El presidente insultó a los empresarios que buscan una remarcación de precios que acompañe a la reciente devaluación.

En una nueva intervención pública cargada de exabruptos, el presidente Javier Milei lanzó una dura advertencia a los empresarios que consideren trasladar la reciente devaluación al precio de sus productos. “Se van a meter los productos en el orto”, sentenció el mandatario durante una entrevista con Alejandro Fantino en el canal digital Neura Media.

El principio de imputación de precios de Carl Menger por Javier Milei. pic.twitter.com/p1OXB5y7e2

— Rufus (@PeriodistaRufus) April 15, 2025

Contradicciones discursivas

El mensaje no pasó desapercibido, ya que evidencia una marcada contradicción con uno de los pilares del pensamiento libertario que el propio Milei suele reivindicar: la defensa de un mercado autorregulado donde los precios se fijan libremente por la interacción entre oferta y demanda, sin intervención del Estado.

De hecho en un discurso realizado hace pocos meses el presidente sostenía que “el aumento de los precios no era culpa de los empresarios si no de la perdida de poder adquisitivo”.

Durante la charla, Milei explicó el nuevo esquema monetario con tipo de cambio flotante dentro de bandas móviles, pero al ser consultado por un posible aumento de precios ante la suba del dólar —que ese día había trepado un 12%—, no dudó en atacar a los empresarios: “Si algún hijo de puta te empieza a subir precios con el dólar… después no te lo bajan más”, comento Fantino, a lo que Milei respondio que “aprenderán del principio de imputación de Menger a la fuerza”.

Este principio, según explicó Milei, sostiene que “los precios determinan los costos y no los costos los precios”, una interpretación que le sirvió para justificar su amenaza a quienes ajusten valores en función del tipo de cambio. Sin embargo, la forma en que lo plantea choca de lleno con su defensa de la libertad absoluta del mercado, ya que apunta a condicionar —mediante presión política y discursiva— las decisiones de precios del sector privado.

La estrategia de Milei de “comunicar sin filtros” sigue generando polémica, sobre todo cuando sus mensajes contradicen los fundamentos teóricos que dice defender. En su afán por imponer un nuevo orden económico, el presidente parece dispuesto a intervenir —aunque sea desde el discurso— en uno de los aspectos más sensibles del sistema que reivindica: la formación libre de precios.

El FMI le ordeno al Gobierno que más de 2 millones de monotributistas tendrán que ser incorporados al Régimen General por lo que deberán pagar una carga impositiva extra

En contra de la promesa oficial de reducir la presión tributaria, el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una nueva medida que impactará de lleno en más de 2 millones de trabajadores monotributistas: deberán ser incorporados al régimen general, lo que implica un aumento significativo de impuestos y una carga administrativa mucho mayor.

La decisión forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo ante el FMI, según detalla el documento que contiene la “letra chica” del acuerdo firmado por la gestión de Javier Milei. En ese informe, el organismo plantea como urgente la incorporación de los monotributistas al régimen general bajo el argumento de “armonizar el sistema tributario” y “mejorar la transición hacia esquemas más sostenibles”.

Sin embargo, lejos de representar una mejora, la medida desató una ola de críticas en redes sociales. Para muchos trabajadores independientes, esto no es más que una reforma laboral encubierta, que lejos de simplificar, recae sobre los sectores más vulnerables del entramado económico.

EL FMI QUIERE TERMINAR CON LOS MONOTRIBUTISTAS

Exige, textualmente, "armonizar la tasa de Monotributo y facilitar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general". Es lo que aceptó @JMilei pic.twitter.com/avavKxHOpJ

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) April 12, 2025

El FMI, por su parte, insiste en que el sistema actual necesita una “reforma fundamental” y propone reemplazar impuestos “distorsivos” por otros “más simples y mejor administrados”. La “armonización del monotributo” y un fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización están entre los puntos destacados.

Pero el impacto concreto es claro: millones de pequeños contribuyentes —que hoy aportan bajo un régimen simplificado— se verán obligados a migrar a un sistema mucho más costoso y complejo. En octubre de 2023, el número de monotributistas registrados superaba los 2 millones (2.018.100 personas), una cifra que refleja cuán masiva será la afectación.

Mientras el Gobierno avanza con su ajuste fiscal para cumplir con las metas del FMI, crece el malestar entre quienes sienten que el esfuerzo recae, una vez más, sobre los sectores medios y bajos.

El dólar oficial terminó en 1230 pesos, lo que implica una suba del 11%. Es la segunda devaluación del gobierno de Javier Milei en solo 14 meses. En diciembre de 2023, el dólar había saltado 118%. El impacto en los precios.

