El alza fue liderada por el tomate, que casi duplicó su precio. El impacto en el IPC general se estima en 0,54%, según un informe del CEPA.

Los precios mayoristas de las verduras en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) registraron un aumento promedio del 43% en marzo de 2025, impulsados principalmente por fuertes subas en productos clave como el tomate, la lechuga y la papa, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Este comportamiento tendría un impacto proyectado del 0,54% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, a través del segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL), que forma parte de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyo ponderador en el IPC es del 2,2%.

Los productos que más subieron

El informe analizó la evolución de las seis especies de hortalizas más comercializadas, que en conjunto representan el 75,3% del volumen operado en el MCBA. La variación mensual fue la siguiente:

• Tomate: +97,6%
• Lechuga: +77,9%
• Papa: +36,8%
• Cebolla: +1,4%
• Batata: -2,5%
• Zapallo: -6,4%

La variación interanual del segmento fue del 34,8%, con el tomate como el producto más afectado: subió un 110,9% en comparación con marzo de 2024.

Según el CEPA, este incremento está directamente vinculado con la necesidad de importar tomate desde Chile, Egipto y Brasil, donde el precio por kilo se ubica entre $3.089 y $3.442, generando una variación intermensual del 55,4% en los precios corrientes.

Caída en las frutas mayoristas

A diferencia del alza en hortalizas, el segmento de frutas mostró una tendencia opuesta. Las cuatro frutas más comercializadas —banana, limón, manzana y naranja— representan el 55% del volumen operado en el MCBA y registraron una baja promedio del 9% respecto a febrero.

• Banana: +17,1%
• Limón: -39,6%
• Naranja: -13,6%
• Manzana: -6%

La variación interanual del segmento fue apenas del 0,1%, aunque el limón volvió a destacarse con un aumento del 197,1% frente a marzo de 2024.

La caída de precios en frutas permite proyectar una baja del 10,1% en el subíndice de frutas del IPC, con un impacto estimado del -0,13% en la división Alimentos.

Supermercados y brecha de precios

El informe también revisa el comportamiento de los precios en supermercados. En enero, se observó una baja promedio del 11% en las seis hortalizas principales, aunque con subas puntuales:

• Cebolla: +36,9%
• Papa: +11,6%
• Batata: +7,4%

En contraste, bajaron los precios del:

• Tomate: -46,8%
• Zapallo: -14,3%
• Lechuga: -6,5%

La brecha de precios entre supermercados y el Mercado Central fue del 116,9% en enero, aunque cayó 22 puntos respecto del mes anterior, lo que refleja una leve tendencia a la convergencia.

La diputada nacional, Lourdes Arrieta, confesó en una entrevista que al entrar a la Casa de Gobierno se encontró con “un montón de chicos con computadoras haciendo nadie sabe qué”, y los relacionó directamente con los fondos de la SIDE.

La diputada nacional Lourdes Arrieta lanzó una grave acusación al denunciar la existencia de un presunto “trollcenter” operando desde la propia Casa Rosada, y financiado —según afirmó— con fondos reservados destinados a la SIDE.

En una entrevista con María Julia Oliván en el programa Border, Arrieta aseguró que al ingresar a la sede del Poder Ejecutivo se encontró con “un montón de chicos con computadoras haciendo nadie sabe qué”, a quienes identificó como parte de un engranaje de ataque digital coordinado por el gobierno nacional. “Cuando entrás a la Rosada ves a un ejército de trolls”, denunció.

La legisladora, recientemente expulsada de La Libertad Avanza por órdenes de Karina Milei, previo a recibir numerosas amenazas desde su propio espacio, afirmó que este grupo se dedica sistemáticamente a hostigar en redes sociales a quienes cuestionan o disienten con las políticas del presidente Javier Milei. Según Arrieta, estas operaciones digitales estarían siendo sostenidas económicamente con recursos que deberían destinarse a tareas de inteligencia para la seguridad nacional.

“Si la SIDE está, es para cuidarnos de peligros extranjeros y no para perseguir a los propios argentinos”, subrayó la diputada, cuestionando duramente el uso de fondos públicos para mantener una estructura que, según su visión, busca imponer el relato oficialista y silenciar voces críticas.

Las declaraciones reavivan el debate sobre el uso político de los recursos del Estado y suman tensión a las denuncias previas sobre presuntas oficinas de comunicación montadas para sostener el discurso oficial a través de redes sociales.

