepresidencia a Bullrich se cerró antes de la última pelea y por eso Daglio asumió la vicepresidencia adjunta. Por el momento el bullrichismo se mantiene alineado con Jorge Macri en la Legislatura, pero parece difícil que ese esquema se mantenga el año próximo para las legislativas.

En tanto, en este marco, Larreta decidió correrse completamente. El ex jefe de Gobierno cree que el PRO está “terminado” y no tiene sentido pelearse por “los restos de un partido que no tiene ningún peso”. En el larretismo consideran que Mauricio le entregó el partido a Javier Milei y eso le quitó completamente su identidad.

El Ejecutivo ya está delineando una reforma más amplia, inspirada en las ideas de Federico Sturzenegger, combinando principios del DNU 70/23 y políticas emblemáticas de la década del 90.

En medio del proceso de reglamentación de la Ley Bases, el Gobierno está planeando una reforma laboral más extensa que la implementada por esa norma. Esta reforma contemplará varios puntos clave, como la posibilidad de ampliar la jornada laboral mediante convenios colectivos, reintroducir los tickets de comida por fuera del salario y permitir la firma de contratos que puedan implicar la pérdida de derechos adquiridos.

Según El Destape, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de abrir el diálogo con sindicatos y cámaras empresariales para discutir la ampliación de la jornada laboral, la reintroducción de tickets de comida como ítems no remunerativos y la posibilidad de firmar contratos que impliquen la pérdida de derechos adquiridos. Esta ronda de negociaciones se desarrollará en las próximas semanas, con el objetivo de preparar nuevos proyectos de ley para ser presentados al Congreso.

En paralelo, Cordero ha estado trabajando en la reglamentación de la Ley Bases, buscando un equilibrio que permita congraciarse con los sindicatos mientras se avanza en las reformas estructurales. Entre los cambios propuestos se encuentra la flexibilización de la norma que penaliza los bloqueos a empresas y la figura del “trabajador colaborador”, que busca formalizar las relaciones laborales de monotributistas bajo un esquema de asociación libre.

Lo que viene

Los funcionarios del Gobierno tienen la expectativa de introducir una nueva normativa que vuelva a categorizar como no remunerativos ciertos ítems como los tickets de almuerzo, viáticos, refrigerios, transporte y otros como la cobertura de medicina privada o incluso acceso a gimnasios por parte de la empresa. Aunque históricamente la Justicia ha considerado estos ítems como no remunerativos, el Gobierno prefiere una regulación más precisa y estricta para evitar disputas legales.

Otro punto que estaba contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y que el Ejecutivo planea insistir es la modificación de la jornada laboral. Actualmente, la ley establece un máximo de 48 horas semanales y 8 horas diarias, en línea con estándares internacionales. Sin embargo, se está considerando la posibilidad de establecer jornadas de hasta 12 horas mediante convenios colectivos de trabajo. El único límite propuesto sería garantizar un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas laborales, una condición que no se espera modificar en este momento.

Además, en el plan ejecutivo, influenciado por las ideas de Federico Sturzenegger, se contempla otro punto que podría generar considerable fricción con los sindicatos: la flexibilización del principio de “irrenunciabilidad” establecido en la normativa laboral argentina. Este principio asegura que ningún trabajador puede aceptar condiciones laborales inferiores a las establecidas en su contrato, y ningún sindicato puede validar dichas condiciones. Los funcionarios gubernamentales argumentan que este principio ha rigidizado las relaciones laborales, haciendo difícil implementar cambios unilaterales en los contratos sin recurrir a despidos, indemnizaciones y recontrataciones bajo nuevos términos.

Estos puntos reflejan un enfoque hacia reformas que buscan promover la flexibilidad en las relaciones laborales, aunque también plantean desafíos significativos en términos de negociación y aceptación por parte de los sindicatos y otros actores involucrados en el ámbito laboral argentino.

Fuente: Data Gremial

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad presentó un pedido ante la ONU para que se comunique con el Gobierno de la Ciudad e informe la política desplegada para abordar la problemática.

En la última ola de frío polar murieron cinco personas en situación de calle en la Ciudad y, en ese marco, varias instituciones pidieron información al gobierno de Jorge Macri sobre sus políticas al respecto. Una de ellas es el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad que presentó un pedido formal de comunicación ante el Relator de las Naciones Unidas para la Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, con el objetivo de que tome intervención en relación a las actuales acciones y políticas que el Gobierno porteño está llevando a cabo para las personas en situación de calle.