En marzo, la inflación fue del 3,7% y se espera otro número alto para los meses de abril y mayo, por lo menos. Se empieza a pinchar el relato sobre la caída de los precios, mientras los salarios y las jubilaciones siguen retrasada. Resta ver cuál será el impacto sobre la actividad económica, que ya venía golpeada.

Por su parte, el gobierno y los grandes medios celebraron la salida del cepo aunque vuelva a generar más inflación y mayor caída del poder adquisitivo de la gente. Los que si festejaron fueron los mercados financieros. Para ellos, el gobierno de Milei es una fiesta.

La denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero apunta contra Milei, Caputo y Bausili por la venta de casi 400 millones de dólares a precio subsidiado antes del fin del cepo.

Una denuncia penal presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero en los tribunales de Comodoro Py apunta directamente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al titular del Banco Central, Santiago Bausili, por una operación millonaria realizada en la previa del levantamiento del cepo cambiario.

Según detalló la periodista Vanesa Petrillo en diálogo con C5N, la presentación judicial solicita que se investigue la venta de casi 400 millones de dólares que el Banco Central realizó el viernes pasado a un valor de $1.097,50 por dólar, en un contexto donde ya se conocía internamente la inminente liberación del mercado cambiario.

“El abogado se pregunta: ¿quién tenía esa información privilegiada? ¿Quiénes se beneficiaron con la operación? ¿Hubo defraudación al Estado?”, relató Petrillo. Para Martínez Herrero, el hecho podría constituir una malversación de caudales públicos y una posible defraudación, al haber liquidado reservas a un precio inferior al del mercado mayorista —que se ubicaba en torno a los $1.078— justo antes del anuncio que alteró el tipo de cambio.

La magnitud de la operación también llama la atención: mientras en los días previos el BCRA venía vendiendo entre 30 y 60 millones diarios, el viernes en cuestión se desprendió de 398 millones. “Fue un número abrupto”, remarcó Petrillo, y lo comparó con lo sucedido el 14 de marzo pasado, cuando también un viernes se vendieron 465 millones de dólares y se desató una corrida.

La denuncia exige a la Justicia que investigue el circuito completo de la operación: quiénes compraron los dólares, en qué condiciones y si contaban con información anticipada sobre el cambio en la política cambiaria. Según explicó Petrillo, “esto no es el mundo cripto: todo está registrado”.

Además, el abogado Martínez Herrero solicitó que se requiera al Banco Central la documentación respaldatoria e incluso pidió un allanamiento para asegurar el acceso a los registros de la operación.

La presentación judicial, la primera que se conoce relacionada con la liberación del cepo, se encuentra en etapa inicial y ya fue sorteada para asignar un juzgado. El expediente apunta también contra el directorio del Banco Central, bajo sospecha de haber favorecido a ciertos sectores mediante una decisión que implicó una fuerte pérdida de reservas para el país.

¿Cuál sería el delito?

La denuncia apunta a tres posibles figuras delictivas principales:

1. Malversación de caudales públicos

• Qué es: Es cuando un funcionario público administra de manera indebida los fondos del Estado, ya sea usándolos para un fin distinto al que corresponde o provocando un perjuicio económico evitable.
• Aplicación al caso: Si el Banco Central vendió dólares a un precio artificialmente bajo sabiendo que el valor iba a subir con el fin del cepo, se estaría perjudicando al Estado al entregar reservas por menos valor del que podrían haber obtenido. Eso, administrado por funcionarios públicos, se podría considerar malversación.

2. Defraudación contra la administración pública

• Qué es: Es un tipo de estafa cometida por o contra el Estado, donde se produce un daño económico mediante maniobras engañosas o aprovechamiento indebido de funciones.
• Aplicación al caso: Si hubo una maniobra para beneficiar a determinados compradores (por ejemplo, vendiéndoles dólares más baratos justo antes de que suban de precio por el cambio de política), y esos compradores tenían información privilegiada, se podría entender como una estafa al Estado.

3. Uso de información privilegiada

• Qué es: Es un delito cuando alguien usa información no pública, conocida por su rol o contacto con funcionarios, para realizar operaciones financieras que le generen un beneficio indebido.
• Aplicación al caso: Si ciertas personas o empresas compraron esos dólares porque sabían con anticipación que el cepo se iba a levantar y el tipo de cambio iba a dispararse, se estaría hablando de tráfico de información confidencial, lo que también puede tener consecuencias penales.

La expresidenta criticó la iniciativa del gobernador bonaerense, aunque pidió al peronismo cerrar filas y enfocarse en la disputa con el gobierno de Javier Milei.

Cristina Kirchner volvió a marcar la cancha dentro del peronismo bonaerense. Este lunes, la expresidenta publicó una carta en sus redes sociales donde reiteró su oposición al desdoblamiento de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, impulsado por Axel Kicillof. A pesar de sus objeciones, la actual titular del PJ nacional pidió a los dirigentes oficialistas apoyar la decisión del mandatario provincial, en un claro mensaje de unidad partidaria frente al avance del gobierno de Javier Milei.