Desde la Federación de Cooperadoras Escolares del Gran Santa Fe destacan que, pese a las recientes estadísticas publicadas por el Indec, el relevamiento, por ahora, no se ve reflejado en las aulas y comedores que brindan un plato o copa de leche a niñas, niños y adolescentes.

Mientras el gobierno nacional celebraba recientemente una supuesta mejora en los índices de pobreza, los datos que llegan desde los comedores escolares del Gran Santa Fe pintan un panorama muy diferente —y preocupante— que revela una realidad que las estadísticas oficiales parecen ignorar.

Según el último informe del Indec, la pobreza en Argentina habría mostrado una baja significativa en comparación con el primer semestre de 2023 y con el cierre del año pasado. Sin embargo, en el terreno, en las aulas y comedores donde se garantiza un plato de comida diario a niños, niñas y adolescentes, no hay ningún indicio de esa supuesta mejora”, “la matrícula de los comedores escolares no bajó y siguen tan poblados como el año pasado”, advirtieron. 

Desde la Federación de Cooperadoras Escolares del Gran Santa Fe advierten que los comedores siguen tan concurridos como el año pasado, e incluso en algunos casos, más. “Vimos el informe, leímos todos los números. Pero por lo que nuestros cooperadores manifiestan, ese cambio no se está viendo todavía en los comedores”. Sobre esa misma línea, alertó que “los niños, niñas y adolescentes que concurren, siguen siendo la misma cantidad, e incluso un poquito más, que el año pasado”. afirmó María Alejandra Pérez, presidenta de la Federación, en diálogo con el programa De 12 a 14 (El Tres).

Pérez señaló que la asistencia a los comedores no solo no disminuyó, sino que en muchos casos aumentó. Las aulas están más llenas y las familias no logran sostener siquiera las cuotas de instituciones privadas económicas, por lo que el sistema público —y sus comedores— se ven más exigidos que nunca.

La dirigente también hizo hincapié en la dificultad creciente para mantener una alimentación saludable en los comedores escolares debido a los altos costos de la canasta básica. “Hacen milagros con la plata”, afirmó, y subrayó que los sectores más vulnerables no perciben ningún alivio en sus condiciones de vida.

“Lamentablemente la mejora no se da en los lugares más populosos donde tenemos las escuelas”, concluyó Pérez, dejando en evidencia una alarmante desconexión entre los números oficiales y lo que sucede en los barrios más golpeados por la crisis.

Este contraste entre las estadísticas oficiales y la cruda realidad cotidiana de miles de niños y niñas en Santa Fe pone sobre la mesa una verdad incómoda: la dimensión de la crisis social está siendo subestimada y silenciada, mientras los comedores comunitarios siguen siendo el último refugio frente al hambre.

Bullrich perdió la jurisdicción en la Ciudad tras la represión. Entre críticas, fallos adversos y protestas crecientes, su permanencia en el cargo está en duda.

Luego de la represión en la marcha de los jubilados, que dejó como saldo a varios manifestantes heridos y al fotógrafo Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno incrustado en la cabeza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió un fuerte revés judicial: el juez Roberto Gallardo resolvió apartarla oficialmente de toda intervención en operativos de seguridad vinculados a protestas sociales en la Ciudad de Buenos Aires.

En su lugar, el control quedará exclusivamente en manos de la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del Gobierno porteño. De acuerdo al fallo, la medida responde a “una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”.

El despliegue del llamado “protocolo antipiquetes”, impulsado por Bullrich desde el inicio de su gestión, quedó en el centro de la polémica tras la represión de la semana pasada. Diversos sectores políticos, sindicales y de derechos humanos reclamaron la renuncia de la funcionaria, a quien señalan como la principal responsable del accionar represivo. Según el fallo judicial, el Gobierno porteño nunca adhirió formalmente al plan del Ministerio de Seguridad, lo que debilita aún más su sustento legal.

A partir de ahora, las fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura y Policía Federal— solo podrán actuar en las inmediaciones de edificios pertenecientes al Estado nacional, como el Congreso, y deberán abstenerse de intervenir en manifestaciones o cortes de calle. La única fuerza habilitada para intervenir será la Policía de la Ciudad.

Más adelante, el juez Gallardo argumentó su decisión en el contexto del paro general convocado por la CGT y las movilizaciones que se desarrollan todos los miércoles, señalando que existe “un riesgo cierto y razonablemente previsible” para la integridad física de quienes participan de las protestas. El magistrado también advirtió sobre el peligro de que se vulneren “la libertad de expresión, el derecho de reunión y la integridad física” de los manifestantes, por la presencia de fuerzas que no responden a la jurisdicción local.