El objetivo de esta presentación es requerir la intervención de la ONU para, por un lado, exhortar al Gobierno porteño a que implemente políticas que prevengan y detengan las acciones que vulneran los derechos humanos y, por el otro, crear conciencia pública sobre la problemática, las garantías y los derechos que el Estado debe garantizar.

La solicitud de comunicación, firmada por la Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, sostiene que “el incremento alarmante del número de quienes están viviendo en la calle tiene como contrapartida una política estatal que conjuga la ausencia de intervención pública adecuada con la estigmatización y la criminalización de esta población”.

La presentación recuerda que, según datos del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de calle (ReNaCALLE) de 2023, había 8.028 personas viviendo en la calle en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales el 49,1% había estado antes en esa misma situación, mientras que para un 48,3% era la primera vez. “La situación actual es más grave aún si se contemplan las estimaciones de quienes están en riesgo de situación de calle y si se toma en cuenta la información del propio Gobierno porteño que reconoció un crecimiento del 40% interanual de los y las sin techo en la Ciudad”, advierte el MPD.

En ese sentido indica, también, que la criminalización hacia esta población se verifica en los procesos iniciados bajo las figuras de “resistencia a la autoridad” y “daño”. “Según datos propios de este MPD, durante el primer cuatrimestre de este año se asistió a 2643 personas privadas de su libertad, de las cuales el 13% estaba situación de calle”, explica. Y continúa: “La posibilidad de recibir violencia institucional en el marco de una detención, se incrementa en un 84% cuando se trata de personas en situación de calle”.

En la presentación, la Defensa Pública hace referencia a las leyes nacionales y locales para la protección de los derechos y la atención integral para las personas que viven en la calle, repasa las campañas gubernamentales y declaraciones mediáticas de parte de distintos funcionarios públicos y señala el desfinanciamiento y recorte presupuestario de los programas locales destinados a atender esta problemática.

Además, menciona el pedido de informes que realizó el MPD al Gobierno porteño en el mes de abril para que responda sobre los denominados “operativos de limpieza urbana” y por la puesta en funcionamiento del “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.

Para el MPD “debe evitarse la estigmatización de las personas en situación de calle y es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda digna, de manera que el Estado promueva soluciones de fondo a la grave problemática habitacional de la Ciudad”.

“El MPD tiene el deber de trabajar en la defensa de la personas, velando para que las acciones estatales se realicen con un estricto apego al sistema de protección de derechos humanos, y considerando con especial atención la situación de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social”, concluye el pedido de comunicación enviado al Relator de las Naciones Unidas.

Fuente: Nueva Ciudad

La nueva política monetaria fue anunciada el pasado 28 de junio por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Comienza este lunes una nueva política monetaria en el país que se basa en “emisión cero”. El objetivo es terminar con la inflación y reducir el “crawling peg”. Además, comienza la emisión de las Letras Fiscal de Liquidez (LEFI), títulos de deuda del Tesoro.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejará de imprimir pesos para financiar la renovación de los pasivos, aproximadamente $20 billones, sino con un ajuste fiscal extra. El pago de los intereses no se hará con emisión sino con más ajuste fiscal. Asimismo, se comenzará a administrar la liquidez a través de las LEFI, emitidas por el Ministerio de Economía.

Por otro lado, se espera el anuncio del cambio en el impuesto a las Ganancias dentro del Paquete Fiscal del gobierno. Se trata de una de las medidas pendiente después de que se aprobarán la moratoria, el blanqueo y Bienes Personales.

La nueva política monetaria fue anunciada el pasado 28 de junio por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la entidad, Santiago Bausili.

El sector financiero espera un presunto aumento de la tasa del Banco Central. Los pasivos del BCRA convertidos en letras del Tesoro, estarán en manos de las entidades bancarias.

Así se iniciaría una nueva etapa que incluiría la eliminación del cepo y que los aumentos de precios converjan con el crawling peg que actualmente es del 2%.

Milei aseguró que las deudas en dólares se pagarán “como sea”. En tanto, Caputo afirmó en redes sociales que la gente va a “vender dólares para pagar impuestos” porque habrá menos pesos en circulación.