En un texto de fuerte tono político, donde utilizó reiteradamente las mayúsculas para remarcar conceptos clave, señaló que sigue convencida de que lo mejor para los bonaerenses y para el peronismo sería mantener el esquema de elecciones concurrentes, como se viene haciendo desde el retorno de la democracia. “LO MEJOR PARA LOS BONAERENSES en general, Y PARA EL PERONISMO en particular, ES VOTAR UNA SOLA VEZ, EL 26 DE OCTUBRE”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.

Además de su argumento histórico y político, sumó una razón práctica: el costo económico y organizativo que implica convocar a elecciones provinciales en una fecha distinta de la nacional. En ese sentido, hizo referencia a las dificultades que atraviesa el país y, en particular, la provincia, a raíz de las políticas de ajuste del gobierno nacional. “En este contexto, convocar dos veces a las urnas en seis semanas no parece razonable”, sostuvo.

En su carta, también realizó un diagnóstico alarmante de la situación social y económica de la provincia. Mencionó que hay más de mil obras públicas paralizadas, que ocho de cada diez nuevos desempleados son bonaerenses, y que la actividad económica cayó un 8% interanual. A su vez, denunció una pérdida de 11 puntos en la Coparticipación Federal desde la llegada de Milei al poder.

Sin embargo, a pesar de sus reparos, la expresidenta le bajó el tono al conflicto interno y ordenó a sus dirigentes más cercanos acompañar la postura de Kicillof. En particular, pidió a Teresa García y Facundo Tignanelli que retiren el proyecto legislativo que promovía la concurrencia electoral, en línea con su visión de mantener la cohesión del peronismo ante el escenario nacional. “Hay que enfocar todos los esfuerzos en enfrentar las políticas destructivas del actual gobierno”, remarcó.

La carta dejó en claro que, aunque persisten diferencias dentro del oficialismo bonaerense, Cristina apuesta a preservar la unidad partidaria frente a la compleja coyuntura política que atraviesa el país.

Aunque Javier Milei arrasó en Santa Fe en las presidenciales de 2023, su espacio no logró repetir la hazaña en las elecciones del domingo.

Este domingo 13 de abril, los santafesinos acudieron a las urnas para elegir a los 69 convencionales constituyentes encargados de reformar la Constitución provincial. Con el 87,99% de las mesas escrutadas, el frente oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, se impuso con el 35,33% de los votos. En segundo lugar se ubicó Más para Santa Fe, con el 14,76%.

La Libertad Avanza (LLA), que se presentó por primera vez en la provincia con lista propia y sin alianzas, obtuvo el 13,97% de los sufragios, quedando en tercer lugar. Este resultado está por debajo de las expectativas generadas tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial de 2023, donde obtuvo el 62% de los votos en Santa Fe.

La estrategia de LLA en Santa Fe fue competir en solitario, sin alianzas con otras fuerzas políticas. La lista estuvo encabezada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, acompañado por Natalia Armas Belavi y Marcos Peyrano. ​

A pesar de haber sido oficializada como partido político en la provincia en octubre de 2024, y de haber superado ampliamente el umbral de afiliaciones requerido por la ley electoral, LLA no logró capitalizar el respaldo obtenido en las elecciones nacionales. ​

Este desempeño plantea interrogantes sobre la consolidación del espacio libertario en el ámbito provincial y su capacidad para replicar a nivel local el éxito obtenido a nivel nacional.​

El gobierno de Javier Milei apuesta a que el dólar oficial se vaya hoy a 1250 pesos y de ese modo se concrete una devaluación “controlada” del 20%, que sería la segunda del gobierno desde diciembre de 2023. En aquella oportunidad, la devaluación había sido de 118%.

El oficialismo sabe que cuanto más sea la devaluación peor será la inflación de por lo menos los dos próximos meses, lo que afectará su discurso sobre una supuesta caída de los precios. La inflación de abril se dispararía al 5%, el número más alto desde marzo de de 2024.

El gobierno habla de un “plan que funciona bien” pero la verdad es que en 14 meses de gobierno ya realizó dos devaluaciones, una muy grande ni bien comenzó la gestión y otra este lunes, que resta saber de cuánto será. El en el medio, aseguró que el dólar “no estaba barato” y que no iban a cambiar su política de devaluaciones mensuales de 1%. Todo eso se cambió de un día para el otro por la necesidad de acordar de cualquier modo con el FMI.

El gobernador radical Maximiliano Pullaro logró su cometido y avanza la reforma constitucional en Santa Fe que podría permitirle la reelección. El oficialismo ganó en toda la provincia y duplicó al segundo, que fue el peronismo. La Libertad Avanza quedó en tercer lugar.