En el mismo tono, el fallo remarca que este escenario “no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. En ese sentido, Gallardo recordó que “hubo varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso Nacional que derivaron en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, generando violencia, conflictos y caos”.

La decisión judicial limita severamente el margen de acción de Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, y confirma que, por más que desde el Gobierno nacional se intente imponer un modelo represivo, la Justicia porteña empieza a ponerle freno.

El joven músico hizo su presentación en el emblemático escenario del evento y cambió una de sus letras para dar un fuerte mensaje al Presidente.

Vestido como “The Joker”, Dillom dio un espectacular show en el Quilmes Rock 2025, ante miles de personas que coreaban sus canciones. Al momento de entonar “Buenos Tiempos”, llegó el instante en que pronuncia una y otra vez “el día que muera, moriré en mi ley”.

"El día que muera morirá Milei"
-Dillom en Quilmes Rock 2025 🎸 pic.twitter.com/I9xc0HJvax

— Geramaty (@Geramaty) April 5, 2025

Sin embargo, en la última repetición, el cantante cambió la letra de su canción y dijo “el día que muera, morirá Milei”, en lo que significó un nuevo mensaje de rechazo al Presidente de la Nación. En otras oportunidades, el artista ya se había mostrado contrario a Javier Milei. De hecho, recientemente defendió a María Becerra en el Cosquín Rock, luego de que el mandatario la señalara como “ María BCRA“, acusándola de llenarse los bolsillos a costas del Estado.

El gesto de Dillom con excombatientes de Malvinas

Tal como estaba previsto por las autoridades del Quilmes Rock, al finalizar el show de Dillom, el cantante dio espacio a los héroes de nuestra Patria, a quienes señaló como “quienes defendieron y pusieron el cuerpo” por el país ante los ingleses en la guerra de Malvinas iniciada el 2 de abril de 1982.

Fue entonces cuando un grupo de excombatientes subió al escenario, mientras miles de jóvenes coreaban “y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés”. Por supuesto, cada uno de los héroes se sumó a los cantos y saltaban, eufóricos por el emotivo momento.

Muy bien la organización del Quilmes Rock por haberle dado un espacio a nuestros gloriosos Veteranos de Malvinas para que hablen luego de la presentación de Dillom. A cada intento de cipayismo del régimen de Milei hay que responderle con estos gestos de amor a la Patria. pic.twitter.com/yuG48BUEtK

— César Biondini (@BiondiniCesar) April 5, 2025

Seguidamente, uno tomó el micrófono y dijo: “Es un placer y un orgullo estar acá, gracias a las autoridades de Quilmes, por la organización y por invitarnos a participar de este evento. Veo muchas generaciones. Algunas que han vivido hace 43 años el conflicto en vivo y otras generaciones que, seguramente, lo han leído o se lo han contado“, comenzó diciendo.

Y agregó: “A todos les pedimos que haya memoria por todos aquellos que han dejado lo más preciado que tienen, que es su vida, por defender a nuestra Patria, por tratar de recuperar parte de nuestro territorio argentino”.

Más de una decena de grandes empresas multinacionales decidieron abandonar el mercado argentino en el último año, un fenómeno que refleja un tendencia preocupante, según reflejaron distintos sectores económicos.

En medio de un clima económico adverso y una creciente incertidumbre sobre el rumbo del país, se intensifica la salida de empresas multinacionales de Argentina. Más de una decena de grandes firmas han optado por replegarse del mercado local en el último año, en lo que se configura como una tendencia preocupante para la economía nacional.

Previo a la asunción presidencial de Javier Milei, el sector empresarial mostraba señales de optimismo y expectativa ante un posible giro favorable en el ambiente de negocios. Sin embargo, más de un año después, la realidad económica refleja lo contrario: altos costos operativos, caída del consumo interno y la falta de señales claras de estabilidad económica están empujando a numerosas compañías a retirarse del país.

En las últimas semanas, esta tendencia se ha acentuado con decisiones clave. Nissan anunció que dejará de fabricar vehículos en Argentina y que convertirá su filial local en una mera importadora. Por su parte, Mercedes-Benz transfirió su operación comercial y de posventa al Grupo ST, mientras que su producción se trasladará a Brasil, dejando atrás una estructura histórica en el país de mas de 70 años.

El éxodo no se limita al sector automotor. El año pasado, Clorox —propietaria de marcas como Ayudín y Poett— vendió su división de consumo masivo al grupo Apex Capital, incluyendo plantas productivas en Buenos Aires y San Juan, y un amplio portfolio de marcas. Lo mismo ocurrió con la tecnológica Xerox, que vendió sus operaciones en Argentina y Chile al grupo local Datco. Más tarde, la empresa colombiana Internexa hizo lo propio, cediendo su operación argentina a Silica Networks, del mismo grupo comprador.