La lista oficialista se alzó con casi 500 mil votos, el 35% mientras que el segundo lugar quedó para el candidato del peronismo, Juan Monteverde, que hizo una buena elección, sobre todo en Rosario, donde quedó primero.

Por su parte, el candidato de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, no alcanzó el 15% de los votos en una elección calamitosa para el gobierno nacional en el primer desafío electoral del año. La estrategia en la provincia fue diseñada por Karina Milei y Santiago Caputo. La peor noticia a horas de que el dólar flote y haya una nueva devaluación.

El nuevo esquema tarifario excluirá a aproximadamente de 3 millones de usuarios de clase media en el caso de la luz, el Gobierno busca aplicar el ajuste después de las elecciones según lo acordado con el FMI.

En línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei avanza en la eliminación de subsidios a las tarifas de electricidad y gas para millones de hogares de clase media, aunque la implementación plena de la medida quedaría postergada hasta después del calendario electoral para evitar un costo político inmediato.

El nuevo esquema, que deberá estar definido antes de fin de año, reemplazará la actual segmentación de usuarios por niveles de ingreso por un sistema más rígido: solo accederán al beneficio los hogares considerados vulnerables. Esta redefinición del régimen tarifario forma parte del acuerdo más reciente con el FMI, que presiona por un ajuste más rápido del gasto público y una desregulación total del sistema energético.

Según datos oficiales, cerca de 3 millones de usuarios de clase media perderán los subsidios eléctricos, mientras que otros beneficiarios podrían quedar excluidos por no poder acreditar formalmente su situación económica. Desde la Secretaría de Energía se excusan con el pretexto de que el Estado carece de herramientas eficaces para cruzar información y determinar con precisión quién necesita realmente la asistencia.

A pesar de que el recorte forma parte del compromiso asumido con el FMI, fuentes oficiales indicaron que no se esperan cambios profundos en lo que resta del año, a menos que surja la necesidad de acelerar el ajuste. La decisión de postergar la implementación del nuevo esquema para después de las elecciones de medio termino responde tanto al impacto que podría tener sobre la inflación como al temor a una reacción negativa del electorado.

Hoy, seis de cada diez hogares argentinos reciben subsidios a través del esquema de segmentación en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), ingresos bajos (Nivel 2) e ingresos medios (Nivel 3). De los 16,2 millones de usuarios de electricidad, 9,5 millones cuentan con tarifas subsidiadas; lo mismo ocurre con 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios de gas.

El nuevo modelo, inspirado en la tarifa social implementada durante la gestión de Mauricio Macri, establecerá únicamente dos categorías: quienes reciben subsidios y quienes no. Según proyecciones del FMI, esta reforma permitiría reducir el gasto en subsidios energéticos del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, aunque aún no se ha establecido un cronograma definitivo.

En lo que va de la gestión Milei, las tarifas de electricidad se incrementaron un 264% y las de gas un 622% para los hogares del AMBA sin subsidios. Además, se aplicaron aumentos en los componentes de transporte y distribución, beneficiando a las empresas distribuidoras, que hoy reportan una cobrabilidad superior al 95%.

La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, ya comenzó a reducir de forma escalonada los descuentos en las facturas, pero el grueso del recorte –exigido por el FMI– se concretaría luego de los comicios para minimizar el impacto en las urnas. Una medida de alto costo social que el Gobierno busca aplicar con el menor costo político posible.

Es por haber utilizado información privilegiada para favorecer la compra de divisas a 1097,50 pesos por dólar, cuando ya sabían que habría una banda de flotación de entre 1000 y 1400 pesos.

Un nuevo escándalo sacude al gobierno nacional: el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fueron denunciados penalmente por malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública. La presentación judicial fue realizada este sábado por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien también incluyó en la denuncia al directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El eje de la acusación es la liquidación de 398 millones de dólares realizada el viernes pasado, a un valor de $1.097,50 por dólar. Según el denunciante, las autoridades sabían de antemano que el Poder Ejecutivo anunciaría un cambio en el régimen cambiario, con la implementación de una banda de flotación entre $1.000 y $1.400 por dólar. Esa decisión, según la denuncia, favoreció a determinados compradores que accedieron a divisas a un precio inferior al que luego permitiría el nuevo esquema.

Martínez Herrero solicitó peritajes para identificar a los compradores beneficiados, el allanamiento del BCRA, e incluso la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La denuncia plantea un grave señalamiento: que altos funcionarios del gobierno, con acceso a información privilegiada, permitieron maniobras que podrían haber generado un perjuicio millonario al Estado y un beneficio para sectores específicos del mercado financiero.