La salida también se sintió en sectores clave como el agro y los seguros. La canadiense Nutrien, referente global en fertilizantes, abandonó su operación de retail en Argentina tras años de malos resultados, y concentró sus inversiones en Brasil. En el rubro asegurador, Prudential Financial Inc., una de las aseguradoras más grandes del mundo, también anunció su retirada, vendiendo su operación local al grupo argentino ST.

A estos casos se sumó la reciente salida de Procter & Gamble (P&G), gigante del consumo masivo y dueña de marcas emblemáticas como Gillette, Pampers y Always. La operación fue adquirida por Newsan, que continúa ampliando su presencia en el rubro. Detrás de la decisión, se repiten las mismas razones: altos costos, caída del poder adquisitivo y un mercado cada vez menos atractivo frente a otros destinos en la región.

Las salidas, lejos de ser hechos aislados, evidencian el creciente desafío que representa Argentina para las estrategias globales de inversión. Mientras otros países de la región logran captar capitales y expandir su atractivo, el país sigue perdiendo actores clave del sector productivo, comercial y financiero.

El Gobierno libertario autorizó más aumentos que ya empezaron a golpear el bolsillo.

El Gobierno nacional ha anunciado un aumento en los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, que entrará en vigor el 1° de abril, seguido de otro incremento que se implementará el 1° de mayo. Esta decisión fue formalizada a través del decreto 243/2025, publicado esta semana en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Según lo establecido, el impuesto sobre los combustibles líquidos para la nafta aumentará en $5,461 por litro, mientras que el impuesto al dióxido de carbono se incrementará en $0,335. Para el gasoil, los aumentos serán de $4,266 en el impuesto general, $2,310 en el tratamiento diferencial para las zonas del sur del país y $0,486 en el tributo al dióxido de carbono. Estos incrementos son el resultado de actualizaciones pendientes de 2023 y 2024 que, por decisión del Poder Ejecutivo, habían sido postergadas en varias ocasiones.

Con este nuevo esquema, los efectos de las actualizaciones correspondientes al primer trimestre de 2024 se aplicarán parcialmente en abril, mientras que el resto, que incluye los ajustes de los tres trimestres restantes de 2024, se implementarán a partir del 1° de mayo. La actualización de estos tributos se realiza trimestralmente, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, acumulada desde enero de 2018.

El nuevo esquema se aplicará a todos los hechos imponibles que se produzcan entre el 1° y el 30 de abril, mientras que a partir de mayo comenzará a regir el incremento total por las actualizaciones acumuladas.

Según el Instituto de Estadística y Censos de CABA, el resultado arrojó una retracción del 4,8% el año pasado, peor que las mediciones realizadas en el resto del país.

La Ciudad de Buenos Aires sufrió en 2024 una de las peores contracciones económicas de la última década, con una caída del 4,8% en su nivel de actividad. Este desplome, informado por el Instituto de Estadística y Censos porteño, es significativamente más grave que la retracción del 1,8% registrada a nivel nacional, evidenciando una crisis más profunda en la capital argentina.

El año fue marcadamente negativo, con caídas interanuales en todos los trimestres: el primero descendió un 5,6%, el segundo se desplomó un alarmante 8,1%, el tercero retrocedió un 4,4% y el último trimestre mostró una leve mejora, pero aún con un saldo negativo de 1,4%. La fuerte contracción del primer semestre arrastró el promedio anual a niveles preocupantes.

Los sectores más golpeados fueron la construcción y el transporte, especialmente el servicio de taxis y remises. En contraste, la industria farmacéutica y la intermediación financiera lograron cerrar el año con cifras positivas. Sin embargo, la tendencia general refleja una marcada retracción productiva en la Ciudad.

La peor caída desde la pandemia

Analizando la última década, la actividad económica de CABA ha oscilado entre períodos de crecimiento y caída, pero el desplome de 2024 solo encuentra comparación con el histórico derrumbe del 10,6% sufrido en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y las estrictas medidas de confinamiento.

Si bien 2021 mostró un rebote del 10,2% y los años siguientes mantuvieron una leve recuperación, con subas del 5,7% en 2022 y 1,6% en 2023, el nuevo retroceso de 2024 deja a la Ciudad en una situación crítica. La contracción registrada el año pasado marca la segunda peor caída de la década, encendiendo alarmas sobre el futuro económico porteño y su capacidad de recuperación en el corto plazo.

Nissan anunció hoy a sus proveedores que la producción de la pickup Frontier en Córdoba finalizará en enero de 2026.

La decisión forma parte de un proceso de reestructuración global que la automotriz japonesa había adelantado en febrero de 2025. En un comunicado oficial, la compañía explicó que estos cambios buscan “mejorar la competitividad de sus productos y del negocio” y optimizar su desempeño en América Latina.

A partir de enero de 2026, Nissan consolidará la fabricación de la Frontier/Navara en un único centro regional, ubicado en la planta CIVAC de Morelos, México. Actualmente, la producción de estas pickups se encuentra dividida entre Argentina y México, pero la empresa decidió centralizarla para agilizar su capacidad de respuesta a las fluctuaciones del mercado.

“La región latinoamericana es clave para Nissan, representando el 15% de sus ventas globales y el 25% de su producción mundial. En 2024, vendimos 426.000 unidades en América Latina, un 6% más que en 2023, y seguimos enfocados en el crecimiento a largo plazo”, señaló Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina.

Futuro de Nissan en Argentina

A pesar del cese de producción en Córdoba, Nissan aseguró que mantendrá su presencia en el país. La filial argentina continuará operando con su red de concesionarios y su actual portafolio de productos, garantizando “un servicio y atención al cliente ininterrumpidos”.

“Desde 2015, hemos trabajado junto a nuestros concesionarios para construir una sólida red de 65 puntos de venta y servicio en todo el país. En esta primera década, Nissan se ha consolidado en el mercado local gracias a la innovación, la calidad de sus productos y un servicio postventa destacado”, afirmó Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, Chile y Perú.

Con este reordenamiento, la automotriz refuerza su estrategia regional con tres polos industriales clave: las plantas de Aguascalientes y CIVAC en México, y la planta de Resende en Brasil. Según la compañía, estas acciones permitirán asegurar “resultados positivos sostenidos” en América Latina.

Además, recusó al juez Manuel José García Mansilla designado por Milei, denunció que su nombramiento carece de imparcialidad y que no cumplió con los procedimientos constitucionales correspondientes.

Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de revertir su condena en la causa Vialidad, que la enfrenta a una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación judicial se da en un contexto de creciente tensión política, con un Poder Judicial fuertemente cuestionado y un gobierno que no oculta su intención de verla tras las rejas.

El recurso llega luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara su Recurso Extraordinario sin abordar, según su defensa, las violaciones a sus derechos constitucionales. En este marco, Kirchner recusó al juez Manuel José García Mansilla, designado por el presidente Javier Milei, denunciando que su nombramiento carece de imparcialidad y no cumplió con los procedimientos constitucionales correspondientes.

Uno de los puntos más críticos del planteo de Kirchner es la injerencia del propio Milei en el proceso judicial. El presidente afirmó en reiteradas ocasiones que la exmandataria “va a ir presa”, lo que, según su defensa, representa una presión inadmisible sobre el Poder Judicial y pone en duda la imparcialidad del tribunal. En ese contexto, Kirchner impulsó una sesión especial en el Senado para rechazar la designación de García Mansilla, alegando que su nombramiento viola la Constitución Nacional.

El avance del caso hacia la Corte Suprema marca un punto de inflexión en la disputa judicial que enfrenta la ex presidenta. El máximo tribunal deberá pronunciarse no solo sobre la validez de la condena, sino también sobre la independencia del sistema judicial en un escenario de creciente polarización política. Para su defensa, el proceso estuvo plagado de irregularidades y responde a una estrategia de persecución para sacarla del juego político.

Mientras la Corte analiza el expediente, la figura de Cristina Kirchner sigue dividiendo aguas en la sociedad argentina. Sus seguidores la ven como una víctima de un lawfare instrumentado por el poder económico y mediático, mientras que sus detractores sostienen que debe cumplir la condena por corrupción. La decisión del tribunal no solo impactará su futuro político y judicial, sino que también pondrá a prueba la credibilidad del sistema judicial en un contexto donde el oficialismo no oculta su voluntad de avanzar sobre otros sectores del Estado.

Así, el recurso de queja presentado por Kirchner ante la Corte Suprema no es solo un trámite judicial más, sino un capítulo clave en la disputa por el poder y el control de la Justicia en Argentina. El fallo que emita el máximo tribunal no solo definirá su destino, sino que también marcará el rumbo del país en un escenario de creciente enfrentamiento institucional.